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El ex jefe de la Guardia Civil en Guipuzcoa, general Rodríguez Galindo y el ex Delegado del Gobierno en Euskadi, Julen Elgorriaga (PSOE), son condenados a más de 70 años de la cárcel

La Audiencia Nacional condena a los responsables del secuestro y asesinato de Joxi Lasa y Joxean Zabala (GAL)

HECHOS

  • El 26.04.2000 la Audiencia Nacional juzgó a siete personas por los asesinatos de Lasa y Zabala en 1983.
  • En 2001 el Tribunal Supremo revisó aquella sentencia aumentando algunas condenas.

JOSÉ LUIS CORCUERA (MINISTRO CON EL PSOE) DEFIENDE AL GENERAL GALINDO ANTE J. F. LAMATA

¿UN CRIMEN PARA EVITAR OTRO CRIMEN?

martin_barrios_1 Los GAL secuestraron a Lasa y Zabala con el objetivo de salvar la vida al capitán de Farmacia, Sr. Martín Barrios, secuestrado por ETA. Pero Lasa y Zabala murieron sin aportar ninguna información del Sr. Martín Barrios, que fue asesinado por ‘los octavos’ de ETA.

PROTAGONISTAS DEL ‘CASO LASA-ZABALA’

Juez Instructor:

juez_Gomez_de_Liano El juez D. Javier Gómez de Liaño llevó la instrucción del caso Lasa-Zabala en la fase en la que se produjeron las principales detenciones preventivas (las de los Sres. Gómez Nieto, Rodríguez Galindo y Elgorriaga). En el momento de conocerse la sentencia estaba suspendido como juez por el ‘caso Sogecable’.

Jueces de Sala Penal de la Audiencia Nacional que juzgaron el ‘caso Lasa Zabala’:

Siro_Garcia El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, juez D. Siro García presidió el juicio del ‘caso Lasa Zabala’. Sentando en el banquillo de los acusados a Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, Ángel Vaquero, D. Rafael Vera, D. Jorge Argote, Enrique Dorado y Felipe Bayo.

manuela_Fernandez_prado La juez dña. Manuela Fernández del Prado fue la ponente de aquel caso

carlos_Cezon El juez D. Carlos Cezón era el tercer magistrado el tribunal, coincidió con sus compañeros en aquella sentencia.

Otros:

jesus_santos El fiscal del ‘caso Lasa-Zabala’ fue D. Jesús Santos Alonso.

iñigo_iruin El abogado de Herri Batasuna, Iñigo Iruín, acusado por la prensa de ser dirigente de ETA, dirigió la acusación particular contra los acusados.

FusterFabra El Sr. Fuster Fabra era el abogado del General Enrique Rodríguez Galindo, principal acusado del ‘caso Lasa-Zabala’.

LopezCarrillo El Sr. López Carrillo, uno de los testigos clave del caso Lasa-Zabala. Aseguró haber oído hablar a los Sres. Galindo y Elorriaga del crimen, aunque no dijo nada durante 10 años.

txofo El Sr. Txofo, otro de los testigos clave del caso Lasa-Zabala. Un confidente vinculados a la delincuencia, aseguró que los guardias civiles Dorado y Bayo le habían revelado como se produjo el crimen.

LOS ACUSADOS Y SUS CONDENAS:

De acuerdo a la sentencia el mando de la Guardia Civil en Inxaurrondo, Ángel Vaquero, dirigió un operativo formado por los agentes Dorado y Bayo que secuestro a los etarras Lasa y Zabala con el objetivo de sacarles información de donde estaba el Sr. Martín Barrios. Al no tener estos los datos requeridos los asesinaron y enterraron en cal viva. La sentencia también considera acreditado que se informó de la operación al Delegado del Gobierno, Julen Elgorriaga (entonces gobernador civil de Guipuzcoa) y al general Rodríguez Galindo (entonces coronel y máximo responsable de Intxaurrondo).

galindo2 Enrique Rodríguez Galindo – Condenado a 71 años de prisión

Elgorriaga Julen Elgorriaga – Condenado a 71 años de prisión

vaquero Ángel Vaquero – Condenado a 69 años de prisión

Dorado Enrique Dorado – Condenado a 67 años de prisión

bayo Felipe Bayo – Condenado a 67 años de prisión

rafael_Vera D. Rafael Vera – Absuelto

abogado_Argote D. Jorge Argote – Absuelto

27 Abril 2000

Galindo, Ternera y González

LA RAZÓN (Director: Joaquín Vila)

La Audiencia Nacional ha sentenciado a duras penas de cárcel a todos los encausados en el caso Lasa-Zabala, excepto al abogado Jorge Argote y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. Entre los condenados, junto al ex gobernador civil Julen Elgorriaga y los guardias civiles Vaquero, Bayo y Dorado, destaca la personalidad del general Enrique Rodríguez Galindo, la pieza más codiciada de este espectacular y discutido juicio.

No está en nuestras manos, como es lógico hacer una valoración judicial de la sentencia. Para eso está el tribunal que se ha pronunciado, y los sucesivos que deberán decidir en las correspondientes instancias de apelación. Pero sí nos corresponde un análisis del contexto en el que se produce la sentencia, una valoración de las consecuencias políticas y una apreciación sobre la sensibilidad social en el difícil territorio de que trata el fallo, como es la lucha contra el terrorismo y la propia existencia de este fenómeno.

Nadie podrá escandalizarse si hacemos una simple constatación: tras la sentencia, el general Galindo, uno de los más activos luchadores contra ETA, capaz de detener y poner a disposición de la Justicia a cien comandos terroristas y, entre ellos, a la cúpula de ETA, irá a la cárcel con una condena de setenta y un años. Mientras tanto, la Justicia ha sido incapaz de encontrar una sola prueba capaz de condenar a un declarado jefe de ETA, José Antonio Urruticochea ‘Josu Ternera’, y éste permanece en libertad con todos los honores de diputado en el Parlamento vasco. Y, para completar el cuadro, los jefes políticos del Gobierno que mandaba sobre Galindo, y, entre ellos, su máximo responsable, Felipe González, están también jubilosamente exonerados, como ayer no dejó de subrayar con satisfacción el Partido Socialista.

Se mire como se mire, estas situaciones son contradictorias. No descartamos, como afirman los jueces, que el general Galindo pueda ser culpable de una acción como la juzgada, aunque, desde luego, no corresponde a una trayectoria demostrada de heroica lucha desde la legalidad contra ETA. Pero desvincular este juicio de determinadas directrices políticas, teniendo en cuenta el comportamiento de subordinación al mando del Cuerpo de la Guardia Civil al que pertenece Galindo, y su propio reconocimiento hasta el generalato por el Gobierno socialista, parece extraño. Y aislar a su vez la existencia del contraterrorismo del propio terrorismo contra el que reaccionaba, más extraño aún. Comprendemos que eso no está en manos de los jueces del caso Lasa-Zabala, pero cualquier ciudadano puede asistir asombrado a la simultánea impunidad de un jefe de ETA, recibiendo homenajes públicos bochornosos y ocupando el escaño de una víctima de ETA en Vitoria y al encarcelamiento de las fuerzas antiterroristas.

La aplicación de la justicia y el concepto de Justicia tienen que ir de la mano. Si se juzga la guerra sucia, júzguese, pero sin área de impunidad. Hacerlo de otra forma es un parche que sólo puede dejar un regusto amargo.

27 Abril 2000

Duras Condenas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La Audiencia Nacional ha sentenciado que el general Rodríguez Galindo y el ex gobernador de Guipúzcoa Julián Elgorriaga son culpables de haber ordenado, en octubre de 1983, el secuestro, interrogatorio y posterior asesinato de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Antonio Zabala. La condena es de 71 años para cada uno. La sentencia también condena a los guardias civiles Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, por los delitos de asesinato y detención ilegal, a penas de 67 a 69 años. El Tribunal exculpa al ex secretario de Estado Rafael Vera y al abogado Jorge Argote de los delitos de encubrimiento (y en el primer caso, también de malversación de fondos públicos) de los que fueron acusados.Se trata de una sentencia durísima, que recoge en lo fundamental las tesis del ministerio fiscal, aunque no admite el agravante de pertenencia a banda armada. No puede decirse, sin embargo, que no sea proporcionada a los hechos que la Sala considera probados en el juicio. Antes del inicio de éste existían evidencias de conocimiento público de que Lasa y Zabala habían sido secuestrados, interrogados y asesinados por personas pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado y relacionadas con el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. La vista debía establecer fundamentalmente quiénes realizaron cada una de esas acciones criminales y desde qué nivel del aparato estatal -y con qué margen de autonomía- partió la iniciativa.

La sentencia considera probado que fue Rodríguez Galindo -entonces comandante y número dos de Intxaurrondo- quien ordenó realizar el secuestro a personas a sus órdenes cuya identidad no da por esclarecida. A su vez, considera acreditado que la orden fue resultado de la convicción, compartida por Galindo y el gobernador Elgorriaga, de la conveniencia de intervenir en el sur de Francia de acuerdo con la idea que «se iba abriendo camino en el Ministerio de Interior» de que ésa era la forma de acabar con el terrorismo. La sentencia mantiene, por tanto, cierta ambigüedad respecto al impulso inicial de la guerra sucia. La única referencia concreta a instancias ajenas al cuartel es la de los informes del Cesid del verano de 1983, conocidos por el juicio del caso Marey, en los que se planteaban y sopesaban distintas hipótesis de actuación ilegal contra ETA en Francia. A Elgorriaga se le considera coautor de los delitos por haber aportado, de acuerdo con el «plan compartido», el «lugar idóneo» para retener e interrogar a los secuestrados: el edificio oficial conocido como La Cumbre.

La acusación de pertenencia a banda armada derivaba de la consideración por el fiscal de los acusados como integrantes de los GAL. De acuerdo con la línea marcada por la sentencia del caso Amedo, el Tribunal considera que faltan los componentes subjetivos que singularizan al terrorismo respecto a otros delitos similares. Por otra parte, sería arriesgada la equiparación con los GAL, porque lo más específico de su modus operandi fue el recurso a mercenarios para evitar, precisamente, la implicación directa de funcionarios.

En cualquier caso, se trata de la primera acción de esa etapa de guerra sucia que se prolongaría hasta 1986-1987 y cuyos nefastos efectos en todos los sentidos nadie puede cuestionar hoy. Pero el hecho mismo de que haya podido realizarse el juicio, y hacerse justicia, superando todos los intentos de obstaculizarla, incluyendo los temores sembrados por la personalidad del principal acusado, demuestran que no existen zonas de impunidad en el Estado de derecho. Lasa y Zabala fueron durante años dos desaparecidos de la democracia española. Han tenido que pasar 17 años para que se establezca la verdad y las responsabilidades, pero se ha hecho justicia. Mientras que los desaparecidos de ETA, empezando por Pertur, siguen esperándola.

27 Abril 2000

Galindo y Elgorriaga lo hicieron, pero no solos

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

La sentencia hecha pública ayer por la Audiencia Nacional, por la que se condena a 71 años de cárcel al todavía general Enrique Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, y a penas de 68 años y 8 meses y 69 años de cárcel, respectivamente, a los ex guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo y al capitán Angel Vaquero, es, indiscutiblemente, un gran triunfo del Estado de Derecho. Dos presuntos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, fueron secuestrados y asesinados, y la Justicia se ha encargado de esclarecer lo ocurrido, hasta donde lo ha creído probado, y de castigar a los responsables del doble crimen. Ha quedado demostrado con ello que no hay patentes de corso frente a la ley, por mucho que traten de arroparse tras medallas, galones, méritos y siglas respetabilísimas.

Hubo quien pretendió que este enjuiciamiento debilitaría la causa antiterrorista. Nada más lejos de la realidad. Al contrario: la ha reforzado poderosísimamente, porque ha dejado sin argumentos a los terroristas y sus justificadores de toda suerte. Pulveriza toda pretendida equidistancia: frente a ETA, que pretende que su supuesto buen fin justifica la utilización de medios abominables, el Estado responde demostrando que sólo acepta defenderse con los medios que tasa la ley. Les da una lección de ética y, a la vez, un curso magistral de la mejor política.

Es éste un triunfo indiscutible del sistema. Pero ese triunfo tiene también nombres y apellidos. En primer lugar, el del juez instructor, Javier Gómez de Liaño, cuya difícil y comprometida labor -él sabe bien cuánto lo fue- la sentencia refrenda de punta a cabo. En segundo término, el de los fiscales del caso, empezando por Ignacio Gordillo, sin cuyo concurso difícilmente la causa habría sido rescatada del olvido, y al fiscal Jesús Santos, que la ha llevado a término. En tercer lugar, el de los responsables policiales que se empeñaron en la clarificación de lo sucedido. Se hace necesario mencionar en este punto a la ex secretaria de Interior Margarita Robles, al comisario Enrique de Federico y, muy especialmente, al jefe del Grupo de Policía Judicial de Alicante, Jesús García, que falleció tras prestar cumplida declaración en la vista oral.

En fin, no podemos dejar de considerar que la sentencia supone también un indiscutible respaldo para la labor de investigación realizada por los periodistas de EL MUNDO, cuyas revelaciones al respecto fueron tachadas desde el principio de «sensacionalistas», «calumniosas» y «amarillistas» por los responsables políticos de la época y por sus acólitos mediáticos. Igual ocurrió en el caso Filesa, y en el de Marey, y en el de Ibercorp, y en el de Roldán, y en el de las escuchas del Cesid. En todos ellos los tribunales han corroborado nuestras primicias.

La cruz de esta cara deberán arrostrarla cuantos han hecho lo posible -y a veces más- por impedir que llegara a buen puerto. Inscríbase en ese capítulo el nombre del ex juez Carlos Bueren, que salió a escape de la Audiencia Nacional cuando tenía en sus manos material más que suficiente para instruir la causa, y el de cuantos, políticos o comunicadores, han convertido en estos años a Galindo en su héroe. Hicieron suyo el chulesco sentido de la autoridad del ex jefe de Intxaurrondo (ése que él mismo retrató cuando soltó aquello de «Con seis hombres como éstos yo hubiera conquistado América del Sur») y la condena penal del falso héroe se vuelve condena moral de su despropósito.

Es altamente simbólico que la sentencia hermane en la condena al ex jefe uniformado del cuartel de Intxaurrondo (Rodríguez Galindo) con quien era a la sazón jefe político de la provincia de Guipúzcoa, amén de destacado dirigente local del PSOE (Julen Elgorriaga). Nadie que conozca mínimamente los mecanismos de funcionamiento de la Seguridad del Estado aceptaría que ambos pudieran concertarse para la comisión de este doble crimen por su cuenta, prescindiendo de sus superiores jerárquicos.

De hecho, la sentencia no oculta que deja numerosos cabos sueltos: no determina qué guardias civiles -además de Vaquero, Dorado y Bayo- formaban parte del grupo de terrorismo anti-terrorista propiciado por Galindo, ni quién secuestró a Lasa y Zabala, ni quién más intervino en el siniestro operativo que concluyó en la carretera alicantina que une Bussot y Aigües…

Pero más frustrante aún es lo que deja sin aclarar sobre los escalones superiores de la trama. Todos sabemos que Galindo y Elgorriaga lo hicieron, pero no solos. Cuanto apunta en esa dirección tiene en la sentencia un desarrollo escaso, si es que no tosco. Muy en especial la argumentación por la que excluye del caso el delito de banda armada.

Fue apelando a ese frágil resquicio como la actual dirección del PSOE quiso ayer salvar la cara de los Gobiernos de González concernidos en la causa. Da igual que no lo consiga. Lo grave es que insista en la defensa de ese vergonzoso pasado. El socialismo español no se renovará así jamás.

El Análisis

EL MAYOR GOLPE DE ETA AL ESTADO... QUE NO DIO ETA

JF Lamata

En la lucha contra los criminales, mafiosos o terroristas, los símbolos son importantes. El mejor antídoto en marketing para evitar que sólo los criminales se conviertan en símbolos por su lucha – aunque sólo lo sean para descerebrados o fanáticos, pero símbolos – es consiguiendo crear símbolos en el bando de los que luchan por defender la ley, por defender la democracia y las instituciones. Y ese era, aparentemente el papel de Enrique Rodríguez Galindo, dedicado toda su vida a combatir contra ETA. Más de 120 redadas contra el terrorismo, desarticulando comandos de manera legal y en ocasiones brillante como las caídas de la cúpula Artapalo en 1992 (Pakito), Kubati (1987) o Mobutu (1994), se le podía considerar un símbolo.

Rodríguez Galindo era un héroe de la lucha contra ETA, alguien a quién los asesinos deseaban matar por encima de muchos otros… pero la realidad es que ETA no tuvo que mover un dedo para hundirle. Él, como Elgorriaga y los demás de Intxaurrondo implicados habían cruzado una línea, la línea que destruía todo por lo que ellos luchaban: la ley. La imagen de Galindo y sus hombres había sido destrozada, aquel símbolo se desplomó y ETA no había necesitado gastar ningún casquillo en tal afán.

J. F. Lamata

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