La Audiencia Nacional encarcela a Jordi Pujol Ferrusola por evadir 30 millones de euros durante la instrucción que le investiga

Anoche, finalmente, Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, ingresó en prisión de forma provisional y sin fianza a instancias del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. La prisión provisional “tiene como primera finalidad evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas”, en palabras del juez. Así pues, el magistrado hace suyos los informes recibidos enviados por la UDEF y que cifran en 30 millones de euros la cantidad de dinero “movido” mediante 19 operaciones por el investigado desde el inicio de las investigaciones (2012) sobre el origen presuntamente irregular de la fortuna de la familia.

De la Mata también ha admitido que todos los controles y restricciones impuestos a Jordi Pujol Ferrusola desde el 2012, encaminados precisamente a evitar la ocultación del patrimonio, han resultado “insuficientes”, lo que justifica ahora esta medida que visualiza la caída en desgracia de una familia otrora ejemplar. Tienen tres causas pendientes, dos en la Audiencia Nacional y una en el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, procedimientos por los que están imputados Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos.

Si se compartía el razonamiento de los informes po­liciales, la decisión adoptada anoche por el juez De la Mata era previsible y consecuente con el ordenamiento jurídico a la vista de la naturaleza de los delitos imputados. No basta con retirar el pasaporte para evitar que cualquier ciudadano acaudalado pueda tratar de borrar las huellas de delitos financieros, de especial gravedad en este caso: falsedad documental, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y or­ganización criminal. Y esta es la conclusión que alcanza el magistrado en su resolución de catorce páginas.

Han pasado cinco años desde la puesta en marcha de la investigación, desencadenada por las acusaciones de una expareja de Jordi Pujol Ferrusola y por Javier de la Rosa, personajes con múltiples condenas criminales por su pasado económico. ¿Son muchos años de instrucción? Para muchos ciudadanos, sí, pero hay que resaltar una gran virtud del sistema judicial de España: la inexorabilidad con la que está juzgando a tantos y tantos ciudadanos, partidos y organizaciones que parecían gozar de inmunidad y carta blanca, bien por el apoyo electoral, bien por sus conexiones y apellidos, bien porque algunos olvidaron la salud y fuerza que el poder judicial tiene en una democracia. Los delitos imputados a Pujol Ferrusola son especialmente complejos y el respeto a la presunción de inocencia está por encima del deseo de la ciudadanía de actuar con rapidez y ejemplaridad. Tampoco hay que olvidar la falta de recursos. La justicia española, como la mayoría de los organismos públicos, se ha resentido de los recortes y la limitación de medios, tan común a la situación de bastantes ciudadanos.

Poco a poco, día a día, cunde la percepción basada en hechos y más hechos de que España está poniendo fin a un periodo de inmunidad de quienes ostentaban –¿detentaban?– el poder político. Muchos comportamientos que hoy se juzgan inducen a pensar que la larga y transversal lista de imputados de la esfera política estaba convencida de que eran los dueños de fincas, cortijos y derechos de pernada. Por muy desagradable que resulte desvelar este desolador panorama, no cabe más que apoyar la acción de la justicia en todos los ámbitos en los que actúa.