Operación Lezo: Encarcelado el expresidente de Madrid, Ignacio González González, en una redada por una presunta Trama de Corrupción en Torno al Canal de Isabel II

La detención ayer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, vuelve a situar bajo el foco público el inmenso lodazal de corrupción en el que se convirtió el Partido Popular de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre.
A González, ya bajo sospecha en otros casos de corrupción, se le acusa ahora de operaciones fraudulentas en dos grandes empresas públicas regionales, el Canal de Isabel II y Mercasa. Estos casos, sumados a la Gürtel y Púnica, no solo han destapado un sistema de corrupción bien engrasado que ha sentado en el banquillo o enviado a la cárcel a los más destacados colaboradores de Aguirre sino toda una gangrena de corrupción que se extendió desde los municipios madrileños hasta las más altas instancias del gobierno regional.

La detención de González tiene lugar apenas 24 horas después de que los jueces, con toda justificación, llamaran a declarar a Mariano Rajoy por el caso Gürtel al entender que en absoluto puede alegar que hechos tan graves relacionados con la financiación del partido que dirige no requieran su testimonio ante un tribunal de justicia. Salta así por los aires en unas pocas horas la estrategia del Presidente del Gobierno y el Partido Popular con respecto a la corrupción, consistente en pasar página atribuyendo los hechos a un pasado lejano; señalar a algunas manzanas podridas aisladas como responsables; fiarlo todo a los lentos procesos judiciales españoles; escudarse en sus resultados electorales para evitar rendir cuentas; y centrarse en hablar exclusivamente de crecimiento y empleo.

El hecho es que bajo la presidencia de Rajoy en el PP, Valencia y Madrid se han revelado como dos pozos sin fondo de corrupción y financiación ilegal del partido. En ambas regiones, su partido ha permitido los comportamientos más abyectos, solo frenados, de forma tardía y sin la suficiente asunción de responsabilidades políticas por su parte, por las pesquisas judiciales y el dictamen de las urnas.

Tan preocupante como la detención de González resulta el oscuro papel jugado en esta investigación por el Consejero Delegado de LA RAZÓN, Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido en la misma causa, y la investigación de su presidente, Mauricio Casals, y director, Francisco Marhuenda, por supuestas coacciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el objeto de impedir que prosperara la investigación judicial sobre la corrupción el Canal de Isabel II que la propia presidenta había puesto en marcha.

DECÍAMOS ayer, con motivo de la citación a declarar como testigo en el caso Gürtel de Mariano Rajoy, que el PP ha sido incapaz de hacer una seria autocrítica sobre algunas de sus prácticas en el pasado. El partido ha intentado pasar de soslayo por la corrupción y siempre ha ido a remolque de las investigaciones judiciales, nunca se ha enfrentado en serio al problema, ha carecido del valor de reconocer sus errores y ha eludido pedir perdón a los ciudadanos.

No es de extrañar, pues, que los escándalos de corrupción le estallen, como sucedió ayer con la detención de Ignacio González por presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II cuando fue presidente de la compañía, entre los años 2003 y 2012. González está acusado de haber cobrado comisiones para beneficio propio y de su familia.

El juez Eloy Velasco le imputa, junto a otros once detenidos, los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. En la operación ha sido arrestado un hermano del ex presidente de Madrid y su esposa está siendo investigada de momento. Hay que recordar que Ignacio González está también imputado por la adquisición de un ático en una urbanización de lujo en Estepona (Málaga), de la que la Justicia sospecha que fue el pago por servicios prestados en contrataciones.

Se trata de hechos muy graves porque Ignacio González ha sido presidente de la Comunidad de Madrid (entre 2012 y 2015) y secretario general del partido en la región. Y quienes conocen su forma de trabajar dicen que era un hombre altivo y exigente, que controlaba con mano de hierro todo lo que se hallaba bajo su mando. De momento, sólo nos podemos referir a la existencia de fundados y sólidos indicios de la comisión de delitos, pero habrá que esperar a que concluya la investigación. El arresto de ayer no presagia nada bueno para González y los demás detenidos, ya que el juez tiene grabadas cientos de horas de conversaciones comprometedoras que pueden dinamitar parte del mundo político y empresarial madrileño.

La operación señala, en primer lugar, a Esperanza Aguirre. No hay sospechas de que la ahora portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid esté involucrada en ninguna trama de corrupción, ni de que se haya lucrado personalmente de forma irregular, pero tendrá que asumir su responsabilidad política por la detención de su más estrecho colaborador durante tantos años, que además es su amigo personal. En la nómina de sus colaboradores encausados, aparece también Francisco Granados, que fue su consejero de Presidencia entre 2008 y 2011 y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, encarcelado como cabecilla del caso Púnica, la red que presuntamente financió irregularmente al PP de la región. «Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana sólo dos», decía Aguirre en la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid. Ya son algunos más, y muy allegados a ella. Aguirre declara hoy como testigo en el caso Gürtel.

Pero más allá de implicaciones personales concretas, el PP seguirá teniendo un problema mientras no reconozca que se financió ilegalmente y que miró para otra parte en tantos y tantos episodios de corrupción. Todavía está muy cercana la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tras ser imputado por fraude y cohecho y para evitar la previsible pérdida del Gobierno de la región.

Todo esto llega cuando el PP y sus dirigentes pretenden hacer creer a la sociedad que se ha pasado página de la corrupción. Pero mientras sigan apareciendo casos como el de ayer es imposible que esa idea cale en los ciudadanos por mucho que la actual dirección de Génova se empeñe en ello.

Resulta imposible gobernar bajo la permanente sospecha de la corrupción. Ayer lo comprobamos: Podemos ofreció al PSOE y a Ciudadanos la presentación de una moción de censura para desbancar al PP del Ejecutivo madrileño. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante, pero la deslegitimación que provoca este nuevo escándalo no es desdeñable. Cuando Rajoy creía superada esta lacra, el nuevo episodio vuelve a poner al PP frente a un espejo que refleja el peor rostro de la política.

LA CORRUPCIÓN sería un asunto fascinante si la tratáramos con un poco más de curiosidad, en lugar de despacharla mecánicamente pidiendo dimisiones como un linier de brazo fácil. Salta un nuevo caso, detienen al enésimo cacique, se llama a declarar al presidente y corremos a redes y tertulias a ruborizarnos como calvinistas, segundos antes de prender la fastuosa hoguera de la purificación.

La intensidad de cada fuego, sin embargo, varía en función del combustible: el último corrupto del PP avivará la llama roja de la izquierda, mientras que la picaresca podemita arde más alto en la indignación conservadora. Pide Pablo Casado que la corrupción no sea utilizada políticamente, en aras de un compromiso transversal para combatirla mejor; pero en el país por donde vaga errante la sombra de Caín nadie está dispuesto a renunciar a su mejor baza en la lógica de la confrontación partidista. Empezando por su PP. Hoy las elecciones se pierden o se ganan ya solo por dos motivos: por una crisis económica o por un escándalo oportuno. Los programas y las ideologías solo interesan a los cerebrales y a los románticos, respectivamente.

De modo que la corrupción sigue siendo un arma cargada de futuro. A decir verdad ya lo fue en el pasado: cabe recordar, ahora que se cumple el quinto centenario de la Reforma, que Lutero nunca habría consumado con éxito su emancipación de Roma sin la ostentosa disipación de los prelados renacentistas. Personalmente sé pedir dimisiones tan bonitamente como cualquier español: ayer mismo pedí la de Aguirre y la vuelvo a pedir ahora, que no se diga. Creo que para describir este aguirrismo abierto en Canal por la operación Lezo hay que recurrir ya al lenguaje modernista y decir, con Valle, «pestífero lamedal» o cosa por el estilo. Pero más allá de esta higiénica aclaración, vayamos a la esencia del fenómeno. ¿Qué decimos cuando decimos corrupción?

Para la derecha todo depende de la moral individual: uno elige corromperse por codicia. La izquierda, en cambio, atribuye la culpa al sistema entero, pues el capitalismo es –como me dijo don Iglesias en su mañana más sincera– «ontológicamente abyecto». Y por tanto es lícito disparatar vendiendo una trama que mezcla corruptos procesados con periodistas que destaparon esa misma corrupción o con empresarios sin otro pecado que su éxito, a fin de intentar un asalto indignado al poder para una vez allí sustituir el sistema por otro, infinitamente más corrupto y criminal, pero incomparablemente más poético. Ahora bien, la corrupción solo se vuelve sistémica bajo la premisa de la impunidad. La izquierda no puede reconocer que el sistema –jueces, fiscales, Guardia Civil, Cifuentes aportando un dossier– se purga a sí mismo sin necesidad de abandonarse a los mesías de la ruptura, porque entonces debería aceptar que el Estado social de mercado es un final de trayecto que no admite más remoción que la de sus malos gestores. Descubriría así el libre albedrío y abjuraría del determinismo histórico y de la conspiranoia multiusos. La derecha, por su parte, tolera la corrupción de los suyos a cambio de que no le expropien la hacienda ganada con trabajo, herencia, talento o chiripa.

Unos y otros, en fin, sentencian que España es una charca. Se bajan ufanos de este país de pandereta por una suerte de narcisismo defensivo. Si todos roban, yo no seré el gilipollas que pague el IVA, o declare todo en el IRPF. Y así, amigos, es como se perpetúa la famosa corrupción española.