La dictadura de Fidel Castro en Cuba ejecuta a Eduardo Díaz Betancourt y otras dos personas

DESPUÉS DEL fusilamiento, el pasado 20 de enero, de Eduardo Díaz Betancourt, dos nuevas condenas a muerte han sido dictadas por el Tribunal de La Habana. Se trata esta vez de unos jóvenes que dieron muerte a tres policías al tratar de huir a Miami. Existe, pues, un delito grave cometido por los acusados, a diferencia de lo ocurrido con Betancourt, ejecutado pese a no estar implicado en delito de sangre alguno.Lo lamentable ha sido, además de la reivindicación del derecho a matar, el clima en el que se ha desarrollado el último juicio, con grupos de revolucionarios que pedían a gritos en la calle la muerte de los procesados. Si el Gobierno cubano piensa que puede justificar la aplicación de la pena de muerte a causa de un ambiente popular que exige el máximo castigo contra los responsables de acciones contrarrevolucionarias, comete sin duda un error. Lo único que indica ese espectáculo popular pidiendo venganza ante el tribunal es que existe una voluntad política del régimen castrista de utilizar los procesos y las penas de muerte para galvanizar a sus seguidores.

Nuestra condena a la pena de muerte es absoluta, al margen incluso de la gravedad del delito. El Estado no tiene derecho a matar a un ser humano. Además, la experiencia demuestra que la pena de muerte no tiene efectos disuasorios ni cuando se aplica contra delincuentes comunes ni, quizá menos aún, cuando se aplica con intenciones políticas. La sociedad tiene otras formas de protegerse de los criminales. Por eso la pena de muerte es reprobable en todos los casos. El hecho de que se siga aplicando en EE UU es una vergüenza para ese país. La reciente decisión del gobernador de Arkansas, Bill Clinton, de confirmar una pena de muerte en su Estado, cuando se halla en plena campaña electoral para ser el candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, demuestra no sólo una actitud inhumana por su parte, sino la degradación de la sensibilidad moral de sus votantes, conmovidos por un lío sexual del candidato, pero indiferentes a su conducta ante la aplicación de la pena de muerte.

Con la misma energía condenamos lo que ocurre en este orden en China, donde han tenido lugar 48 ejecuciones en el último mes. De todos modos, la tendencia abolicionista aumenta en el mundo y son ya cerca de 80 países -entre ellos todos los de Europa occidental- los que la han erradicado legalmente, o cuando menos en la práctica.

En el caso de Cuba, las dos últimas sentencias de muerte deben ser confirmadas por el Consejo de Estado, que preside Fidel Castro. Se trata, pues, de una decisión política. La conmutación sería no sólo un gesto de humanidad, sino una señal de inteligencia política. Cuando la única posibilidad que tiene Cuba de resolver sus agudos problemas interiores -y sobre todo la penuria económica- es la apertura internacional, es aberrante que Fidel Castro refuerce su política represiva con las condenas de muerte y también con el trato que está dando a la oposición moderada -como en el caso de María Elena Cruz Varela- que aspira a fomentar -por caminos pacíficos y graduales- la evolución del país hacia la democracia.