La exministra Magdalena Álvarez Arza (PSOE) es imputada por el caso de corrupción de los ERE de Andalucía

El procedimiento judicial abierto por los ERE de Andalucía sufrió ayer un salto cualitativo de indudable trascendencia. Los fondos destinados a los ERE (721 millones de euros en 10 años) fueron aprobados en sucesivas leyes del Parlamento de Andalucía, pero la juez instructora, Mercedes Alaya, cuestiona no solo la competencia andaluza para dictar esas normas, sino el procedimiento de “transferencia de fondos” usado para el pago, que considera opaco.

Si está en lo cierto, todas las ayudas abonadas desde 2001 habrían sido un “dispendio continuado de fondos públicos”, según expresión de la juez, que especifica su objetivo de delimitar a los responsables de la gestión política del “uso indebido” de dinero público. Si estuviera equivocada, el caso de los ERE quedaría limitado entonces —y ya es muy grave en sí mismo— a los abusos cometidos con abonos a intermediarios, inclusión de personas sin derecho y otros desvíos de parte del dinero presupuestado. A los nuevos imputados no les atribuye ningún delito concreto, sino su participación en la creación o administración del procedimiento usado por la Junta para pagar las ayudas que perciben 5.700 prejubilados.

El número dos del PSOE andaluz acusó el golpe denunciando una “causa general” contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su error es similar al cometido recientemente por el número tres de la ejecutiva nacional del PP cuando denunció una “causa general” contra su partido por el caso Bárcenas. A la luz de lo sucedido ayer, no faltarán los que vean reafirmada la hipótesis de que Griñán anticipó la decisión de retirarse y precipitó la elección de sucesor a causa del proceso judicial. Imposible determinar cuánto hay de cierto en ello. Pero es verdad que gobernar en estas condiciones se antoja difícil.

En el auto judicial de ayer es llamativa la imputación de una veintena de personas que tienen o tuvieron altos cargos en tres departamentos (Hacienda, Innovación, Empleo) de la Junta y la omisión de otras de parecida o mayor responsabilidad, pero que disponen de fuero especial. Así, la juez Alaya imputa a Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda hasta 2004, bajo cuya responsabilidad se aplicó el concepto de las “transferencias de financiación”. Por el contrario no menciona a su sucesor en ese cargo, José Antonio Griñán, que siguió aplicando idéntico procedimiento pero que, por su condición actual de presidente de la Junta, tiene fuero de Tribunal Supremo. Al menos por el momento, Alaya prosigue con la táctica de no incluir a aforados que le harían perder el control de la causa.

Vista la trascendencia del asunto cuestionado ahora, no se entiende la tardanza de la juez en actuar en ese terreno, si cree que hay materia para ello. Parece dudoso que se necesiten casi tres años para caer en la cuenta de que todo el caso de los ERE pudo estar viciado desde el origen.

LA IMPUTACIÓN de la ex ministra Magdalena Álvarez por su participación en la trama de los ERE cuando era consejera de Economía y Hacienda en Andalucía pone a Griñán contra las cuerdas. El presidente de la Junta fue el sucesor de Álvarez en ese departamento, desde el que se produjo «un dispendio continuado de fondos públicos», según indica en su último auto la juez Mercedes Alaya.

Esta resolución establece un antes y un después en la investigación. La propia magistrada es consciente de ello: «Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción», indica, que lleve a determinar las responsabilidades de quienes han hecho un «uso indebido» de sus competencias. La juez recuerda que fue en la etapa de Magdalena Álvarez cuando la consejería «dictó las normas» que permitieron crear las «transferencias de financiación», una trampa conocida como fondo de reptiles que permitió evitar la fiscalización y otorgar cientos de millones de euros de forma irregular, tal y como denunció reiteradamente la Intervención General de la Junta.

La imputación debería obligar a Magdalena Álvarez a dejar su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, encargado de facilitar financiación a las pymes. Su presencia en la institución en estas circunstancias, enfangada en un caso flagrante de corrupción, es un descrédito para España.

Para José Antonio Griñán, el auto de la juez marca, con toda probabilidad, el inicio de la cuenta atrás para su imputación. Entre los 20 nuevos encausados hay viceconsejeros, secretarios y directores generales de la Junta que ejercieron su cargo con posterioridad a 2004, que es el año en el que el hoy presidente andaluz sustituyó a Álvarez. Griñán conocía el sistema implantado por su antecesora y conocía también los informes desfavorables del interventor. Todo hace indicar que si Alaya no le ha incluido entre los imputados es porque antes quiere cerrar la investigación, pues al ser una persona aforada debería dejar el asunto en manos del Tribunal Supremo. El paso dado por la juez explica también el sorprendente anuncio de Griñán de hacerse a un lado cuando sólo ha transcurrido un año desde el inicio de la legislatura. El auto de Alaya está fechado el 28 de junio y la decisión de Griñán de convocar elecciones primarias con urgencia en el PSOE para nombrar a su sucesor se dio a conocer 48 horas antes.

El hecho de que sean ya cerca de un centenar los encausados por los ERE y que entre ellos haya altos cargos de la Junta de distintas consejerías estrecha también el cerco sobre Manuel Chaves. No es creíble que el entonces presidente andaluz no estuviera al tanto de un entramado que permitió dilapidar durante años cifras astronómicas de dinero público. Y cuestiona también el papel que está ejerciendo IU, socio de gobierno del PSOE, que llegó a la Junta con el compromiso de ayudar al esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, la juez instructora sólo ha encontrado zancadillas, descalificaciones, falta de colaboración y hostilidad política en el ejercicio de su trabajo. Pero por lo pronto, la imputación de Magdalena Álvarez presagia la de Griñán y deja seriamente tocado al PSOE en Andalucía.

Cuatro años, dos meses y dos semanas después de que una denuncia llegara a su mesa, la juez Mercedes Alaya ha descubierto que quien “dictó las normas” que han propiciado el fraude de los ERE es la exministra Magdalena Álvarez.

En efecto, el 14 de abril de 2009 le tocaba a la juez en el sorteo reglamentario la denuncia presentada por Juan Ignacio Zoido, su antiguo compañero de magistratura, a la sazón portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.

Denuncia, todo sea dicho, presentada dos meses después de que el Gobierno andaluz denunciara los mismos hechos ante la fiscalía, a la que entregó una grabación en la que dos directivos de Mercasevilla pedían una comisión a un empresario sevillano.

De aquel hilo, el caso Mercasevilla, la juez Alaya ha ido tirando y tirando hasta desembocar en la madeja de los ERE fraudulentos. Con 93 imputados, el mayor caso de corrupción registrado en Andalucía.

Un trabajo digno de elogio, en lo que guarda relación con la búsqueda del dinero defraudado, unos 140 millones, y los pillos que se lo llevaron. Pero más discutible en su vertiente política, en el intento de implicar en la trama a altos responsables de la Junta en los últimos 14 años.

En esa línea va el auto firmado por Alaya el 28 de junio, conocido cinco días después. El mismo día en el que el PSOE andaluz aprobaba las elecciones primarias para elegir el nuevo candidato a la presidencia de la Junta.

Como afirma Alaya, ha dado “un paso cualitativo” en la instrucción y ha imputado de golpe a 20 altos cargos y excargos de la Junta. Entre ellos, a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Entre mis muchas incompetencias está la jurídica. Por ello, asumo el criterio de un destacado jurista, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien afirmó ayer tajante en la Cadena SER que “el auto es nulo”. Así de rotundo: nulo.

Entre otras razones, porque la juez no especifica de qué delitos acusa a los imputados y porque invade competencias que no le corresponden, pues los fondos destinados a los ERE fueron aprobados en el Parlamento andaluz. Por ello, Martín Pallín concluye que, de seguir el argumento de Alaya, ésta tendría que ir contra todos los diputados que votaron a favor.

Por último, a Martín Pallín le parece “sospechosa” la actuación de la juez, que imputa a todos los que tuvieron relación con el tema, pero orilla a quienes están aforados: el presidente Griñán y la consejera Carmen Martínez Aguayo, y los exconsejeros y hoy diputados en el Congreso Viera y Vallejo. De hacerlo, tendría que dejar el caso.

En el aspecto político, sorprende que importantes decisiones de Alaya hayan coincidido con momentos clave en las últimas campañas electorales: en las municipales de 2011, imputó al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla Rodrigo Torrijos; tres días antes de la votación de las generales de 2011, habló de Griñán en un auto; el primer día de campaña de las autonómicas de 2012, envió a prisión al principal encausado, el exdirector general de Empleo; el mismo día en que el Comité Director del PSOE aprobaba las primarias, imputaba a Magdalena Álvarez; el próximo día 25 ha citado a declarar al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, cuatro días antes de la votación de las primarias.

¿Simple casualidad, coincidencias fortuitas? Es posible. Pero es sorprendente que la tesis mantenida por el PP de que la trama se urdió en las alturas del Gobierno, con Chaves y Griñán al frente, sea la vía elegida por la juez. Y que los momentos más álgidos del caso coincidieran con procesos electorales en los que el PP se jugaba mucho. Juego de jueces.

MAGDALENA Álvarez es uno de los personajes más grotescos e influyentes del PSOE en el último cuarto de siglo. Era la mandamasa de la Agencia Tributaria cuando Borrell creó el terror fiscal televisado, con Lola Flores como pimpampún. Luego se descubrió que el ministro y sus amigos, los mismos que asustaban a los contribuyentes linchando a Lola en los telediarios, se valían de ese terror para trincar chalés en los Pirineos. De aquellos Borrell, Huguet, Aguiar y compañía, al que mejor le fue en lo penal fue a Borrell. No así en lo político. Polanco y González aprovecharon el escándalo para defenestrarlo como candidato sociata tras ganar las primarias, repusieron a Almunia y contribuyeron eficazmente a la mayoría absoluta de Aznar en 2000.

Curiosamente, la jefa de los jefes de la Agencia Tributaria catalana, máxima responsable, se fue de rositas. Y en la disléxica prosodia de Chaves se convirtió en Mimaleni, versión fonofaldera de Mienmano, o sea, Juan Guerra, rama de la frondosa familia de Alfonso. Visto por el cristal del tiempo, Mienmano nos parece hoy un modesto comisionista al lado de Mimaleni, creadora y primipastora del tinglado de los ERE, a cuyo lado los 28 cafelitos diarios del hemmano de Alfonso son propinas, agravios para el hígado y sonrisas en la memoria. Mienmano es como uno de esos heroicos predecesores de la aviación que con unas alas de papel y alambre se tiraban batiendo los brazos por un barranco y solían romperse la crisma en el aterrizaje. En cambio, Mimaleni, dueña de la tecnología, se ganó el mote de Lady Aviaco volando sin cesar. Era la Abeja Maya de Andalucía.

En los anales del periodismo español ha quedado su aparición en el programa inaugural de Gabilondo en Cuatro. La conexión para presentar la nueva autovía malagueña se quedó en crónica a oscuras de su hundimiento, con Mimaleni debajo de un casco, como Eloísa de un almendro, e incapaz de hablar con Iñaki por el pinganillo. También la recordamos deseando ver a Esperanza Aguirre «colgada de la catenaria». Y analfainventándose un «idioma andaluz» para decir que ella, Mimaleni, «antes partía que doblá». Pues nada, ahora, partía, doblá, trincá y quién sabe si juzgá y condená.

Chaves ha pasado a mejor vida política y en Andalucía manda Griñán

EL caso de los EREs andaluces es un cesto de cerezas (podridas), que está vaciando poco a poco la juez Alaya por el procedimiento de tirar de una y dejar que salgan detrás las que lleva enganchadas. Una veintena de altos cargos de la Junta han caído hasta la fecha, a pesar de las enormes dificultades con que se encuentra Su Señoría para investigar a la misma institución que, por mor de las transferencias autonómicas, debe proporcionarle los medios materiales, informáticos, etc, que ella requiere para su trabajo y que tardan siglos en llegar, al igual que la documentación solicitada por la magistrada. Los dirigentes del gobierno andaluz no tienen prisa en entregar la soga con la que podrían ser ahorcados, pero el empeño de Alaya en esclarecer la verdad es incluso más tenaz que la renuencia de los urdidores de la trama a permitir que ésta resplandezca.

Y la última en ser citada a declarar en calidad de acusada es nada menos que Magdalena Álvarez, la que fuera ministra de Fomento con Zapatero en virtud de una doble cuota: la femenina y la andaluza, que por separado resultan peligrosas pero juntas constituyen una combinación explosiva.

«Maleni», la que manejó miles de millones de euros en su Departamento y quiso colar a Esperanza Aguirre de una catenaria, es hoy, en razón de la misma arbitrariedad «dedocrática», vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, donde la noticia de su imputación ha tenido que caer como un jarro de agua helada. Es lo que nos faltaba a los españoles, tan ayunos de crédito como de credibilidad, para convencer a nuestros socios de que no somos gentes de fiar y es preciso atarnos en corto. La peor de las noticias en el peor de los momentos. Una herencia póstuma de Zapatero tan envenenada como lo fue su Presidencia. En la época a la que se refiere la juez en su auto, sin embargo, Álvarez era la consejera andaluza de Hacienda; es decir, la encargada de administrar los dineros. Su citación abona la tesis de que resulta increíble que en las alturas de la Junta se desconociese el trasiego de millones, destinados a los parados, que iban a parar a los bolsillos de políticos, sindicalistas e intermediarios tan podridos como las cerezas de nuestro cesto. ¿Qué ocurriría con los ingentes fondos que pasaron por sus manos en la Cartera que le consiguió su padrino y protector, Manuel Chaves, cuando aún era el todopoderoso «patrón» de la federación más nutrida y por ende más influyente del PSOE? Hoy Chaves ha pasado a mejor vida política y en Andalucía manda un otoñal José Antonio Griñán, en retirada, que pretende jubilarse cinco minutos antes de que le alcance el largo brazo de Alaya. Se va, pero quiere dejar su legado, atado y bien atado, en manos de otra persona que atesora «meritos» semejantes a los de la ex ministra imputada: ser mujer y andaluza. Susana Díaz se llama la «delfina» en cuestión, quien a sus treinta y nueve años de edad suma a las citadas «cualidades» la de no haber ganado jamás un euro fuera de la política ni haber abrevado en otro pesebre que el del Partido Socialista, donde empezó a trepar mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Sevilla. Tal vez por ello tardara diez años en estudiar una carrera de cinco, mientras el contribuyente subvencionaba»solidariamente» el 80 por ciento del coste de su educación.

Díaz lleva toda su vida adulta impregnándose de la «cultura» imperante en el socialismo andaluz, donde, a semejanza de lo que ocurre ya prácticamente en todas partes, las escaramuzas internas, el regate en corto, la política con minúscula, sinónimo de politiqueo, siempre fueron mucho más rentables que la posibilidad de presentar un curriculum susceptible de merecer un puesto de trabajo en la empresa privada. Ella es una gran entendida en «ejecuciones» silenciosas, que dejan a sus pies cadáveres sobre los que se va aupando. Así ha llegado hasta donde está, a dos pasos de heredar el poder sin saber lo que es transitar a cuerpo gentil por esa calle que va a gobernar. ¿Es completamente ajena al mayor escándalo de corrupción que ha conocido España desde la Transición una «aparatchik» local que echó los dientes en el partido y se conoce al dedillo todos sus rincones? ¿Se enteró de lo que había por los periódicos? ¿Pondrá todo su empeño en lmpiar la casa? Es difícil de creer… Pero ¡Ojalá!

El empeño de la juez Alaya para descubrir el uso fraudulento del dinero público destinado a Expedientes de Regulación de Empleo es encomiable, pues si todo robo es vergonzoso, cuando el que se distrae es de todos resulta aún más repugnante. Y el de los ERE lo es, no tanto por la cantidad que supone (dos o tres veces más que la fortuna conocida de Bárcenas y más o menos el de la trama Gürtel del PP), como por la condición de los implicados y porque los fondos malversados estaban destinados a quienes han sufrido la gran desgracia del desempleo.

Sin embargo, alguien debería actuar ya cuando son tan abundantes las ocasiones en que esta juez se involucra en la vida política en beneficio flagrante de un partido concreto, provocando un daño considerable a personas concretas, a la sociedad en su conjunto y a la Administración de justicia a la que debe servir. Y digo esto asumiendo que, como todo el mundo sabe, los daños a los demás se pueden cometer conscientemente o sin intención, accidentalmente.

No entraré en los pormenores jurídicos de su último auto, aunque me parece que no hace falta ser un experto en Derecho sino solo tener un poco de sentido común para encontrar a lo largo de su redacción, muy confusa y descuidada por cierto, algunas deficiencias sorprendentes. La más comentada estos últimos días es que no mencione las razones por las que imputa, es decir, el delito que estima que pueden haber cometido las personas a quien reclama. Pero no solo esa. Hay otras como la de afirmar que la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, “dictó las normas en las que se recogía el concepto de transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003”. Digo que es una afirmación sorprendente porque es muy fácil comprobar que es falsa: en dicha orden ni siquiera se menciona ese concepto. La primera mención a estas operaciones se encuentra en la ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2001. Un cambio hábil de la juez, pero tramposo, para poder imputar a la exconsejera sin el ridículo de hacerlo por el contenido de una ley aprobada en el Parlamento.

En todo caso, si bien es encomiable su empeño por descubrir cualquier trama delictiva, no parece lógico lo que hace la juez en el auto al tratar de culpabilizar sin prueba a quien promueve una norma de cuya puesta en acción se han derivado hechos delictivos. Es, valga la comparación, como responsabilizar a quien vende un arma de fuego, a base de imputarle una intencionalidad indemostrada, por el disparo que realice alguno de sus compradores.

Un auto tan imperfecto produce daño a las personas imputadas. Máxime, cuando en nuestro país se confunde la imputación, que en realidad es una garantía procesal, con la culpabilidad. Pero incluso ese daño es pequeño si se compara con el que produce la juez a la sociedad y a la Justicia.

Me parece que es así cuando es un hecho objetivo y fácilmente comprobable la perfecta sincronía que se da entre sus autos y episodios relevantes de la vida política, en los que influye alterando su desarrollo normal en favor de una de las partes.

En los cursos de economía o hacienda se estudia la existencia de externalidades, es decir, de efectos externos, positivos o negativos, que la actuación de un sujeto puede tener sobre terceros, sea con intención deliberada de producirlos o sin ella.

Cuando el efecto es negativo, por ejemplo, si una empresa contamina con vertidos las huertas de otros propietarios, origina un coste que o paga ella o han de pagar injustamente los demás. En derecho se dice, en esos casos, que se genera un daño que conlleva responsabilidad, civil si se demuestra que se produjo sin intención o penal si puede probarse que la tuvo. En cualquier caso, y también cuando el daño lo provoca una juez, hay que hacer que lo pague su responsable y evitar que vuelva a producirse. Pero esto no se hace, y a nadie puede extrañar que la judicatura sea la profesión peor valorada por los españoles.

El giro introducido por la Audiencia de Sevilla en el caso ERE complica la situación judicial de Magdalena Álvarez, consejera de Economía de la Junta de Andalucía en la época en que se diseñó el plan que pudo propiciar una malversación millonaria; dicho de otra forma, en que se puso en marcha el procedimiento que supuestamente permitió delinquir a otros. Magdalena Álvarez debería reflexionar sobre la conveniencia de renunciar a su cargo actual, la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una vez que la imputación judicial es firme. Ella era la responsable del departamento que diseñó las “transferencias de financiación”, técnica que la Audiencia cree inadecuada para ayudas sociolaborales.

El mismo tribunal que propinó varapalos sucesivos a la juez instructora, Mercedes Alaya, por falta de respeto a ciertas cuestiones formales, entra ahora en el fondo del asunto y acepta que “no es irracional o arbitraria” la hipótesis de la instructora, en el sentido de que la técnica usada para el pago de los ERE fue introducida “para propiciar lo que finalmente ocurrió”.

Hay que señalar la presión ejercida por el Gobierno a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que Álvarez dimita: un comportamiento distinto de la tolerancia observada con numerosos parlamentarios del PP en las Cortes Valencianas imputados en causas judiciales. No deben tratarse a conveniencia las imputaciones por asuntos relacionados con la corrupción ni deben olvidarse los numerosos casos similares en los que se ha echado en falta entre los líderes populares la celeridad y contundencia que ahora demuestra De Guindos. Aunque es cierto que Magdalena Álvarez tiene una cualidad particular por representar a España en una institución europea, la exigencia de ejemplaridad es ineludible en el ejercicio de cualquier responsabilidad pública.

No todas las investigaciones judiciales tienen fundamento, y de ahí el dilema ético de exigir la dimisión de personas a las que dar ese paso les puede presentar como culpables, sin seguridad alguna de serlo. Dos años de indagaciones sobre el exdirigente socialista José Blanco quedaron en nada cuando llegaron al Supremo.Igualmente, Magdalena Álvarez podría acabar demostrando que, como afirma, su gestión no tuvo nada que ver con las presuntas malversaciones descubiertas. Este es el problema de las instrucciones judiciales que se eternizan y levantan sospechas que tardan mucho en sustanciarse: el simple hecho de confirmar la imputación de Álvarez ha consumido prácticamente un año.

Pero una cosa es reiterar lo mal que funciona la justicia y otra eximir a los políticos de rendir cuentas del uso de caudales públicos. Cualquier imputado tiene derecho a negar actos ilegales, pero los políticos tienen que acostumbrarse a dar explicaciones detalladas sin aguardar el final de un largo y tortuoso proceso judicial.

La quieren partía y doblá. Y a ser posible, encarcelá. El odio irracional que algunos sienten hacia Magdalena Álvarez hunde sus raíces en un profundo machismo mal digerido.

Observen la foto del pleno del Consejo Empresarial para la Competitividad reunido con Mariano Rajoy en La Moncloa: 18 hombres, 18 corbatas. Los empresarios más poderosos del país. Ni una mujer. Lo que hay es una irritante “acumulación de testosterona económica”, en acertada definición de Javier del Pino.

A ese mundo llegó Magdalena Álvarez en 1994. Era la primera mujer en España que se hacía cargo de las finanzas de una comunidad autónoma. Más tarde fue la primera mujer en ocupar la cartera de Fomento. Sustituía a Francisco Macho Álvarez Cascos. Un hombre que se relajaba en el monte matando inocentes animales mientras se hundía el Prestige.

Hay en España docenas de políticos imputados en 1.661 causas abiertas por corrupción (datos del CGPJ del año 2013). Todos deben ser tratados de la misma forma, incluida Magdalena Álvarez, cuya imputación en el tema de los ERE acaba de ser confirmada por la Audiencia de Sevilla. Pero no es así.

En Valencia llegó a haber hasta 11 diputados autonómicos imputados (siguen cinco). Nadie dijo nada. Ninguna de esas plumas palmeras del PP que con tan fiero ahínco exige la dimisión de Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pide la cabeza de los parlamentarios valencianos imputados.

Pero con Magdalena Álvarez se actúa de manera diferente. Muchos palmeros la odian porque ejerció con decisión y energía el mando en un mundo de hombres. Puso firme a sus amigos, aquellos cajeros díscolos, ¡esos sí que eran prepotentes!, de Sevilla y Córdoba.

Pero vayamos al fondo de la cuestión. Una vez confirmada la imputación y embargados sus bienes para cubrir la fianza de 29,5 millones de euros, Álvarez queda en manos de la justicia. Y a ella habrá de someterse.

Ya se verá en su día si realmente la exconsejera de Hacienda, con el presidente Chaves y otros miembros de sus Gobiernos, crearon un sistema conscientemente ilegal para que un par de chorizos llegaran más tarde y afanaran unos cuantos millones de euros. No es creíble.

Ninguno de los políticos señalados por Alaya se lucró de esos fondos. Como dice Felipe González, “algún día vamos a diferenciar los políticos que se enriquecieron con fondos públicos de los que no”. Y remacha: “Magdalena es de una integridad personal a prueba de bombas”.

Por tanto y por ahora, imputada sí, condenada no. Hasta el presidente Rajoy recordaba hace unos días en Bruselas que “una imputación en absoluto supone una declaración de culpabilidad y, por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, todas las personas son inocentes”. Incluida Magdalena Álvarez. La que ni se parte ni se dobla.

Maleni se atrinchera. El enroque de la exministra socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), negándose a dimitir, promete constituirse en inolvidable página gloriosa. De esta democracia, de la marca España, y de la contribución española al prestigio de las instituciones y organismos de la Unión Europea: y de uno en concreto, como el banco público que tanto interesa para el relanzamiento económico de este país. Se avizora una página tan sofisticada como elegante fue la operación de acoso y derribo que le urdieron el Gobierno y el PP en plena campaña electoral, para tapar vergüenzas propias.

Las dificultades del Gobierno para echar a Maleni provienen de los recelos de los otros Gobiernos. No quieren que el asunto siente precedente y esperan que los litigios hispano-españoles se sustancien en casa y no irrumpan en la casa común. Las dificultades de Álvarez para hacer lo que es obvio que debe hacer derivan o de una autoestima demasiado vitaminada o de la incomprensión de en qué consiste la responsabilidad política.

Llevemos la presunción de inocencia de la imputada Álvarez al límite. Consideremos la hipótesis de que la peculiar juez Mercedes Alaya, pero también la menos peculiar Audiencia de Sevilla hubieran actuado contra la ley al perseguirla por una causa ciertamente sorprendente: haber puesto en pie el edificio normativo que posteriormente utilizaron otros para el descomunal fraude de los ERE. A ojos profanos les es arduo vislumbrar ahí el dolo imprescindible para que concurra un delito penal. O sea, es posible que Álvarez acabe obteniendo la razón en sede judicial.

Pero eso para nada sustenta la continuidad de la vicepresidenta en su cargo. Tener la (hipotética) razón jurídica (incluso la presunción de razón judicial) no otorga razones para continuar en un cargo cuando se perjudica su servicio, su imagen y por ende, su eficacia. Maleni no debe haber leído la historia de la dimisión más honorable —y una de las más injustas— en la historia europea, la que fundó la doctrina, en la socialdemocracia, de cuándo hay que renunciar al cargo. La de Willy Brandt, que en 1974 abandonó la cancillería al descubrirse que uno de sus secretarios, Günter Guillaume, era un espía infiltrado de la Stassi, la siniestra política de la RDA. Brandt ignoraba ese extremo, pero el hecho arrojaba sombras objetivas sobre su honorabilidad y sobre el prestigio de su cargo. Las eliminó cesando en él. La responsabilidad política no equivale a la responsabilidad penal por haber actuado indebida, irregular o criminalmente. No supone reconocimiento de haber cometido delito. Ni implica asumir culpa ninguna. Supone salvar a la institución de ser cuestionada y de constituirse en objeto de polémica.

Quizá habría que arbitrar para algunos casos situaciones de excedencia especial (hilvanada en asteriscos) hasta la resolución final del asunto. Pero es complejo. Y en todo caso, mientras no sea así, rige la doctrina Brandt. La demostración más plástica de que —-contra lo que algunos proclaman—-, esta no es una sociedad de castas, es que hay dirigentes que dimiten, renuncian, abdican. Aunque duela.

LA DIMISIÓN de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha producido demasiado tarde y muy mal. La sombra de la sospecha debería haber sido motivo suficiente para que la ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía se hubiera marchado hace prácticamente un año, cuando fue imputada por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. Pero la también ex ministra socialista sólo se ha ido cuando no tenía más remedio, un mes antes de que su expulsión fuera votada por todos los países, y 21 días después de que el Comité de Ética de la entidad alertara al banco de que mantener como vicepresidenta a una imputada por corrupción constituía un «riesgo sustancial» para su reputación.

Con este panorama, las excusas y falsedades invocadas ayer por Álvarez para justificar una salida ineludible, lejos de honrarla, ponen el acento en la soberbia de un personaje que ha preferido dañar la imagen de España, y poner en apuros al BEI, antes que dar su brazo a torcer, pese a su comprometida situación judicial. Magdalena Álvarez no tuvo empacho en sostener que su dimisión no guardaba relación con su imputación, en presumir de que tiene el apoyo del BEI y en hacer pasar su salida como un sacrificio personal frente a una «campaña de acoso» de la que acusa al Gobierno. La verdad, sin embargo, es tan tozuda como rígido el código ético del BEI. También es cierto que al irse por su propio pie, Álvarez se garantiza un sueldo mensual de 10.000 euros hasta que se jubile, y a partir de entonces 4.600 euros mensuales de por vida; un pellizco que habría perdido de ser expulsada.

Mercedes Alaya corroboró en mayo la imputación de Álvarez y le impuso una fianza de casi 30 millones por delitos de prevaricación y malversación de caudales. La juez considera a Álvarez artífice de la añagaza normativa de que se valió la Junta para, con la excusa de agilizar los trámites de los expedientes, nutrir el fondo de reptiles de los ERE con partidas presupuestarias que escapaban a todo control. La ministra ha alegado que ella sólo constituyó el mecanismo de transferencias, pero lo cierto es que lo hizo con el criterio en contra de la Intervención General andaluza y que su papel facilitó el mayor latrocinio de fondos públicos de la historia reciente de España.

El fraude podría alcanzar los 1.217 millones, pero el Gobierno sólo le instó a dejar el BEI cuando la imputación se concretó. En términos generales, la gestión de Álvarez en el BEI ha sido positiva, pero hace mucho que debió dimitir y hacerse un favor a sí misma y a su partido, que ayer eludió defenderla, en lugar de despedirse del peor modo posible en el último segundo.

POCOS EJEMPLOS tan claros e indiscutibles de la impudicia de la clase política como el que ha dado estos días Magdalena Álvarez, que sobrepasa todo lo visto hasta ahora. No sólo ha dimitido del BEI sin asumir ninguna responsabilidad política por su papel en la trama de los ERE, sino que se va con una cuantiosa compensación económica, además de presentarse como la víctima de una conspiración.

Resulta, por ello, muy difícil encontrar un término de comparación, pero su actitud me recuerda mucho a la del difunto Mariano Rubio, el gobernador del Banco de España que tenía acciones sin que constara su titularidad y manejaba una cuenta de dinero negro. La peculiaridad de este personaje es que le gustaba dar lecciones de ética en su despacho. Especialmente a los periodistas, a los que le encantaba explicar cómo tenían que hacer su trabajo mientras que él no hacía el suyo. Rubio negó los hechos e intentó amedrentar a este periódico hasta que tuvo que dimitir en 1992 ante la magnitud del escándalo. Más tarde, sufrió la humillación de ser encarcelado por orden del fiscal de Madrid, a la sazón Fernández Bermejo.

Magdalena Álvarez sostiene que es inocente, pero de momento está imputada y sus bienes han sido embargados. Sea cual sea el desenlace de la investigación judicial, lo que no es discutible es su responsabilidad política por haber permitido el desvío de fondos cuando era consejera de Economía, tal y como constató un informe de la Intervención de la Junta. Por eso resultan un sarcasmo sus declaraciones de que es víctima de una conspiración del PP, ignorando el hecho fundamental de que una persona acusada de un delito tan grave no puede permanecer en el consejo de un banco público europeo.

Álvarez se ha negado a dimitir y ha forzado una negociación para obtener una elevada compensación, lo que deja en evidencia la falta de escrúpulos morales de la dirección del BEI, que se ha prestado a un chanchullo político en lugar de despedir a esta mujer. Y todavía tiene la cara dura de dar lecciones y decir que, si es absuelta, el BEI debe reponerla en un puesto en el que cobraba 22.000 euros al mes, como si el puesto fuera suyo en propiedad.

Ello revela la mentalidad de la ex ministra, que siempre ha considerado que los cargos públicos que ocupaba eran predios privados para utilizar en su provecho, como ya demostró en Aviaco. El caso de Álvarez, al igual que lo fue el de Rubio, refleja una peculiar concepción de la responsabilidad política que consiste en que un dirigente no dimite en función de las normas legales y los estándares éticos, sino cuando a él le da la gana y por los motivos que quiere. Álvarez es un ejemplo de la degradación de una parte de la clase política que se ampara en una casuística jesuítica para eludir las consecuencias de sus actos tras hacer de la vida pública un rentable modus vivendi, lleno de privilegios.