2 marzo 2022

El jefe del Estado regularizó su situación con la Hacienda Pública tras el estallido del escándalo

La Fiscalía archiva todos los procesos judiciales contra el rey emérito, Juan Carlos I, por falta de pruebas, pero la mayoría de medios lo silencian y le siguen presentando como un apestado

Hechos

El 2 de marzo de 2022 se hizo público el archivo de todas las causas contra el rey emérito de España D. Juan Carlos de Borbón.

08 Octubre 2021

Juan Carlos I: la Fiscalía reconoce que no hay delito

Luis María Anson

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«Los españoles han asistido a una campaña descomunal y miserable contra el Rey padre, cuyo objetivo final era dañar a Felipe VI»

Reprobada hasta tres veces por el Congreso de los Diputados como ministra de Justicia, Dolores Delgado fue nombrada fiscal general, «encarnando así la voluntad manifiesta de la coalición gubernamental (el Frente Popular) de politizar la Justicia». En su objetivo de erosionar la Monarquía –eje de la Transición– la fiscal general decidió facilitar la miserable campaña orquestada contra el Monarca que estableció la democracia pluralista plena en España y la salvaguardó cuando el 23 de febrero de 1981 algunos militares se sublevaron contra el orden constitucional reinante.

Los fiscales independientes han llegado a la conclusión, tras dos años de voraces investigaciones, de que no existen pruebas suficientes para encausar a Don Juan Carlos, el Rey que ha encarnado uno de los cuatro grandes reinados de la Historia de España junto a los de Carlos I, Felipe II y Carlos III.

La maniobra alimentada hasta la náusea por el periodismo amarillo ha emporcado la imagen del Rey padre, ha fragilizado la Institución monárquica y, sobre calumnias, falsedades, insidias, bulos y rumores, ha hecho un daño en muchos aspectos irreparable. Algunas cámaras de televisión se han acercado, como si del Papa se tratara, para recoger, una y otra vez, las palabras de cierta hetaira despechada y de un policía encarcelado por presunta corrupción. Ahora resulta que no se han encontrado pruebas, que no hay delitos, y que el Rey padre queda exonerado por una Justicia ejemplarmente independiente, si se confirma lo adelantado por El Confidencial. Por otra parte, el objetivo final de la operación consistía en crear una situación insostenible al Rey actual, Felipe VI, que ha tenido la inteligencia y la prudencia de no entrar en el debate porque la Monarquía parlamentaria es una plataforma neutral para que sobre ella se solucionen los problemas de España.

El Rey padre no se querellará contra los que le han denigrado en los medios de comunicación. Algunos lo han hecho por convencimiento, otros en busca de audiencia y notoriedad. Los españoles han asistido a una campaña descomunal y miserable. Pero la Historia, en fin, colocará a Juan Carlos I, el demócrata, de forma destacada, en el lugar que le corresponde.

02 Marzo 2022

Un archivo real

Francisco Marhuenda

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España le debe mucho. Es algo que es incuestionable y los errores finales no empañan ese balance.

La Fiscalía ha archivado todas las líneas de investigación que afectaban al rey Juan Carlos. La actividad del ministerio público ha sido exhaustiva e independiente y la realidad jurídica es la que se conoció este miércoles. Es una gran noticia, aunque los decretos firmados por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ponen de manifiesto los graves errores cometidos por el anterior jefe del Estado. Es algo que no se puede ni debe ignorar. Lo sucedido no disminuye mi admiración y respeto por Don Juan Carlos. Otra cuestión distinta es que hay que separar estos comportamientos éticamente censurables con la extraordinaria labor que realizó durante su reinado al servicio del pueblo español y la democracia. A este respecto no existe ninguna duda. Don Juan Carlos no era un santo laico, pero tampoco el personaje que intenta dibujar una izquierda radical y antisistema que desearía derribar la Monarquía e imponer un proceso constituyente. Lo sucedido es una buena noticia porque cierra una etapa de forma satisfactoria. Es verdad que lo adecuado es que los regalos se hubieran declarado a Hacienda, pero, finalmente, la deuda tributaria fue regularizada en aquello sobre lo que existía obligación. A esto hay que añadir el coste personal sufrido en su imagen y el dolor por las críticas, algunas muy injustas.

España le debe mucho. Es algo que es incuestionable y los errores finales no empañan ese balance. Los españoles ni podemos ni debemos ser ingratos, pero tampoco cortesanos. La Transición fue un proceso ejemplar y tuvo un claro director que fue capaz de llevarla a buen puerto con la ayuda, por supuesto, de políticos de todo signo, empresarios, sindicatos, intelectuales…., en definitiva, de la sociedad en su conjunto. El resultado es una de las sociedades más prósperas y avanzadas del mundo. Mucho antes de asumir la jefatura del Estado tenía muy claro que no podíamos ser una anomalía entre los países de nuestro entorno. España era una dictadura y se tenía que convertir en una democracia plena sin ningún tipo de limitaciones. Cuando murió Franco éramos el único país de la Europa Occidental sometido a un régimen autoritario. El rey tenía todo el poder y decidió devolverlo al pueblo español que era su único y auténtico titular. No solo eso sino que desactivó el golpe de Estado del 23-F y desde entonces fue el mejor embajador de España. Por todo ello merece nuestra admiración y respeto, aunque critiquemos los errores que cometió.

02 Marzo 2022

La injusticia triunfa

Ramón Pérez-Maura

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Lo normal sería que el Rey Juan Carlos vuelva a vivir al Palacio de la Zarzuela y tenga a su alrededor la misma intendencia que tuvo hasta el 4 de agosto de 2020. Ojalá, pero me temo que no será. Se admiten apuestas. Nada me alegraría más que equivocarme
Son muchos los españoles que sufren o han sufrido injusticias legales como la que ha padecido el Rey Juan Carlos. Habrá quien crea que el archivo de su causa por la Fiscalía es un triunfo suyo. Y, técnicamente, lo es. Pero a costa de un juicio de telediario, burdamente manipulado por este Gobierno y sus terminales mediáticas, que ha conseguido debilitar a la institución monárquica, que es el referente de la Constitución de 1978. La imagen del Rey que nos trajo las libertades ha sido demolida con la aquiescencia del Gobierno de la nación que forzó su salida de España sin que hubiera nada más que una investigación en su contra. A ojos de muchísimos españoles el Rey Juan Carlos es visto hoy como culpable. A ver si las televisiones públicas y privadas dedican a limpiar su figura tanto tiempo como dedicaron a derribar la primera referencia de la Transición española. Cuando ya es casi imposible restaurar su buen nombre, aunque el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, haya archivado la causa, es evidente que ha triunfado la injusticia. Y eso es lo ha ocurrido en España. De forma muy desgraciada.
Ésta es la hora de reflexionar sobre cuán mal amparado ha estado el Rey Felipe VI en toda esta crisis. Por más que lo nieguen desde La Moncloa, todos sabemos que Don Juan Carlos ha estado en el exilio por una imposición de Pedro Sánchez. Su entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, dio en Zarzuela la orden de sacar de España al Rey Juan Carlos y la Casa del Rey cumplió a pesar de que el discurso oficial fue que Don Juan Carlos se había ido por su propia voluntad. Uno de nuestros expresidentes del Gobierno lleva casi un año contraargumentando con contundencia que si Don Juan Carlos se fue porque quiso, también podía volver porque le diera la gana. El propio Gobierno –que realmente lo expulsó– avalaba –involuntariamente– el argumento.
Ni con una justicia altamente intervenida era sostenible esta situación de república bananera que tanto daño ha hecho a España en el mundo entero. A lo largo de los últimos dos años he atendido a muchos medios de comunicación extranjeros que me pedían que les explicase cómo era posible que en una democracia hubiera un ex jefe de Estado en el exilio sin estar procesado ni condenado por ningún tribunal. Huelga decir que era imposible dar una explicación que no dejase a España en mal lugar.
Mucho me temo que este final no deseado por Sánchez y sus conmilitones va a tener una prórroga. Ahora van a intentar lo inimaginable por hacer imposible la vida del Rey Juan Carlos en España. Lo normal sería que vuelva a vivir al Palacio de la Zarzuela y tenga a su alrededor la misma intendencia que tuvo hasta el 4 de agosto de 2020. Ojalá, pero me temo que no será. Se admiten apuestas. Nada me alegraría más que equivocarme.
Desde el momento en que el Gobierno llegó a poner al Rey contra la pared, obligándole a tomar distancia de su padre, Don Juan Carlos quedó en una situación de inmensa debilidad. Quizá si el Rey hubiera tenido mejores consejeros a su alrededor hubiera podido sortear las trampas del Gobierno con más eficacia y no hubiera aceptado el inverosímil exilio de Don Juan Carlos.
Pero hay algo incuestionable y en eso tenía razón quien quiera que aconsejase al Rey: iban contra la España de la Constitución de 1978 y esta España se encarna en la Monarquía. Construyeron una operación mediática contra el Rey Juan Carlos –al que sólo se le han podido demostrar pecados fiscales menores, como a tantos otros españoles– con la voluntad de llevarse por delante la Corona y con ella, la Constitución. El Rey hizo bien en dar prioridad a salvar la institución. Pero quizá en esta hora se pueda llegar a la conclusión de que faltaron consejeros, análisis o simplemente arrojo para plantarse contra un Gobierno cuyo presidente y ministros prometieron lealtad a la Corona. Por algo no juraron, claro.

03 Marzo 2022

Don Juan Carlos, la vuelta

ABC (Director: Julián Quirós)

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La Fiscalía confirmó ayer las informaciones avanzadas semanas atrás y archivó de modo definitivo todas las investigaciones abiertas a Don Juan Carlos al considerar que no hay ilícitos penales que obliguen a abrir una causa formal en el Tribunal Supremo. Asunto zanjado después de más de tres años de especulaciones. El archivo no sentará bien a quienes han hecho de la persecución de la Monarquía una obsesión y una estrategia política contra el régimen constitucional. Empezando por Podemos, con ataques a la Corona tan furibundos como injustificados, a veces incluso con el silencio cómplice del PSOE. Las diligencias abiertas por la Fiscalía contra Don Juan Carlos se han querido usar no ya contra él para desacreditarlo personalmente, sino como coartada para deteriorar a la Corona en general, y crear una atmósfera social de corte republicanista que hiciera inevitable un cambio de sistema en España y la desaparición de la Monarquía parlamentaria.

Algunos ministros de Podemos no pudieron ser más claros al respecto. Por suerte, han fracasado.

Siempre perseguirá a Don Juan Carlos una suerte de condena civil preventiva, por mucho que nunca vaya a existir ya una condena penal, porque su presunción de inocencia ha sido vulnerada de manera sistemática. Y si es el momento de recordar tanto la contribución inmensa de Don Juan Carlos a la democracia española, también lo es de reseñar la falta de ejemplaridad de una parte de su conducta, según hemos conocido, hasta el punto de que el Rey Don Felipe, su propio hijo, tomó decisiones drásticas respecto a su padre en marzo de 2020. Pese al archivo, es cierto que el escrito de la Fiscalía contiene duros reproches a Don Juan Carlos y recuerda que algunas de sus actividades, ya prescritas, no invalidan la ilegalidad que en su día tuvieron, aunque hoy ya no puedan ser castigadas.

Ahora, el devenir de los acontecimientos da pie al esperado retorno, bajo la fórmula que sea, ya que Don Juan Carlos, como un español más, tiene derecho a vivir donde quiera y como quiera, sin persecuciones de ningún tipo. Don Juan Carlos sabe que ese derecho debe cuadrar con sus intereses y necesidades personales, que él conoce mejor que nadie y que nadie más que él debe decidir, pero también deben ser necesariamente compatibles con los intereses y necesidades de la Corona, con la figura del Rey Don Felipe, y por supuesto con la menor afectación posible a la Monarquía como institución. El regreso a España de Don Juan Carlos ha de producirse antes o después y en las condiciones que menos perjuicios puedan causar a la Corona. Pero el alejamiento indefinido del Rey emérito es una anormalidad y conviene establecer que la vuelta a España está fuera de toda duda y debería producirse con cierta celeridad. Otra cosa es que el exjefe del Estado considere que no tenga que ser su lugar de residencia permanente. Es cierto que el ‘cómo’ se haga puede no resultar fácil y dar lugar a diversas manipulaciones políticas, pero es un tránsito, una cuenta pendiente que toca abordar. Don Juan Carlos se equivocó en algunas cosas. Bien, pero también acertó en muchas otras que han situado a España donde está, y nunca mereció esta suerte de destierro permanente al que muchos le habían condenado.

03 Marzo 2022

Juan Carlos I debe una explicación a los españoles

EL ESPAÑOL (Director: Pedro J. Ramírez)

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La Fiscalía archivó ayer miércoles las investigaciones sobre el patrimonio del rey emérito Juan Carlos I al no encontrar indicios suficientes para sostener una querella contra él frente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La Fiscalía, sin embargo, sí ha constatado que Juan Carlos I ocultó en el extranjero fondos no declarados a Hacienda.

Si la Fiscalía ha decidido archivar las investigaciones no es por lo tanto porque no tenga sospechas de delito alguno, sino porque la mayor parte de las actuaciones ilícitas de Juan Carlos I habrían sido cometidas antes de junio de 2014 (la fecha de su abdicación) y estarían en consecuencia amparadas por la inviolabilidad de su figura, que se extiende tanto a sus actividades públicas como privadas.

Ese es el motivo por el que una parte del patrimonio del emérito, los 65 millones de euros donados por el rey saudí Abdalá y que fueron ocultados en Suiza bajo la cobertura de la Fundación Lucum, no puede ser perseguido por la Fiscalía.

Inviolabilidad pública y personal

La Fiscalía tampoco ha podido establecer que dicha cantidad pueda ser considerada como una comisión por la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí a una empresa española, algo que permitiría calificar dicho cobro como un posible delito de cohecho. Un delito que habría prescrito ya.

El resto de los fondos investigados por la Fiscalía fueron regularizados en su momento. El 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos I legalizó unas donaciones por un valor aproximado de 800.000 euros del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause. En febrero de 2021 hizo una segunda regularización por el pago de vuelos y viajes privados con fondos de la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans-Borbón.

Como explicamos en un editorial anterior de EL ESPAÑOL, la regularización de esos fondos se produjo después de que la investigación de la Fiscalía suiza trascendiera a la prensa y después de que la Fiscalía española le notificara la apertura de diligencias sin concretar su posible calificación penal, lo que le permitió regularizar esos fondos sin incurrir en un delito.

Responsabilidad institucional

Cuatro han sido por tanto las razones por las que la Fiscalía ha renunciado a perseguir al rey emérito. La regularización de parte de los fondos, la inviolabilidad que protegería otra parte de ellos, la prescripción de los presuntos delitos cometidos y la falta de indicios de conexión con los trust de Jersey a los que se asocia a Juan Carlos I.

¿Qué justifica, en pleno siglo XXI, la inviolabilidad absoluta de un jefe de Estado, tanto por sus actividades privadas como por las públicas? Ni siquiera los más numantinos defensores de la protección extrema de la institución de la Corona como pilar de la democracia constitucional española pueden justificar dicha inviolabilidad con argumentos convincentes. ¿La defenderían de la misma manera si el jefe del Estado fuera un civil?

Juan Carlos I puede, en fin, haber esquivado su procesamiento por una mezcla de factores de los cuales el de la inviolabilidad es el menos justificable de todos ellos. El rey emérito queda así exonerado de cualquier responsabilidad penal. Pero cuestión aparte es su responsabilidad personal e institucional frente a los españoles. Juan Carlos I le debe una explicación a los ciudadanos españoles.

04 Marzo 2022

Juan Carlos I, exonerado por la justicia suiza y española

Luis María Anson

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«La Justicia ha puesto en su sitio a los calumniadores de oficio que orquestaron una campaña miserable contra el Rey padre»

Doce minutos después de hacerse pública la decisión de la Fiscalía exonerando al Rey padre, publiqué en El Imparcial, diario de referencia de la Fundación Ortega-Marañón, un artículo titulado: «¿Y ahora qué dirán los calumniadores de oficio?», en el que afirmaba: «La maniobra estaba clara. Se trataba de crear un gran escándalo en torno al Rey Juan Carlos para que su hijo, Felipe VI, saltara en defensa de su padre, introduciendo a la Monarquía en el debate público». Eso privaría a la Institución de su credibilidad como plataforma neutral sobre la que se solucionan los problemas de la nación. El Rey no embistió la muleta que le tendieron los calumniadores de la extrema izquierda. Y se frustró la miserable operación cuyo objetivo era fracturar la Monarquía y dar paso a una República al estilo de la venezolana o la cubana.

Ahora la Justicia ha exonerado al Rey padre de los cargos que acumularon contra él los calumniadores y sus compinches. La Justicia suiza, la más independiente de Europa, a través del fiscal Berzosa, ideológicamente muy a la izquierda, ya había exonerado a Don Juan Carlos de todas las acusaciones y denuncias contra él vertidas. «Ahora la Justicia española ha hecho lo mismo tras dos años de obsesiva investigación, atizada por la fiscal general del Estado Dolores Delgado. Finalmente, junto a la verdad que nos hace libres, ha resplandecido, si bien lo más probable es que casi ninguno de los que han calumniado al Rey padre pedirán perdón por la tropelía cometida.

Los abogados de Don Juan Carlos podrían querellarse contra aquellos que, en las tertulias audiovisuales, en los periódicos impresos y digitales calumniaron al Monarca, en una de las campañas más miserables que ha envenenado la vida política española. Don Juan Carlos I no lo hará porque la Monarquía que defendió su padre Juan III contra el dictador Franco es la Monarquía de todos, también de los que han intentado lincharle. Don Juan Carlos, en fin, recibió de Franco todos los poderes y a todos renunció para establecer en nuestra nación la democracia pluralista plena, encarnando uno de los cuatro grandes reinados de la Historia de España, junto a los de Carlos I, Felipe II y Carlos III.

04 Marzo 2022

El archivo de Juan Carlos I

EL PAÍS (Directora: Pepa Bueno)

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El rey emérito no se sentará en el banquillo, pero la Fiscalía del Supremo describe un comportamiento impropio de un jefe de Estado

Los decretos que hizo públicos el miércoles la Fiscalía del Supremo archivan las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, pero a la vez contienen un minucioso recuento de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito. La inviolabilidad que concede la Constitución a cualquier acto del Rey, la prescripción y otras reglas básicas del Estado de derecho impiden procesar penalmente a Juan Carlos I y consagran una impunidad que ningún otro ciudadano podría disfrutar en semejantes condiciones. Los hechos probados arrojan un resultado descorazonador y profundamente decepcionante al dar la razón a lo que este periódico ha contado durante años sobre las irregularidades contables y los fraudes a la Hacienda pública de quien durante 39 años fue el jefe de Estado de España. La conducta del rey emérito es una devastadora noticia para la democracia española por saltarse las obligaciones fiscales y actuar de forma premeditada para sortear las leyes que rigen para todos los demás. La imposibilidad de abrir una causa penal añade sal a la herida democrática que describen con crudeza los informes de la Fiscalía.

Según la descripción de hechos que ha podido constatar la Fiscalía del Supremo durante los dos años de la investigación, Juan Carlos I disfrutó, hasta su abdicación el 18 de junio de 2014, de varias fortunas en el extranjero que le regalaron varias personas en distintas etapas de su reinado y de las que nunca dio cuenta a la Hacienda española. Entre 1995 y 2004, se constituyeron dos trust en Jersey (islas del Canal) con unos fondos de casi 15 millones de euros. El empresario y amigo del monarca Manuel Prado y Colón de Carvajal, condenado en 2002 por apropiación indebida a dos años de cárcel, había fundado los trust de Jersey y fue quien aconsejó a finales de 2003 a Juan Carlos I liquidar ese trust. Si se descubría su existencia habría que dar explicaciones y se produciría una situación “embarazosa”, según consta literalmente en las diligencias de la Fiscalía. Solo cuatro años más tarde, el entonces rey de España recibió un regalo de 100 millones de dólares de su “hermano” el rey de Arabia Saudí, cuyo motivo aún se desconoce. Nuevamente, Juan Carlos I prefirió ocultar esa fortuna, en este caso en un banco suizo a nombre de una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que era principal beneficiario. Durante cuatro años (2008-2012) mantuvo ese dinero oculto a la Hacienda española. Cuando las autoridades bancarias suizas alertaron a Juan Carlos I del peligro de mantener esos fondos a su nombre en la entidad financiera, cerró la cuenta y traspasó la fortuna a quien fue su amante durante algunos años, Corinna Larsen, como una “donación irrevocable”.

La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que no puede perseguir los delitos cometidos por el rey emérito. Además, Juan Carlos I tuvo la habilidad de pagar deudas fiscales de los años en que ya no le protegía la inviolabilidad. La Fiscalía acepta también que la regularización fue espontánea, aunque numerosos juristas consideran que el aviso que se trasladó a su abogado cuando se abrieron diligencias quiebra el criterio de espontaneidad. Los entresijos técnicos del caso no borrarán en la sociedad española la decepción ya confirmada ante una conducta impropia, ajena totalmente a los estándares de honorabilidad exigibles a un jefe de Estado, antes, durante y después de ejercer el cargo.

05 Marzo 2022

Una Casa Real indigna y cobarde

Antonio Maestre

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La Casa Real ha demostrado ser indigna por la canallesca de Juan Carlos I y cobarde por la de Felipe VI, que no tuvo el coraje necesario para dejar que nos diéramos el debate necesario sobre el comportamiento de su padre

He de reconocer que estoy feliz. La superioridad moral de los republicanos ha quedado consignada en un escrito de la Fiscalía. Quienes abogamos por los valores republicanos consideramos que todas las personas somos iguales ante la ley y que quienes cometen un delito tienen que estar sometidos ante las sanciones de la ley sin importar su condición, renta u origen. Son los valores mismos de la democracia y estamos más cerca de que una República llegue a este país gracias a escritos como los de la Fiscalía, que ponen negro sobre blanco que el rey emérito es un delincuente pero que puede serlo y que los españoles nos tenemos que callar. Cómo no sentirse moralmente superior a los monárquicos. La mejor noticia para el advenimiento de una Tercera República ha sido que el emérito quede impune, porque deja en evidencia que es una institución corrupta y caduca que no tiene capacidad de adaptarse a una democracia plena. Si se le hubiera juzgado y condenado el nombre de Juan Carlos I habría quedado manchado para siempre, pero la institución de la monarquía habría demostrado fortaleza. Afortunadamente no ha sido así y han hecho lo mejor para los republicanos.

La Fiscalía ya ha dejado claro que el emérito robó a todos los españoles en lo peor de la crisis y que va a quedar impune porque lo hizo cuando el rey podía robarnos legalmente y que cuando no podía hacerlo se ha esperado lo suficiente para que sus tropelías hayan prescrito. Es la mejor noticia para los republicanos por lo que implica la degradación de la corona y seguir aguardando de manera paciente a que la gota fría del gen Borbón implosione la corona por dentro.

Existe una corriente vasalla y reptilicia que cree que la inviolabilidad del rey es un hecho a celebrar. No es una hipótesis baldía pensar que si el rey matara mañana a uno de sus familiares (guiño, guiño) con una de las escopetas de caza que le regalaron jeques y dictadores quedaría impune porque la ley le permite hacerlo. No son propuestas de ficción, nos ha robado y la Fiscalía ha dejado claro que puede robarnos. Pero además existe una corriente mayoritaria en el espectro político y mediático que defiende que el rey por el hecho de serlo no tiene que estar sujeto a ningún tipo de responsabilidad penal. Una corriente que cree que existe un ser humano que por privilegio de nacimiento es superior al resto de españoles.

Los pecados del emérito no son personales. Los ha hecho propios la Casa Real que dirige Felipe VI con su anuencia y comportamiento. La decisión de la Fiscalía de anunciar el archivo de las actuaciones del emérito por robarnos justo cuando se está produciendo la invasión de Rusia a Ucrania no es una estrategia novedosa. Utilizar un momento de shock social para hurtar a la ciudadanía de un debate serio sobre el comportamiento del emérito fue una actitud que puso en primer plano Felipe VI cuando desheredó a su padre y reconoció la existencia de dos cuentas en paraísos fiscales el día en el que en España se declaró el estado de alarma por la pandemia y los españoles estaban preocupados por su vida. La Casa Real ha demostrado ser indigna por la canallesca de Juan Carlos I y cobarde por la de Felipe VI, que no tuvo el coraje necesario para dejar que nos diéramos el debate necesario sobre el comportamiento de su padre. Nunca se podrá olvidar que Felipe VI se escondió tras las muertes de una pandemia para esconder su comunicado.