13 noviembre 1993
El tribunal asegura que será neutral a la hora de juzgar a 'criminales de guerra', pero encabezan su lista los líderes serbios Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic
La ONU constituye en La Haya una Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de la Guerra Civil en Yugoslavia
Hechos
El 17.11.1993 se constituyó el Tribunal Penal Internacional en el Palacio de la Paz de La Haya (Holanda).
Lecturas
El 17 de noviembre de 1993 quedó formalmente constituido en La Haya (Países Bajos) el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con la toma de posesión de sus primeros magistrados y el comienzo de su organización judicial. La nueva institución, cuya constitución tuvo como escenario el Palacio de la Paz, nacía con la misión de perseguir y juzgar a los responsables de las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas desde 1991 en los territorios de la desaparecida federación yugoslava. Su creación respondía a las noticias de matanzas de civiles, deportaciones, campos de detención, violaciones y operaciones de limpieza étnica que acompañaban las guerras de Croacia y Bosnia-Herzegovina. Era el primer tribunal penal internacional creado por Naciones Unidas y el primero de esta naturaleza desde los tribunales establecidos tras la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los dirigentes de las potencias derrotadas.
El Tribunal había sido creado jurídicamente el 25 de mayo de 1993, mediante la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por unanimidad de sus quince miembros. La iniciativa se había desarrollado bajo la autoridad del secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, después de que una comisión internacional de expertos investigara las atrocidades denunciadas en la antigua Yugoslavia. Entre los países que aprobaron su creación figuraban los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido—, además de España y otros nueve Estados. El organismo no dependía de los gobiernos europeos ni actuaba en nombre de la Comunidad Europea, sino en nombre de las Naciones Unidas, como tribunal independiente establecido por el Consejo de Seguridad al amparo del capítulo VII de la Carta de la ONU, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Todos los Estados miembros quedaban obligados a cooperar con sus investigaciones y resoluciones.
El TPIY recibió competencias para juzgar a personas físicas, incluidos dirigentes políticos, mandos militares y ejecutores directos, por infracciones graves de los Convenios de Ginebra, violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Su jurisdicción comprendía los delitos cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde el 1 de enero de 1991, independientemente de la nacionalidad de los responsables. El Tribunal podía exigir la entrega de acusados y reclamar prioridad frente a procedimientos nacionales, pero carecía de policía propia y dependía de la colaboración de los Estados para efectuar detenciones y reunir pruebas. Su competencia, por tanto, era territorial y temporalmente limitada: no podía investigar conflictos ocurridos en otras regiones del mundo.
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LOS PRINCIPALES ACUSADOS DE ‘CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD’:
Los primeros magistrados fueron elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas entre juristas de diferentes continentes. Entre ellos figuraban el italiano Antonio Cassese, elegido primer presidente del Tribunal; la estadounidense Gabrielle Kirk McDonald; la costarricense Elizabeth Odio Benito; el egipcio Georges Abi-Saab; el canadiense Jules Deschênes y el chino Li Haopei. La composición internacional pretendía garantizar que el organismo no pudiera identificarse exclusivamente con los intereses de los países europeos o de una de las partes enfrentadas. Cassese, especialista en derecho internacional, asumió la tarea de convertir una institución todavía sin experiencia práctica, instalaciones definitivas ni procedimientos consolidados en un órgano judicial capaz de investigar, procesar y condenar a responsables de crímenes de guerra.
La creación del Tribunal constituía un precedente jurídico de extraordinaria importancia, pero también planteaba interrogantes sobre su eficacia. Los principales dirigentes de las facciones enfrentadas en Bosnia y Croacia continuaban ejerciendo el poder político y militar, mientras la guerra seguía produciendo víctimas. El éxito de la institución dependería de su capacidad para obtener pruebas, formular acusaciones y conseguir que los gobiernos entregaran a los sospechosos. La experiencia de Núremberg y Tokio demostraba que era posible exigir responsabilidades penales internacionales por atrocidades masivas, pero el nuevo Tribunal se enfrentaba a una situación diferente: debía investigar crímenes mientras el conflicto seguía abierto y sin disponer de un ejército vencedor que pudiera imponer la detención de los acusados.
18 Noviembre 1993
Los criminales
Desde que hace más de un año, el entonces secretario de Estado norteamericano, Lawrence Eagleburger, calificara por primera vez como criminales de guerra al presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, y al líder serbio en Bosnia, Radovan Karadzic, son legión los que se han integrado por méritos propios en la larga lista que éstos encabezan. Mirko Jovic, jefe de los Águilas Blancas, y Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, jefe de los Tigres, han presumido públicamente de sus matanzas de civiles en Bosnia y Croacia. Sus hombres han quemado vivos a centenares de musulmanes, violado y mantenido en burdeles para guerreros a miles de mujeres, decapitado o mutilado a niños para sacar a los padres la confesión sobre los escondites de sus ahorros. Ambos son hoy hombres ricos que hacen ostentación por Belgrado de sus riquezas.Vojislav Seselj, aliado de Milosevic hasta hace apenas dos meses, se pavonea de sacar los ojos a los croatas con cucharas oxidadas. Así convirtió su Partido Radical en el segundo del Parlamento serbio. Milosevic amenaza ahora a SeselJ con entregarlo al Tribunal Internacional de La Haya. Seselj respondió que le «divertiría un viaje a Holanda; pero sin la compañía de Milosevic, carecería de sentido».
Ratko MIadic, jefe del Ejército serbio en Bosnia, ya cometió las mayores atrocidades registradas en la guerra de Croacia. En Bosnia, nombrado por Milosevic como ejecutor del líder serbio Radovan Karadzic, dirigió lalimpieza étnica, la destrucción sistemática de ciudades y el asesinato a sangre fría de miles de prisioneros y civiles en fuga.
El líder croata Mate Boban y sus jefes militares en Bosnia, con la complicidad del ministro de Defensa de Croacia, Gojko Susak, son otros candidatos seguros al banquillo. Sin el apoyo del presidente croata, Franjo Tudjman, no habrían podido intentar emular la atroz efectividad demostrada por la parte serbia.
La pasividad de Occidente ante los crímenes contra su pueblo, el odio y la creciente certeza de la imposibilidad de la convivencia interétnica, han llevado a caudillos del Ejército bosnio a entrar también en el juego del crimen. Muchos son los que se han hecho culpables en esta guerra. Quizá hubieran sido menos de no haber dado la impresión el mundo de que al vencedor todo le estaba, permitido.
El Análisis
La justicia internacional y los límites que las grandes potencias no quieren cruzar
La constitución del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia representa un avance en la lucha contra la impunidad de quienes ordenan o ejecutan crímenes contra la humanidad. Por primera vez desde Núremberg y Tokio, una institución judicial internacional podrá exigir responsabilidades personales a dirigentes políticos y militares por atrocidades cometidas durante una guerra. Pero el nacimiento del Tribunal plantea una contradicción que conviene examinar: ¿por qué la comunidad internacional acepta crear tribunales para juzgar determinados conflictos y todavía no dispone de una jurisdicción penal permanente que pueda actuar frente a los crímenes cometidos en cualquier región del planeta? Estados Unidos, Rusia y China han respaldado la creación del organismo yugoslavo, pero su competencia queda circunscrita a una guerra concreta, en un territorio determinado y por decisión de un Consejo de Seguridad dominado por las grandes potencias. No es lo mismo aceptar que se investiguen los crímenes de dirigentes balcánicos que admitir que un tribunal internacional independiente pueda examinar las actuaciones de los propios gobernantes y militares. La defensa de la soberanía nacional, el temor a investigaciones políticamente motivadas y la resistencia a ceder competencias judiciales constituyen obstáculos reales para avanzar hacia una justicia universal. Y resulta legítimo preguntarse si detrás de algunos de esos argumentos no se encuentra también el deseo de evitar que los mismos principios jurídicos puedan aplicarse algún día a las grandes potencias y sus aliados.
La prueba decisiva de la justicia internacional no será únicamente su capacidad para castigar a los responsables de las matanzas yugoslavas, sino su disposición a aplicar criterios equivalentes con independencia de la nacionalidad de los acusados. Estados Unidos, cuya presencia militar se extiende por numerosos países, podría encontrarse ante investigaciones relativas a sus propias intervenciones exteriores; Rusia tendría que aceptar un control internacional sobre actuaciones que considera pertenecientes a su esfera de seguridad; China podría enfrentarse al escrutinio de su política interior, mientras que Israel, inmerso en un conflicto territorial prolongado, tendría motivos para examinar cuidadosamente las implicaciones de una jurisdicción sobre crímenes de guerra. Estas preocupaciones no significan que todos esos Estados se opongan al Tribunal yugoslavo ni permiten atribuirles una intención común de encubrir delitos, pero sí ponen de manifiesto la tensión entre soberanía estatal y responsabilidad penal internacional. Una justicia que solamente pudiera actuar contra los dirigentes de países débiles o derrotados correría el riesgo de reproducir la desigualdad de poder que pretende superar. El verdadero progreso llegará cuando la responsabilidad por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad deje de depender de qué Estado haya cometido los hechos y de qué aliados pueda movilizar para evitar una investigación.
J. F.