La prensa nacional estalla contra TV3 por fomentar un victimismo independentista catalán demonizando ‘al Estado’ español

De nada sirve que toda Europa se vuelque en ayudarnos contra el golpismo catalán si el Gobierno del señor Rajoy y la señorita Soraya siguen tolerando, financiando y mimando el aparato de propaganda y agitación del golpismo, cuya fuerza reside en las televisiones. En las dos que protegen los señores presidentes de la Generalidad, don Mariano y doña Soraya, la TV3 que se niegan a cerrar y La Sexta que crearon delictivamente y siguen protegiendo como lo que es, la silenciosa protectora de la imagen de esa excelentísima nulidad que tenemos como vicepresidenta. Hemos visto ya a algún egregio inquilino de la cárcel encima de un coche de la Guardia Civil arengando a las masas. Pero hemos visto también a los periolistillos de la televisión golpista catalana encaramados al mismo coche y el Gobierno de Madrid, que es el de la Generalidad, les sigue manteniendo el sueldo.Eso no puede continuar así. Nada podemos pedir al Fiscal General del Estado, cuya acreditada sumisión al Ejecutivo del Melindre lo ha desacreditado de por vida. Tendremos, pues, que pedirle a Vox que haga lo que debería hacer Ciudadanos, ya que el PP no existe y el PSOE está con el PSC, o sea, en tierra de nadie, pero tirando a golpista.

Ayer me sorprendió gratamente ver a Albert Rivera saludando la detención del golpista de Waterloo por la Policía alemana. Fue el único de los líderes políticos que saludó el fiasco del politicastro fugitivo. Falta que los partidos que se llaman constitucionales, aunque no siempre lo sean, apaguen el verdadero motor de la agitación contra España y el régimen constitucional, que es la televisión, en Madrid y Barcelona.

Mucho se quejan algunos, y con razón, de la actitud de la Justicia belga. Pues lo más belga, en el sentido más sórdido y siniestro del término, es la actitud de desafío permanente al orden constitucional que mantienen las televisiones públicas de la Generalidad, o sea, de Soraya y Mariano, y el duopolio A3media/La Sexta y Telecinco/Cuatro, obra de Mariano y Soraya.

Cuando acabe por haber víctimas en las algaradas promovidas por esas televisiones golpistas, sin las que nada podrían hacer los desastrados vencidos del Prusés, vendrán algunos a pedir prudencia. Lo más prudente, desde hace años, era cerrar a cal y canto cualquier ventana al golpismo. El Gobierno las mantiene de par en par.

¿Tienen razón quienes sostienen que TV3, la televisión pública de Cataluña, hubiera debido ser intervenida al amparo del artículo 155 de la Constitución y que no haberlo hecho desde el primer día ha sido un error, pues es desde los estudios de Sant Joan Despí desde donde se articula el discurso insurreccional, se configura el imaginario separatista y se difunde el desprecio a todo lo que sea, represente o parezca España? (mejor «El Estado Español»: la palabra España ha sido abolida).

¿Es esta cadena pública, y en General toda la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals o Corpo, una «fábrica de mentiras», o según la terminología de hoy, de fake news al servicio del ideario nacionalista, en vez de un sistema de información ecuánime al servicio de la sociedad catalana a la que se debe?

¿O acaso TV3 no es ya, como algunos la llaman, «Teleprocés» sino el procés mismo, pues sin ella este no existiría? Desde luego, las más arduas negociaciones entre las direcciones de ERC y PDCAT para constituir un gobierno autonómico y levantar el por ellos detestado artículo 155 de la Constitución residen en el reparto del poder en la Corpo: quién se queda con la tele y quién con la radio. Eso es decisivo, y lo demás accesorio, incluida la elección de una idónea consellera (debe ser mujer, por la cosa de las cuotas) para Ensenyament, cargo para el que al fin y al cabo basta con elegir a «la que sea más tetuda», según Lluis Salvadó, secretario general adjunto de ERC y ex subsecretari de Hacienda de la Generalitat, en conversación privada que se filtró el pasado 8 de marzo. En cambio para la Corpo los criterios deben ser más estrictos y exigentes.

En realidad es sólo el buque insignia de agitprop separatista, escoltado por la Xarxa (red de televisiones locales financiada por la Diputación de Barcelona) y por una tupida red de diarios digitales y otros medios de comunicación supuestamente privados, pero en realidad financiados por la Generalitat al amparo, o con el pretexto, de proteger a la lengua catalana, en eterno peligro de extinción dolosa; entre esos medios destaca —por su influencia en la conformación de la opinión de la burguesía— la radio y el periódico del grupo Godó, RAC1 y La Vanguardia, desde cuyas páginas, ciertamente más equilibradas desde que Márius Carol sustituyó en la dirección a José Antich, todavía hoy emiten a diario ideología separatista los consejeros áulicos, portavoces oficiosos y correas de transmisión de los partidos del prusés; sin que esté claro si éstos dirigen a los partidos políticos separatistas y empujan a los líderes a la perdición, o si, al revés, son los partidos los que les dictan a esos columnistas, estratégicamente colocados según el clásico sistema de las «cuotas» de cada partido, lo que deben pensar y las consignas a difundir cada mañana.

Todos estos medios conforman una burbuja informativa, un microclima cerrado o realidad paralela, dotado con una sublengua propia, una jerga con conceptos, dogmas y metáforas (el «derecho a decidir», el «mandato del pueblo de Cataluña», «el mundo nos mira», etcétera); un «Matrix», como lo llaman algunos observadores, donde se informa, se emociona y vive un elevado número de ciudadanos; y donde la crasa realidad de las cosas y de los hechos, cuando irrumpe, causa un estupor indisimulable; y así era un poema la cara de circunstancias, la cara de consternada incredulidad de los tertulianos de TV3 cuando Jordi Pujol declaró sus cuentas andorranas (¡resultaba que el 3 por ciento era verdad, y no una insidia socialista!) o el día, en octubre pasado, de la multitudinaria manifestación en Barcelona por la unidad de España y contra el separatismo donde el ex ministro Josep Borrell dijo que «todos tenemos un poco de culpa de haber estado callados»: era inaudito que existieran tantos catalanes en desacuerdo frontal con la deriva del Govern y de sus aliados, y que ante la declaración de independencia se atrevieran a exponer con rotundidad su discrepancia en las calles de Barcelona. Especialmente cuando la CUP ya había pregonado su lema «las calles serán siempre nuestras»; abundando en ese derecho de propiedad, y traicionando su subconsciente, el cada día más hiperventilado Ernest Maragall pronunciaría en sede parlamentaria una frase que quizá algunos consideren inocente expresión de afecto y adhesión a terruño, pero a otros les sonaron siniestras y amenazantes: «Aquest pais serà sempre nostre».

En cambio para la Corpo los criterios deben ser más estrictos y exigentes.

En realidad es sólo el buque insignia de agitprop separatista, escoltado por la Xarxa (red de televisiones locales financiada por la Diputación de Barcelona) y por una tupida red de diarios digitales y otros medios de comunicación supuestamente privados, pero en realidad financiados por la Generalitat al amparo, o con el pretexto, de proteger a la lengua catalana, en eterno peligro de extinción dolosa; entre esos medios destaca —por su influencia en la conformación de la opinión de la burguesía— la radio y el periódico del grupo Godó, RAC1 y La Vanguardia, desde cuyas páginas, ciertamente más equilibradas desde que Márius Carol sustituyó en la dirección a José Antich, todavía hoy emiten a diario ideología separatista los consejeros áulicos, portavoces oficiosos y correas de transmisión de los partidos del prusés; sin que esté claro si éstos dirigen a los partidos políticos separatistas y empujan a los líderes a la perdición, o si, al revés, son los partidos los que les dictan a esos columnistas, estratégicamente colocados según el clásico sistema de las «cuotas» de cada partido, lo que deben pensar y las consignas a difundir cada mañana.

Todos estos medios conforman una burbuja informativa, un microclima cerrado o realidad paralela, dotado con una sublengua propia, una jerga con conceptos, dogmas y metáforas (el «derecho a decidir», el «mandato del pueblo de Cataluña», «el mundo nos mira», etcétera); un «Matrix», como lo llaman algunos observadores, donde se informa, se emociona y vive un elevado número de ciudadanos; y donde la crasa realidad de las cosas y de los hechos, cuando irrumpe, causa un estupor indisimulable; y así era un poema la cara de circunstancias, la cara de consternada incredulidad de los tertulianos de TV3 cuando Jordi Pujol declaró sus cuentas andorranas (¡resultaba que el 3 por ciento era verdad, y no una insidia socialista!) o el día, en octubre pasado, de la multitudinaria manifestación en Barcelona por la unidad de España y contra el separatismo donde el ex ministro Josep Borrell dijo que «todos tenemos un poco de culpa de haber estado callados»: era inaudito que existieran tantos catalanes en desacuerdo frontal con la deriva del Govern y de sus aliados, y que ante la declaración de independencia se atrevieran a exponer con rotundidad su discrepancia en las calles de Barcelona. Especialmente cuando la CUP ya había pregonado su lema «las calles serán siempre nuestras»; abundando en ese derecho de propiedad, y traicionando su subconsciente, el cada día más hiperventilado Ernest Maragall pronunciaría en sede parlamentaria una frase que quizá algunos consideren inocente expresión de afecto y adhesión a terruño, pero a otros les sonaron siniestras y amenazantes: «Aquest pais serà sempre nostre».

Hace algún tiempo el catedrático de filosofía de la universidad de Barcelona Manuel Cruz, de filiación socialista, denunciaba en la edición catalana de este diario, bajo el título Matonismo de buen rollo, lo que, como él decía, en la calle está en boca de todos: «El flagrante sectarismo de TV3»: «Por lo que se refiere a los programas de debate, para los soberanistas en el poder el pluralismo consiste en permitir la aparición de un discrepante una vez cada quince días, en debates o tertulias en las que la relación es seis contra uno, cinco contra uno o, en el mejor de los casos, cuatro contra uno». Cruz hablaba por experiencia propia: días atrás había accedido a participar en uno de esos debates-encerrona. Al día siguiente, en el mismo programa, la humorista de plantilla salió a hacer befa de él y de las opiniones que había expuesto, con la risueña complicidad de la presentadora. Esta tarea de execración del invitado de la víspera últimamente la ha asumido con voluntariosa abnegación Pilar Rahola.

Desde aquel artículo de Cruz, premonitorio de lo que puede esperar el discrepante en esa cadena, es continuo el goteo de los que se niegan a colaborar en su propio linchamiento. En octubre pasado, después del referéndum ilegal y los incidentes de orden público en torno a él que tanto recalentaron la temperatura política, dos de los más pacientes y conspicuos tertulianos constitucionalistas, Martín Blanco y Joan López Alegre —cuya impasibilidad ante los gritos de cinco «procesistas» furibundos y su capacidad de responder a todos sin perder la calma ni alzar la voz, virtud que le ganó el apodo de «El català tranquil»— desistieron con un comunicado de su sufrida labor pedagógica en ese «circo del odio a España». Otros como ellos y como Cruz, después de plantearse durante algún tiempo el viejo dilema de Marcuse —o sea, el temor a ser integrado por el sistema opresivo en el que uno participa para intentar corregirlo (si vas les legitimas; si no vas, les dejas el campo expedito y sin oposición)— han llegado al mismo convencimiento de que es tan fuerte la presión coral e interruptiva de los contertulios, siempre eficazmente reforzados por el «moderador», mientras en la franja inferior de la pantalla desfilan los sms de los televidentes poniéndoles a caer de un burro, que el posible mensaje discrepante que puedan emitir queda ahogado en el estrépito, y han acabado por renunciar. Ahora sólo dialogan los talibanes entre si. Así es como, en exacta expresión de Ramón de España, «TV3 no es un servicio público sino una vergüenza nacional».

Durante los días del apresamiento de Carles Puigdemont y nueva encarcelación de varios cabecillas del procés, la programación especial de la cadena exhortando a la revuelta funcionó a máxima potencia, haciendo que en altas instancias estatales se planteasen las preguntas con que se abre este artículo. Pero tanto más instructivo es reparar en las formas de tratamiento de la realidad en fechas menos señaladas, como en Semana Santa, cuando la agenda política e intelectual está vacía por incomparecencia de sus agentes principales, que acumulan fuerzas en sus segundas residencias del Ampurdán o de la Cerdaña. Ya que, como tuiteó uno de los intelectuales más conspicuos del nacionalismo y colaborador de Artur Mas, el sociólogo Salvador Cardús: «Que Llarena encarcelara a nuestra gente el viernes, justo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, no puede ser casual. Pero tranquilos, el día 3, —tras el lunes 2 de abril, día festivo en Cataluña—, todos al pie del cañón». En efecto, a consecuencia de su golpe al Estado la dirigencia del procés puede ser investigada, preventivamente presa o exiliada, pero los portavoces que desde sus columnas y sus micrófonos y platós les enardecieron a desoír los requerimientos del Tribunal Constitucional e infringir las leyes quedan impunes para seguir disfrutando de sus vacaciones; ya a la vuelta de vacaciones blancas habrá ocasión de reanudar su benemérita tarea insurreccional y volver a rasgarse las vestiduras por los desafueros antidemocráticos, franquistas, de «Madrid».

No todos pueden permitirse el lujo de no dejarse ver en TV3. Cuando Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en el Parlamento catalán, se resigna a ser entrevistada en TV3 o en Cataluña Radio —al fin y al cabo, a su formación ya no se la puede ningunear como grupúsculo falangista, puesto que ganó las últimas elecciones autonómicas—, está en la lógica de la Corpo que no se la someta a un masaje complaciente como los que disfrutan los líderes nacionalistas sino a algo parecido a un interrogatorio de la Gestapo o la Stasi, incluidas, en la última ocasión, las alusiones insidiosas sobre su padre (que por cierto ella supo desarticular con aplomo). Eso es el pan de cada día. Más chocante es que al día siguiente de que Arrimadas pregunte en un pleno, en referencia al clima de hostilidad imperante en el Parlament, «¿Cuánto más vamos a esperar para saludarnos por el pasillo?», se proyecten unas imágenes en las que Arrimadas pasea por el Parlament y saluda a alguien fuera de cámara, mientras una voz en off asevera que, tal como demuestran las imágenes, es falso que a la líder de Ciudadanos le hayan retirado el saludo. ¡Nivel!

La deontología profesional se entiende aquí de una manera sui generis. ¿Será una impresión subjetiva, paranoide, la de algunos que creen observar que cuando se entrevista a un participante en una manifestación constitucionalista, o «españolista» que ha sido imposible ningunear, se elige adrede para hacer un comentario a un palurdo cuando no un tarado unicejo, mientras que si la manifestación es de signo separatista las personas interminablemente entrevistadas suelen ser pulquérrimas y risueñas viejecitas con un discurso articulado?

Es el reino de las medias verdades o medias mentiras recurrentes. En enero pasado el Telenotícies Vespre, el telediario nocturno, dedica cinco minutos al debate que Puigdemont —aunque cesado, sigue siendo para TV3 «el President»— acaba de protagonizar en la universidad de Copenhague. En esos cinco minutos vemos llegar a Puigdemont a la universidad, ser abordado por los periodistas, sonreír, hablar en un aula «desbordante de púbico»: «No nos rendiremos al autoritarismo… a despecho de las trampas de Madrid pronto formaremos Gobierno… el problema es que Madrid niega la realidad y ni siquiera ha hecho nunca ninguna propuesta», etcétera, dice el ex president. Todo eso es verdad. Pero en cuanto a las acusaciones en forma de preguntas con que le interpeló su interlocutora y conductora del acto, la directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague, Marlene Wind, y que constituyeron una minuciosa demolición del programa y la trayectoria del autoinvitado—»¿Considera que la democracia son sólo referéndums o también implica cumplir con el Estado de Derecho?», «¿Cuántos países de una sola identidad quiere usted en Europa? ¿Doscientos? Putin estaría contento», «¿Puede interpretarse el procés como un intento de sacarse de encima a los pobres, ya que Cataluña es la región más rica de España?»—, el untuoso periodista de TV3 las resumió en estos términos: «Profesores y alumnos le hicieron al President preguntas nada fáciles sobre Putin y el populismo». Así es como se transforma una catástrofe de imagen en éxito colosal. Así es como Puigdemont sigue siendo llamado «el presidente». Así es como la policía alemana no le ha «detenido», sino sólo «retenido». Así es como Suiza ha rechazado la extradición de Anna Gabriel, o la ONU ha recriminado a España el trato a Jordi Sánchez. Así es como «el mundo nos mira».

Después de la inyección de ideología y debates unilaterales del magazine matinal, y de los informativos de lipori del mediodía, la programación de la tarde-noche no es menos contundente. El magazine Tot es mou alcanza su apoteosis final con el subespacio diario Hola Rahola, donde se explaya a gusto la portavoz oficiosa y biógrafa de Artur Mas (La màscara del rei Artur); luego, amiga personal de Puigdemont y entregada entrevistadora de su esposa, Marcela Topor, «en un momento tan importante, tan sensible, justo cuando este país quiere dar un salto adelante y conseguir su libertad»: «¿Es romántico, Carles?». Conocida por sus berrinches y soflamas incendiarias, últimamente son sus llantos en antena por la desdicha de los cautivos del pérfido juez Llarena los que hacen arder el pelo a la audiencia y subir el share que da gusto.

Tras Hola Rahola se emite el programa humorístico Està passant: una variante de El intermedio del Wyoming adaptado a la catalana y dirigida por el humorista Toni Soler, y a continuación el telediario nocturno. Al lector que tenga paciencia de leer los siguientes párrafos, la mera enumeración de los contenidos de Està passant y el TN del pasado jueves, que fue un día sin historia, le ilustrará sobre algunos recursos de TV3 en su didáctica tarea.

Ese día Està passant emitía un programa resumen de sus «mejores momentos» de la temporada. Entre una serie de bromas y chistes más o menos graciosos —eso depende de cada uno— sobre asuntos anodinos, este chiste prototípico, marca de la casa, a propósito de una ministra del Gobierno que se resistía a definirse como machista ni feminista:

— Quien dice que no es machista ni feminista… es que es machista» — decía Soler, muy divertido, para a continuación agregar:

— …Igual que quien dice que no es de derechas ni de izquierdas… es de derechas — entonces, con una mueca de picardía, Soler señala una foto del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Siguen bromas inocentes sobre un comentario bobo de Rajoy en la radio, y a continuación se anuncian «Novedades de la Casa Real»:

— ¡No, no, aborta, aborta! — exclama Soler, simulando un miedo muy divertido—. ¡Aborta ese tema, que no he hablado con mi abogado!

Pero no hay peligro: las novedades de la Casa Real consisten en una serie de fotos de la reina Leticia, vestida con ropa que parece confundirse con el tapiz estampado o la cortina roja que tiene a la espalda en un acto protocolario u otro, consiguiendo el raro efecto de que su cabeza parece flotar sin cuerpo. Muy «bizarro».

A continuación, una mención a los millones de euros que «ha gastado Rajoy» en restaurar el complejo del Valle de los Caídos, con mención a la Cruz, que mide 150 metros, «quizá para recordar que España es un estado laico» y comparándolo con su inversión en memoria histórica: cero.

Estos «mejores momentos» van salpicados de chistes inocentes más o menos escatológicos. Todo es el famoso «jiji-jaja» más o menos malintencionado característico de esta clase de programas, hasta que se comenta la única novedad relativa a la clase política catalana: Fèlix Millet, defraudador en beneficio de CiU y propio del Palau de la Musica catalana, ha declarado ante el juez.

Es el único momento en que Soler se pone serio, para explicar que es una vergüenza que ladrones confesos como Millet anden libres, mientras el Gobierno de Cataluña está preso o exiliado. No hace falta ser Roland Barthes para entender la efectividad de una observación así en el contexto burlón del programa.

Ni hace falta ser un experto en semántica para percibir que todas las referencias ridiculizantes van dirigidas al imaginario español, manteniendo cuidadosamente a salvo el catalán. La misma mecánica sigue a continuación el noticiario. Si la noticia del día es que los patrocinadores de la regata Barcelona World Race han decidido cancelarla por temor a la inestabilidad política causada por el prusés, en la versión de TV3 se trata de una decisión «técnica, no política» cuya responsabilidad fundamental es del Gobierno Rajoy por su retraso en corregir detalles de fiscalidad del evento. Aunque, eso sí, no se oculta a los espectadores que «los partidos ya se han tirado los platos a la cabeza»: es decir, que el portavoz del Ayuntamiento de Barcelona culpa a «Madrid», mientras ERC y PDCAT culpan a la alcaldesa Ada Colau (detestada por los nacionalistas por haberles birlado el Ayuntamiento de Barcelona) por no haber puesto entusiasmo en el tema… y finalmente también aparece, casi en calidad de excentricidad residual, una portavoz de Ciudadanos culpando al procés.

A continuación, Puigdemont recibe en la cárcel alemana la visita de su abogado alemán, que confía plenamente en la separación de poderes… alemana. Otro abogado, el de los dos mossos que escoltaban al expresident en sus viajes europeos, explica los motivos por los que le será difícil a los fiscales españoles demostrar que cometieron el delito de encubrimiento.

Luego, protestas por el incendio del Ateneo Popular —en realidad una casonaokupada por Arran, CDR y otras juventudes nacionalistas más o menos combativas y violentas— que se considera inducido y se atribuye a una agresión de los «fascistas»; sigue una serie de actos de protesta y arroces reivindicativos; el malestar en el pueblo de Palafolls por una procesión de legionarios que se desarrolló entre gritos de vivas a la legión, a España y al Cristo de la Buena Muerte, pero sin incidentes, gracias a dios…

A continuación de estas noticias regionales se comenta el panorama internacional: Trump, Putin, al-Sisi, Corea…

El turismo en Barcelona va como un tiro (pese a las estadísticas que reflejan una sensible caída de reservas hoteleras); la procesión de semana Santa en Olesa; y por fin el fútbol, Messi y la información meteorológica.

Raro es que después de ser bombardeado con todas estas bromas y veras el espectador no salga a la calle, por lo menos a quemar alguna rojigualda. No hace falta que resucite el añorado Rubianes para volver a pedir en antena, entre las risotadas de los presentes, que se vaya «a la mierda la puta España». Salvo cuando es escenario de algún crimen horrible que tiene a todo el país en vilo y del que no queda más remedio que hablar, o como escenario de tradiciones bárbaras y/o ridículas, y de incalificables agresiones a la «buena gente» catalana, ese país, si alguna vez existió, ha dejado de existir. Por lo menos en TV. Que es mucho más coherente y satisfactorio para su parroquia que la realidad.

La televisión pública catalana se ha convertido al calor del golpismo en una anomalía antidemocrática que trata de condicionar la vida social en Cataluña y atiza un discurso de confrontación ciudadana, especialmente perverso en el contexto de violencia que están ejecutando y planificando los grupos más radicales del proceso separatista. Si la finalidad de las medidas aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 fue la recuperación de la normalidad democrática en Cataluña, la exclusión de TV3 de la intervención del Estado en la Generalitat fue y es un error que se está pagando caro, pero que aún se pagará más caro en el futuro, porque la impunidad anima nuevas agresiones a la democracia. La normalidad que buscaba el 155 exigía actuar decididamente sobre las causas de la crisis separatista de 2017, pero se optó por una solución, sin duda intensa -disolver el Parlamento y convocar elecciones a la mayor brevedad legal-, pero corta, tanto temporal como políticamente.

La difusión de mensajes agresivos, perfectamente calificables como «discurso del odio», es la mayor degradación posible de un medio público de comunicación que debe servir a todos los ciudadanos y no únicamente a una parte. La ausencia absoluta de neutralidad en TV3, su adhesión sectaria al proyecto separatista, el maltrato informativo a los partidos y líderes no nacionalistas y la repetición de las peores consignas contra la Justicia y sus jueces son motivos suficientes para que el Gobierno se replantee su actitud ante la radiotelevisión catalana. La mera expectativa de que puedan celebrarse nuevamente elecciones autonómicas debería llevar al Gobierno y al PSOE a la convicción de que no podrá haber un debate político limpio si TV3 persiste en su alineación separatista. Los medios públicos de comunicación en Cataluña representan una amenaza para la igualdad política, y así no se debe acudir a unas elecciones. El Gobierno central debe huir del temor a las reacciones dentro y fuera de nuestras fronteras por abrir una nueva confrontación con el separatismo a cuenta de TV3; y el PSOE ha de recapacitar sobre su responsabilidad por impedir que el artículo 155 llegue a esta cadena. Bastaría con que los socialistas trasladaran a este medio de comunicación sólo una pequeña parte del escrúpulo y sensibilidad que muestran para criticar la gestión de cadenas públicas de televisión de administraciones dirigidas por el PP. Aquí no se discute sobre la parcialidad política de un medio público, sino sobre su defensa de una ilegalidad manifiesta, contraria a la convivencia y dirigida contra las estructuras mismas del Estado.

En Cataluña no habrá normalidad democrática mientras su televisión y su radio públicas sean plataformas del sectarismo nacionalista, cuyos déficits -el de 2018 se calcula en casi 40 millones de euros- acaban en última instancia enjugados por el dinero de todos los españoles. Para mayor escarnio.