La prohibición a la estudiante Fátima Elidrisi de poder ir con hiyab a su escuela de Madrid abre el debate sobre el velo islámico en España

La sociedad multicultural sólo podrá desarrollarse armónicamente si se asienta en el reconocimiento leal y sin restricciones por parte de los elementos que la componen de unas reglas de comportamiento comunes, inspiradas en los principios y valores constitucionales vigentes en el país. Uno de estos principios y valores es el deber de educar a los hijos por parte de los padres que el Estado español garantiza por ley hasta los 16 años y que financia con los impuestos. Otro es el carácter aconfesional de la escuela pública, que no impone ningun ideario religioso, pero que respeta las creencias particulares de los alumnos, cuidando de que ninguna de ellas se convierta en elemento de discriminación o de imposición.

El conflicto planteado por las dificultades de escolarización de una niña marroquí de 13 años, que quiere acudir a la escuela con la cabeza cubierta con el hiyab o pañuelo tradicional en la cultura musulmana, debe y puede tener solución en el respeto de tales principios y valores. De entrada, llama la atención que las autoridades educativas no hayan intentado resolver el conflicto en el centro escolar donde se ha planteado en origen -un centro concertado, dirigido por una orden religiosa católica- y lo haya trasladado a otro enteramente público. La enseñanza concertada, financiada con dinero público y sometida a los mismos deberes y exigencias que la pública, no puede quedar al margen de los problemas de escolarización que pueden plantear las tradiciones y diferencias culturales de los alumnos. La enseñanza concertada debe arrimar el hombro al menos en la proporción en que participa en el sistema educativo: un tercio del total.

La dirección del colegio público en el que a partir de mañana deberá escolarizarse la niña marroquí ha sustentado la teoría, más que discutible, de que el uso del hiyab es discriminatorio y contradice los valores constitucionales que informan la enseñanza pública en España. En la llamada guerra del chador en Francia, hace algo más de una década, el Consejo de Estado declaró ilegal prohibir el uso de esta prenda en la escuela pública y proclamó ‘el derecho de los alumnos a expresar y manifestar sus creencias religiosas en el interior de los establecimientos escolares, en el respeto del pluralismo y de la libertad del otro y sin que ello afecte a las actividades escolares y al contenido de los programas’. Es decir, sí al velo como expresión individual y respetable de una creencia o costumbre, pero no a su exhibición con intención proselitista, como puede ser el caso cuando su exhibición forma parte de campañas de militancia fundamentalista.

Es un buen punto de partida para resolver el conflicto que ahora parece surgir en España. La escuela pública debe preservar su espacio de cualquier intento de convertirlo en lugar de proselitismo religioso, pero debe respetar también las creencias individuales de las personas. Está totalmente fuera de lugar, como ha hecho el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, comparar el uso del hiyab con la ablación del clítoris, una práctica delictiva castigada en el Código Penal. Tampoco acierta la ministra de Educación, Pilar del Castillo, al sugerir la posibilidad de una norma general que podría vulnerar fácilmente el derecho a la libertad religiosa y que causaría más conflictos de los que pretendería evitar. Tiene razón la ministra, en cambio, al señalar que ‘una vez que se pone el pie en un colegio hay que atenerse a unas reglas de comportamiento, que son simplemente derechos civiles para todos, con independencia de sus creencias y de la enseñanza religiosa que pueda recibir’. Pero de ahí no se deduce que una niña marroquí no pueda ir a la escuela cubierta con el hiyab. Y así lo ha entendido la autoridad educativa de la Comunidad de Madrid que ha obligado a escolarizar a la niña sin condiciones. El uso del hiyab no atenta contra las normas democráticas que deben ser respetadas por todos. Lo dañino y contrario a la cultura democrática es desescolarizar a las niñas al llegar a la enseñanza secundaria, como sucede a veces en algunos colectivos de inmigrantes.

Detrás del velo hay una cárcel. Si no se entiende o no se quiere entender que el Islam es un sistema implacable de represión y sometimiento de la mujer al hombre y de las mujeres a los hombres de su familia, su clan o su mezquita, toda la polémica desatada por el hiyab, velo, pañuelo o chador que un padre y su hija marroquíes insisten en que vista la muchacha para acceder a escolarizarla en Madrid es una anécdota absurda. Si se asume la realidad de que el Islam es una cárcel de mujeres también de hombres, pero en todos los presidios hay diferencias entre carceleros y presos , entonces la polémica cobra sus justos términos. Lo que se está discutiendo no es una forma de vestir o de manifestar una creencia religiosa sino la inserción de una adolescente en una comunidad de seres libres o la asunción por parte de esa sociedad de que una parte de las mujeres que en ella viven puede ser sometida a una existencia que choca frontalmente con los valores que informan esa sociedad y con las leyes que los regulan y adaptan a la cambiante realidad de los tiempos.

Que la niña El Idrisi lleve o no lleve hiyab en la escuela tiene una importancia muy relativa, casi anecdótica. Lo que está detrás del velo, la cárcel que el Islam supone para las mujeres desde que nacen, y muy especialmente en la adolescencia, la edad que tiene ahora Fátima El Idrisi, tiene una importancia absoluta.Sólo pueden negársela aquellos a los que les resulte indiferente la suerte la perra suerte de las mujeres en el mundo islámico.O aquéllos a quienes les importe poco que en España se constituya un gueto blindado de oscurantismo musulmán donde esa opresión pueda ejercerse sin trabas. Que Gaspar Llamazares, pocos días después de justificar la eliminación terrorista de Edurne Uriarte en la Universidad del País Vasco, acuse de «intolerancia» al Gobierno español por discutir el supuesto derecho del padre musulmán a imponer el velo a su hija para escolarizarla tiene lógica.La del totalitarismo, que acusa de «intolerantes» y «fascistas» a las imperfectas sociedades democráticas, liberales y capitalistas; y no para mejorarlas sino para destruirlas y sustituirlas por dictaduras perfectas. A la cubana… o a la vasca.

Pero que medios supuestamente comprometidos con la causa de la libertad en España suscriban la banalidad de que estamos ante un episodio de intolerancia castiza frente a la sana diversidad religiosa y cultural e la España actual me parece asombroso.El País, grotesco: condena la prohibición del velo y la une a la desescolarización generalizada de las niñas musulmanas a los trece años. Como si el Padre Ley que impone el velo no fuera el mismo que las saca de la escuela, las mete en la cocina y las casa. ¿O es Gallardón?

La polémica sobre el derecho de la niña Fátima Elidrisi a llevar puesto el hiyab (pañuelo que cubre la cabeza y el cuello) en la escuela ha servido para aflorar sentimientos y actitudes profundas hacia la inmigración y hacia la religión musulmana. Y también para poner de manifiesto la carencia de soluciones por parte de algunos partidos al problema de la integración.

Intelectuales, políticos, jurístas, estudiantes, taxistas y amas de casa tienen su opinión al respecto. Desde los que defienden la obligación del Estado a facilitar la práctica de cualquier religión hasta los que apoyarían una nueva y masiva expulsión de los infieles.

El debate no es baladí porque la respuesta política al conflicto determinará el futuro de la convivencia en una sociedad cada vez más abierta y, por tanto, menos homogénea y más compleja.

Es una frivolidad comparar el pañuelo de Fátima con una moda como el piercing o la minifalda. Si fuera así, el conflicto no existiría. Lo que convierte este asunto en relevante es precisamente que el pañuelo implica una forma de vida, una cultura impregnada por la religión: el Corán recomienda cubrirse el pelo como muestra de discreción a las jóvenes a partir de la primera menstruación.

Lo importante no es si Fátima puede llevar o no el pañuelo en clase. De hecho, su padre rechazó el primer colegio que le fue asignado a su hija porque el uniforme era demasiado corto y permitía verle las piernas. Para el padre de Fátima, como él mismo ha declarado, lo prioritario no es su educación, sino «que sea una buena musulmana».

La cuestión a la que deben responder los poderes públicos es dónde se encuentra el límite de las obligaciones de un Estado aconfesional y democrático respecto a la cobertura de todas las religiones y, por tanto, si las administraciones tienen el deber de poner los medios necesarios para que ninguna se sienta discriminada respecto a las demás.

La demagogia es la peor receta para responder a esa pregunta, ya que no estamos ante un caso aislado. La población musulmana que vive en España es cada vez más numerosa. De los 1,2 millones de inmigrantes legales que había el 31 de diciembre, 265.000 eran marroquíes (325.000 sumando argelinos, mauritanos y nigerianos).

Hace apenas cinco años, la inmigración no representaba un problema para los españoles. Pero el aumento de la población extranjera ha sido tan rápido en el último lustro que pronto alcanzaremos los niveles de algunos países europeos (en España el índice de población inmigrante es del 3%, mientras que en el Reino Unido es del 3,7% y en Francia del 6,3%).

Aceptar el hecho de que España debe dar acogida en igualdad de condiciones a los inmigrantes es algo que prácticamente nadie cuestiona. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para el Estado?

Para bien o para mal, el coste de la integración lo están sufriendo los ciudadanos y, en mayor medida, los de menor nivel de renta y los que viven en los suburbios de las grandes ciudades.

Es fácil decir que todos los niños tienen derecho a la educación y, por tanto, asignar a los hijos de inmigrantes a colegios públicos donde puedan estudiar. Sin embargo, la carencia de profesores de apoyo que compensen el desfase educativo o incluso el desconocimiento del idioma trae como consecuencia que el nivel educativo de esos colegios esté por debajo de la media.

Un ejemplo que recoge el interesante estudio España ante la inmigración (realizado por Víctor Pérez Díaz, Berta Alvarez-Miranda y Carmen González, y editado por la Fundación La Caixa) pone de relieve ese problema. En un colegio madrileño con fuerte inmigración, en un aula con 20 niños de segundo curso sólo ocho son capaces de seguir el ritmo de aprendizaje que se supone para su edad.

No es ni mucho menos una barbaridad afirmar que en los colegios con inmigrantes, el nivel es menor que en los colegios donde no los hay. Es más, los problemas de integración son mucho mayores cuando los inmigrantes son niños marroquíes, sobre todo a partir de secundaria. Entre otras razones, según pone de manifiesto el estudio citado, porque esos niños no aceptan la disciplina impuesta por los profesores si éstos son mujeres.

Para algunos políticos que se reclaman de izquierdas, la mera mención de ese problema puede suponer xenofobia o racismo o, siendo benevolentes, una postura «políticamente incorrecta».

Lo que tienen que asumir tanto el Estado, como las Comunidades Autónomás (que han asumido las competencias en educación) y los ayuntamientos es que la inmigración genera una serie de problemas nuevos para los que aún no hay respuestas. Si queremos que los padres no rechacen en el futuro llevar a sus hijos a colegios con inmigrantes, hay que asegurar que el nivel medio de los mismos es similar al del resto de los centros. Y esto implica gastarse dinero en profesores especializados en educación compensatoria.

Un Estado democrático debe procurar que exista igualdad de oportunidades y, por tanto, debe asumir el coste de la integración en lo que respecta al derecho a la educación.

Ese es un aspecto del problema, pero no es todo el problema. La cuestión es si, además de esas garantías en la igualdad en la educación y en los derechos políticos y sociales, el Estado debe garantizar también que los hijos de los inmigantes sean «buenos musulmanes», «buenos budistas» o «buenos judíos».

Probablemente, para muchos marroquíes, Hassan II actuó como un buen musulmán cuando construyó la mayor mezquita del Islam en Casablanca. Y no le reprocharán, como musulmanes, que mientras su familia se enriquecía en paralelo con los negocios del Estado, millones de súbditos tuvieran que emigrar a España o a Francia para poder subsistir.

Los europeos, los españoles, hemos optado por un modelo de sociedad distinto, en el que el Estado y los gobiernos tienen que garantizar las libertades, la democracia y la igualdad de oportunidades.Hasta ahí es hasta donde llegan las responsabilidades de los poderes públicos, pero no más, ni menos.

En el campo religioso, en España hay libertad de cultos. A nadie se le prohíbe que practique sus creencias siempre que éstas no sean delictivas. Incluso la modalidad y la cuantía de las aportaciones que a través del IRPF se dan a la Iglesia católica (más del 90% de la población española se confiesa católica) se han decidido en el Parlamento.

Los ciudadanos marroquíes tienen que entender que la integración depende en gran medida de su propia actitud hacia las normas y hacia la sociedad donde ellos han elegido vivir. Tienen todo el derecho del mundo a exigir que el Estado evite actitudes racistas o xenófobas hacia ellos o que algunos empresarios les nieguen derechos y salarios como a los trabajadores españoles.

Sin embargo, lo que no pueden reclamar es que el Estado les ponga los medios para que sean buenos musulmanes. Sencillamente, porque esa no es la obligación del Estado.

Parece increíble que algunos dirigentes del PSOE y de IU (partidos que han defendido siempre una educación y un Estado laico) se comporten con tanta frivolidad a la hora de abordar esta cuestión.

En lugar de resaltar las implicaciones para la igualdad de la mujer de determinadas actitudes religiosas, el PSOE se ha lanzado a una campaña de defensa del «multiculturalismo» que ha tenido como víctima propiciatoria al profesor Mikel Azurmendi, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Sostiene Azurmendi que a los inmigrantes hay que tratarlos como a individuos, no como a bloques compactos de culturas. Y dice, con razón, que el multiculturalismo, llevado a su extremo, derivaría en un nuevo apartheid. La cosa es muy sencilla: todos deben respetar que hay una misma Ley para todos. Esa es la base para que el racismo no aflore en nuestra sociedad.