La UCD expulsa a José Antonio Rodríguez Martínez, presidente de la pre-autonomía de Cantabria, junto al presidente de la Asamblea provisional Isaac Aja

LA CRISIS de UCD en Cantabria, con sus negativas repercusiones para el Gobierno de la comunidad autónoma recién creada, es parcialmente consecuencia de las insuficiencias y oscuridades de las leyes que regulan las complicadas relaciones triangulares entre el cuerpo electoral, los representantes designados en las urnas y los aparatos de los partidos que los inscribieron en sus candidaturas. Para mayor confusión, las normas aplicables a los cargos electos, en caso de ruptura con sus partidos, no son las mismas para los diputados que para los concejales.Un vacío legal, interpretado por el presidente del Congreso de forma favorable a los miembros de la Cámara baja, permite a los diputados conservar su escaño cuando son expulsados de la formación política bajo cuyas siglas fueron elegidos, aunque se pasen con armas y bagajes a un grupo parlamentario rival. El trasvase de diputados centristas a otras zonas del hemiciclo -once al grupo mixto, cuatro a Coalición Democrática, uno a la Minoría Catalana y otro a los andalucistas- a lo largo de esta legislatura ha sido hasta tal punto caudaloso que el grupo de UCD en el Congreso ha pasado de 168 a 151 miembros. En la Administración local, en cambio, la baja voluntaria o la expulsión del partido de un concejal elegido en candidaturas amparadas por sus siglas le cuesta el cargo público al discrepante. De esta forma, Ramón Tamames, que abandonó el PCE hace un año, sigue siendo diputado, pero ha perdido su condición de concejal en el Ayuntamiento madrileño. Con independencia del juicio que merezca una u otra solución, esa aparatosa diferencia entre los derechos de los diputados y la indefensión de los concejales, pese a que unos y otros son elegidos mediante votación popular y bajo las siglas de partidos, es una fuente de confusiones y conflictos que debería desaparecer antes de la celebración de los próximos comicios generales y locales.

Incidentes parecidos al ocurrido en Cantabria por culpa de las luchas intestinas entre los centristas se habían producido ya dentro de ayuntamientos y diputaciones cuyo gobierno controlan el PSOE y el PCE. Baste con recordar, limitándonos a Madrid, la destitución de Carlos Revilla como presidente de la Diputación y la expulsión de Alonso Puerta como primer teniente de alcalde a consecuencia de conflictos internos entre los socialistas; y la escabechina de concejales comunistas, titulares y suplentes, estuvo a punto de hacer saltar por los aires el pacto municipal de la izquierda en toda España. Sin embargo, el conflicto que afecta a la Diputación Regional de Cantabria, que equivale al Gobierno de la comunidad autónoma, parece de dimensiones todavía más graves en sus planteamientos y consecuencias. En esta ocasión, la complicada relación triangular electores-elegidos-partido se ve acompañada por los enfrentamientos dentro de la dirección de la organización centrista santanderina y por el apoyo prestado desde el Comité Ejecutivo de UCD y el Gobierno a una de las dos tendencias en conflicto. Al igual que sucediera anteriormente en Navarra, la cúpula nacional centrista ha intervenido, con armas y bagajes, en problemas que no conciernen sólo a los militantes regionales de UCD, sino que afectan también al gobierno local y a los intereses de los ciudadanos en tanto que electores decepcionados o administrados descontentos.

Cantabria, una región que culminó su proceso estatutario sin grandes tensiones y que debería haberse convertido en la primera comunidad autónoma regida por el partido del Gobierno, está siendo azotada por el vendaval de los enfrentamientos internos de UCD. Justo el mismo día en que José Antonio Rodríguez era elegido por la Asamblea cántabra -por 21 votos contra 12- como presidente del Gobierno regional, el Comité Ejecutivo nacional de UCD decidía su expulsión del partido y aplicaba la misma drástica medida contra Isaac Aja, presidente de la Asamblea Regional; Ambrosio Calzada, senador y ex presidente de la UCD cántabra, y otros cinco diputados del llamado sector disidente centrista. De esta forma, un simple conflicto intrapartidista, que comenzó como una pelea menor por el poder y como una batalla en torno a la corrupción, amenaza con bloquear por tiempo indefinido el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno recién conquistadas por Cantabria.

La historia de este proceso de degradación posee claves secretas que sólo podrán desvelar sus más directos protagonistas y que permanecen ocultas para la mayoría de los ciudadanos. El Comité Ejecutivo de UCD, al expulsar a los dos cargos más importantes de la comunidad autónoma de Cantabria, ha echado el resto en favor de Justo de las Cuevas, que pertenece al sector suarista de ese alto sanedrín y que acumula además las presidencias de la Comisión de Agricultura del Congreso, de la Cámara Agraria de Santander y del sindicato centrista Aigas. Además, el enconamiento de los conflictos intrapartidistas de la UCD cántabra se produjo cuando el sector hoy disidente rechazó la candidatura de Justo de las Cuevas a la presidencia de la Asamblea cántabra, por sus conexiones con algunas irregularidades financieras producidas en la Caja Rural de Santander, y desestimó igualmente la candidatura de Leandro Valle, concejal, diputado provincial y senador, para la presidencia de la Diputación.

La trama de ese conflicto se hace todavía más confusa al examinar la trayectoria de los ocho centristas expulsados. José Antonio Rodríguez era presidente de la Diputación provincial de Santander (ahora, Diputación Regional de Cantabria) desde 1979. Ambrosio Calzada, senador y alcalde de Cabezón de la Sal, se halla Vinculado políticamente a Rodolfo Martín Villa, que pronunció el verano pasado el pregón de las fiestas regionalistas de esa ciudad. Otros cuatro expulsados son alcaldes. Y hay telegramas de apoyo a este sector de setenta de los 102 alcaldes de la región, entre ellos la casi totalidad de los presidentes municipales de UCD.

Desgraciadamente, estos problemas internos de UCD repercuten negativamente en los intereses de los ciudadanos de Cantabria, que contemplan cómo las instituciones de autogobierno corren el riesgo de quedar bloqueadas por las luchas internas del partido hegemónico en la región. La tramitación de las expulsiones de los concejales disidentes, que parecen dispuestos a utilizar todos los recursos para impedirlo, y la designación de sus sustitutos es un proceso largo y complicado, durante cuyo desarrollo la Administración local y la recién creada comunidad autónoma pueden quedar prácticamente paralizadas. Las decisiones de la dirección nacional de UCD y su apuesta en favor del polémico Justo de las Cuevas podría ser considerado como un simple problema interno. Pero en nada ayuda a la consolidación de las instituciones democráticas que una comunidad autónoma recién constituida sea condenada a la frustración por las luchas intestinas en la organización regional de un partido y por el apoyo incondicional dado desde el Gobierno a una de sus fracciones.