Las investigaciones concluyeb que la productora TRIACOM era uno de los epicentros de la trama del 3% de Convergencia

TV3 pagó un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016 a Triacom, una productora, que, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa del 3% instruida en la Audiencia Nacional, ha tenido una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

La investigación sostiene que la productora, cuyos ingresos procedieron en esos años en un 80% de la televisión pública catalana, se situó “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro” con el fin de abonar facturas falsas que encubrían otros conceptos, como gastos electorales o pagos a dirigentes del partido.

En la causa del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el magistrado Santiago Pedraz, pueden acabar confluyendo tres investigaciones distintas que tienen como elemento común la participación de Triacom, productora que en los primeros años de la década de 2010 se convirtió en una de las principales proveedoras externas de TV3, con programas como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, entre otros: la pata del 3% relacionada con la Diputación de Lleida; la actividad misma de Triacom y su papel en el pago de actos de campaña de CDC y a algunos de sus dirigentes; y el impacto fiscal de los supuestos pagos ilícitos en la contabilidad de Triacom al reducir los beneficios y, por tanto, la tributación a Hacienda.

Esta última pata, que afecta a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas, tenía ya señalada fecha de juicio, pero el juzgado aceptó la petición de Anticorrupción para unificar las tres causas en Madrid. Esta decisión está recurrida en la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado. Mientras tanto, el juez Pedraz ha decretado las primeras diligencias tras heredar una de las líneas de investigación del juez José de la Mata. Las diligencias incluyen la petición a TV3 de que le remita todos los contratos suscritos con Triacom hasta 2016, así como los acuerdos adoptados por el consejo de administración del ente público relacionados con dicha productora, entre muchas otras peticiones.

Una portavoz de TV3 aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación con los contratos suscritos con Triacom, que enmarca en el procedimiento habitual de la cadena con respecto a productoras externas. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

Triacom es una productora fundada en 2001 por dos sociedades vinculadas al exgerente de TV3 Oriol Carbó –muy bien conectado históricamente con dirigentes clave de CDC, como Madí– y una filial de la multinacional Mediapro, que tuvo el 10% de la sociedad desde su fundación hasta 2015. A pesar de que no contaba con infraestructura propia ni apenas asalariados –el propio Carbó era alto ejecutivo de Mediapro–, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras de TV3, sobre todo tras la contratación del concurso ‘El Gran Dictat’, en 2009, todavía en la época del tripartito.

Fuentes del consejo de administración del ente público de la época explican que la propuesta de contratar a Triacom para ‘El Gran Dictat’ partió de la dirección de TV3, que en 2009 pagó un total de 1,6 millones de euros a la productora. A partir de ahí, la presencia de Triacom en TV3 se hizo cada vez más intensa, llegándose al cénit en 2015, año que la televisión pública catalana le abonó 4,9 millones de euros en un solo ejercicio.

En 2015 presidía la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente de los medios audiovisuales públicos en Catalunya, Brauli Duart, persona de la máxima confianza de Madí, investigado ahora en la causa de Triacom. Con posterioridad, entre 2018 y 2020, Duart fue secretario general de Interior en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.

El sumario de Triacom en la Audiencia Nacional pone de manifiesto la extrema dependencia de la productora de las contrataciones de TV3 hasta el punto de que la cadena pública aportó el 80% de todos sus ingresos entre 2008 y 2016, año a partir del cual su facturación empezó a declinar coincidiendo con la salida de Mas de la Generalitat. La empresa sigue formalmente activa, aunque sin actividad: acaba de presentar al Registro Mercantil las cuentas de 2020, cerradas sin ningún ingreso y con unas pérdidas declaradas de 217.000 euros.

La dependencia de TV3 para Triacom se hizo casi total en los años en que Mas fue presidente de la Generalitat: en los ejercicios de 2011 a 2015, los ingresos de Triacom procedentes de la televisión pública llegaron a suponer el 85% de su facturación total. Y en el ejercicio citado de 2015, el último de Mas en la presidencia, representó nada menos que el 92%: 4,9 millones de un total de 5,3 millones.

Parte del dinero que TV3 pagaba a Triacom se redirigía luego hacia el entramado de financiación irregular de Convergència, según los informes policiales aportados a la causa. Los investigadores siguen el rastro del dinero en dos líneas muy concretas: el presunto pago de gastos de la campaña electoral de Convergència en 2010, que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, y la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida.

En ambos casos, el mecanismo era el mismo: Triacom pagaba facturas que supuestamente respondían a trabajos para sus programas en TV3 (‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’), pero que en realidad encubrían otras operaciones vinculadas a Convergència o a sus dirigentes.

Con respecto a la campaña electoral que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, la investigación de los Mossos y la Guardia Civil subraya los supuestos pagos de Triacom a distintas empresas de la constelación alrededor de Juan Manuel Parra, quien ya ha confesado su participación en el circuito de pagos irregulares en la campaña de CiU en 2010. El empresario ha declarado que el entonces gerente del partido, Germà Gordó, le instruyó para que facturara a Triacom gastos que en realidad eran de la campaña electoral de Mas. Un esquema similar al que Parra ya admitió en el juicio del caso Palau, cuando reconoció que giró al auditorio 13 facturas falsas por valor de 824.299 euros por servicios que en verdad había prestado para la campaña de Convergència de las generales de 2004.

El informe policial sostiene que Estereo Rent, vinculada a Parra, “hizo 47 intervenciones para la campaña de CiU [en 2010], principalmente en la instalación en régimen de alquiler de escenario y material audiovisual por valor de 1,394 millones de euros”. Sin embargo, tras las declaraciones de Parra y el análisis documental concluye que el grueso de los pagos no lo hizo CiU, sino Triacom, productora que entre 2011 y 2012 abonó facturas a tres empresas distintas vinculadas a Parra (Hispart, Estereo Rent y Audiovisual Exit) por un valor conjunto de 885.000 euros.

Tras analizar dichas facturas, los investigadores coinciden que “no responderían a una prestación real de servicios entre dichas sociedades y sí son coherentes con el posible pago de una deuda de 750.000 euros netos que habría pagado la sociedad Triacom”, de forma que la productora “se habría hecho cargo del pago de determinados gastos de la campaña electoral de CiU”.

En los conceptos de las facturas de las empresas de Parra a Triacom se ponía habitualmente como concepto ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish and Chips’, a pesar de que nunca participaron en la elaboración de estos programas. Eso sí: los pagos a estas facturas que en realidad corresponderían a trabajos para CiU solían materializarse poco después de que TV3 realizara ingresos a Triacom por los programas que emitía en la cadena.

“Se puede concluir que los fondos empleados para el pago por parte de Triacom de facturas por importe de 412.292 euros a Hispart tienen su origen en los pagos realizados por TV3 a Triacom”, subraya el informe policial tras analizar los movimientos de una cuenta particular de Triacom en Caixa Penedès. Los investigadores dejan la puerta abierta a que más adelante esta conclusión “pueda verse complementada como consecuencia de ulteriores análisis más profundos”.

Lo mismo sucedería con la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida. Las facturas emitidas con conceptos relacionados con los programas ‘El Gran Dictat’ o ‘Fish & Chips’ eran en realidad parte de “un sistema de facturación falsa, concebido para la obtención de dinero en efectivo, con el que satisfacer comisiones ilegales a altos cargos de la Diputación de Lleida como contraprestación al favorecimiento de ciertas sociedades en la adjudicación de obra pública”. Entre 2011 y 2013, Triacom presuntamente pagó un total de 714.000 euros a tres empresas de este entramado de la red de Lleida: Terminación Edificios y Casas, Interiorismo y Reformas Profesionales y Enginyeria Inalba.

La productora Triacom, investigada por el caso del 3% de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción, según se desprende de la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El sobreprecio superaba el 50%, según la documentación aportada en la causa.

Los investigadores sospechan que el sobreprecio era una manera de pagar facturas falsas que encubrían gastos relacionados con CDC, incluida la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio llegó al 60%.

Triacom fue en la década pasada una de las principales proveedoras de TV3, con programas como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, entre otros. Entre 2008 y 2016 la televisión pública catalana pagó 31,3 millones de euros por sus programas a Triacom, que dependía mucho de la cadena pública: el 80% de todos sus ingresos procedían de TV3, porcentaje que se elevó hasta el 90% con Mas en la presidencia de la Generalitat. La investigación atribuye a Triacom una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta CDC, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que Triacom no contaba ni con infraestructura ni con personal para realizar sus programas y que derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, con la que tenía muchos vínculos: Mediapro participó en 2001 en la fundación de Triacom y tuvo el 10% de las acciones de la empresa hasta 2015. Al mismo tiempo, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, no percibía ningún salario de su productora, sino que trabajaba para Mediapro, que le retribuía con unos 200.000 euros anuales, según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

Los informes conjuntos de la Guardia Civil y la unidad Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra –esta última dirigida por Toni Rodríguez, recientemente destituido por el Govern– incluyen el contrato tipo que Triacom suscribía con su accionista Mediapro al conseguir una adjudicación de TV3. El primero lo firmaron el 29 de junio de 2009 Oriol Carbó, administrador de Triacom y asalariado de Mediapro, y Jaume Roures, en representación de Mediapro, a raíz del primer encargo para producir ‘El Gran Dictat’. La misma fórmula se repitió con ‘Fish & Chips’, y antes con otros proyectos analizados en la investigación.

El contrato establecía que Triacom, carente de toda infraestructura, cedía a Mediapro “todos los servicios de producción audiovisual de los programas en todas sus fases” y recalcaba que la multinacional “asumirá todos y cada uno de los costes y retribuciones de los elementos materiales y humanos necesarios para su producción, incluidos los honorarios y derechos de remuneración del director, autor del argumento audiovisual, autor de diálogos audiovisuales, músicas incorporadas, intérpretes o ejecutantes de los programas”.

Y añadía: “Mediapro se hará cargo de los costes y derechos exigibles relativos a los técnicos en general, directores de fotografía, locutores, dobladores, narradores”. Y más: “Irán a cargo de Mediapro todos y cada uno de los servicios y prestaciones necesarios para la producción de los programas, aportando Mediapro su trabajo o industria y los materiales y personas necesarios para obtener la versión definitiva de los capítulos”. Mediapro ha declinado hacer declaraciones.

Se trata, pues, de una cesión absoluta de todas y cada una de las fases de producción de los programas que Triacom colocaba en TV3. Las facturas de Mediapro a Triacom cubrían el coste de los programas enteros y hasta el beneficio industrial correspondiente, suficientemente atractivo para que la multinacional asumiera el encargo. Sin embargo, las facturas que Triacom pasó a TV3 por dichos programas estaban, según la investigación, hinchadas con respecto al precio de mercado, más próximo a lo que cobraba Mediapro para hacerlo todo.

El análisis de los primeros contratos de ‘El Gran Dictat’ aportados a la causa son muy elocuentes. Entre el 29 de junio de 2009 y el 1 de diciembre de 2010, Mediapro firmó un contrato y cuatro adendas con Triacom para producir íntegramente, en las condiciones citadas anteriormente, un total de 193 programas de ‘El Gran Dictat’ por 2,2 millones de euros. En paralelo, Triacom firmó contratos con TV3 por los mismos 193 programas y en cambio facturó por ellos 3,52 millones de euros, el 60% más, sin aportar nada, puesto que Mediapro se encargaba de absolutamente todo. En alguna ocasión los contratos entre Triacom y Mediapro se llegaron a firmar antes incluso que los de Triacom y TV3.

Esta dinámica se repetía en otros programas que Triacom emitía en TV3, como ‘Fish & Chips’, también en paralelo a los acuerdos entre Triacom y su accionista Mediapro. En todos los atestados no consta que Triacom llegara a producir directamente nunca nada: en los contratos analizados acababa derivando los encargos hacia Mediapro.

Una portavoz de TV3 ha manifestado a elDiario.es: “La CCMA [ente público audiovisual de Catalunya] contrataba la producción de un programa y la empresa lo servía, de acuerdo con el contrato establecido. No es extraordinario que las productoras deriven más o menos aspectos de la producción a otras empresas, especialmente en el ámbito técnico y de infraestructuras. No se ha constatado ninguna anomalía”.

En el caso de Triacom, se cedía a Mediapro, según los contratos aportados a la causa, absolutamente todo. Y según se desprende de la investigación, el sobreprecio que pagaba TV3 con respecto a los costes reales (con beneficio industrial incluido) acabó presuntamente incluso excediendo este 60% inicial durante la presidencia de Mas, que situó al frente de la CCMA a Brauli Duart y a su director de estrategia, Andreu Martínez, ambos de la máxima confianza del histórico número dos del expresident David Madí.

Duart fue luego secretario general de la conselleria de Interior y Martínez, director de los Mossos en el periodo en que se promovió como comisario jefe a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.

Sobreprecios para abonar facturas falsas

El informe policial de la causa Triacom recalca que entre 2010 y 2016 la CCMA pagó 27,32 millones de euros por programas que acababa realizando íntegramente Mediapro y por los que la multinacional cobró de Triacom, en el mismo periodo, 14,7 millones de euros, con lo que el sobreprecio global pagado por la cadena pública catalana entre 2010 y 2016 ascendería hasta el 90%.

Estas cantidades que TV3 pagaba de más servían supuestamente a Triacom para abonar luego facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con CDC o con dirigentes de este partido. Los informes policiales, que sitúan a la productora “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro”, se centran específicamente en seguir el rastro del dinero en dos direcciones: las facturas que Triacom pagó a empresas relacionadas con el empresario Juan Manuel Parra y las que abonó a un grupo empresarial de Lleida sospechoso de ser una mera tapadera para emitir facturas falsas.

En ambos casos, las facturas citaban como concepto gastos relacionados con producciones de Triacom en TV3, como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, pero los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil acreditan que en el caso de Parra se trataba de 885.000 euros de gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, mientras que en el grupo de Lleida constan al menos 714.000 euros para la trama vinculada a CDC en la Diputación.

La productora Triacom, que se encuentra en el epicentro de una investigación en la Audiencia Nacional sobre el 3% y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), abonó 420.000 euros entre 2011 y 2013 a empresas vinculadas a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas. El administrador de esta productora, Oriol Carbó, asumió además, a través de una de sus sociedades particulares, todos los costes de abrir el despacho privado de Madí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, así como los gastos corrientes durante seis meses. Pagó no solo los electrodomésticos, el teléfono y la luz sino también bolígrafos, lápices y hasta las cápsulas de café.

A principios de la década de 2010, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras externas de programas de TV3, como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, a pesar de no contar con infraestructura ni apenas asalariados. Entre 2008 y 2016, Triacom facturó 31,3 millones de euros a TV3, la televisión pública catalana, que aportó durante este periodo el 80% de su facturación total y en algún ejercicio, durante la presidencia de Mas, llegó incluso al 92%.

La investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, que ejercen de policía judicial en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz, ha revelado que Triacom facturaba a TV3 con un sobreprecio superior al 50%, puesto que todos sus programas los hacía en realidad íntegramente Mediapro, que tenía el 10% de Triacom, a un precio sensiblemente inferior al que pagaba la televisión pública catalana. El excedente, según revela la investigación policial, se dedicaba sobre todo a pagar facturas falsas que encubrían otras actividades, como gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, pagos relacionados con la trama del 3% en Lleida o supuestamente también a dirigentes de CDC.

La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. Además, sus letrados han recurrido la decisión del juzgado de Barcelona que iba a juzgar el supuesto fraude fiscal cometido por Triacom, causa en la que está acusado Madí, de enviar el expediente a Madrid para que se una a la investigación sobre el 3% que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Santiago Pedraz, que pone el foco también sobre Triacom. El recurso está aún pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial.

David Madí es el gran poder en la sombra del mundo convergente desde que a principios de la década de 2000 se convirtiera en la mano derecha de Artur Mas, entonces conseller en cap y finalmente presidente de la Generalitat entre diciembre de 2010 y enero de 2016. Tras dirigir la campaña electoral que Mas ganó en 2010 –financiada en parte por Triacom, según la investigación–, Madí abrió un despacho privado en el Passeig de Gràcia, pero mantuvo intacta su influencia sobre Mas y el mundo convergente: su despacho se convirtió en el punto neurálgico de acceso al Gobierno catalán y a las cuestiones que dependían de CDC.

Una de sus personas de máxima confianza es Brauli Duart, al que Convergència aupó primero a la presidencia de la corporación de medios públicos (2012-2016) y luego a la secretaría general de Interior (2018-2020) en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como mayor y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que investiga a Triacom. Junto a Duart estuvo siempre también Andreu Martínez, primero como director estratégico de la corporación y luego como director de los Mossos.

La información aportada por la Agencia Tributaria a la causa Triacom revela que la actividad empresarial emprendida por Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat fue muy lucrativa: las consultoras que creó ingresaron 4,5 millones de euros solo entre 2011 y 2013, la mayoría de grandes empresas que aspiraban a adjudicaciones de la Generalitat, que tras la llegada de Mas al gobierno puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones. Varios de estos clientes son multinacionales del Ibex con sede en Madrid, como Telefónica e Indra, lo que no impidió que Madí se convirtiera en un puntal del llamado “Estado mayor independentista”, que tuteló el proceso que culminó en el referéndum de 2017.

La productora Triacom, a la que los investigadores atribuyen una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, pagó entre 2011 y 2013 al menos 412.000 euros a tres de las consultoras vinculadas a Madí, según revela la causa de la Audiencia Nacional.

Nubul Consulting, 97% propiedad de Madí y 3% de su esposa, Sandra Buenvaron, emitió facturas a Triacom por valor de 71.000 euros en 2011, 84.000 euros en 2012 y 54.000 en 2013. ICAT Desenvolupament, de la que Madí controlaba en torno al 70% de las acciones a través de las sociedades Comtria, Sloop y Batten, facturó 79.000 euros a Triacom en 2012. Finalmente, IKI Cat XXI, administrada por Madí y en un 50% en manos de ICAT Desenvolupament, se embolsó 124.000 euros procedentes de Triacom en 2011. Todo ello consta en el extenso informe de la Agencia Tributaria de la causa penal de Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil sostienen que las facturas emitidas por las sociedades de Madí a Triacom son siempre “por conceptos muy genéricos, hecho que genera dudas acerca de la veracidad de los servicios facturados”, y advierten de una mecánica general de “fragmentación de facturas” entre las tres empresas distintas sin justificación aparente.

Además, los informes policiales subrayan supuestas incoherencias técnicas: en el caso de IKI Cat XXI, se señala que la factura es por un presunto encargo anterior incluso a la fundación misma de la empresa, con lo que los investigadores concluyen: “Esta incoherencia temporal evidencia que esta factura únicamente sirvió para reducir los ingresos de Triacom a final de ejercicio, al tiempo que se desviaban fondos hacia IKI CAT”.

En los casos de Nubul, se indica que se factura siempre por “conceptos muy genéricos” y que Triacom solía pagar incluso “antes de la emisión de las facturas”.

Las dudas con respecto a ICAT Desenvolupament alcanzan no solo a las facturas sino también a la estructura societaria misma. Esta empresa estaba participada en un 25% por Comtria Inversions, de la que tenía un 25% Josep Lluís Vilaseca, exjefe jurídico de TV3 y después de Mediapro, multinacional que a su vez controlaba el 10% de Triacom. Otro 25% de ICAT Desenvolupament estaba bajo control de Ifluocat, sociedad conectada con el entramado de facturas falsas de la Diputación de Lleida relacionada con CDC.

“Se comprueba que en 2012 existe una correlación entre las facturas emitidas por ICAT Desenvolupament a Triacom (en las que el pago se efectuó incluso antes de la emisión de la factura) y otras emitidas por Triacom a Benito Arnó [de la trama de la Diputación de Lleida] posteriormente y prácticamente por los mismos importes”, sostiene el informe policial, que añade: “A través de este circuito, el dinero circulaba desde Benito Arnó a ICAT Desenvolupament, pasando por Triacom”. Benito Arnó es una importante constructora leridana.

ICAT Desenvolupament tenía su sede en el mismo local del Passeig de Gràcia que albergó toda la red de consultoras vinculadas a Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat. El sumario del caso Triacom revela también que todos los gastos de reforma y equipación de dicho despacho, así como los gastos ordinarios durante los primeros seis meses, corrieron supuestamente a cargo del administrador de Triacom, Oriol Carbó, a través de su sociedad personal Orieu.

Los gastos pagados por Orieu para habilitar el despacho de ICAT Desenvolupament ascendieron a casi 9.000 euros e incluían electrodomésticos y mobiliario, como cafetera, microondas, nevera, colgadores, paragüero, tazas, ceniceros, papeleras y lámparas, pero también el gasto ordinario de teléfono (1.423,54 euros entre marzo y junio de 2011), de cápsulas de café (159,6 euros) y hasta el material de escritorio más elemental: 50 bolígrafos, 24 rotuladores, 12 lápices, 12 gomas, 12 post-its, una cinta adhesiva…

Preguntado por los investigadores sobre por qué abonó estos pagos para el despacho privado de Madí, Carbó se limitó a contestar que era su “amigo” y que en aquel momento “no debía tener la estructura necesaria y le ayudó”.

La defensa de Madí subraya en cambio que todos los gastos respondían en realidad a un “contrato de préstamo” y que todos acabaron siendo reintegrados, de acuerdo con dicho contrato. Carbó no mencionó la existencia de este contrato en su declaración, pero los letrados de Madí afirman haber aportado a la causa toda la documentación que acredita su existencia, así como su cumplimiento y reintegro. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

En años anteriores, las empresas personales del administrador de Triacom y exgerente de TV3 ya habían tenido como proveedora a la esposa de Madí, Sandra Buenvaron. En 2008 Orieu e Inversiones OCS le pagaron facturas por valor de 56.000 euros, mientras que en 2009 le abonaron otros 50.000 euros.