Los anarquistas se levantan en armas contra la II República en Casas Viejas y el Gobierno Azaña ordena sofocarlos por la fuerza

Los intentos de gran amplitud como el movimiento anarcosindicalista que apuntó en varias grandes poblaciones, suelen localizarse, ya en sus postrimerías con singular intensidad en los sitios más inesperados. Nadie hubiera previsto que el pequeño pueblo de Casas Viejas se convirtiera en el teatro del episodio más trágico de la lucha. Espontáneamente arden con gran violencia estos pequeños focos de combustión, restos del incendio mayor. Pero esto mismo revela la falta de organización y trabazón de un movimiento que pretendía nada menos que derrumbar el régimen social presente para sustituirlo por el comunismo libertario. A nadie se le habrá ocurrido pensar que los rebeldes han concentrado sus esfuerzos, como punto estratégico de su revolución, en Casas Viejas. Por eso este incidente, por muy doloroso que sea, no ha producido ninguna alarma, sino que se ha considerado como lo que en realidad es: eco postrero, si bien intensísimo y por ello desproporcionado, de la intentona en derrota.

En la revuelta de Casas Viejas, hoy se discute la adecuación de la violencia empleada por la fuerza pública. Difícil es en estos casos dar al ataque una réplica exactamente igual, estimada con balanza de precisión. Muy difícil imponer con exactitud la autoridad del Estado. Por eso nos parecen justificadas en EL SOCIALISTA las reservas; pero prematuras, por lo menos, otras insinuaciones de que en la réplica ha habido exceso; insinuaciones que parten, precisamente, de algún periódico en otras épocas partidario de la máxima violencia hasta llegar a la inmisericordia aún después de pasarlo al momento culminante y apasionado de la lucha. Tras éste – aconseja ahora – el Gobierno ya no tiene nada que hacer, ya no tiene que tomar disposición excepcional ninguna, sino ausentarse del asunto. Extraña sobremanera el consejo en la misma pluma que ha redactado el contrario en otras ocasiones. Si el movimiento actual no fuera resultado de una propaganda difusa, de una organización secreta que se extiende sin sentir, no habría nada que objetar. Terminado el movimiento, podrían dejarse su sanción abandonaba exclusivamente a los órganos de la justicia. Pero sus características, la posibilidad de que continúe su organización revolucionaria, acaso exija algo más que la sanción a posteriori de lo ya inevitable. Que estas medidas echan sobre el Gobierno cargas y dificultades, es notoriamente cierto. Pero tal vez sean mayores las responsabilidades que contraiga si se mantiene en esa abstención. Los hombres que gobiernan la República, los que la han gobernado y los que la gobiernen saben que en este periodo de nuestra historia su destino inexorable es aceptar todas las cargas y dificultades que sean precisas. Su sentido democrático les dará el límite adonde pueden llegar en servicio del orden. Y saben también con ciencia cierta que este sacrificio no será en definitiva, reconocido ni estimado. Frente a esos consejos que apelan un poco al egoísmo personal, como frente a las advertencias contrarias, que, en definitiva, significan que se dé permiso y franquía a la revolución, un Gobierno tiene marcado un camino: desprenderse de todas esas recomendaciones, que son más bien posiciones políticas de ocasión, para seguir, a solar consigo mismo, el imperativo del deber, sin temor a las dificultades con que quiera aprovechar y explotar en su beneficio los sucesos la oposición política de los que ni están en el Poder ni en las filas de los revolucionarios.

El Gobierno está dominando el movimiento extremista con la energía necesaria, según demuestra lo ocurrido en Casas Viejas. El movimiento extremista, decimos, porque nadie dudará ya de su carácter, a pesar de la ligereza torpe con que procedieron en el primer momento los periódicos ministeriales, lanzando una imputación totalmente falsa, radicalmente inverosímil, absolutamente suicida sobre los elementos monárquicos.

¿Es que se proponen los anarco-sindicalistas conquistar el Poder e implantar el comunismo libertario en España? No lo creemos. Por mucho que se fíen de lo que puede la audacia de una minoría, no es presumible que se engañen tanto.

De lo que se trata es de hacer lo que en su reciente libro ‘Lo que yo supe..’ califica el general Mola con acierto de ‘gimnasia revolucionaria’. Con esa gimnasia se mantiene la fe de las masas, porque siempre hay un pretexto para justificar el fracaso; se debilitan los resortes del Poder y de los elementos de conservación social, aun cuando sólo sea por fatiga; y se llega a la infiltración de ese estado de ánimo, mitad desesperación y mitad de desesperanza, propicio al encogimiento de hombros. De esta táctica revolucionaria algo saben los ocupantes actuales del Poder.

La represión de los disturbios es obligada y es plausible. El Gobierno está cumpliendo con su deber, y por lo mismo que tiene que hacerlo con dolor suyo y dolor de la sociedad, la asistencia es más necesaria. Pero las represiones son siempre episodios circunstanciales y lo importante es llegar a evitarlas. Para ello es indispensable contar con buenos gobernadores y buenos alcaldes. Estamos seguros de que el Gobierno será el primero en no sentirse satisfecho de sus autoridades delegadas.

Ser hoy buen gobernador es más difícil que ser buen ministro. Las dotes de mando, la percepción clara de los problemas, la resolución rápida, son más indispensables a una autoridad provincial que a una central; y otro tanto cabe decir de los alcaldes, que al lado de su significación política, tienen la de delegados y representantes del Poder público.

El estado de rebeldía de pueblos y provincias el desacato a cuanto significa autoridad, la acumulación de armas y explosivos, las cotizaciones y propagandas de desorden, no son obra de un día: son hijas de un sistema; y el sistema no existiría si cada autoridad local o provincial fuese celosa del cumplimiento de su misión.

No se puede dejar la siembra y fructificación de la rebeldía, porque llegan las cosechas. Cuando acabe de valdearse el torrente revolucionario, piénselo mejor el Gobierno y tome precauciones para que no se forme otro.

El Gobierno responde a la rebelión en la única forma útil y adecuada, con el empleo de la fuerza en la medida indispensable, tan duramente como sea necesario para barrer el desorden y someter a los rebeldes. Aplaudimos esta conducta. Hoy, como ayer y como siempre, sin distinguir de casos, de móviles ni de colores en la sedición. Hubiera descuido y lenidad en el penoso deber de reprimirla, y no hablaríamos de ello ni debilitaríamos la gestión de la autoridad mientras tuviera enfrente al enemigo. Menos aún tasar ni regatear la actuación que imponga el desorden. ¿En qué medida se va a responder a los tiros, a las bombas, a los incendios, a la destrucción? Sabemos que no es posible sujetar previamente a instrucciones y consignas infalibles las operaciones de policía en la calle y que no es justo cargar a un Gobierno responsabilidades de una ejecución que se improvisa con los episodios de la lucha. Si hay excesos en la represión, oportunamente los enjuiciará quien deba enjuiciarlos, pero nosotros no vamos a buscar ahora motivos de ataque a la autoridad y de favor a los sediciosos. Eso es de otros tiempos; no hay quien lo haga hoy; no se podrá ver en la Prensa que combate al régimen y al Gobierno nada de lo que sobre casos menos trágicos que los de la triste actualidad escribían periódicos que no vacilaban en deshonrar a la fuerza pública, porque para fomentar el desorden todo les parecía rigor y crueldad. ¡Lo que se dijo del suceso de San Carlos, cuando la Guardia Civil, vandálicamente agredida desde el edificio, tuvo que cortar el fuego de los amotinados sin hacer ninguna víctima!

Esto sí es oportuno y aleccionador: mantener vivo en la memoria del país el recuerdo de una Prensa funestísima, la negra historia de sus prevaricaciones y de sus imposturas, de sus campañas punibles y vergonzosas, que han sido escuela de la indisciplina y de la desmoralización social. Es la Prensa que para lanzar contra los monárquicos insidiosas acusaciones de connivencia con sindicalistas, comunistas y anarquistas, tiene que olvidar la probada alianza de estos partidos en el Comité Revolucionario de 1930, la rebelión con que se sumaron a las intentonas de aquel periodo, y las burlas con que acogía el pronóstico de los presentes desastres, ‘la invención reaccionaria del coco bolchevique’. Es la Prensa que para justificar innecesariamente restricción jurisdiccional del Jurado tiene que descubrir ¡ahora! Las lacras horribles de una Institución que la República encontró suprimida después de siete años; y tiene que olvidar las campañas que impidieron suspenderla antes de 1923, cuando el terrorismo pistolero alcanzaba a su mayor auge, con el apoyo encubierto de periódicos y parlamentarios izquierdistas que difamaban a las autoridades de Barcelona.

No; la penosa gestión del Gobierno en la defensa del orden público no encontrará estorbo ni tropiezo en la Prensa adversaria. Pero en cuanto cese la represión del desorden material, vencida que sea la rebelión, el Gobierno ya no tiene nada que hacer sino entregar a la justicia las responsabilidades, los delitos y los delincuentes que haya encontrado. Nada de esto le pertenece. Nada de aplicar arbitrios y procedimientos anormales que dejan rastro pernicioso y echan sobre el Gobierno cargas y dificultades de que le conviene eximirse. Y no se dirá que al exponer esta prudente advertencia abogamos por amigos y afines.