19 octubre 1983

El Gobierno de Felipe González, con José Barrionuevo de ministro de Interior, hizo todo lo posible por intentar salvar al secuestrado

‘Los octavos’ de ETA asesinan al capitán de Farmacia, Martín Barrios, tras una semana de secuestro

Hechos

El 19.10.1983 se conoció el asesinato del capitán de Farmacia, Martín Barrios.

Lecturas

El 5 de octubre de 1983, la amenaza terrorista alcanzó un punto extremo cuando el comando de “los octavos”, secuestró al capitán de Farmacia, Sr. Martín Barrios y anunció que lo asesinarían si no eran liberados los etarras del “caso Berga”, también exigieron que TVE emitiera un comunicado con sus reivindicaciones. El consejo de RTVE encabezado por su director, Sr. Calviño anunció que estaba dispuesto a emitir el comunciado después de que fuera liberado el Sr. Martín Barrios, respuesta que no bastó a los asesinos que asesinaron al secuestrado.

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20 Octubre 1983

El aire de un crimen

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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El capitán Alberto Martín ha sido asesinado por ETA después de que una parte, sustancial de las condiciones exigidas para liberarlo fueran cumplidas. Se demuestra así que el objetivo realmente perseguido por los terroristas al imponer su extorsión a Televisión Española, a los medios de comunicación y a las fuerzas democráticas vascas no era otro que apuntarse una pírrica y sucia victoria en la guerra psicológica contra las libertades. Como ya señalamos en un anterior comentario sobre Ter;orismo e infonnación (véase EL PAIS del pasado 15 de octubre), la decisión de publicar el comunicado, justificada por razones humanitarias, ni siquiera garantizaba que los secuestradores respetaran la vida del rehén. Nuestra opinión era, y sigue siendo, que cualquier intento razonable y legítimo por salvarle debía emprenderse. Queda claro, por lo demás, que los únicos responsables de este tipo de crímenes, sean cuales sean las posturas adoptadas por los medios de comunicación y las formas de actuación de los investigadores, son quienes aprietan el gatillo.El tiro en la nuca, y el amordazado cadáver arrojado en el término municipal de Galdácano no sólo dramatizan un crimen monstruoso, sino que ponen de relieve cómo los terroristas son capaces de jugar con la vida de un hombre, infamemente utilizada como mercancía en un trato desigual que desde el primer momento se proponían no cumplir. Pero los sicarios han calculado mal -al igual que ocurrió en el caso del ingeniero Ryan, sacrificado por ETA Militar- las repercusiones de su bárbara acción en el País Vasco y en el resto de la sociedad española. Todos los asesinatos cometidos por las bandas terronstas tienen en común su brutal conculcación del derecho a la vida, la base misma de los restantes derechos y libertades, y dejan tras de sí una estela de sufrimiento y dolor en los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Pero crímenes como la muerte del capitán Alberto Martín logran el macabro honor de ser espantablemente retenidos por la memoria colectiva por las especiales circunstancias de salvajismo, crueldad y sadismo que les rodean.

Las condenas del asesinato no sobran por inútiles, sino por sabidas. Con todo, resultaba inexcusable que las fuerzas políticas expresaran la indignación que sienten sus electores. Aunque los involucionistas y algunos medios de la derecha autoritaria traten de apropiarse indebidamente o de monopolizar la protesta contra los atentados terroristas y la solidaridad con -las víctimas, el rechazo de esos crímenes y la identificación emocional con quienes los padecen es un patrimonio común de la inmensa mayoría de españoles -sean de derecha, de centro o de izquierda- que apuestan por la paz y las libertades. Uno de los propósitos de las bandas armadasal llevar a cabo sus.sangrientas fechoría es desencadenar, dentro del sistema constitucional, una campaña de acusaciones y desconfianzas recíprocas, capaces de debilitar los vínculos unitarios sin los cuales un Estado democrático y la sociedad que lo respalda nunca podrán hacer frente al desario terrorista. Allá con su responsabilidad quienes traten de manipular este crimen horrible para alimentar pasiones y sembrar la discordia sin otro móvil que favorecer posiciones partidistas o sectarismos ideológicos.

A la vez que el cadáver de Alberto Martín era descu bierto a pocos kilómetros- de Bilbao se difundían las primeras versiones de la rocambolesca historia de un ins pector del Cuerpo General de Policía y de un capitán y dos suboficiales de la Policía Nacional detenidos en te rritorio francés por la gendarmería francesa cuando for cejeaban con el refugiado José María Larrechea, presun to miembro de ETA-VIII Asamblea. Este oscuro asunto ha pasado a disposición judicial, y será necesario aguardar, para formular una opinión definitiva, a que los tribu nales ofre zcan una completa aclaración del incidente. Señalemos, en cualquier caso, que los métodos de guerra sucia, aunque utilizados con éxito por la Francia del general De Gaulle para combatir a los terroristas de la OAS, no sólo son rechazables por atentar contra los derechos humanos, sino que también demostraron su con traproducente inutilidad -recuérdese el caso de Argala- siempre que fueron ensayados en la lucha contra los terroristas de ETA. Si esos procedimientos resultaban condenables -y fueron condenados por el PSOE- cuando UCD estaba en el poder, no hay razón alguna para suponer que la ideología y el historial del Gobierno socialísta bastasen para redin-fir los pecados de la razón de Estado o para convertir en admisibles unos métodos de traba o policiaco anteriormente descalificados como perversos..

Pese al horror suscitado en la sociedad española por el asesinato del capitán Alberto Martín, siempre es momento oportuno para recordar que la Constitución prohíbe a los poderes públicos la arbitrariedad en el desempeño de -sus funciones y les obliga a respetar, el ordenamiento jurídico como a los, demás ciudadanos. Desearíamos que los tribunales franceses confirmasen la versión -no demasiado fácil de entender- dada por el Gobierno español sobre las tareas confiadas a los cuatro Policías detenidos por la gendarmería. Pero ningún alto cargo de un Estado democrático de derecho puede ordenar a unos funcionarios públicos, sin ser fulminan temente destituido, que violen la soberanía y concul quen las leyes de un país vecino a fin de imitar en sus comportamientos, de acuerdo con los manuales de guerra sucia, las conductas de los propios terroristas. Tam bién los socialistas franceses pueden extraer algunas en -señanzas del incidente. Porque contra lo que el embajador Guidoni sostiene en sus absurdos intentos por salvar la cara del Gobierno al que representa en Madrid, los hechos ocurridos prueban sobradamente que el departamento de los Pirineos Atlánticos continúa sien do un santuario para los terroristas de las diversas ramas de ETA.

20 Octubre 1983

Hay que destruir a ETA

DIARIO 16 (Director: Pedro J. Ramírez)

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Es preciso cerrar filas en torno a este buen Gobierno que tenemos, formado por hombres competentes y patriotas dispuestos a conciliar los valores esenciales de libertad y seguridad. Sus aciertos en la lucha antiterrorista deben recibir aplauso y sus errores comprensión.

Pero el Gobierno también tiene que jugar limpio con la opinión pública. El portavoz Sotillos desgranó ayer en la televisión un lamentable cuento chino, al explicar la aventura heyandesa de nuestro desafortunado comando operativo. Absolutamente nadie con sentido común puede creer que los tres geos – capitán incluido – fueran simples guardaespaldas de un inspector, encargado de hacer pesquisas. Su narración del carácter fortuito del encuentro con el etarra Larrechea parecía extraída, en realidad, de algún guion de los hermanos Marx.

Y éste no es tiempo para reír. El Gobierno debía haber reconocido la verdad – esperemos que hoy lo haga, en el Parlamento, Barrionuevo – y la verdad es que se intentó una acción a la desesperada con bastante poco escrúpulo por la legislación vecina. La inmensa mayoría de los ciudadanos comprenderá esta explicación, porque, frente al siniestro en granaje montando en torno al santuario francés, el Estado español tiene legitimidad moral para recurrir a veces a métodos irregulares.

Existe, eso sí, una responsabilidad política por haber fallado. Al igual que sucediera con el caso del bar Hendayes, estando todavía UCD en el poder, la operación se planificó y ejecutó con torpeza ‘chapucera’, que no puede por menos que causar sonrojo. Barrionuevo tiene que investigar a fondo lo ocurrido, hacer una buena limpia entre sus colaboradores y recurrir a esquemas más profesionales y seguros – es decir, menos comprometidos – cada vez que vuelva a encontrarse frente a este tipo de situaciones límite.

Todo esto no es, de cualquier manera, sino la letra pequeña de la tragedia. Al margen de que los propios asesinos han confesado, con la insensibilidad típica de las bestias, que su acción estaba ya premeditada desde el sábado, ningún tipo de análisis debe llevarnos a buscar responsabilidades distintas a las de los verdugos.

Ayer resultaba más patético escuchar la autocrítica del portavoz de la familia, especulando con la conveniencia de haber sido más discreto durante el desarrollo del secuestro. Y también son deplorables esas voces aisladas que atribuían a TVE una cuota de culpabilidad en le desenlace, cuando su respuesta al chantaje apuró inteligentemente los límites de lo que humanitariamente se podía conceder, sin incurrir en la rendición, que a todos nos hubiera arrastrado por el precipicio del desmoronamiento del poder civil.

Los polis-milis han demostrado que no buscaban propaganda, sino carnicería. El mito de esa otra ETA ‘que sólo dispara a las piernas’ se ha terminado aquí. La crítica de Herri Batasuna – tildando de error político lo ocurrido – es lo más repugnante de todo este escenario del horror. Los asesinos de Martín Barrios se han limitado a fotocopiar los métodos de la rama militar, al a que tan canallescamente protegen esos malos hombres, esas personas malas apellidadas Idígoras, Esnaola o Solabarría.

A partir de hoy, ni una concesión más. Se acabaron las negociaciones, se acabaron los indultos, se acabaron los centro penitenciarios con frontón, sala de juegos y guante blanco. Si existen centro de máxima seguridad, de máxima severidad, de máxima incomodida, que los ocupen los etarras.

El juicio de Berga debe celebrarse sin aplazamiento alguno y las máximas penas, a partir de los hechos realmente probados, han de recaer sobre los culpables. Y así sucesivamente. Sin tregua ni cuartel. Dando la cara, como valientemente lo vienen haciendo Txiki Benegas, Damborenea y todos los socialistas vascos. La ecuación es cada ver más simple, por muy inconfortables que frente a ella se sienta los estetas de la chaise longe: o ellos, o nosotros. Por eso hay que terminar con ETA de la forma que sea.

20 Octubre 1983

Contra ETA en su terreno

Carlos Dávila

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El asesinato del capitán Martín Barrios sitúa al Gobierno socialista ante la más grave crisis desde que, hace diez meses, ocupó el poder que, legítima y democráticamente, le habían conferido los españoles. Los elementos que han rodeado el secuestro del militar ya muertos (la autoría poli-mili y la reivindicación publicitaria, fundamentalmente son ,por otro lado, tan singulares, tan especialmente terroristas que diferencias el caso de otros, por lo menos, tan graves sucedidos en los tiempos del Gobierno de UCD.

El Gobierno de Felipe González, que no quiso ceder, ni directa ni parcialmente, al chantaje exigido por los pistoleros etarras, apostó en algún momento del cautiverio de Martín Barrios por una acción ‘a la desesperada’ tendente a recobrar el dominio de la situación, trágica situación creada por el secuestro. En pocas y nítidas palabras, el Ejecutivo socialista se decidió audazmente por combatir a ETA en su terreno, en su ensayo ilegal – eso hay que dejarlo bien claro – de guerra sucia, destinado a devolver a los etarras la misma moneda que ellos, previa, desafiante, malvadamente, habían arrojado al rostro fajado de todos los españoles.

Y el ensayo, mal disimulado al fin y peor contado por un portavoz incapaz de transmitir credibilidad, de exponer una teoría discutible, ha resultado fallido y frustrante. Puedo decir, sin embargo, que el gran fallo del Gobierno español radica en la falta de preparación que denota la acción contraterrorista y en la escasa valoración de los previsibles riesgos que comportaría – como así ha sido – un fiasco de tan graves características. No se puede condenar a voz en grito, públicamente, la guerra sucia y requerirla y desearla, incluso, en voz baja. Eso es sencillamente, hipocresía. Lo malo de tal acción – se decía ayer en todos los hogares españoles – no ha sido que se haya realizado; lo peor es que se haya hecho tan excesivamente mal. No somos expertos en este tipo de réplicas y quien lo dude que rememore la innecesaria y condenable masacre del bar Hendayes (antecedente de esta acción) y los innumerables intentos que se han hecho sin éxito alguno para desestabilizar, en sus mismas entrañas, a la banda armada ETA.

Fracasado el plan , el Gobierno tiene, en primer lugar, que asumir sus consecuencias y, en segundo, que realizar un nuevo análisis de la situación forzada por el asesinato y la desgracia que el traspiés ocntraterrorista nos ha deparado. Lo más urgente am i juicio, es evitar que crezca la sensación de que el País Vasco ha entrado en una nueva e irreversible etapa de ‘ulsterización, impedir que la nueva derrota que nos ha infligido ETA mueva a tratamientos militares que nunca han constribuido a la obtención de resultados notables. La presencia directamente castrense en la lucha antiterrorista (recuérdese los peinados de la frontera pirenaica en tiempos del ministro Oliart) sería en esta ocasión también improcedente porque significaría tanto como reconocer que el enemigo, nuestro odiado rival ETA, tiene razón en que su lucha reviste caracteres de combate abierto, de guerra militar.

ETA sabe, por lo demás, cómo debe actuar para poner a España entera al borde mismo del colapso democrático. Sus encubridores, sus mecenas, han dado posiblemente la orden de forzar un adarma más la atribulada conciencia de los españoles. La justificación etarra ni puede demostrar que el crimen no hubiera existido con el éxito del chantaje ni puede argüir la coartada de la acción contraterrorista incumplida en Francia. El pistoletazo ha sido de ETA y de quienes suministran las armas a los carniceros vascos, los mismos, probablemente que desean forzar la involución para justificar la propia existencia del terror. Esta es la verdad y así hay que decirla.

El golpe asestado en el corazón de las Fuerzas Armadas duele por igual en el cuerpo social de todos los españoles, porque es… hombre atrozmente asesinado ayer es de todos aunque orgánicamente pertenezca a la institución militar. Por esto, la movilización debe ser general y las medidas que el Gobierno democrático debe tomar sin demora generales en su aceptamiento, siempre y cuando se dirijan a vigilar eficazmente  el cumplimiento del orden constitucional en todo el territorio español y, desde luego, en el País Vasco. Quiéralo o no el PNV, ya no existen argumentos para su irritante pusilanimidad; por ello, con la misma fuerza que Garaicoechea y Arzallus han condenado el asesinato, deben ordenar, ejemplarmanete y para evitar otras suspicacias, el alzamiento de la bandera española en todos los lugares que corresponda. El PNV tiene la ocasión de demostrar así que no sintoniza, ni siquiera en los fines, con los bárbaros que matan con la excusa de que están en guerra con los españoles.

La desolación de ayer conmocionó nuestra vida política no puede derivar en impotencia. El Estado puede derrotar a la canalla terrorista; basta con que España entera haga el esfuerzo de arropar un esfuerzo supremo por la paz, con que se respalden sin reticencias todas las instituciones y con que este Gobierno, vacilante y sorprendido ayer, recupere el pulso de la autoridad. El primer mandatario del Gobierno es quitar a España la impresión de que, una vez más, ETA nos ha puesto en precario, nos ha querido romper la libertad.

Carlos Dávila

21 Octubre 1983

Todos contra el terror

Agustín Rodríguez Sahagún

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Una vez más, la acción terrorista de ETA está provocando una escalada de violencia y demostrando desde la irracionalidad de sus planteamientos que su objetivo no es otro que tratar de sembrar el terror en la sociedad, atemorizarla y desmoralizarla para que se desenganche de sus ilusiones de libertad y para impedir la convivencia pacífica entre los españoles.No es casual que esta escalada se produzca en momentos políticos delicados, cuando se supone que existen tensiones que podrían acelerarse hasta crear situaciones críticas que lleguen a provocar la desestabilización.

Por eso el terrorismo no puede ser considerado como un problema de este o aquel Gobierno concreto o de tales o cuales fuerzas de seguridad, sino que es algo que nos concierne a todos los ciudadanos, al conjunto de la sociedad.

Y por eso, en momentos y situaciones como los que actualmente atravesamos, lo primero es cerrar todos filas para aislar la violencia y dar solidariamente nuestro apoyo a las instituciones del Estado que tienen la misión directa de combatirla.

La lucha contra ETA se viene desarrollando desde hace 15 años, y el fenómeno terrorista no surge con la llegada de la democracia, como algunos pretenden insinuar. Baste recordar que en el régimen anterior hubo entre las víctimas de los atentados hasta un presidente de Gobierno. Y un Estado de derecho no está menos preparado que otros para combatir el terrorismo, si todos colaboramos a ello y nadie intenta hacer uso de estos hechos para instrumentarlos en favor de sus planteamientos particulares o con afanes desestabilizadores.

Desatar esas tensiones y sembrar la desconfianza y el enfrentamiento en la sociedad es precisamente lo que buscan los terroristas. Y no debemos caer en esa trampa. Una banda criminal no podrá nunca contra el Estado, si la sociedad sabe respaldar sus instituciones y apoyar a los que en cada momento tengan encomendada la responsabilidad de dirigir la lucha.

Todo ello sin perjuicio de exigir a los poderes ejecutivo y judicial la mayor firmeza y eficacia en la utilización de cuantos medios legales tienen a su disposición para la persecución y prevención de los actos terroristas. Y uno de los campos en que esa firmeza debe estar más clara es en la acción diplomática, presionando a nuestros vecinos del Norte para terminar de una vez por todas con el apoyo y refugio que los terroristas encuentran al otro lado de las fronteras.

Pero en esta presión no caben triunfalismos ni ingenuidades. Todo apunta a que los sucesivos sectores del país vecino prefieren el egoísmo de «una España con problemas» y que viven equivocadamente obsesionados con que así evitarán el contagio del activismo terrorista. Convencerles para una colaboración más eficaz ha de ser un objetivo prioritario.

Como debe serlo proseguir una estrategia de aislamiento de los terroristas hasta conseguir eliminar cualquier suerte de apoyo popular que les permita disponer de la infraestructura que necesitan para sus acciones.

Y en esa actuación no caben planteamientos simplistas, ni menos reacciones antivascas que olvidan que el pueblo vasco es el primero que está sufriendo las consecuencias de la violencia. Existen unas bandas terroristas que asesinan y existen unas minorías que les apoyan directa o indirectamente, pero ETA ha perdido en estos años la capacidad de convocatoria que tuvo años atrás. No le demos por reacciones equivocadas la posibilidad de recuperarla.

El pueblo vasco y los españoles en general sólo nos liberaremos de la acción criminal de ETA cuando todos seamos capaces de unirnos sin fisuras -cualquiera que sea nuestra ideología- frente a la intimidación y el chantaje de quienes pretenden robarnos nuestro derecho a la paz y la libertad.

Para superar una situación así sólo existe un camino: la solidaridad. Todos contra el terrorismo. El Gobierno vasco, la Iglesia vasca y todos los bastamentos, instituciones y fuerzas políticas y sociales deben participar decididamente en la generación de esta actitud.

No basta ya con el aislamiento. Hace falta movilizarnos todos contra ETA. Manifestando públicamente y sin equívocos la repulsa, apoyando a las Fuerzas de Seguridad, logrando acuerdos de los partidos, de las centrales sindicales y organizaciones empresariales, de los profesionales, de los medios de comunicación y de todos para oponemos activamente al terrorismo de forma solidaria.

Agustín Rodríguez Sahagún

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Un equipo de cuatro policías tuvo la información de que un viejo dirigente de ETA-pm apellidado Larrechea Goñi podía saber dónde se encontraba secuestrado el capitán. En esa lucha desesperada contra el reloj de la muerte pasaron a Francia y trataron de detenerlo en Hendaya, donde se encontraba. En el momento en que forcejeaban con el dirigente etarra pasó una patrulla de la policía francesa que al darse cuenta detuvo a los policías españoles. No se habría logrado salvar al capitán que en el momento en que sucedían estos hechos ya estbaa muerto.

El Análisis

LA SOCIEDAD NO REACCIONA ANTE UNA MUERTE ANUNCIADA

JF Lamata

A pesar de la brutalidad que suponía que los asesinos de ETA (en este caso de ‘los octavos’) pusieran fecha final para la vida de un hombre, el asesinato del Sr. Martín Barrios no produjo una gran reacción ciudadana. Se indignaron, sí, más que otras veces, los grandes medios de comunicación de Madrid, como el ABC, DIARIO16 o la COPE (donde D. Luis del Olmo se enfrentó abiertamente con los batasunos desde su micrófono). Pero la sociedad no protagonizó ningún gesto de indignación. Aparentemente la mayoría ciudadana contemplaba los asesinatos de ETA como algo que no iba con ellos, ni les preocupaba demasiado, sería ante ‘otra muerte anunciada’, la de D. Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad, al fin, reaccionaría.

J. F. Lamata