Manifiesto de toda la prensa republicana y socialista contra el Gobierno Canalejas al que acusa de represión

La violencia y arbitraria persecución de que es objeto la Prensa republicana, socialista e independiente por parte de un Gobierno que se dice democrático y que encarna el más iracundo espíritu de intolerancia imaginable, muévenos a formular esta protesta hoy ante España, con la esperanza de que la razón y la justicia se impongan; mañana ante el mundo culto, si nuestra voz es desoída y se continúa amordazándonos por sistema en momentos críticos para el honor de España.

Nada justifica el atropello de considerársenos fuera de la ley por la expresión de nuestras convicciones políticas, perfectamente legales, según la Constitución del Estado. Nada cohonesta el monstruoso abuso de considerar delictivo de antemano todo lo que se escribe en nuestros periódicos. Nada puede paliar el hecho inaudito de que se nos amordace airadamente por pedirle al Gobierno luz, mucha luz, en la información a que dieron origen las denuncias hechas al presidente del Consejo [José Canalejas] por varios diputados, organismos obreros y diversos núcleos sociales, con relación a los presos por los acontecimientos de Cullera, Penagos y otros sitios. Nada puede cohonestar el caso increíble de que se nos eche encima todo el peso del Poder público cuando pretendemos contribuir dentro de la ley, con razones y datos, a que se depuren aquellas denuncias y se borre para siempre nuestra leyenda trágica, condensada en la frase del actual presiente del Consejo [Canalejas]: “Toda España es Montjuich”.

Queremos que se cumpla la ley, que sólo reconoce inviolabilidad en el jefe del Estado. Ningún precepto legal autoriza que el jefe del Gobierno, los demás consejeros responsables y aun algunas autoridades subalternas revistan, como lo vienen haciendo, de inmunidad para la censura aquellos de su actos públicos que entrañan grave responsabilidad ante la opinión nacional.

Y queremos que se nos permita analizar y discutir científica y lógicamente el dictamen pericial en que se concretó el reconocimiento facultativo hecho a los procesados por los sucesos de Cullera. Ningún precepto legal justifica la denuncia a de los periódicos que lo discuten. A la propia autoridad del jefe de Gobierno [Canalejas] nos remitimos. Él fue quién desempeñando la cartera de Gracia y Justicia, consignó en un discurso de apertura de los Tribunales esta verdad evidente con relación, no a un simple informe pericial, sino a los fallos de la justicia: “Estad seguros de que no se compromete la autoridad de los Tribunales porque se discutan sus fallos y se juzguen sus juicios; como que sólo una institución es indiscutible, precisamente porque es irresponsable. ¿Por qué, pues impedírsenos discutir un dictamen facultativo?

Ello es tanto más de extrañar, cuanto que el jefe del Gobierno ofreció que la información derivada de las antedichas denuncias sería de gran amplitud. ¿Ha cumplido su ofrecimiento solemne?

Responda por nosotros la innegable realidad de no permitirnos en la Prensa contribuir a la información en modo alguno. Hable en respuesta el hecho de que se denuncien y secuestren nuestros periódicos (donde ni se afirman, ni se niega tocante al fondo de las denuncias, sino que se pide luz, mucha luz) en cuanto se consigna en ellos el nombre de Cullera, siquiera sea para rebatir inexactitudes tendenciosa de aquella parte de la Prensa que desde antes del reconocimiento facultativo mencionado disputó calumniosas las denuncias formuladas, y que es la única cuya voz puede alzarse ahora.

“Por honor de España debe concluir eso, ya que nosotros perseguimos únicamente que la verdad resplandezca en toda su completez, tal como sea y en forma que ni a propios ni a extraños pueda quedarles duda alguna”.

El procedimiento que, por las razones ya expuestas, se sigue con la Prensa republicana y socialista constituye una bochornosa excepción en todos los países cultos. Se recogen ediciones sin que anteceda la necesaria denuncia, antes de que puedan ir a manos de la autoridad los ejemplares que con arreglo a la ley se le envían, y muchas veces sin que el periódico llegue a ser denunciado. Para ello bloquea imprentas la Policía desde las primeras horas de la tarde y procede a la recogida en cuanto sale a la calle el primer vendedor. Y como los agentes no distinguen de sexo, suelen producirse escenas de dudosa moralidad cuando en plena calle registran a las vendedoras que suponen llevan ejemplares del periódico perseguido.

Este arbitrario sistema de secuestro previo, que no existe en ningún país culto, da origen a la monstruosidad jurídica de que se imponga un castigo antes de que los Tribunales reconozcan la existencia de un delito, y casi siempre sin que exista delito alguno.

Por todos los hechos apuntados por esta persecución inconcebible en un pueblo europeo, solicitamos una vigorosa intervención del a conciencia liberal española para que imponga el respeto a la ley y una conducta más acorde con el espíritu del siglo XX a los gobernantes, que aparecen empeñados en ponernos fuera de la legalidad con sus violencias injustificables.

Y si el Gobierno desatiende esta demanda pública, suya será la responsabilidad de que recurramos a la aplicación de otros acuerdos, en defensa de la libertad, del derecho y de nuestro propio decoro de ciudadanos de un pueblo que ha comprado a costa de mucha sangre la dignidad de ser libre.

• D. Alfredo Vicenti, director de EL LIBERAL (propiedad de la Sociedad Editorial, el Trust)
• D. Roberto Castrovido, director de EL PAÍS.
• D. Augusto Vivero, director de ESPAÑA LIBRE
• D. Antonio Atienza, director de EL SOCIALISTA (órgano del PSOE)
• D. Juan Guixé, director de ESPAÑA NUEVA
• D. Ricardo Fuente, director de EL RADICAL (lerrouxista)
• D. José Nakens, director de EL MOTÍN.
• D. Juan José Morato, director de EL TRABAJO (Sociedad de Albañiles)
• D. Vicente Arroyo, director de RENOVACIÓN (órgano de las Juventudes socialistas).
• D. José Luis Martínez, director de EL DEPENDIENTE ESPAÑOL
• D. Modesto Moyrón, director por LA IDEA
• D. Eduardo Barriobero, director LA PALABRA LIBRE
• D. Francisco Núñez, director de EL OBRERO GRÁFICO
• D. Vicente Barrio, director de LA UNIÓN FERROVIARIA
• D. Joaquín Almoño, director de LA VOZ DEL CANTERO
• D. Hilario Palomero, director de LA BANDERA FEDERAL.
• D. Clodoaldo Piñal, director de EJÉRCITO Y ARMADA.
• D. Tomás Álvarez Angulo, director de VIDA SOCIALISTA
• D. Frnacisco Pi y Arsuaga, director de EL NUEVO RÉGIMEN.

Hagamos breve, sucinto, un comentario.

En primer término, esa persecución de que se duelen los periodistas republicanos es, por lo menos en lo que atañe a buena parte de ellos, pura fantasía. EL PAÍS, que viene realizando la misma campaña que los diarios más denunciados y más recogidos, ha sufrido pocas veces el peso de la ley. EL LIBERAL no recordamos que haya sido molestado en lo más insignificante. ¿Cómo se explica, pues, que yendo todos los periódicos republicanos y socialistas al mismo fin, coincidiendo en la misma campaña, haya 20 denuncias para unos y escasa o ninguna represión para otros? Lo que ocurre es que tanto EL PAÍS como EL LIBERAL como algún otro guardan en l a polémica respetos y mesuras que sin desvirtuar el fondo imprimen a la forma ese tono de sensatez que hace posibles las relaciones entre los hombres por muy adversarios que sean. Lo que ocurre es que otros, apasionados, apelan en sus procedimientos de lucha a la frase más ultrajante, al calificativo más horrendo. Y esto es natural que debe reprimirse. ¿Puede resultar tolerable que todos los días se le llame traidor, canal y asesino al jefe de Gobierno [José Canalejas]? No es, pues, el fondo, la idea lo vedado. Es la forma irascible, más propia de riña que de discusión, forma de todos los periódicos republicanos condenaron en la reunión de directores de periódicos celebrada en EL LIBERAL durante el mes de agosto pasado, y en la que se protestó contra ciertas fraseologías. Si estas fraseologías le parecieron mal al os directores de los diarios republicanos, ¿cómo no ha de parecerles mal a los representantes y administradores de la ley?

Y, en segundo término, ese esclarecimiento que sobre las famosas denuncias de tormentos piden los firmantes, es una paradoja. No debe esclarecer ni probar el denunciado. Es oficio que compete al denunciante. Pero, a pesar de todo, y hasta exagerando, si en esto cabe exageración, las autoridades no han podido facilitar de modo más elocuente la diafanidad de los hechos. A raíz de los sucesos de Cullera llevó el Sr. Barral a la Capitanía general de Valencia, aunque manifestando que no lo creía, el rumor de que los presos habían sido torturados. Y el general Echagüe, inmediatamente, con un celo exquisito que hace honor a su historia de gran caballero y gran soldado, nombra una comisión de médicos militares para que reconozcan a los presos, y de tal reconocimiento resultan ser falsas las torturas aludidas. Después ya en Madrid, y en tono algarero, sin duda para hacer más ruido y ayudar a la campaña electoral, donde se formula la denuncia estridente. Y entonces el Gobierno, celoso en el cumplimiento de su deber, ordena que se constituya una comisión mixta de médicos militares y civiles, todos de limpia historia, algunos nimbados en autoridad culminante dentro de su profesión, y estos médicos reconocen a los presos y juran pro su honor ser absolutamente falsos esos inquisitoriales suplicios. Y ahora salen pidiendo esos periodistas que se haga luz. Bien. Que se haga. Por parte de las autoridades bien claro se manifiesta ese deseo. Ellos, los denunciadores y sus auxiliares, son los que nada aportan al esclarecimiento. Todo en ellos es vago. A la realidad tangible de la prueba oficial, no hacen sino oponer la fase incierta y el futuro que jamás se cumple.

Dejen ya esa cantinela los periodistas republicanos, y ya que ni siquiera se atreven a decir que creen en los tormentos; ya que uno de los periodistas republicanos más prestigiosos, D. Roberto Castrovido [director de EL PAÍS], no apuntó en su campaña realizada a raíz de los sucesos una sola sospecha de tormentos, habiendo tratado aquel conato de revolución tan compleja y tan extensamente; ya, en suma, que ven gastado este resorte inventado para jalear a la opinión, cállense de una vez, reconozcan, siquiera sea tácitamente que se han equivocado, no continúen echando leña a este fuego ineficaz, en el que se pretendía someter a tormento a verdadero y no fantástico tormento, al Ejército y a la patria, y acabemos definitivamente con esta cuestión enojosa aprovechada por la Prensa enemiga de Paris para escarnecernos y ultrajarnos.

Anoche y anteanoche no fue denunciado EL RADICAL. El número de anteanoche fue recogido, pero luego cayeron de su burro los recogedores. Los atropellos cometidos en la imprenta y redacción del citado querido colega están comprobados con documentos y testigos, uno de ellos el HERALDO. Pues bien, no se rinde a la evidencia nuestro estimado colega ABC, antes opone a nuestra réplica sus argumentos. (…)

¿Ha leído el colega el número de EL CORREO ESPAÑOL de anteanoche? Dedica un artículo a insultar soezmente al Sr. Azzati. ¿Ha leído los números de EL RADICAL a que nos referimos en nuestro anterior suelto? No, no los ha leído el señor Luca de Tena, ni el redactor que nos responde, pues de haberlos leído verían que no hay en ellos nada, absolutamente nada de lo que alega el colega para cohonestar la persecución de periódicos.

Reconoce el colega – y su leal declaración tiene grande importancia – que carecemos de libertad para discutir ‘ciertas cosas’. Que conste.

Insiste en algo que dijo ya, y que copió LA ÉPOCA: en que nuestro compañero Castrovido no hizo mención de ‘esas cosas’ en los artículos que escribió desde Valencia, y luego de su llegada a Madrid.

Hemos de rectificar un detalle. Los artículos que envío nuestro compañero fueron mutilados por la censura. Pero hemos de confirmar lo que dice el ABC, ni en lo tachado ni en lo publicado, hacían mención de ‘esas cosas’ por la sencilla razón de que nada oyó referente a eso mientras estuvo en Valencia.

Observe el ABC que regresó de Valencia el 23 de septiembre pasado. De ‘eso’ nada supo hasta el 8 o el 9 de octubre, antes de que viniera Azzati a Madrid.

No sabemos por qué da el ABC tanta importancia a ese detalle; la tenga o no, ahí queda consignada la verdad.

Nuestro colega EL PAÍS reproduce en su número de ayer todo nuestro anterior artículo acerca de la protesta de los periódicos radicales y le pone algunos comentarios.

EL PAÍS dirígese a nosotros como si en nuestras manos existiera preciado talismán para evitar denuncias y recogidas policíacas; como si de nosotros dependieran las molestias que viene sufriendo la prensa republicana.

Y nosotros debemos repetir lo ya dicho. Que nos duelen, a fuer de compañeros tales molestias, que de buena gana si dependiera de nosotros, se las ahorraríamos del mejor grado, que no podemos – claro está – substituir el criterio de las autoridades cuando se hacen denuncias y ordenar recogidas se trata; y que tales recogidas y denuncias no tienen un origen caprichoso arbitrario, sino que responden a que no se puede tolerar la discusión de lo indiscutible, y más cuando a esta discusión acompaña la vehemente pasión que no hace incurrir en el agravio.

Respecto de ‘esas cosas’ a que alude con cierto retintín el citado colega y que se hallan vedada a la polémica periodística; es decir, a la parte procesal de los sucesos valencianos, ni nada tenemos que rectificar, ni en lo más mínimo pueden dolernos haber soltado esa prenda que subraya EL PAÍS. Lo que se halla bajo la acción de los Tribunales no puede ser, ni en España, ni en parte alguna, motivo de discusión. En Italia, en Francia, en Portugal recientemente, y en cuestiones parecidas se ha seguido el mismo criterio.

Y para terminar. El prestigioso director de EL PAÍS hace desde las columnas de su periódico una confesión que nos conviene recoger. Dice el distinguido periodista que no habló de martirios y atropellos en su campaña sobre los sucesos de Cullera, “por la sencilla razón de que no oyó nada referente a eso mientras estuvo en Valencia”. Es decir, que un hombre de presteza mental del Sr. Castrovido, movido además por un gran estímulo informatorio, hallándose realizando una campaña minuciosa completísima para un periódico de franca oposición no escucha ni el aleteo del más leve rumor que hable de martirios. ¿Es posible que siendo estos matirios reales, y tan crueles como después se ha dicho, no llegará a los oídos de un tan sagaz periodista como es D. Roberto Castrovido la expresión más tenue de tales tormentos?

Nos place la hidalga confesión del director de EL PAÍS, y la añadimos a la extensa y bien cimentada lista de pruebas que demuestran con evidencia clarísima que el rumor llevado a la Capitanía general en Valencia por el Sr. Barral sin darle crédito, y lanzado luego por el Sr. Azzati no fue más que una maniobra política nada patriótica, por cierto.

En las anteriores líneas va contenida la respuesta que tenemos también a nuestro colega ESPAÑA LIBRE por los comentarios que sobre el mismo asunto nos dedica en su número de anoche.