La filial de Mediapro en Estados Unidos, Media World, con sede en Miami, se sirvió de paraísos fiscales para para pagar de manera opaca los sobornos a los directivos de la FIFA, según las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Los agentes del FBI, que ha desarrollado las pesquisas del conocido como Fifagate, pudieron detectar en el transcurso de las investigaciones que Gerard Romy, entonces la mano derecha de Jaume Roures, realizó en octubre de 2012 una transferencia de 322.000 euros de la cuenta de Media World en Bank of America en Miami (Florida), a una cuenta de Wells Fargo en Nueva York, vinculada a otra del Banco Citibank en el paraíso fiscal de Panamá.

El dinero formaba parte de la partida de más de cinco millones de euros que el grupo Mediapro se gastó en sobornos para obtener los contratos de los derechos audiovisuales de los partidos clasificatorios de los Mundiales de Fútbol. Por esas prácticas corruptas Roures se vio obligado a pagar al tribunal de Nueva York 20 millones de euros.

Un año después, el 13 de diciembre de 2013, otra transferencia bancaria de 13.800 euros partió de una cuenta de Traffic USA -los socios de Mediapro con la que pagaba a medias los sobornos- en el Citibank en Miami, Florida con destino a Panamá, a otra cuenta de la Federación Panameña de Fútbol en el Banco General.

Según las investigaciones, la filial de Mediapro en Miami también remitió en noviembre de 2011 aproximadamente 100.000 dólares a una cuenta Citibank en Nueva York, Nueva York, vinculada a otra en el Banco Cuscatlan en El Salvador.

Así mismo, según las investigaciones del FBI y la Fiscalía de Nueva York, Romy envió otra partida de dinero a Panamá a través de Jonathan Cumming, director financiero (CFO) de Mediapro, desde la filial portuguesa Medialuso. El dinero fue transferido desde Portugal a Panamá y desde allí a las cuentas del directivo sobornado.

OKDIARIO reprodujo anteayer en exclusiva el escrito de procesamiento del número dos del editor del diario podemita Público, Jaume Roures. La Corte Federal de Nueva York acusaba al CEO del grupo audiovisual Mediapro/Imagina de los delitos de pertenencia a crimen organizado, que incluye la extorsión y la coacción; fraude electrónico, por las transferencias a Estados Unidos de dinero de procedencia ilícita; y lavado de dinero, por el uso de dinero negro que pasó por paraísos fiscales y que estaba dirigido a la comisión de un delito. Algunos de esos cargos conllevan una condena de hasta 20 años de cárcel.

Pago de sobornos, a medias

Los fiscales de Nueva York en su escrito de acusación mantienen que Media World, la filial americana de Mediapro, llegó un acuerdo en 2012 con Traffic USA para negociar los derechos del fútbol. Hasta ese momento habían sido rivales en el mercado. Traffic era una agencia brasileña que desde finales de la década de 1990 hasta finales de 2006 obtuvo contratos por los derechos de los partidos clasificatorios para la Copa Mundial relacionados con la mayoría de las federaciones de la UNCAF.

MediaWorld comenzó a competir con Traffic USA desde 2005 por los mismos derechos, pero el grupo de Roures creyó más conveniente unirse para sumar recursos y compartir los costos gastados y los ingresos obtenidos de la compra de los derechos para los partidos clasificatorios para la Copa Mundial jugados por todas las asociaciones miembro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol (CONCACAF).

Los investigadores colocan a la filial de Mediapro en EE.UU en el epicentro del pago de sobornos a los directivos de la FIFA: “A lo largo de este período, tanto mientras Traffic USA como Media World eran competidores y después de que firmaron un acuerdo de reparto de ingresos, los representantes de las dos compañías acordaron pagar, y pagaron, sobornos a numerosos funcionarios de la Unión de Fútbol Centroamericana (UNCAF), que mantuvo la influencia sobre esas federaciones para obtener contratos para los derechos de clasificación para la Copa Mundial”.

Los representantes de las dos compañías eran Gerard Romy y Fabio Tordin.

Según los investigadores, Gerard Romy, que en aquellos momentos era el hombre de confianza de Roures, al ser fundador y accionista de Mediapro, adoptó las medidas oportunas para “ocultar la verdadera naturaleza y el propósito de los pagos de sobornos realizados en cumplimiento del esquema, incluso disfrazando esos pagos como tarifas pagaderas de conformidad con los supuestos contratos de consultoría”.

Con el visto bueno de Barcelona

Romy acordó y aprobó la participación de Media World en el esquema, pero los investigadores están convencidos de que contó en todo momento con el visto bueno de la cúpula de Mediapro en Barcelona, formada por Jaume Roures y Tatxo Benet, ambos fundadores y accionistas como Romy.

Según la Fiscalía de Brooklyn los directivos de las federaciones de la FIFA que aceptaron sobornos, siguiendo el esquema establecido, fueron los acusados ​​Ariel Alvarado y Reynaldo Vásquez.

La Fiscalía, en función de las pruebas que obtuvieron los agentes del FBI, mantienen en el escrito de acusación contra la mano derecha de Roures: “Durante las negociaciones, el acusado Gerard Romy se enteró de que Traffic USA había acordado pagar un soborno de 3 millones de dólares a Jeffrey Webb, entonces presidente de la Asociación de Fútbol de las Islas Caymán (CIFA) y un funcionario de alto rango de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), para obtener los derechos de clasificación para la Copa Mundial. ROMY acordó, en nombre de Media World (la filial de Mediapro en Miami), dividir el costo del pago del soborno con Traffic USA, de modo que cada compañía estaría obligada a pagarle a Webb un soborno de 1,5 millones”.

En mayo de 2012, la CONCACAF eligió a Jeffrey Webb como su presidente y, a finales de agosto de 2012, los socios de Mediapro firmaron con CFU un contrato de 23 millones de dólares por los derechos audiovisuales para los partidos clasificatorios de la Copa Mundial 2018 y 2022.

Según la acusación, para facilitar el pago de la filial de Mediapro, correspondiente a su parte del soborno a Jeffrey Webb, Gerard Romy informó a sus colaboradores que la parte de Media World sería abonada por la productora: “Una subsidiaria de propiedad total de una entidad afiliada a Imagina en España”, según el escrito. Imagina fue la denominación que adquirió el holding Mediapro tras su fusión con Globomedia.

Posteriormente, alrededor de 2013, según los cargos, Gerard Romy, “se sirvió de una factura falsa para ocultar la verdadera naturaleza del pago”. Los agentes del FBI pudieron acreditar que “alrededor de 2014, los pagos de cinco y seis cifras de Media World se transmitieron al dirigente de la CONCACAF, Costas Takkas, utilizando las instalaciones de transferencia de los Estados Unidos”.

En el invierno de 2014-2015, el acusado Gerard Romy se enteró de las investigaciones en Estados Unidos sobre José Hawilla, por lo que alertó a sus subordinados de que Media World no hiciera más pagos adicionales a los 1.5 millones de dólares del soborno.

La Fiscalía de EEUU ofrece al nº 2 de Roures «tirar de la manta» o extradición y condena de 20 años

28-4-2019

La Fiscalía norteamericana del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, ha ofrecido al que fuera fundador, accionista y número dos de Jaume Roures en Mediapro, que asuma su culpabilidad y «tire de la manta» contra la cúpula de la productora catalana si quiere evitar una condena casi segura de más de 20 años de cárcel.

Gerard Romy, si no se declara culpable y llega a un pacto con el fiscal jefe Richard P. Donoghue también se arriesga, si es declarado culpable, a una restitución obligatoria del dinero del fraude, la confiscación de sus bienes y una multa millonaria.

Quien fuera mano derecha durante dos décadas de Jaume Roures fue procesado a mediados de marzo por la Corte Federal de Brooklyn en el conocido como FIFAgate, un caso en el que la filial norteamericana de Mediapro pagó mordidas millonarias a altos directivos de la FIFA para obtener los derechos televisivos del Mundial de fútbol.

Gracias a esos pagos la empresa Roures pudo conseguir los derechos de comercialización para las fases de clasificación de varias ediciones de la Copa del Mundo, incluyendo la organizada por Rusia en 2018 y la programada en Qatar para 2022.

Según los cargos presentados contra Romy por la Fiscalía estadounidense, el hombre de confianza de Jaume Roures y sus socios «corrompieron la compañía, vinculándola en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y blanqueo de capitales».

La acusación coloca a quien fuera mano derecha del editor del diario Público cuando se pagaron las comisiones ilegales frente a unos delitos que son perseguidos en Estados Unidos por la ley RICO (que se aprobó en 1970 para combatir a la Mafia: pertenencia a crimen organizado) que incluye la extorsión y la coacción; fraude electrónico y lavado de dinero, por el uso de dinero negro que pasó por paraísos fiscales y que estaba dirigido para la comisión de un delito.

Banquillo y complicada absolución

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ya ha transmitido a los abogados de Romy el mensaje de que, si no llega a un acuerdo rápido, activará de manera inmediata el proceso de extradición de España a Estados Unidos: Tras ese paso no habrá marcha atrás, será juzgado en la Corte Federal de Brooklyn, que cuenta en su poder con suficientes pruebas como para dictar una sentencia condenatoria.

OKDIARIO ha intentado contactar con Gerard Romy, que reside en la actualidad en Barcelona tras abandonar Estados Unidos en medio del proceso, pero las gestiones han resultado infructuosas.

Según las fuentes consultadas por este diario, Romy tiene dos opciones para salir adelante en el FIFAgate. La primera: luchar por eludir la extradición a Estados Unidos y que la Audiencia Nacional le dé la razón y, al mismo tiempo, retrasar el proceso. La segunda: negociar con la Fiscalía lo que en Estados Unidos se denomina un guilty plea (declaración de culpabilidad), lo que le supondría una fuerte multa pero, posiblemente, una rebaja importante en los años de condena.

No obstante, las mismas fuentes señalan que, en un proceso tan largo y avanzado, la Fiscalía sólo pactará con Remy si aporta datos nuevos y desconocidos para la investigación, que impliquen a los máximos responsables de Mediapro.

La Fiscalía de Nueva York intentará profundizar en la supuesta trama urdida desde España para corromper a los dirigentes de la FIFA. Esa investigación pondría a Jaume Roures y Tatxo Benet -entonces socios e integrantes junto a Romy del triángulo de poder en la productora catalana- en el punto de mira de la Justicia norteamericana.

Dependiendo de la fuerza con la que Romy tire de la manta, los fiscales del caso podrán revisar, en menor o mayor escala, los años de cárcel de su condena y la cuantía de la multa.

La Fiscalía y la Corte Federal de Brooklyn desde hace meses vienen mostrando su malestar por el comportamiento de Gerard Romy y de dos ejecutivos de la Fox, Hernán López y Carlos Martínez, que durante los cinco años que dura el proceso lo han estado enredando y dilatando.

El pasado 8 de abril, a causa del confinamiento del coronavirus, los dos ejecutivos de la Fox -López y Martínez- que se enfrentan a las mismas condenas que Romy, declararon por videoconferencia ante la jueza de Brookly, Pamela K. Chen. Como se declararon inocentes y se negaron a negociar con la Fiscalía, se vieron obligados a depositar una fianza de 15 millones de dólares (13,8 millones de euros) para poder seguir en libertad. La cuantía de la señal impuesta vislumbra la dureza con la que va a actuar la Fiscalía en este proceso, algo que coloca a Gerard Romy en una situación muy comprometida.

Las acusaciones de la Justicia americana, que no descansa ni en medio de la pandemia del coronavirus, incluye además a los propietarios de la empresa Full Play, que durante los sobornos eran socios estratégicos de Mediapro en Argentina.

Mediapro ya fue condenada a 20 millones

No es la primera vez que el holding del propietario del diario podemita ‘Público’, Jaume Roures, se ve obligado a enfrentarse a la acción de la Justicia neoyorquina. Ya en 2018 tuvo que pactar el pago de una multa de más de 20 millones de euros (25 millones de dólares) por el fifagate.

Con aquel desembolso de dinero evitaba que las autoridades judiciales americanas siguieran investigando las conductas delictivas del grupo, algo que inquietaba a Roures y a su socio Tatxo Benet, los máximos responsables de Mediapro e Imagina.

Mediapro, por tanto, ya asumió su culpabilidad por los sobornos a altos cargos de las asociaciones caribeñas de la FIFA para hacerse con las retransmisiones de los partidos de fútbol de la fase de clasificación de los mundiales de 2014, 2018 y 2022.

Cuando saltó el escándalo, Jaume Roures y Benet desviaron toda la responsabilidad sobre aquellas prácticas corruptas hacia sus altos cargos de la delegación de Miami, en la filial de Mediapro/Imagina en Estados Unidos, que entonces se llamaba Media World. Dos de sus ejecutivos se declararon culpables, al tiempo que el empresario trotskysta se lavaba las manos. Las investigaciones, en cambio, averiguaron que la trama llegaba a Madrid y Barcelona desde donde se hicieron los pagos.

Fuentes de Mediapro aseguraron a OKDIARIO que Gerard Romy era una pieza importante dentro del entramado de Mediapro, pero que cualquier decisión que adoptara siempre estaba condicionada a la última palabra de Roures: «Aunque fuera uno de los fundadores del grupo audiovisual resulta imposible que pagara sobornos sin el conocimiento y el visto bueno de Roures», manifestó un ex directivo de la productora catalana que colaboró con el editor trotskysta.

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29-04-2019

Roures traicionó a su nº 2 al negociar una multa con la Fiscalía de EEUU y no incluirlo en el pacto

Jaume Roures traicionó a su amigo, socio fundador y número dos de Mediapro, Gerard Romy, cuando pactó con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York el pago de una multa de 20 millones de euros. De esa manera, podía saldar la responsabilidad de la productora catalana en los sobornos a directivos de la FIFA, en el conocido como Fifagate.

Roures, para salir de un atolladero que colocaba a Mediapro al borde del precipicio, dejó tirado a quien había sido su socio y hombre de confianza durante dos décadas. Romy, el CEO de Mediapro, había actuado de intermediario, en nombre de Media World, la filial del holding con sede en Miami, en el pago de las mordidas a los altos cargos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de los Mundiales de fútbol.

Sus contactos y el pago de varios millones de dólares a los corruptos de la FIFA dejaron un rastro suficiente para que los agentes del FBI desmontaran aquella trama corrupta, cuyo tufo llegaba hasta la sede de Mediapro en Barcelona.

Cuando parecía que Mediapro iba a servir de paraguas para proteger a su ejecutivo que había actuado en nombre de la empresa, Roures prefirió que Romy y otros ejecutivos se convirtieran en los chivos expiatorios de las mordidas ilegales investigadas por el FBI.

En un principio, el acuerdo era que la productora negociara con la Fiscalía norteamericana una multa después de reconocer su culpabilidad, lo que en el argot judicial de Estados Unidos se conoce como Non Prosecution Agreement (‘acuerdo de no enjuiciamiento’). Pero, finalmente, esa negociación no incluyó la protección de su CEO. Desde entonces, Romy se queja a quien lo quiere escuchar de que su amigo Roures lo traicionó.

Y el comportamiento desleal de Mediapro no acabó ahí. La Presidencia de la compañía apretó aún más la soga en el cuello de Romy cuando asumió ante la Fiscalía de Nueva York los pagos realizados a los corruptos directivos de la FIFA. Desvió toda la atención sobre la filial de Mediapro en Miami, que había recibido el dinero de la portuguesa Medialuso. Roures llegó aún más lejos: facilitó al tribunal de Nueva York toda la documentación de su tentáculo en Estados Unidos, Media World.

El dinero era de Mediapro

Con toda esa información en poder de la Fiscalía de Nueva York es casi imposible que Romy pueda salir airoso del proceso judicial. A mediados de marzo fue procesado por la Corte Federal de Brooklyn por los delitos de pertenencia a crimen organizado, que incluye la extorsión y la coacción; fraude electrónico y blanqueo de dinero, que pasó por paraísos fiscales y fue utilizado para la comisión de un delito. Parte de todo ese dinero, facilitado por Medialuso Portugal, fue destinado para reunir los 2,7 millones de euros que pagaron de una tacada al presidente de la CONCACAF, Jeff Webb.

En los años en los que se cometieron los delitos de soborno, Romy como CEO era el tercer directivo de la cúpula de Mediapro y hombre de confianza de Roures. Quienes conocen por dentro las entrañas del grupo audiovisual catalán mantienen que «cualquier decisión de Romy tuvo que recibir antes el visto bueno del trotskysta Roures».

Las mismas fuentes señalan que Romy siempre tuvo dependencia de su socio y amigo. Aunque disponía del mismo número de acciones, el editor del diario podemita ‘Público’ estaba por encima de él. Cuentan que cuando estalló el escándalo de Roures en Barcelona por ayudar a unos proetarras, la dirección de la cadena catalana TV3, donde ambos trabajaban, decidió despedirlos. Sin embargo, el compañero de viaje de los independentistas fue trasladado de la sección de Noticias a la de Deportes, mientras Romy sí fue despedido. Más tarde, acabó trabajando para una televisión privada y fundando Mediapro.

Chivo expiatorio

Como ha sucedido en el caso FIFA, Romy se convirtió entonces en el chivo expiatorio. Un ex alto directivo de Mediapro destaca a OKDIARIO que, en la productora audiovisual, todas las decisiones se tomaban entre los tres fundadores –Roures, Benet y Romy– aunque siempre prevalecía la última palabra del trotskysta.

Antes de que Romy fuera procesado por el Tribunal de Nueva York, otros dos ejecutivos de la filial Media World fueron abandonados a su suerte por Mediapro y Roures. Ambos llegaron a un pacto con la Fiscalía y se declararon culpables. Gracias a ello, hoy día siguen en libertad.

Las relaciones entre Roures y Romy han cambiado en los últimos tres años. A finales de 2017, ambos establecieron un pacto de no agresión. El acuerdo conllevaba el compromiso de Romy de no declarar contra Ciudadano Roures en el proceso que se seguía contra Mediapro en los tribunales de Nueva York. El compromiso estaba principalmente motivado por la venta al fondo de inversión chino Orient Hontai Capital del 53,5% de las acciones de Mediapro. La operación fue cerrada en el primer trimestre del 2018. Los fundadores de la productora querían ganar tiempo para no interferir en la venta de las acciones al grupo chino. De ese paquete, el 12% correspondía a Romy, una inversión que le iba a reportar unos 276 millones de euros.

En el círculo próximo a Romy comentan que el ex ejecutivo de Mediapro dispone de suficiente dinero para afrontar la multa de la Fiscalía norteamericana. Y ese sería un motivo suficiente para propiciar un acuerdo con los investigadores del Fifagate: dinero por menos años de cárcel.

La compañía de Jaume Roures, Mediapro SL, reconoce en su página web mediante una nota de prensa que acaba de hacer pública, que responsables de la compañía pagaron mordidas millonarias a altos directivos de la FIFA para obtener los derechos televisivos del Mundial de fútbol. En 2018 la empresa del multimillonario podemita fue condenada a pagar una multa de más de 20 millones de euros (25 millones de dólares) por el conocido como FIFAgate y la Justicia de Nueva York  le obligó a reconocer públicamente la condena.

La nota de prensa que ahora publica el empresario trotskysta dice lo siguiente: «Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCACAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022 (conjuntamente, los «Derechos de los Clasificatorios») vulnerando la legislación de los Estados Unidos».

Explica que «dicha conducta delictiva estuvieron implicados tres empleados, dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex co-director general de Imagina, aceptó el pagode un soborno de 1,5 millones USD a fin de adquirir los derechos de
los clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de 500.000 USD de dicha cantidad total».

Condena por sobornos 

Mediapro se vio obligado a pagar una multa de más de 20 millones de euros (25 millones de dólares) por el caso de los sobornos a directivos de la FIFA, a fin de conseguir los derechos audiovisuales del fútbol.

Con aquel desembolso de dinero se evitaba que las autoridades judiciales americanas siguieran investigando las conductas delictivas del grupo, algo que inquietaba a Roures y a su socio Tatxo Benet, los máximos responsables de Mediapro e Imagina. Un comportamiento mafioso que investigaron los agentes del FBI durante más de tres años y que la Fiscalía de Nueva York completó para presentar los cargos de fraude.

Mediapro, por tanto, se vio obligada a asumir los delitos de los sobornos a altos cargos de las asociaciones caribeñas de la FIFA para hacerse con las retransmisiones de los partidos de fútbol de la fase de clasificación de los mundiales de 2014, 2018 y 2022.

Cuando saltó el escándalo, Roures y Benet desviaron toda la responsabilidad en aquellas prácticas corruptas hacia sus altos cargos de la delegación de Miami, en la filial en Estados Unidos de Imagina, que entonces se llamaba Media World. Dos de sus ejecutivos se declararon culpables, al tiempo que el empresario trotskysta se lavaba las manos. Un extremo que Roures recalca ahora en su nota de prensa al asegura que: «Los tres (trabajadores) fueron despedidos y apartados de la gestión del Grupo Imagina o cualquiera de sus filiales desde diciembre de 2015».

Las investigaciones, en cambio, averiguaron que la trama llegaba a Madrid y Barcelona desde donde se hicieron los pagos. Era poco creíble que decisiones de tal envergadura, que comportaban grandes cantidades de dinero, se adoptaran en una sucursal en el extranjero sin pasar por la cúpula de Mediapro.

El fiscal del caso, Richard Donoghue, lo dejaba muy claro en una nota de prensa: «Las empresas que operan en Estados Unidos tienen la obligación de asegurarse de que sus directivos no se implican en una conducta corrupta».

Tras el acuerdo con la Fiscalía neoyorkina, la matriz española de Mediapro se comprometía a pagar una multa de 11 millones de euros e Imagina USA, el resto. Los nueve millones de euros incluían otras sanciones así como la restitución económica del soborno a diferentes asociaciones de la FIFA: a la Unión Caribeña de Fútbol (2,5), a la Federación Hondureña de Fútbol (1,4), a la Federación de Guatemala (0,7), a la Federación de Costa Rica (0,5) y a la Federación de El Salvador (0,5). La multa obligaba a Mediapro a la devolución de los beneficios obtenidos por medio de los sobornos y pagos irregulares.

Según las pesquisas del FBI, el grupo Mediapro llegó a pagar 5,5 millones de euros en sobornos para conseguir la retransmisión de los partidos de fútbol sólo en la zona del Caribe.

El grupo Imagina/Mediapro durante el juicio en Nueva York reconocieron que los pagos irregulares comenzaron en 2008 e insistieron en que los responsables estaban ubicados en Miami. En la ciudad de Florida, Roures había posicionado su grupo hacía casi 20 años para ofrecer productos de televisión a la población hispana.