Miquel Nadal Buades (Unió Mallorquina) dimite como Consejero de Turismo de Baleares y trastoca el Gobierno de José Antich (PSOE)

El Tribunal Superior de Baleares ha imputado a la presidenta del Parlamento de las Islas y líder del partido Unión Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, por varios delitos relacionados con la adjudicación de un solar público por la mitad de lo que ofrecía otra constructora. El caso, ocurrido durante la legislatura pasada, tiene de común con centenares de otros de corrupción la relación entre el negocio inmobiliario y el poder político; y de singular, que ese poder sea el de un pequeño pero decisivo partido.

La acumulación de poder favorece generalmente los abusos y la impunidad, pero no siempre ese poder depende de los votos. Hay situaciones en las que no es la mayoría absoluta, sino su ausencia, lo que otorga una influencia desproporcionada a fuerzas minoritarias pero capaces de decantar la mayoría de Gobierno. Munar y su partido se definen como nacionalistas moderados y de centro, pero hay razones para pensar que, más que por motivos ideológicos, han adoptado esa posición con el fin de poder pactar indistintamente con unos o con otros, según convenga.

UM lleva muchos años condicionando el signo del Gobierno de la comunidad autónoma, pero también del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma. En la anterior legislatura cogobernó las islas en alianza con el PP, y ahora lo hace con los socialistas y una constelación de minúsculos partidos. Con sólo tres de los 59 escaños, Munar preside el Parlamento balear; por la razón de que esos pocos escaños bastarían para dar la mayoría al PP.

Seguramente no es casual que ese poder haya sido canalizado por UM hacia el terreno del urbanismo y la obra pública de Mallorca, que controla desde hace 14 años con independencia del color político de la alianza gobernante. El cruce entre política y ladrillo produce comisiones: la arbitrariedad en la formulación de las condiciones de adjudicación sirve con frecuencia para canalizar la decisión hacia un determinado constructor, a cambio de la correspondiente cantidad.

En este caso se establecieron unas condiciones estéticas y de plazo que podían servir de coartada para que el criterio de la cantidad no fuera determinante. Pero aun así, preferir la oferta de 30 millones a la de 60 millones de la empresa que denunció el hecho sólo se explicaría por la existencia de comisiones ilegales. Es lo que justifica la investigación judicial.