Muere el cartero José Antonio Cardosa Morales al estallarle en la cara un paquete bomba dirigido al concejal de Herri Batasuna Ildefonso Salazar

LAS CIRCUNSTANCIAS en que se produjo la explosión de una carta bomba que costó la vida al cartero de 22 años José Antonio Cardosa hacen verosímil la hipótesis de un atentado criminal dirigido contra el militante de Herri Batasuna (HB) Ildefonso Salazar, vecino del inmueble en cuyo portal estalló aquélla. El hecho de que esta persona haya sido detenida varias veces por presunta vinculación con ETA, y de que, tras una de esas detenciones, presentase una denuncia por malos tratos por la que sería condenado un teniente de la Guardia Civil, abona las sospechas sobre el origen de dicho atentado.Tal hipótesis resulta en cualquier caso menos inverosímil que la de un montaje de la propia ETA para desacreditar a las fuerzas de seguridad, como se ha apuntado desde algunos medios. Entre ambas caben otras posibilidades que no habría que descartar en principio, como la de una acción privada de venganza por parte de alguna víctima directa de ETA o sus allegados. Por ello, el rápido esclarecimiento de los hechos, sin descartar ninguna línea de investigación, es un imperativo de justicia.

Pero es, además, una exigencia de cualquier estrategia democrática orientada a la erradicación del terrorismo. Como acertadamente ha señalado Xabier Arzalluz, el final de ETA será consecuencia, ante todo, de la interiorización por parte de los terroristas del rechazo que su acción suscita en la población vasca. Ese rechazo, muy intenso ya pero no unánime todavía, es inseparable de la experiericia por parte de los ciudadanos de la superioridad moral del sistema democrático. Y esa superioridad se expresa muy, especialmente en la capacidad para perseguir y castigar cualquier eventual vulneración de la legalidad incluso por parte de sectores del aparato estatal.

El cinismo insuperable exhibido por los portavoces de HB en las últimas horas demuestra el abismo de abyección moral en que han caído esos obedientes vicarios de la autoridad militar. El atentado de Rentería sería un «crimen de Estado», un nuevo «episodio de la guerra sucia», consecuencia «directa del pacto de Ajuria-Enea». Pero el envío por parte de ETA de cartas bomba como la que hace unos días acabó con la vida de un pescadero en Bilbao, o la que segó la de la madre de un funcionario de prisiones en Granada, o la que mutiló a un delineante en Irún, no serían sino desgraciados «episodios de la justa lucha de liberación nacional» y, en cualquier caso, no es misión suya pronunciarse sobre «técnicas de lucha armada». Sabido es que ni la lógica ni la moral son puntos fuertes de quienes de esa guisa razonan, pero ¿acaso piensan que sus compatriotas son tan ciegos como para no ver la contradicción flagrante en que incurren? Hace falta mucha miseria intelectual y moral para rasgarse las vestiduras ante los métodos violentos cuando afectan a alguno de los suyos y ensalzarlos cuando ETA los emplea bajo todas las formas posibles contra indefensos ciudadanos de la más variada condición.