16 agosto 2005

Nueva tragedia para el Ejército: fallecen 17 militares al caer el helicóptero Cougar en el que viajaban en un vuelo de reconocimiento en Shindand, cerca de Herat (Afganistán)

Hechos

La accidente se produjo el 16 de agosto de 2005.

24 Agosto 2005

Resentimiento trágico

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El debate que siguió a la comparecencia del ministro Bono sobre la muerte de 17 militares españoles en Afganistán puso de relieve la artificiosidad de la bronca buscada por el PP, venga o no a cuento. A diferencia de otros grupos, socialistas y populares están de acuerdo en lo esencial: el sentido de la participación del Ejército en misiones como la desempeñada en ese país asiático. No se entiende, por ello, que un desgraciado accidente pueda servir de pretexto para que el portavoz del PP cuestione oblicuamente esa misión y escenifique un desabrido enfrentamiento con el ministro de Defensa y, en perspectiva, con el presidente del Gobierno.

A no ser que de lo que se trate sea de utilizar el accidente de Afganistán para proyectarlo sobre el pasado con ánimo autoexculpatorio: sobre el accidente del Yak-42, por un lado, y con la intervención en Irak, por otro. La idea sería que, en el fondo, la gestión de la crisis del accidente de Turquía, en el que perecieron 62 militares que regresaban de Afganistán, no fue tan distinta de la que han hecho Zapatero y Bono del accidente del 16 de agosto; para ello tuvo que dar pábulo a versiones inverosímiles sobre el accidente de ahora e ignorar los desastres de la contratación de los aviones e identificación de las víctimas de 2003.

Zaplana recurrió de nuevo a la retórica del «yo no voy a decirle a usted» algo que ya había dicho. «Nosotros no vamos a llamar cobarde al presidente del Gobierno, ni a decirle que se esconde tras su ministro de Defensa», dijo tras acusar a Zapatero de rehuir el debate e incumplir su compromiso de someter al Parlamento cualquier decisión sobre misiones exteriores de las Fuerzas Armadas. Pero la realidad es que Zapatero ha hecho todo menos ocultarse. Pudo haber comparecido personalmente, pero dar explicaciones de un accidente como el que se produjo corresponde más bien al ministro: otra decisión habría desvalorizado un cargo de gran relevancia institucional en los sistemas parlamentarios. Así lo entendió ayer la mayoría de la Mesa del Congreso al rechazar mayoritariamente la petición planteada por el PP.

En julio de 2004 se votó en el Congreso, de acuerdo con el compromiso de Zapatero, la autorización para unas misiones concretas en Afganistán, amparadas por Naciones Unidas. Ulteriormente, el Gobierno ha pedido, en la comisión de Defensa, en dos ocasiones, autorización para otras misiones específicas, en el marco de la presencia nunca interrumpida de tropas en aquel país. La última vez, el 22 de junio pasado, para una misión relacionada con la seguridad del proceso electoral en curso en Afganistán. La autorización fue concedida, aunque es cierto que no se votó en el pleno. La ley de defensa nacional, en tramitación, establecerá los mecanismos concretos de consulta al Parlamento para ampliaciones o modificaciones de misiones en el exterior como las reseñadas. Lo absurdo es que el PP, que respaldó la autorización solicitada, ponga ahora en duda que hubo consulta al Parlamento.

Zaplana también le dijo a Bono que no se equivocase de adversario, que su partido no pediría la retirada de las tropas de Afganistán «como han hecho sus aliados». Lo pidieron Rodríguez, del BNG, y Llamazares, de IU, partidos que siempre se han opuesto al envío de tropas al exterior. Sin embargo, ambos se aproximaron peligrosamente a los planteamientos del PP al equiparar, con matices, la intervención en Irak y en Afganistán. La acusación implícita (explícita en el caso de Zaplana) fue que Zapatero había exagerado su compromiso en Afganistán para hacerse perdonar su retirada de Irak. Es posible que el Gobierno haya querido marcar la diferencia, pero en ello hay una gran sintonía con la opinión pública, que sí distingue entre una presencia solicitada por la ONU y otra decidida unilateralmente por EE UU, aunque ambas sean de naturaleza militar.

Es falso que se ocultasen los riesgos, y corresponde a un prejuicio ideológico esa insistencia en que el Ejército no es una ONG. Muchas misiones humanitarias y de impulso o consolidación de la democracia requieren de unas condiciones de seguridad que un Estado tan débil como el de Afganistán no pueden garantizar. Y a los españoles les parece bien que una parte de sus militares profesionales participe en esas tareas: una forma de ayudar y a la vez de mantenerse en activo y preparadas.