‘Operación Ballena Blanca’: Gran redada en Marbella contra el blanqueo de capitales en tordo al bufete Del Valle Abogados

La alcaldesa de Marbella ha pedido más efectivos policiales y el regreso de la Guardia Civil para luchar contra las mafias instaladas en la zona. Es la repuesta a la inquietud ciudadana manifestada tras los asesinatos, el pasado sábado, de un niño de siete años y un ciudadano italiano a manos de tres pistoleros que efectuaron al menos 50 disparos contra las personas que se encontraban en el interior de una peluquería situada en los bajos de un hotel. Una de las pancartas que portaban los ciudadanos que se manifestaban contra esos crímenes reproducía la siguiente ecuación: «Corrupción más especulación, igual a mafia».

Este caso ha creado mayor alarma porque es el primero que se ha ejecutado de manera indiscriminada, pero en lo que va de año ya ha habido cuatro muertos y ocho heridos en episodios similares, atribuidos por la policía a ajustes de cuentas entre mafias. La delincuencia organizada tiende a implantarse en localidades costeras, pero la elección de unas u otras no suele ser casual. En Marbella han sido últimamente las mafias rusas las más proclives a tales ajustes. Una investigación realizada en 2000 reveló que la instalación de sus padrinos en la Costa del Sol no significaba que cometieran sus crímenes y realizaran sus tráficos ilegales en la zona; en ella se instalaban por razones de clima y facilidades para la inversión, especialmente en el sector inmobiliario. De lo que sí hay constancia es de intentos de extorsión, a veces exitosos, entre mafias o jefes rivales. La consecuencia son los ajustes de cuentas.

La ecuación que relaciona especulación y corrupción con los crímenes de las mafias no es, por tanto, gratuita. Marbella ha sido durante años el paraíso de la gestión corrupta, que ha tolerado, cuando no amparado, la especulación urbanística más desbocada. Ha sido también una ciudad en la que desde la alcaldía se ha relativizado el valor de la ley y en la que se han llegado a robar de los juzgados 15 sumarios, de los que 13 trataban de causas abiertas contra el alcalde, y en la que una juez fue expulsada de la carrera judicial por actuar en casos relacionados con intereses de sus familiares. De aquellos polvos, estos lodos.

En Marbella se ha puesto en marcha estos días una gran operación policial para desarticular lo que se ha calificado como la mayor red europea de blanqueo de dinero del crimen organizado, con ramificaciones que se extienden a Estados Unidos y Canadá. El valor de lo incautado sólo en España asciende a 250 millones de euros, pero la policía habla de que la cifra real podría triplicarse o hasta cuadruplicarse. Droga, prostitución, armas, evasión fiscal, etcétera, todo envuelto en una trama en la que aparecen cientos de compañías -muchas ficticias, otras con sede en Gibraltar- y cuyo destino habría sido la especulación inmobiliaria. La policía española insiste en que dinero de Yukos estaría también en la red, pese a que la petrolera rusa lo haya negado. Ciudadanos españoles, franceses, británicos y rusos figuran en la lista de acusados, en la que figuran un afamado abogado hispano-chileno afincado en Marbella y tres notarios.

El capitalismo gansteril se ha beneficiado con frecuencia de la globalización financiera, que hace cada vez más difícil distinguir entre actividades económicas legales o criminales. Más de 600.000 millones de dólares circulan al año por el mundo provenientes del narcotráfico u otras actividades ilegales. Ya se ha visto lo fatigoso que resulta, por ejemplo, congelar cuentas de grupos presuntamente terroristas. Pero lo que está claro es que si las sociedades democráticas no se protegen contra esta práctica, las mafias acabarán con ellas. De ahí la importancia de que se fortalezcan medidas para perseguir a los países que permiten estas redes y castigar a individuos que por su cargo ejercen más responsabilidad (jueces, funcionarios, abogados, policías, etcétera).

En esta ocasión, la cooperación policial internacional ha funcionado bien en una labor de intercambio de información que arrancó hace dos años. Pero de nada servirá ahora o en otras futuras operaciones de este calibre que todo acabe simplemente con el encarcelamiento de los culpables, si no se logra descabezar la trama de estas organizaciones.

La llamada Operación Ballena Blanca pone, por último, en evidencia la mala salud social de una ciudad como Marbella, donde desarrollan sus actividades desde hace ya una larga década diversas mafias, principalmente rusas, ante la laxitud o la connivencia de sus autoridades. Lo que en un principio pudo ser visto por algunos ingenuos como un interés por un bonito lugar de descanso se ha convertido en un peligroso foco de atracción de operaciones delictivas que obligó al Gobierno a designar, el pasado diciembre, un fiscal antimafia para la ciudad.

La colaboración entre los cuerpos policiales de España y Portugal permitió ayer desarticular una banda organizada que actuaba en la Costa del Sol y se dedicaba al blanqueo de dinero procedente de la venta de drogas. Los agentes detuvieron a cuatro integrantes de la mafia, dirigida por portugueses, que habían intentado lavar unos 40 millones de euros destinándolos a la construcción de apartamentos de lujo.

El sur de España se ha convertido en un foco de actuación de las mafias internacionales, como demuestran las continuas intervenciones policiales contra ellas. Posiblemente sólo podemos percibir la punta del iceberg de otro gran entramado de delincuencia. Hace un mes, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, informaba oficialmente de que en el tiempo transcurrido desde principios de año la Policía había desarticulado ya 29 bandas en la Costa del Sol y había detenido a 591 personas. Los datos son aún más preocupantes si se tiene en cuenta el enorme volumen, alcance y capacidad de sus actividades.

El ejemplo paradigmático es la operación Ballena Blanca, llevada a cabo en marzo de 2005, y en la que fueron detenidas 48 personas, entre ellas siete abogados y tres notarios, que se dedicaban a blanquear dinero procedente de distintos países y organizaciones hasta alcanzar la cifra de 350 millones de euros. Se sospecha que una parte procedía del dinero detraído de la petrolera rusa Yukos. La banda tenía ingentes recursos materiales como barcos, aviones, pisos, hoteles y coches de lujo.

Además de la operación Ballena Blanca ha habido un sinfín de intervenciones en la Costa del Sol que ilustran todas las formas imaginables del crimen organizado. Hay que preguntarse cómo ha podido llegarse a esta situación.

Sin duda, la permisividad que mostró el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil hacia los ladrones de guante blanco atrajo a muchos capos hacia la ciudad malagueña. Por otra parte, la cercanía de Gibraltar, paraíso fiscal en el que se inscriben muchas de las empresas tapadera empleadas para el blanqueo, añade un elemento necesario para el cóctel. Y por último, la fuerte actividad inmobiliaria de la Costa del Sol da una oportunidad única a las bandas para invertir grandes cantidades de dinero negro en negocios aparentemente limpios. En ese sentido, hay que tener muy en cuenta las palabras del presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, quien en marzo de 2005 reconoció que el dinero procedente de las actividades de las mafias suponía una fuerte inyección para la economía de la zona.

Por todo ello, hay que lamentar que el Estado haya permanecido durante años sin aplicarse con vigor a la persecución de las mafias organizadas. En enero de 2005, por fin, el Ministerio de Interior creó el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), que ha centrado su trabajo en la Costa del Sol y al que cabe atribuir parte de los éxitos policiales de este año. Pero, dado el reto al que nos enfrentamos, no es suficiente.El Ministerio no sólo debe reforzar la exigua dotación del GRECO y extender además su actividad a otras zonas de España, sino que debe cumplir su promesa de crear una unidad policial especializada en delitos económicos y fiscales y volcarse en la persecución de las redes de blanqueo, que tienen su epicentro en la Costa del Sol.

Lo que se va conociendo de la llamada Operación Ballena Blanca, tras desvelar el juez instructor una parte de la investigación, no sólo confirma la magnitud de la red de blanqueo de dinero negro de origen presuntamente delictivo detectada hace dos años en Marbella, sino la amplitud de los circuitos jurídicos y financieros involucrados en su cobertura legal. Este aspecto es quizá lo más preocupante del asunto: la falta de escrúpulos con que determinados profesionales del derecho y responsables de entidades bancarias ponen sus conocimientos y medios al servicio de un negocio criminal para otorgarle respetabilidad y darle visos de legalidad.

El levantamiento parcial del secreto del sumario ofrece una radiografía detallada del recorrido del dinero negro en la Costa del Sol malagueña procedente de las más variadas actividades delictivas -narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, evasión fiscal…- y cuyo destino fundamental es la especulación inmobiliaria. El sumario acumula ya 58 acusados entre profesionales tan característicos como abogados, notarios, empresarios, promotores inmobiliarios y, desde hace un mes, un alcalde, el de Manilva (Málaga), lo que es una muestra más de la corrupción política que suele acompañar a esta actividad delictiva que ha encontrado un campo abonado en Marbella, durante años el paraíso de la gestión corrupta.

De la magnitud de la red de blanqueo investigada da cuenta el valor de lo confiscado hasta ahora en 28 entidades bancarias, que asciende a 72 millones de euros, y la intervención judicial de 400 inmuebles. Pero lo más grave es que este negocio criminal pudiera encontrar amparo en un despacho jurídico -el de un afamado abogado hispano-chileno afincado en Marbella y que figura entre los acusados- que se prestó presuntamente a camuflarlo en sociedades ficticias o domiciliadas en Gibraltar y en otros paraísos fiscales, en notarios que se avinieron a la constitución y registro de esas sociedades, y en responsables bancarios que coadyuvaron a ese negocio con la concesión de préstamos insuficientemente garantizados y condicionados, en ocasiones, a futuras e hipotéticas recalificaciones de suelo.

Será la justicia la que determine el alcance y el carácter de esa connivencia jurídico-profesional con un capitalismo gansteril que expande la corrupción y distorsiona el buen funcionamiento del sistema económico-financiero. Pero no sólo corresponde al Estado atajar ese mal con leyes rigurosas contra quienes colaboran en el blanqueo de dinero de origen ilícito y no respetan las reglas. Esa batalla también concierne y debiera preocupar a los sectores profesionales e instituciones financieras que, por su función, se ven abocados a entrar en contacto con un mundo oscuro, de difícil deslinde a veces entre lo legal y lo criminal.