Operación Pitiusa: Desarticulada una red de espías liderada por Juan Antonio Rama Menéndez que traficó con información, entre otros, de Telma Ortiz y al marido de Dolores Cospedal

La operación Pitiusa ha levantado una auténtica polvareda en el sector de la seguridad privada. La Policía informó en dos fases de una operación contra una trama dedicada a la comercialización de datos privados.

Según la información oficial, la trama desmantelada por la Unidad Central de Seguridad Privada se dedicaba a tráfico de datos personales y empresariales; robaban básicamente vidas laborales que luego eran vendidas al sector de la seguridad privada. El amplio dispositivo policial desplegado en las últimas dos semanas en 11 comunidades autónomas se ha saldado además con la práctica de 46 registros. Entre los arrestados, a quienes según los casos se atribuye presuntamente la comisión de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, hay 40 detectives privados; 15 empleados públicos y otras 33 personas entre empresarios, asalariados y particulares.

Según los datos policiales, los detectives detenidos, imputados y ya todos en libertad, compraban datos privados a los funcionarios públicos. Y entre estos funcionarios había dos guardias civiles ajenos a los servicios centrales, un policía local de Barcelona y un mosso.

El malestar en el sector de los detectives privados es monumental. Y es que la cooperación de este importante sector de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es enorme. Son muchas las operaciones que llevan a cabo tanto Policía Nacional como Guardia Civil y, en menor medida, por las policías autonómicas, que cuentan con una importante colaboración por parte de los detectives privados. Y no son pocas las que nacen precisamente de lo que ahora la Policía está persiguiendo. Es decir, los detectives, a través de contactos, obtienen informaciones sobre sus investigados. Esos datos son los que sirven para avanzar en sus pesquisas, y que en algunos casos llevan a sospechas de hechos delictivos. En ese punto, los detectives contactan fundamentalmente con la Policía que inicial sus diligencias, que finalizan en los juzgados pertinentes. Y todo basado en datos obtenidos por vías no oficiales y a través de contactos. Eso sí, en la inmensa mayoría de los casos, ajenos a cualquier red como la perseguida por Interior.

La información oficial apuntaba que el origen de las investigaciones se sitúa en marzo de 2011, en torno a las actividades de un ex detective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Las averiguaciones llevadas a cabo por los investigadores apuntaban a que su conducta no se trataba de un hecho aislado. Al parecer formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional. La calidad de los datos con los que se comerciaba abarca desde matrículas de vehículos hasta historiales médicos o expedientes de la Agencia Tributaria. Estos datos otorgarían a sus poseedores una situación de ventaja frente a otras empresas de la competencia. Se han practicado 46 registros en Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia, en los que se han intervenido 380.000 euros.

Además de echar de menos cierta mano izquierda de la Policía con un colectivo que colabora y mucho con ellos, los detectives temen que esta actuación esté relacionada con la nueva legislación sobre seguridad privada.

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Un duro trato en la ‘operación Pitiusa’

Algunos de los detectives detenidos permanecieron 72 horas detenidos antes de pasar ante el juez. Los profesionales privados se quejan de que en algunos casos, bajo la acusación de comprar información privada, han sido sometidos al mismo trato que los terroristas.

Aseguran que fueron ‘engañados’ para que no contactaran con sus abogados y recurrieran a letrados de oficio a la hora de defenderse durante la ‘operación Pitiusa’.

Hablamos de la mayor red de tráfico de datos descubierta nunca en España. La policía ha investigado durante año y medio a varios detectives privados que conseguían para sus clientes casi cualquier dato íntimo de una persona.

Esta operación arrancó a principios del año pasado, un grupo de detectives privados alerta a la policía de que hay un antiguo colega que vende datos oficiales. Los agentes de la Unidad de Seguridad Privada de Barcelona comprueban que este pájaro gana dinero, por ejemplo, informando sobre matrículas de coches de algunas personas, los datos del DNI, si una persona tiene antecedentes penales o no… Se trataba de Sergio Córcoles, un antiguo detective privado que ahora trabajaba además como policía municipal en Santa María de Palautordera, un pueblo de unos 9.000 habitantes cerquita de Barcelona.

Y gracias a ser policía local este detective podía mirar en las bases de datos cualquier información privada y protegida por ley de muchas personas… Gracias a eso y a que tenía colaboradores que eran guardias civiles, mossos d’Esquadra y otros policías municipales de otros lugares de España, que también le miraban esos datos en otras bases informatizadas. El caso es que la policía vigila a Córcoles, pincha su teléfono y graba incluso cómo entrega sobres a varios detectives privados, que antes le habían llamado por teléfono pidiéndole datos de tal o cual ciudadano.

Así arranca entonces la operación Pitiusa. El nombre viene porque este Sergio Córcoles, el primer sospechoso, el objetivo en argot policial, se acababa de comprar una casa en Ibiza, en la isla pitiusa, isla entre pinos, posiblemente gracias a sus ingresos extra como detective pirata.

Tenemos un policía local que consigue y vende datos personales de ciudadanos inocentes y ajenos a esta práctica. Pero no es el único, hemos hablado de 189 detenidos. Era una red inmensa, que abarcaba casi toda España…

Los investigadores que han desentrañado esta tela de araña han descubierto que tenía mucha presencia en Madrid y Barcelona, pero que funcionaba en toda España. Hay detenidos también en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, las dos Castillas, Aragón, Andalucía, Valencia y Tarragona. Lo comparan con una tela de araña porque no hay un jefe único, un capo, y tampoco hay una fuente única, hay decenas de funcionarios que traficaron con datos íntimos de miles de españoles. Por ejemplo, en el Inem de Badalona, en la provincia de Barcelona, cuatro funcionarios conseguían lo que llamaban empanadillas o galletas, que eran los expedientes de personas inscritas en el servicio de empleo.

Una de ellas es Mercedes Gómez, que fue cuñada del actual ministro del Interior, Jorge Fernández, y que fue detenida en la operación policial. En las grabaciones del sumario algunos de estos funcionarios corruptos, en este caso del Inem, presumen de poder sacar datos confidenciales de 3.000 españoles al mes.

Algunos le pasaban gratis datos de matrículas de coches de ciudadanos o de multas a detectives privados que eran amigos. Pero la mayoría sí cobraban, sí. De hecho, a un funcionario jubilado del ministerio de Hacienda que fue detenido en la operación, los policías que registraron su casa le encontraron 100.000 euros en billetes que estaban escondidos en viejas cajas de cintas de vídeo.

Eso sí, las tarifas eran muy variadas. Lo más barato, por ejemplo, conocer los datos del DNI de una persona, 40 euros. Tener acceso a un informe médico confidencial de un ciudadano: 800 euros. Un informe completo, por ejemplo sobre ti, de la Seguridad Social, costaba 5.000 euros –bueno sobre ti sería más caro, suponemos–. Algo más podía valer conocer el estado de las cuentas corrientes que una persona tiene en su banco, la copia de la declaración de la renta completa de un ciudadano se vendía a unos 30.000 euros. Y la joya más cara, por la que se pagaban hasta 50.000 euros, era conseguir la copia del documento 347 de una empresa.

Este documento es una parte del Impuesto de Sociedades llamada actividad económica, en la que las empresas incluyen todos los clientes a los que han facturado más de 3.000 euros en un año. Pensemos en una empresa que quiere conocer el estado real de otra empresa de la competencia, porque quiere comprarla o fusionarse, o simplemente para saber cómo le van las cosas o qué clientes buenos tiene. Con ese papel confidencial y privado en teoría tiene una radiografía con todo detalle con la que luego puede trabajar, comerciar o chantajear.

Eso fue lo que intentaron hacer con Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia, así lo contamos en Interviú la pasada semana y se montó un gran revuelo

Alguien –luego hablaremos de los clientes, los que pagaban por esta trama– encargó conseguir la vida laboral de Telma Ortiz Rocasolano a una agencia de detectives y esta contactó con una funcionaria acusada ahora en la operación Pitiusa. La idea era, suponemos, tener material contra Telma, que había sido contratada en 2009, no sin polémica, por el ayuntamiento de Barcelona como subdirectora de proyectos de Relaciones Internacionales con un sueldo de casi 55.000 euros anuales.

No sabemos cuánto se pagó. Sí parece que el cliente de la agencia de detectives que quería hurgar en la vida de Telma Ortiz estaba vinculado con el mundo de la prensa del corazón. La idea, parece, era conseguir datos sobre su curriculum para difundirlos luego en un programa de televisión que no iba a ser demasiado favorable a Telma y por extensión a su hermana Letizia.

Así están las cosas, con esas armas se está jugando o juegan algunos, por lo menos. Y nos parecía algo muy extravagante y lejano el escándalo de Inglaterra, donde por encargo de un periódico del señor Murdoch se llegó a pinchar el buzón de voz de una niña desaparecida.

Aquí no hemos llegado a tanto… Pero sí es cierto que determinado periodismo de investigación, al igual que en Inglaterra, a veces consiste solo en pagar a un detective porque consiga datos. Con todos los riesgos que eso entraña. En nuestro caso, la policía tiene 70 discos duros con los datos de los clientes y los encargos de muchas agencias de detectives del país. Si esos datos se incluyen en el sumario, seguro que habrá muchas sorpresas.

O sea, que es posible que no se incluyan, o que alguien está intentando que no se incluyan.

Vamos al otro espiado famoso por esta trama, Ignacio López del Hierro, más conocido últimamente por ser el marido de María Dolores de Cospedal, la número dos del Partido Popular y presidenta de Castilla La Mancha. ¿Quién le espía y para qué?

La agencia de detectives que hizo ese trabajo fue Vertex Consultants, una de las más prestigiosas –y caras– de Barcelona. Su cliente, el que encargó el trabajo, fue Marcos de Pedro, consejero delegado en España de Neoris International, una empresa de ingeniería informática con dueños y dinero mejicanos. Esta empresa, Neoris, iba a fusionarse o a ser absorbida por Amper, otra multinacional del sector. El ejecutivo no se fiaba y ordenó grabar una comida de varios directivos en un restaurante de Madrid para conocer sus intenciones.

Y entre esos ejecutivos estaba el marido de la señora Cospedal.  Primero aclaremos que el marido de Dolores de Cospedal asesoraba a las dos empresas y se iba a llevar una millonaria comisión si todo acababa bien, un poco (y salvando las distancias) al estilo del personaje de Richard Gere en Pretty Woman.

La comida espiada se celebró el 19 de septiembre en el restaurante Ten con Ten, del barrio de Salamanca, en Madrid. Dos mujeres detectives se sentaron en la mesa de al lado de donde comían el señor López del Hierro y otros ejecutivos y con un micrófono direccional grabaron lo que dijeron. La policía tenía pinchado el teléfono del detective y grabó el encargo, los preparativos y hasta encontró luego la cinta de esa grabación. Fue un trabajo que costó entre 15 y 20.000 euros.

Un trabajo que acabó mal, porque la esencia de la labor del espionaje es que no se sepa que existe.  Acabó muy mal. El directivo de la multinacional Neoris, Marcos de Pedro, fue despedido. El detective, Juan Manuel Olivera, fue detenido y su despacho registrado. Y el señor López del Hierro recibió las disculpas del jefe de la empresa mejicana, que le dijo que todo había sido una iniciativa disparatada de su hombre de confianza en España.

Hablamos de espionaje económico de alto nivel. Pero otras grandes multinacionales, como Dupont, se han visto salpicadas en asuntos más feos, como chantajear a algunos empleados… José Luis Badía, jefe de la asesoría jurídica de Dupont Ibérica, multinacional dedicada a la biotecnología y la agricultura, fue otro de los detenidos. Está acusado por recurrir a uno de los detectives privados implicados para conseguir despedir más barato a cuatro empleados de la compañía.

El detective se dedicó a pinchar los correos electrónicos, los mails de los cuatro empleados de Dupont sentenciados, digamos. Así se obtuvo información de su vida privada en busca de trapos sucios para apretarles y conseguir que aceptaran irse de la empresa por menos dinero del que les correspondía (hablamos de la etapa inmediatamente anterior a las últimas reformas laborales de Zapatero y Rajoy, claro).

En esta operación han sido arrestados muchos detectives, pero muchas veces hemos contado que los investigadores privados han dado grandes servicios a la policía…

Por supuesto que sí. Uno de los detenidos en Barcelona, sin ir más lejos, acaba de ayudar a los Mossos de Esquadra a esclarecer la desaparición de dos personas. Ese mismo detective ya aclaró otros crímenes en el pasado. Hay incluso un protocolo de colaboración, llamado red azul, que, digamos, bendice esa cooperación entre detectives y policías. Aquí hemos contado muchos casos en los que los investigadores privados han sido decisivos a la hora de desentrañar complicados entramados societarios o financieros o a la hora de localizar fugitivos.

Y en esta trama que parece casi de película, no falta un espía de verdad, de los profesionales…  Nos gusta la historia de Matías Bevilacqua, que comparte apellido con el guardia civil protagonista de varias novelas de Lorenzo Silva. En la vida real, este Bevilacqua era el hacker del grupo. Un experto informático, capaz de piratear el correo electrónico casi de cualquiera y que fue detenido en la operación, aunque por poco tiempo, porque fueron a rescatarlo.

Era un muy buen hacker. Por ejemplo, en el sumario consta que pinchó por encargo de la red el correo de un directivo de Minas de Río Tinto. El cliente quería saber si ese alto ejecutivo estaba dando un trato de favor al conocido chef Martín Berasategui al darle algunos contratos. En casa de Bevilacqua, la policía encontró 280.000 euros en metálico.

Pero la cosa se complicó porque cuando fue detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías que hacía trabajos delicados o sensibles como dicen ellos para los servicios de inteligencia españoles, el CNI. Y dijo que el dinero se lo había pagado el estado por esos servicios.

Bevilacqua dio a los policías que lo detuvieron un número de móvil y el nombre en clave del oficial de enlace del CNI para el que trabajaba, dijo que era un tal don Aquiles. Y ese don Aquiles, sea cual sea su nombre real, se identificó como cargo del espionaje español y respaldó su versión. El hacker es un colaborador leal del espionaje español, aunque hiciera digamos trabajos extra en sus ratos libres. Bevilacqua está en libertad y hasta ha pedido que se le devuelva el dinero que se encontró en su casa, lo que de momento, y hasta donde nosotros sabemos, no ha conseguido.

Hemos repasado los casos más mediáticos, con gente importante mezclada. Pero la mayoría de las víctimas de esta trama de tráfico de datos, miles de personas, recordemos, son gente anónima.

Muchos de los encargos contratados a los detectives venían de empresas aseguradoras. Somos campeones en absentismo laboral, y muchos detectives privados ganan buen dinero comprobando si esas enfermedades o dolores del trabajador de baja son reales. Se suele hacer siguiendo al enfermo y grabándole en vídeo, por ejemplo, haciendo footing, pero esta red eliminaba todo ese engorro.

Ya no necesitaban hacer trabajo de calle, tronchar–que traducido quiere decir vigilar, hacer guardias– al trabajador que está de baja… Una llamada bastaba para conseguir el informe médico confidencial del trabajador y saber así todas las dolencias reales que tenía, sus visitas a su médico de cabecera, al especialista… Así se hizo con una mujer de Canarias de la que, como ella no lo sabe aún, no vamos a dar el nombre.

Una trabajadora de una isla canaria que fue espiada por encargo de la empresa aseguradora que le pagaba la baja a su empresa. La mujer estaba de baja por una lesión en una rodilla. La aseguradora desconfió y encargó el trabajo a un detective privado de la comarca de Osona, en Barcelona. Y lo que hizo este detective fue sencillo: llamó por teléfono al centro de salud donde atendían a la mujer, puso acento canario –tipo Aneyma…– y dijo: «hola, soy el doctor xxx, que atendió a doña xxx en la isla de La Palma. Necesito el informe médico…» Y bingo.

También hay abogados y empleados de banco acusados en esta red. Varios abogados utilizaban estos detectives para conseguir rápidamente datos para un juicio. En la mayor parte de las veces eran procesos de divorcio en los que los detectives buscaban datos del dinero de uno de los dos cónyuges para saber cuánto podía pedir de pensión el otro. En cuanto a los bancos, algunos empleados vendían a los detectives directamente el estado de las cuentas corrientes de algunas personas investigadas.

Estas personas pueden ser acusadas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el artículo 197 del código penal, que se castiga con entre uno y cuatro años de cárcel.

La policía está repasando más de 70 discos duros de detectives con clientes y encargos de todo tipo. O sea, que va a haber más operación pitiusa, tendremos más sorpresas…

Y ojalá todos esos datos, esos libros de clientes, se incluyan en el sumario. No olvidemos que, en otros casos y por otros motivos, detectives privados han investigado, por ejemplo, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a varios futbolistas del Real Madrid, como Sergio Ramos, y del Barcelona, como Piqué, al propio presidente del Real Madrid, Ramón Calderón… Casi seguro que daría para otro Territorio Negro.

¿Se puede dirigir una organización criminal de 135 miembros con un móvil y desde un diminuto pueblo de unos 100 habitantes? Juan Antonio Rama Menéndez, Juanito, de 53 años, un asturiano natural de Muros de Nalón pero establecido en Tarrueza, a dos kilómetros de Laredo (Cantabria), no necesitó oficinas ni secretarias para manejar la enorme red de compra y venta de datos reservados.

Rama no tenía una estructura empresarial o comercial en la que sustentar su negocio. Su nombre aparece en varias páginas de Internet vinculado a una empresa de informes comerciales con domicilio en el número 31 de la calle de Recalde de Bilbao, pero estas señas son el despacho del detective privado Luis García, una mera tapadera.

Los pinchazos teléfonicos de la policía demuestran que Juanito dirigía la organización desde su casa en Tarrueza, un diminuto remanso de paz. Varias cuentas de correo electrónico y su teléfono móvil eran sus únicas herramientas de trabajo. No declaraba sus ingresos y cuando algún cliente le pedía factura recurría al detective Ramón Cot Romera para que la emitiera. “Las intervenciones telefónicas sirvieron para concretar que Juanito es la pieza clave en torno a la que gira gran parte de la actividad delictiva de toda la organización criminal, cuyo papel de intermediación entre el cliente que necesita el dato y la fuente que lo contiene está por encima del resto”, afirma un informe de la Policía Judicial.

La cartera de “productos” que ofrecía Rama era muy variada: titularidades, muebles o inmuebles, datos personales, datos con perfil fiscal o tributario, declaraciones de IRPF, impuestos de sociedades, operaciones con terceros, cuentas y balances bancarios, datos asociados a lineas de teléfonos, listados de llamadas entrantes y salientes, facturación por periodos, informes de vida laboral, cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones por desempleo, historiales clínicos, matrículas de coches y cualquier otra información privada susceptible de ser vendida. Sus clientes eran agencias de detectives privados, trabajadores dependientes o autónomos, empresas dedicadas a la elaboración de informes comerciales, estudios de mercado o solvencia. Para cada “producto”, Juanito tenía uno o varios contactos. Si necesitaba datos sobre titularidad de vehículos, matrículas, domicilios o antecedentes policiales o judiciales, recurría al detective Aitor Gómez San José, de la delegación de Winterman de Bilbao, que, según la policía, obtenía la información del guardia civil, de Vitoria, José Manuel Vidal Sánchez; o lo pedía a Genaro Simón Díaz, un agente de seguridad privada de Linares, que a su vez contactaba con el guardia civil Francisco Javier Río López. Juanito pagaba entre 90 y 100 euros y cobraba al cliente 150.

Cuando Rama necesitaba datos tributarios o fiscales de la Agencia Foral Vasca acudía al funcionario Fernando María Intxaustegui González, y si eran de la Agencia Estatal, al detective de Barcelona Ramón Cot, el que le hacía las facturas. Les pagaba de 1.300 a 1.700 euros y cobraba de 1.600 a 2.200, según los informes policiales.

Los datos con perfil social o laboral los obtenía a través de Tomás Ripoll Espiau, otro presunto miembro de la organización, que acudía al detective Cot o a la madre de este, Carmen Romera, ambos de Barcelona y con contactos en organismos oficiales. Para la sensible información telefónica, si era de Vodafone, recurría a Cristian Iban Ortiz Hurtado, cargo de la empresa en Bilbao; si era de Movistar, a Genaro Simón Díaz; si pasaba por Orange, al detective Rafael Palencia Mochales, de Madrid. Juanito pagaba entre 120 y 350 euros y cobraba entre 180 y 600. A veces los informes llegaban hasta 1.500 euros.

Desde mayo a diciembre de 2011, Rama recibió en su cuenta del BBVA 106.149 euros, un negocio redondo. La mayoría de los ingresos procedían de su cartera de detectives privados, una larga lista de colaboradores en la que figuraban, entre otros, Raymon Doménech Miranda, Ángel Calderón Martínez, Sebastián Sacrest Mir y José María Castro Cabana, de Barcelona; María José Bolivar Berrocal, de Santander; Estíbaliz Piriz González, de Salamanca, y Manuel Escalona Jiménez, de Sevilla. La Agencia de Protección de Datos le había abierto un expediente sancionador en 1999.

Personas de relevancia pública como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tráfico ilegal de datos investigada por la policía. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho más llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organización criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Policía, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tráfico, registros de la propiedad, juzgados…) y la de empleados de entidades financieras u operadores telefónicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hacían a sus proveedores —a alguno le exigían 150 expedientes diarios—, se comprende que la policía hable de un tráfico “ingente”.

Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos años, sin ser molestada, es que un numeroso y heterogéneo conjunto de personas se creían poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan también para esclarecer si había algún consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de quién han acabado.

No solo los cabecillas y vendedores de información confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deberían sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El artículo 18 de la Constitución proclama “el secreto de las comunicaciones”, “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y plantea limitaciones al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero resulta difícil encontrar derechos tan largamente violados como los del artículo 18.

La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusión social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de “corruptelas menores”, sino de un cáncer que los poderes públicos tienen que combatir con toda contundencia.

Los tentáculos de la trama de tráfico de datos personales desarticulada en la ‘operación Pitiusa’ llegaban hasta instituciones como el Banco de España – además de la Policía, la Guardia Civil, Hacienda y la Seguridad social, entre otras. Sus investigaciones también les llevaron hasta un contacto con acceso a datos reservados de los siete bancos que operan en Andorra. Así lo demuestra el sumario del caso, al que ha tenido acceso ABC.

Los pinchazos telefónicos – piedra angular de la investigación liderada por el Grupo de Detectives Privados de la Policía Nacional – son meridianamente claros. El 19 de octubre de 2011, ‘Juanito’ (Juan Antonio Rama Menéndez, uno de los miembros más activos de la trama) llama a su compinche Rafa para que se comunique con el contacto que tiene en Adorra.

‘Juanito’ necesita saber en qué bancos de Andorra y cuánto dinero tienen 20 investigados, entre personas y empresas. Rafa le contesta en estos términos: ‘Mira, para hacerlo bien, que es como a mí me lo han hecho, tiene que chequear siete bancos. Antes del verano tenían acceso a los siete, le restringieron el acceso a dos, pero ya tenemos lo siete, los siete bancos que operan en Adorra’.

Un café en Andorra

Rafa avisa a ‘Juanito’ de que tiene que quedar en persona con el contacto del Principado, que no habla el tema por teléfono: «Tengo que quedar a tomar un café con él y se lo tengo que decir en clave porque es un poco paranoide». Dejan constancia de que la operación es ‘un dineral’: «Cuando me lo sacó era de una persona física y ahora son 20, tío, o 22, habrá fiscales y jusrídicas. Este tema está caliente si esperamos mucho al precio. Ya le he dicho que tenemos que tomar varios cafés, si me ha entendido».

Dos días después, ‘Juanito’ vuelve a llamar a Rafa y éste le dice que podría conseguir cada consulta por 1.750 euros. El precio le parece caro, aunque cree que ‘al cliente le podremos cobrar 2.000 euros. Les sale una inversión de 35.000 euros por los 20 y venderán los datos por 40.000 dice Juanito.

Las investigaciones de carácter financiero eran unas de las más habituales de esta red que la Policía ha considerado crimen organizado por su magnitud: 135 detenidos el pasado mayo en varias comunidades autónomas, entre funcionarios, intermediarios, detectives y empleados de empresas de telefonía, aseguradoras, despacho de abogados y entidades bancarias.

Cuando un cliente – normalmente una agencia de detectives – les pedía saldos bancarios, los miembros de la trama (algunos también eran detectives aunque la mayor parte de ellos no estaban acreditados) llamaban a su contacto en el banco correpsondiente y obtenían la información.

Una prostituta de lujo

Por los cargos mensuales de una tarjeta de crédito cobraban 400 euros; los movimientos de la cuenta ascendían a 1.000 euros el mes y si el cliente pedía los saldos completos, depósitos y acciones del investigado, la tarifa era de 1.800 euros. Pero en ocasiones el cliente no suministraba suficiente información y tenían que recurrir al Banco de España para obtener números de cuenta.

El 28 de octubre de 2011, Tomás Ripoll, otro de los cerebros de la red de espionaje, llama a una clienta, identifacada como Karina, que necesita saber las cuentas de una mujer que es ‘prostitua de lujo’ y si tiene una caja de seguridad en algún banco. Karina le dice a Tomás que si se lo puede mirar ‘en el Banco de españa’. La respuesta de Tomás es que ‘la consulta en el Banco de España cuesta entre 800 y mil euros’. La investigación, dirigida desde el juzgado de Instrucción número 17 de Barceloa, continúa abierta.

Matías Bevilacqua, agente del CNI, hackeó 30.000 e-mails del disco duro del despacho Medina Tejeiro, la familia política de Diego Torres, que llevaba las cuentas y la fiscalidad de Nóos, la Infanta y Urdangarin. La Policía halló en la caja fuerte de este espía 140.000 euros que, según él, le había abonado Defensa. El pirateo se produjo poco después de que Torres amenazase con hacer públicos 200 correos «comprometedores para la Corona».

El material fue hallado recientemente al analizar los discos duros confiscados por la Policía al empleado del CNI, detenido el siete de mayo de 2012 por revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada operación Pitiusa. Un procedimiento judicial en el que fueron arrestadas o imputadas 150 personas acusadas de urdir una red de tráfico de datos protegidos.

Entre los detenidos por la Policía Nacional en Barcelona se encontraba el hacker argentino Bevilacqua, natural de Buenos Aires, socio y director tecnológico de la empresa CF Labs. Una de las detectives de la trama le había encomendado el espionaje de buzones de correo electrónico de empresas.

Entre los dispositivos de memoria que le fueron incautados a Bevilacqua en el número 162 de la calle Llacuna de Barcelona se encontraba un pen drive que contenía íntegro el servidor informático del bufete Medina Tejeiro.

Desde este despacho de asesoría fiscal, propiedad de los cuñados de Diego Torres, se gestionaba el Instituto Nóos y se tramitaban todos los asuntos económicos de las sociedades instrumentales de Diego Torres, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. No en vano, los duques de Palma encomendaron a Miguel y a Marco Antonio Tejeiro la administración de su sociedad Aizoon y la confección de sus declaraciones de renta y patrimonio.

En total, Bevilacqua atesoraba 20.000 e-mails del bufete Tejeiro vinculados con la trama Nóos. Pero también custodiaba los listados de facturas emitidas y recibidas por el instituto presidido por el duque de Palma.

Tras advertir la existencia de esta información en poder de Bevilacqua, los responsables de la investigación del caso Urdangarin se desplazaron hace varias semanas a Barcelona para determinar por qué estos datos se encontraban en poder de este experto argentino en informática.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach han tomado declaración al joven Bevilacqua, de 36 años.

El hacker argentino admitió abiertamente su vinculación con el CNI y desveló que durante los últimos años le ha venido pagando tanto por transferencia como en metálico. De hecho, le fueron intervenidos por la Policía 140.000 euros en efectivo que guardaba en una caja fuerte y que aseguró que procedían «del CNI».

Asimismo, reveló que el pen drive de la trama Nóos, una copia del cual también fue intervenida por la Policía en el registro de las oficinas del duque en noviembre de 2011, se lo había facilitado el entorno directo del propio Iñaki Urdangarin.

El encargo se le realizó poco después de que Diego Torres amenazase con hacer públicos correos «comprometedores para la Monarquía». Su trabajo consistía en analizar el contenido de esta información y sintetizarla. Le intervinieron esquemas en los que agrupaba los diferentes tipos de correos que contenía el disco duro portátil atendiendo a su temática.

Pero su cometido real no fue ni mucho menos resumir el contenido de dicha información. La Policía Judicial ha examinado la labor realizada por Bevilacqua sobre este disco duro portátil y se ha encontrado con un trabajo muy específico.

En este sentido, los investigadores han podido determinar ya que el trabajo del espía informático consistió realmente en recuperar de dicho servidor todos los correos electrónicos borrados durante los últimos años.

De tal manera que el entorno del duque de Palma facilitó a Bevilacqua un dispositivo con 20.000 e-mails y recibió posteriormente, tras las gestiones del hacker, al menos 10.000 más de los que no existe rastro en el sumario judicial en el que se encuentran imputados Urdangarin y su ex socio Torres.