23 octubre 1977

Éxito para el Gobierno de Adolfo Suárez y su UCD

‘Pactos de la Moncloa’: el vicepresidente Fuentes Quintana logra un acuerdo con todos los partidos para el modelo económico

Hechos

  • El 25.10.1977 se firmaron los ‘Pactos de la Moncloa’ por parte de representantes del Gobierno de D. Adolfo Suárez y las formaciones políticas UCD, PSOE, PCE, AP, CDC, PNV y PSC.
  • El 27.10.1977 El Congreso de los Diputados realizó un debate sobre el pacto.

Lecturas

El 21 de octubre de 1977 finalizan las negociaciones entre los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados sobre el modelo económico que seguirá España mientras dure la transición. Un acuerdo negociado por el vicepresidente D. Enrique Fuentes Quintana que es suscrito por todos menos por Alianza Popular, que participa del pacto, pero no suscribe todo su contenido.

Los llamados ‘Pactos de la Moncloa’ son firmados el 25 de octubre de 1977. Los líderes participantes del pacto son:

  • D. Adolfo Suárez González (Presidente del Gobierno).
  • D. Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo (Unión de Centro Democrático).
  • D. Felipe González Márquez (PSOE).
  • D. Joan Raventós Carner (PSC).
  • D. José María Triginer (PSOE en Cataluña).
  • D. Santiago Carrillo Solares (Partido Comunista de España).
  • D. Manuel Fraga Iribarne (Federación Alianza Popular).
  • D. Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular).
  • D. Juan Ajuriaguerra Ochandiano (Partido Nacionalista Vasco).
  • D. Miquel Roca Junyent (Convergencia Democrática de Catalunya).


Firmantes de ‘Los Pactos de la Moncloa’:

PactosMOncloaUCD D. Adolfo Suárez firmó en nombre del Gobierno y D. Leopoldo Calvo Sotelo en nombre del partido del Gobierno, la UCD.

PactosMOncloaIzquierda Por los socialistas firmaron D. Felipe González (por el PSOE) y D. Joan Raventós (por PSC), así como D. José María Triginer (Federación Catalana del PSOE)

PactosMoncloaCom Por los comunistas firmó D. Santiago Carrillo. Con él estuvieron en la negociación D. Ramón Tamames y D. Jordi Sole Tura.

Ajuriaguerra2 Por los nacionalistas firmaron D. Juan Ajuriaguerra por el PNV y D. Miquel Roca por Convergencia Democrática de Catalunya.

PactosMoncloaPSP Por el PSP firmó su líder D. Enrique Tierno Galván.

LAS RESERVAS DE ALIANZA POPULAR

fraga_pactosmoncloa Los representantes de Alianza Popular, los ex ministros franquistas D. Manuel Fraga Iribarne y D. Laureano López Rodó participaron en las negociaciones de ‘Los Pactos de la Moncloa’ y dieron su conformidad a varias de sus medidas. No obstante rechazaron firmar el acuerdo final por discrepancias.

LAS FRASES EN EL DEBATE PARLAMENTARIO:

Celebrado el 27 de octubre de 1977 en el Congreso de los Diputados: 

Fuentes Quintana ‘España está jugándose su futuro en materia económica’.

Raventos – “O los demócratas acabamos con la crisis o la crisis acabará con los demócratas”.

Carrillo – “El pacto no es un trágala. «Nosotros no sentimos-agregó- la necesidad de armar a cada paso que somos un partido que está más a la izquierda, porque nos acordamos-de ese proverbio que dice: «Dime de lo que presumes…»

López Rodó – “no habrá programa sin autoridad”. -«Me consta -dijoque muchos empresarios están dispuestos a tomar dos trabajadores por cada uno improductivo que puedan despedir.»

Felipe González – En estas circunstancias, habría que preguntarse por qué el Gobierno ha llamado a los partidos para tratar de- superar la crisis y por qué algunos hacen el chantaje moral de decir que si no aceptamos el pacto habría venido un Pinochet. Lo digo con toda responsabilidad: no creo que nos amenace un golpe de Estado. En cuanto al diputado Santiago Carrillo, ha dicho esta tarde algo que es enormemente cierto: Dime de lo que presumes, y te diré de lo que careces. Por eso, nosotros y nuestro pueblo hemos visto con perplejidad los enormes esfuerzos que día a día hacen algunos grupos políticos por afirmar que han sido y son democráticos.» Terminó diciendo que el 15 de junio cada grupo obtuvo la representación que merecía ajuicio del pueblo.

Adolfo Suárez – Y estos grandes temas prioritarios entiendo que son básicamente: la nueva Constitución, la reconciliación nacional, la superación de la crisis económica, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías y la adecuación sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático. Prometemos que el Gobierno asumirá íntegramente los compromisos que este pacto implica.»

Pedro Sodupe (PNV) – El PNV ha suscrito el acuerdo porque estima que constituye un hecho positivo y porque, como expresión de una nacionalidad, manifiesta su solidaridad con el resto de las nacionalidades y regiones del Estado español.

Pujol (CiU) – Nosotros hemos reclamado un pacto de este tipo por constatación de la gravedad de la crisis económica y la debilidad del Gobierno y de UCD.

25 Octubre 1977

Perplejidad

Antonio de Senillosa

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El ciudadano de la calle, ni situado, en el círculo íntimo de las decisiones del poder, ni conocedor de las sutilezas que lo informan y presiden, se encuentra perplejo. Los acuerdos de la Moncloa, que establecen, al parecer, un generalizado consenso sobre temas económico-sociales de largo alcance entre Gobierno y Oposición, son presentados como la esperada panacea que va a devolver a la economía nacional la salud perdida. Pero, ¿cuál es la verosimilitud de ese «pacto» tan comentado? Decir que no se es partidario de la inflación, ni del paro obrero, ni de la deuda exterior, ni del caos económico-social, parece una afirmación obvia para la que no hacen falta reuniones o pactos. Comprometerse por escrito a garantizar determinadas actitudes de las masas trabajadoras durante los próximos tres o cuatro años, ¿es realmente el acuerdo a que se ha llegado? Y si ello es así, como determinados voceros triunfalistas se han apresurado a asegurar, ¿cuáles han sido las contrapartidas que han recibido o se les han ofrecido, por parte del Poder, para lograr esa sorprendente decisión? Nada se sabe del contenido de las sesiones de los grupos parlamentarios con el Gobierno, salvo que representaron un «Compromiso histórico», según unos, y un «acuerdo patriótico», según otros. Locuciones solemnes sí las hay. Pero, ¿ que existe detrás de ellas? De hecho, ¿se ha establecido, sin decirlo. un Gobierno de concentración? ¿Existe a partir de ahora, en los niveles del ejecutivo. un poder compartido? No podemos contestar a esa pregunta por falta de información verosímil. Es posible que sí es posible que no. En un sistema que camina hacia la democracia. ¿no sería bueno que se aciarasen las cosas para conocer si nos gobierna, en estos momentos, un partido centro-derecha o una coalición de partidos de centro- izquierda? Los tiempos del ejercicio de poder como un secreto omnipotente y lejano pasaron ya. Hoy día, un pacto de esta naturaleza, si es auténtico, necesita una pública clarificación. Para cuándo las conferencias de prensa masivas y abiertas, sino en esta ocasión?,¿O se trata de una gran concentración de simples montajes efectistas, un «escenario», como dicen los expertos de cine y TV, para lograr nuevos impactos y desconcertar a la opinión pública?Qué se ha esgrimido en esos diálogos? ¿Las cifras claves de la economía? ¿Los talantes negativos del empresariado? ¿La sensación general del desánimo inversor? ¿O hubo, además, la exposición de un sombrío panorama de hipotéticas amenazas contra la democracia, con golpismo, caballos de Pavía y otros truenos parecidos, encaminados a lograr consensos de urgencia dle los más remisos? Tampoco lo sabemos.

La ausencia de los datos reales de la situación ofrecidos a la opinión. es sobrecogedora. Suponemos que los datos definitivos, exactos, los tiene el Poder. Pero nadie conoce con certeza sino referencias tangenciales no comprobadas. Unas veces aparece un guarismo impresionante por el horizonte de la Seguridad Social. Y otras veces surge otra cifra, no menos estremecedora, con el cómputo total estimado del nuevo presupuesto del Estado, del que se dice. desbordará ampliamente -con la Seguridad Social incluida- los tres billones de pesetas. A renglón seguido se anuncia que en 1978 se podará el gasto público en 300.000 millones de pesetas sobre la cifra actual. ¿En qué quedamos? Otras autoridades han afirmado que pueden economizarse 200.000 millones con sólo poner orden en el desbarajuste administrativo del personal burocrático. Ante este manejo explosivo y errático de sumandos tan considerables, ¿cómo es posible emitir una opinión lúcida, una crítica constructiva, un diagnóstico equilibrado? No sabemos si estamos ante el balance de la General Motors o ante la hoja de pedidos de una empresa de reparaciones de automóviles.

Y el Parlamento. ¿qué papel ha de componer en el futuro. si el pacto existe» Su función quedaría alterada sustancial mente. ante un «compromiso a la italiana». en el que Carrillo. con diecisiete votos en el Congreso. trate de hacer, con audacia e imaginación, el papel de Berlinguer. que tiene tras él un tercio del electorado de Italia. Pero. ¿y la tarea constituyente de las Cortes, dónde quedó? Porque los minuciosos sistemas previstos para las relaciones del Gobierno y el Parlamento recién aprobados parecen ser, en realidad, articulaciones de largo plazo, en la hipótesis de que la Constitución «puede esperar» y que las Cortes híbridas, mitad constituyentes, mitad ordinarias, hayan de durar tres o cuatro años, sin elecciones generales durante ese largo período de tiempo. Y las elecciones municipales, ¿cuándo se insertan en ese calendario? ¿Pueden continuar las situaciones conflictivas de tantos y tantos pueblos y ciudades de España, en la tensión creciente de una distonía radical entre las estadísticas electorales del 15 de junio y la continuación de las corporaciones actuales?

Nadie nos ha explicado si ello es así o si, por el contrario, va a haber Constitución en dos o tres meses y elecciones municipales en otro plazo parecido. Y si hubiera Constitución con promulgación inmediata, ¿para qué los paquetes de medidas políticas anunciados, si del código fundamental, una vez aprobado, se derivarían todas esas normativas pendientes? Y. ¿para qué una nueva ley antiterrorista, cuando el poder posee toda clase de recursos locales excepcionales en este interregno y en la Constitución habrá una contemplación jurídica del problema, como lo tienen todos los Estados modernos democráticos? Tampoco se ha explicado con claridad lo que hace referencia a las autonomías, materia que merecerá ser tratada en otro artículo.

,Es deliberada esta ambiguedad en que se deja a la opinión pública, con objeto de que no conozca el rumbo que se lleva ni el programa que se desarrolla? ¿O trátase, por ventura, de una astutísima política, en cuyo secreto sólo participan los iniciados? ¿O quizá no hay todavía un criterio deñinido en materias tan importantes y no. se expone al. público por no conocerse con certeza cuál ha de ser el propósito final que prevalezca? Tampoco lo sabemos .

Es la palabra clave: perplejidad. Pienso que la gran mayoría del país no entiende nada de lo que está ocurriendo en el tablado, porque nadie quiere o puede explicarlo. ¿No sería bueno hablar con claridad a las gentes y decirles qué proyecto de vida en común se les ofrece para el futuro?

23 Octubre 1977

Ahora, actuar

ABC (Director: Guillermo Luca de Tena)

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Que la preocupación por la gravedad de la coyuntura económica sea compartida por el Gobierno y los partidos políticos es algo de que debemos congratularnos todos. Pero sólo en la medida en que éste es el punto de partida de un camino largo de saneamiento y de reforma, cuyo éxito a todos beneficiaría y cuyo fracaso tendría, sin duda, una desigual distribución social.

Lo importante, ahora, tras tantas demoras y reservas, es actuar. En el documento ofrecido ayer íntegramente por ABC se observan diversos escalones de acción. El consenso político parece abrir las puertas a una normativa de inmediata aplicación. Algunas decisiones – concretamente en materia fiscal o presupuestaria – exigen rango de ley, una vez debatidas por el Congreso; otras, más urgentes si cabe que las anteriores, con serlo también aquellas podrían utilizar la vía del decreto-ley, en el contexto de un espíritu cooperación responsable manifestado en el compromiso alcanzado, al que no dudamos en calificar de histórico. Administrativamente, otras disposiciones pueden traducirse en la práctica a través de normas de menor rango. Lo importante, repetimos, es que todas, especialmente aquellas de inmediata incidencia en una posible mejora de la deteriorada economía actual, pasen de las Musas al teatro ‘en horas veinticuatro’.

Se va a hacer de acuerdo con el comunicado oficial, una convocatoria del Gobierno a las centrales sindicales y organizaciones empresariales de ámbito nacional de mayor significación en e estos momentos. Queda pendiente la incógnita de si esta convocatoria es a efectos de mera información o más trascendente: de discusión. Tal alternativa parece poco probable, porque evidentemente podrían surgir nuevos obstáculos cuando ya se anuncia que la firma del pacto político-económico será televisada en directo el martes a las dos de la tarde.

En este sentido entendemos que el criterio inicial de libertad de despido con indemnización automática para los nuevos contratados a partir del próximo año  se subsume en ese programa nacional de contratación temporal, que atiende, fundamentalmente a los jóvenes que por vez primera acceden al mercado de trabajo.

El problema es grave: las soluciones difíciles. El consenso manifestado en el documento de la Moncloa tiene que responder a un conocimiento realista y racional de uno y otro extremos, y a un compromiso práctico de aceptar las cargas que para cada uno deriven de la operación de emergencia. Esperamos de verdad que no suceda como en Italia donde los líderes políticos se sienten incapaces de tragar la parte más amarga de la medicina que ellos mismso se habían recetado, en virtud de un pacto que allí también han calificado de histórico.

Habremos de volver en nuevos comentarios sobre tan importante tema.

23 Octubre 1977

Un plan "aceptable" y vulgar

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

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Después de quince días de largas negociaciones, el llamado «pacto de la Moncloa» se ha materializado en un documento detallado, que el próximo martes firmarán los partidos con representación parlamentaria y el Gobierno.Concluye de esta forma un período de. comentarios. intranquilidades y desconcierto en la opinión pública, que contemplaba cómo la situación económica se degradaba día a día sin que, como subrayamos en estas mismas páginas, el Gobierno se decidiera a gobernar. Este acuerdo tiene, entre otros aspectos importantes. el de suprimir todo pretexto para la inacción. Veamos, pues, los rasgos más destacados del mismo.

De sus nueve capítulos, los tres primeros suponen la definición del marco general en que se va a desenvolver la economía española en 1978. Aun sin ser demasiado concreto, se adivinan las tensiones a que va a estar sometida.

Los datos sobre evolución del presupuesto, cuantía del déficit, recurso a la financiación del Banco de España, crecimiento del dinero. topes al aumento de la masa salarial. posibilidades de reducción de plantillas y control de las prestaciones del seguro de desempleo, plantean un horizonte de crecimiento del producto muy bajo -apenas superior al 1%- con descensos fuertes en los capítulos de consumó privado e inversión y crecimiento de los precios al consumo a ritmos todavía superiores al 20 %; es decir, muy por encima de la media de los de la OCDE. La consecuencia inevitable es que, por un lado, las empresas menos sólidas se resentirán y son de esperar numerosas quiebras y, por otro, que el paro aumentará en cifras difíciles de precisar, pero, que no estarán por debajo de las 100.000 personas. En otras palabras, los próximos meses van a ser duros, pero lo cierto es que no cabía esperar otra cosa. Se ha perdido demasiado tiempo confiando en que cabía otro tipo de solución, y ahora es preciso pasar por una etapa de deflación más prolongada que la que hubiera sido preciso de haber adoptado estas medidas seis meses antes.

Está por ver cuál será la reacción de centrales sindicales y de empresarios. Ambos tienen, lógicamente, objeciones de fondo a los acuerdos de la Moncloa. Para las centrales, la limitación de los salarios en momentos de rápida inflación constituye una píldora muy amarga, cuya acidez se refuerza con su negativa a aceptar la posibilidad de que las empresas reduzcan sus plantillas. Para los empresarios, por el contrario, esa posibilidad es la única garantía de que pueden sobrevivir mediante la recuperación de niveles de productividad suficientes para alcanzar tasas de beneficio remuneradoras.

Poco puede objetarse al contenido de los capítulos segundo y tercero sobre reforma fiscal -de la que nos ocuparemos en un próximo editorial- y de control del gasto público en el cual debe alabarse la referencia a la necesidad de asegurar la independencia y eficacia de¡ hasta ahora prácticamente inexistente Tribunal de Cuentas. La Seguridad Social requiere un comentario por separado, siquiera sea porque se trata de un capítulo de gastos tan importante por sí solo como el presupuesto del Estado. A nosotros nos parece no sólo conveniente, sino imprescindible, que el control de esos gastos pase a depender de la Intervención General del Estado y del Parlamento en último lugar. Pero pensamos que la solución definitiva ha de transcurrir por otros senderos. Se impone, en nuestra opinión, dividir ese monstruo que es la Seguridad Social en piezas -la atención médica y hospitalaria, el seguro de paro, el régimen de pensiones- y adjudicar la gestión de cada una de esas áreas a ministerios distintos. Sobre esta idea también volveremos en un futuro.

De los restantes capítulos del acuerdo cabe destacar algunos temas que parecen haberse enfocado con singular acierto -la necesidad de un nuevo enfoque de la política energética y la creación de un ente nacional que coordine los hasta ahora dispersos intereses del Estado en los campos de la distribución, transporte, refino y producción; el ataque frontal a los problemas de especulación del suelo urbano, deficiente escolarización y mala política agraria.

En otros temas, sin embargo, vemos peligros evidentes. Así, en el sistema financiero se hace referencia a proyectos de ley sobre regulación de organismos rectores del Banco de España y del crédito oficial que pueden prestarse a utilizaciones demagógicas o partidistas. En el caso del Banco de España, en particular, el modelo debe ser el de aquellos países que tienen un banco central independiente del Gobierno y regido por personas cualificadas técnicamente y no al revés. Las referencias a la mediana y pequeña empresa suscitan también el temor de que, por afán de ayudar a empresas ineficientes, se monte un sistema costoso y entorpecedor del, eficaz funcionamiento del. sistema financiero. Por último, los deseos de potenciar el mercado de renta fija o liberalizar las funciones de los agentes mediadores en los mercados de capitales apuntan en la dirección correcta, pero deben plasmarse en normas sólo después de un estudio cuidadoso de todas las complejas consecuencias que esos cambios originarán en el mercado de capitales.

Si tuviéramos que resumir en pocas palabras los acuerdos logrados, diríamos que estamos ante un documento que fija un punto de partida aceptable, pero que corre el riesgo de convertirse en el habitual rosario de buenos deseos, tan característicos de los planes de desarrollo de la época franquista si el Gobierno no pone inmediatamente manos a la obra en la tarea de convertir esos capítulos en medidas operativas. O, dicho de otro modo, que los acuerdos de la Moncloa eliminan todo pretexto para no encararse con los problemas. Desde el martes, la consigna que el Gobierno debe tener en materia económica es muy simple: al trabajo.

28 Octubre 1977

La dicha de un papel firmado

Manuel Vicent

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Frente al palacio de las Cortes, antes de comenzar la función, había esta tarde una manifestación de farmacéuticos. Realmente era muy propia. Porque la sesión del Congreso se ha establecido hoy en un clima medicinal, lo que se dice una pura farmacopea económica. Es decir, que los líderes de los grupos parlamentarios, constituidos en equipo médico habitual, después de firmar el pacto de la Moncloa sobre el consabido tumor fibroso de este país, se han acercado al hemiciclo para explicar el cuadro médico. Sucedía una cosa rara. En el ambiente de las Cortes estaba establecido un optimismo reservado, una mezcla de consulta de cirujano y de despacho notarial después de la firma de unas capitulaciones matrimoniales. El alivio se deriva del hecho de que los doctores han coincidido en el daño, de que las partes contratantes no se hayan tirado los trastos a la cabeza. Se trata de esa clase de dicha que producen siempre las pompas de la formalidad, el descubrimiento de las minas de¡ rey Salomón llena de claves o soluciones sobre el papel. De momento ya sabemos que lo nuestro es cáncer. A ver qué vida.El turno ha comenzado por el cirujano mayor, Fuentes Quintana, que ha hablado con la mascarilla puesta, golpeando el síndrome de la economía con el puño en el vacío, a borbotones, con una tonadilla de revolución pendiente. Con una rudeza poco protocolaria, para abrir boca, ha quitado la venda y las gasas, como un catedrático que muestra a los internos la herida del enfermo, rodeando el camastro. El Gobierno en este sentido está equipado perfectamente. Fernández Ordóñez es el fino analista. Martín Villa está a cargo de la anestesia. Fuentes Quintana ejerce de duro cirujano. Y Suárez, por su parte, tiene una gracia especial para explicar la desgracia a los familiares.

En esta consulta médica en torno a la crisis económica, cada grupo parlamentario ha dado su opinión. Primero Sánchez Ayuso, del PSP, con un fru-fru de remedios con una voz opaca. Después Reventós, con una lección marxista contra el capitalismo en general, y contra los responsables de esta crisis, en particular. Luego ha llegado Carrillo, muy puesto en vedette, precedido por un murmullo de expectación. Y es que este hombre nunca defrauda al público. Habla con buena voz, matiza las tarascadas, divierte a la parroquia con una ironía campechana, emplaza al Gobierno y, al final, siempre acude, en un efecto que nunca falla, a su fijación predilecta de poner unas banderillas llenas de ternura a los socialistas.

Durante el entreacto en el bar, la gente removía el azúcar del té con un bisturí. Y comentaba que Carrillo habla con una autoridad de primer ministro, con una convicción de hombre de Estado que reparte consejos, da avisos, vaticina desgracias, promete venturas según sea el comportamiento de los muchachos. Lo mejor de Carrillo es la respuesta que provoca en los socialistas, que están siempre en eso de no dejarse pisar el terreno. Y la cosa queda establecida en el mismo rito: una lucha irónica entre los ardores del neófito y los malabarismos dialécticos de la veteranía, entre una voluntad apasionada y los resabios de un quinqueño.

La sesión del Congreso continuaba por la noche con la intervención programática de los grupos parlamentarios, una música de buena voluntad, un fondo de asentimiento al pacto económico sincopado de advertencias, de reservas, de deseos de que el papel firmado se cumpla. Lo más esperado eran las matizaciones de Felipe González. Y el cierre del diagnóstico del presidente del Gobierno. Tampoco es necesario oír más. Adolfo Suárez sube por primera vez a la tarima del Parlamento a representar un papel que le va a la medida. Lo suyo es lo del galán en peligro, lo del protagonista maravilloso en apuros que pide ayuda. Es como un duro que juega a antihéroe y disfraza sus habilidades con un toque de humildad y asume con resignación cristiana una culpa colectiva. Suárez tiene una dicción muy adaptada al relato de esta desgracia. Pero el parte médico se ha firmado, se ha explicado. Ahora hay que operar.

28 Octubre 1977

Un pacto para consolidar la democracia

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

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LA FIRMA, en el día de ayer, por todos los partidos con representación parlamentaria, excepto Alianza Popular, del acuerdo político, completa, después de la rúbrica del acuerdo económico realizada el pasado martes, el pacto de la Moncloa. Las críticas contra el procedimiento negociador por haber relegado a un segundo plano el papel de las Cortes no resultan del todo justificadas. Los grupos parlamentarios están sujetos a una disciplina de voto, y quienes acudieron al palacio de la Moncloa lo hicieron en concepto de dirigentes de los partidos y con su respaldo.También se halla excluida la posibilidad de que las medidas, una vez pactadas por los estados mayores de los partidos, pudieran ser puestas en vigor sin pasar por las Cortes. Está fuera de duda que la instrumentación de los acuerdos va a realizarse, en sus aspectos fundamentales, a través de la acción legisladora del Parlamento.

También parece justo resaltar que el pacto de la Moncloa es el resultado de una verdadera negociación entre el Gobierno y la oposición situada a su izquierda. Para formular este juicio era necesario, sin embargo, que se hicieran públicos los acuerdos específicamente políticos firmados ayer. La parte propiamente económica del pacto se sitúa forzosamente dentro de las fronteras de la estrecha banda de medidas que pueden permitir a la economía española salvarse de la bancarrota, con la renuncia de la izquierda a una transformación cualitativa del modelo económico. De ahí que se trate de un plan que debe aceptarse y al que no debe criticarse excesivamente su inevitable vulgaridad técnica. Cuando el barco está a punto de irse a pique, la discusión sobre la exacta distribución equitativa de los sacrificios en función del anterior reparto desigual de los beneficos resulta un ejercicio bizantino. La consigna de la izquierda extraparlamentaria de que «paguen la crisis» los grandes beneficiarios de la época «desarrollista», no es una alternativa política sino una simple condena moral. La economía española necesita que aumenten las tasas de inversión para detener el desempleo; y la colaboración de la empresa privada a esa tarea es imprescindible. No hay más salida para la crisis que la contención de la inflación; e, indudablemente, las medidas para lograrlo van a deteriorar, también, la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pero no existe otra alternativa posible: una inflación galopante no sólo agravaría nuestro déficit exterior y aumentaría el paro sino que, además, socavaría los cimientos del edificio democrático.

En el acuerdo firmado el pasado martes aparecían ya algunas contrapartidas genéricamente económicas a ese sacrificio que se pide a los trabajadores: la redistribución de la renta mediante la reforma fiscal, el seguro de desempleo y el mejoramiento del equipamiento colectivo de educación, sanidad y vivienda. Pero el documento rubricado ayer incluye importantes contra partidas políticas, en el sentido de asegurar a los ciudadanos un mayor control democrático de la gestión estatal y una más eficaz garantía de esos bienes invisibles que son la libertad y los derechos cívicos. Las reformas anunciadas de la legislación pena¡, el sometimiento al control parlamentario de los medios de comunicación social propiedad del Estado, las modificaciones de la ley de Asociaciones y de la ley de Reunión, la derogación de la llamada ley Antilibelo, la revisión de los criterios para declarar una materia reservada, la reforma de la ley de Orden Público y las líneas apuntadas para la reorganización de las fuerzas del orden constituyen un importante paso hacia adelante en el camino de desmantelar la legislación represiva heredada del franquismo y de crear el marco jurídico adecuado para una vida democrática.

Este acuerdo político representa la libre elección del Gobierno y de la oposición de izquierdas de hacer de España un país democrático. En esa perspectiva cobra su entera significación la retirada de Alianza Popular como firmante del documento: los neofranquistas no tienen inconveniente alguno en aceptar la necesidad del pacto económico pero se resisten a tolerar la libertad, principio que inspira el acuerdo de ayer.

Sería un triunfalismo estúpido pensar que la crisis está resuelta de antemano y que la democracia ha sido ya conquistada. El pacto de la Moncloa tiene que ser instrumentado a través de leyes; los empresarios y los trabajadores deben moverse dentro de esa «legalidad económica» que los representantes del pueblo español han aprobado en las Cortes.

El irresponsable olvido de los problemas económicos por el señor Suárez durante el año largo que transcurre la formación de su primer Gobierno y los acuerdos de la Moncloa le hubieran descalificado, en cualquier país de democracia consolidada, para seguir al frente de un Gobierno que se define, precisamente, por el extraordinario énfasis que coloca en las medidas económicas. Pero el señor Suárez no se siente culpable de su contribución al deterioro de nuestra economía durante su mandato, y su propio partido parece absolverle de toda responsabilidad. Ni siquiera el PCE duda de las capacidades del señor Suárez para transformar en destreza su anterior incompetencia para la conducción de la política económica. Por su parte, el PSOE continúa acodado en el burladero con la esperanza de que el primer derrote serio de la economía le permita alzarse con la dirección de la lidia. El Gobierno de concentración propugnado por el señor Carrillo ha perdido sus ya escasas posibilidades tras el reforzamiento que supone para el señor Suárez el pacto de la Moncloa. En definitiva, la ampliación del Gobierno con políticos catalanes y vascos parece la única combinatoria posible a corto plazo.

Porque no parece posible, y mucho menos legítima, cualquier alternativa al señor Suárez que no venga del juego de las fuerzas parlamentarias. El «cirujano de hierro» es una de las variantes de esa fórmula; la otra, es el rescate del cementerio de los falsos prestigios creados por el Regimen, jamás contrastados por ningún tipo de elección democrática o de refrendo popular, de algún ex embajador del franquismo o ex ministro del señor Arias, para presentarlo como candidato a un Gobierno de salvación nacional. Si la primera variante produce el temor que siempre suscita la derecha autoritaria, la segunda levanta la profunda irritación de ver cómo los miembros de la vieja clase política del franquismo son capaces de identificarse con cualquier posición política con tal de seguir mandando.

Aquí reside precisamente la fuerza y el capital político del señor Suárez. En la oferta de ex franquistas convertidos en demócratas, la mejor ejecutoria es, con mucha diferencia, la suya. Queda por ver, sin embargo, si su tercer Gobierno -porque la remodelación del Gabinete resulta inevitable- es capaz de sacar al país de la crisis económica y de proseguir con éxito la tarea en la que el señor Suárez ha obtenido hasta ahora sus únicos e indiscutibles éxitos: el desmantelamiento jurídico y político de las instituciones franquistas. Su propio partido es, posiblemente, el más interesado en encontrar los hombres y los equipos que impidan al señor Suárez seguir diciendo: o yo, o el caos.