Tras las elecciones Adolfo Suárez forma un nuevo Gobierno con Enrique Fuentes Quintana de vicepresidente económico

No ha habido casi sorpresas en la lista del Gobierno que la imaginación creadora de Alberto Schommer fotografió ya durante la campaña electoral con el pan debajo del brazo. Esto es lo que los españoles van a pedir del nuevo equipo ministerial: que solucione la economía, tan deteriorada, y que acabe con la corrupción administrativa, tan habitual. En la foto faltan, sin embargo, los dos hombres fuertes del nuevo Gabinete. Fernando Abril, que ha sido ascendido a las responsabilidades de la vicepresidencia política, y Enrique Fuentes, director de la economía española en trance perentorio como el que se avecina.Fuentes es un economista de primera magnitud, un hombre conservador y un técnico eficaz. Que sea el director del equipo económico es probablemente la mejor noticia de la lista gubernamental. Sus diagnosis son conocidas y sus propósitos también. Si él y Alvarez Rendueles, de quien se habla como secretario de Estado para programación económica, siguen pensando lo que pensaban hace un par de meses, el dólar se pondrá oficialmente a cien pesetas antes de que acabe agosto. Un plan así exige, dígase lo que se diga, una verdadera estabilización económica, una congelación de rentas y precios y un pacto de algún género con los sindicatos. A él deberá dedicarse sin duda Jiménez de Parga, anclado en la oposición tradicional al franquismo y que llega al Ministerio de Trabajo con un pasado de buenas relaciones personales en algunos círculos obreristas. Su principal tarea será convencer a éstos de que la austeridad económica no será nuevamente el pretexto del lucro de las oligarquías. Una aplicación coherente y coactiva de las leyes fiscales en vigor, mientras se pone a punto la reforma, y medidas efectivas contra la especulación del suelo parecen estar en la cartera de propósitos del nuevo vicepresidente económico, que contará con un equipo de profesionales competentes a sus órdenes y un ministro de Hacienda respetado en la calle y en la clase política. Sus íntimos aseguran que el cerco al que fue sometido para aceptar la cartera rompió al fin las resistencias de la enorme humanidad de Enrique Fuentes, siempre aspirando a ser ministro y nunca queriendo serlo. Esta era la tercera o cuarta vez que le ofrecían hacerse cargo en el Gobierno de los planteamientos económicos, pero nunca como ahora le han dado tantas facilidades y le han puesto en la mano tamaños resortes. En la soledad de su profesoral conciencia, Enrique Fuentes debe tratar de no espigar en su bolsa de los refranes eso de que una cosa es predicar y otra dar trigo.

En la otra punta de las preocupaciones presidenciales queda la organización política del país. Suárez, al que un día oí decir que estaba estudiando economía por las noches, parece decidido a dejar los logaritmos y pilotar directamente la nave del Estado, mientras otros le resuelven la intendencia. No puede tener otro sentido el nombramiento de Fernando Abril, amigo personal del jefe del Gobierno desde hace muchos años, que juega el papel de eminencia gris del suarecismo con más empeño en el color del adjetivo que en las características intelectuales del sustantivo. No se sabe qué idea del Estado y de la convivencia entre las gentes tiene este hombre de aspecto gris y apesadumbrado, con cara de ministro de Agricultura, pero no con tanta que pudiera enfrentarse como era debido a la crisis de los tractores. Suárez parece querer asegurarse de que nadie le hará sombra desde dentro de su jardín y nadie se la va a hacer, desde luego. Abril en la vicepresidencia y Otero como ministro de despacho, le garantizan un Gabinete adicto y lo suficientemente poco brillante, con la excepción de Pío Cabanillas. A Pío le han dado el toro de mejor estampa y el más toreado también. Si logra ahora hacer de la televisión lo que algunos no supimos hace dos años, habrá hecho por la cultura española más que Alfonso X. Pero es preciso que él y los demás entiendan que este país tiene que comenzar a ser gobernado de forma bien diferente a como lo ha sido hasta ahora. La Oposición es una realidad operante y activa en el panorama político nacional. La creación de un ministerio para las relaciones con las Cortes es una medida prudente en este sentido y una enorme responsabilidad para quien la ha aceptado. Pero las relaciones con las Cortes no pueden reducirse a un ministerio en medio de un período constituyente.

Una etapa así parecía reclamar un Gobierno provisional y fuerte que reuniera en lo posible lo más amplio del espectro político, para ayudar a los españoles a encontrar un sistema de convivencia adecuado. Eso hubiera exigido la presencia del PSOE en el Gabinete, pero tanto Suárez como Felipe González rechazaron de antemano semejante posibilidad. El primero porque sus deseos de garantizar una continuidad del poder y los intereses en él representados son evidentes. El segundo, por temor a la erosión que para su partido pudiera representar aceptar a corto plazo responsabilidades de gobierno. Un Gabinete como el que ahora se ha constituido es así de antemano un Gobierno débil. Se puede siempre gobernar en minoría -y Suárez lo está en las Cortes y en el voto popular-, pero no se debe hacer durante un tránsito político de la naturaleza del que vamos a abordar. El presidente ha hecho un equipo monocolor en el que los tonos medios y ocres son los más acusados, y, sin duda, confía en su propia capacidad política más que en los cerebros o la maquinaria de un partido inexistente para orientar el futuro de la gobernación. Es presumible que no ha aprendido la lección verdadera de los últimos comicios: el cambio real y profundo que la sociedad española ha experimentado en los últimos años y los deseos del electorado de que dicho cambio se concrete en las realidades del Estado. Los españoles aspiran a una nueva difusión del poder y a la no monopolización de éste por ninguna ideología o clase social. El segundo Gobierno Suárez no ofrece, sin embargo, novedades espectaculares en este terreno. Es otra vez la derecha heredera de la derecha la que asume las responsabilidades de la dirección del país. Pero todavía no se ha escuchado una voz proveniente de esa Unión de Centro capaz de entusiasmar a los españoles o de ofrecerles un horizonte nacional diferente al que padecemos. Suárez tiene en su haber la habilidad de haber desmontado el franquismo y la honestidad de haber convocado las elecciones. Pero la democracia es siempre un sistema y nunca un programa de Gobierno. Un sistema que precisa, además, de una transparencia del poder todavía inexistente en el palacio de la Moncloa. Todo lo que sabemos los españoles a estas alturas del nuevo presidente Suárez es que se propone hacer una política de centro izquierda -según ha declarado- llenando de ministros derechistas su Gabinete.

Sobre las grandes opciones nacionales, ni palabra. Pero las grandes opciones, la autonomía política de Euskadi y Cataluña, el conflicto canario, la posición internacional de España, la organización de la enseñanza, la familia y la vida española de forma acorde con la realidad y las aspiraciones de nuestros ciudadanos, están ahí y no pueden esperar. Este país está reclamando a corto plazo un cambio efectivo. El que un partido como el PSOE haya hecho del lema su eslogan electoral no quiere decir que sólo la izquierda o sólo el PSOE puedan protagonizar ese cambio. Pero únicamente quien sea capaz de poner en juego la imaginación precisa podrá hacerse verdaderamente con el liderazgo de los españoles. Este Gobierno resulta un Gobierno aseado y pinturero para una situación estable, y una verdadera incógnita para un presente tan apretado de presiones como el nuestro. No parece un Gobierno capaz de hacer ganar a la Unión de Centro las elecciones municipales, y se va a ver tan combatido desde dentro y fuera del Parlamento, que sus ministros pueden caer en la tentación de aferrarse a la silla más fuerte de lo debido, pensando que se les tambalea. Pero a la postre, si uno lo mira bien, es el único Gobierno posible que la derecha española podía ofrecer al país después de tantos años de abandonar sus intereses y sus teorías en manos de la dictadura. Estrechado entre los españoles del cambio y las fieras, ahora un tanto amansadas, del fascismo franquista -todavía con veinte diputados en el Congreso-, Suárez va a tener más dificultades de las que piensa y menos de las que seria necesario. Si la foto de Schommer tiene algún significado además del visible, con su pan se lo coman.

ES INNEGABLE que la intervención del vicepresidente para Asuntos Económicos, señor Fuentes Quintana, y la declaración programática del Gobierno, leída por el ministro adjunto para Relaciones con las Cortes, señor Camuñas, habían producido honda impresión en la opinión pública y recibido una acogida favorablemente expectante en los medios de información. La sinceridad en reconocer la gravedad de la situación, la valentía en indicar que el primer paso consistiría en una reforma fiscal, la insistencia en asegurar que el Gobierno negociaría con la Oposición sus decisiones, todo parecía augurar que el Gabinete Suárez iba a contar con un equipo económico con ideas claras y dispuesto a actuar de forma coherente.Pero, una vez más, las páginas del Boletín Oficial del Estado han proyectado una gran sombra en tan ilusionada actitud. En efecto, un real decreto del Ministerio de Comercio y Turismo, publicado en el BOE del día 19 de julio, «establece disposiciones complementarias a la normativa vigente en materia de precios». No se deje engañar el lector por tan gris y burocrático encabezamiento, pues lo que tras él se esconde es una ambiciosa política a lo rey Canuto dirigida -¡nada menos! – a regular los precios.

En un inefable preámbulo, el real decreto nos explica que «el elevado grado de inflación que soporta la economía española y el indispensable ajuste realizado en la paridad de nuestra moneda, hace necesaria la adopción de medidas… que permitan que sus variaciones se sitúen dentro de unos justos límites y que los empresarios, conociendo las orientaciones de la política de precios, puedan colaborar, bajo su propia responsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno».

Olvidemos las reminiscencias escolásticas de la referencia al precio justo y al paternalismo implícito en que los empresarios sepan lo que quiere el Gobierno; se trata de adoptar un régimen transitorio -entre el 12 de julio y el 30 de septiembre- para todos los bienes y servicios no incluidos en un régimen de vigilancia especial y precios autorizados. Según dicho régimen, en esos dos meses y medio los empresarios sólo podrán repercutir los incrementos que en sus costes de producción se hayan originado desde el 12 de julio. La inconcreción de la redacción deja oscuro si esta situación transitoria se aplica sólo a los veintitrés productos básicos establecidos en el real decreto de 26 de noviembre de 1976 o, si como todo induce a pensar, el intento se refiere a iodos los bienes y servicios no incluidos entre los 58 autorizados y los ochenta de vigilancia especial.

Pues bien, difícilmente se hallarán en menos líneas más atentados a la buena lógica económica que las del citado preámbulo del real decreto de Comercio. Cuando los libros de texto más elementales nos dicen que la eficacia de una devaluación depende en gran parte de que su efecto se deje sentir íntegramente en los precios interiores, parece como si nuestras autoridades se empeñaran en intentar lo contrario, para desgracia de la economía española. Se objetará que se trata de impedir que bajo pretexto de encarecimientos debidos a la devaluación, empresarios poco aprensivos aprovechen para elevar indebidamente sus precios. Pero si uno cree, como el Gobierno manifiesta, en «un sistema de libertad económica y de mercado… y se propone… eliminar las trabas, intervenciones… injustificados…», el medio más apropiado no reside en reforzar la burocracia de los servicios de vigilancia, las inspecciones y los expedientes, sino en dejar jugar al mercado, aun cuando las consecuencias del juego no nos gusten en un principio.

No sabemos muy bien si el Ministerio de Comercio, al que de seguir por ese camino pronto habrá que calificar de Ministerio de Intervención, se habrá percatado de que, en el futuro, se le podrá tener por entero responsable de la inflación, pues, al menos en teoría, controla. todos los precios; o si la Vicepresidencia para Asuntos Económicos reaccionará con rapidez a lo que, a ojos de un observador atento, aparece como una ruptura clara del principio de coherencia de planteamientos y unidad de decisión.