Ramón Rubial (PSOE) cede la Presidencia del Consejo General Vasco a Carlos Garaicoetxea (PNV) como consecuencia del triunfo nacionalista en las tres provincias vascas en las elecciones generales

«Humildemente, ante Dios postrado, en pie sobre la tierra vasca, recordando a nuestros antepasados, a la sombra del árbol de Guernica, juro cumplir fielmente mi mandato.» Con esta fórmula, idéntica a la empleada en octubre de 1936 por José Antonio de Aguirre, primer presidente del Gobierno autónomo vasco, jurará mañana su cargo el nuevo presidente del CGV, Carlos Garaicoetxea.

Iniciará así su gestión en esta nueva fase del organismo preautonómico vasco, a la que su propio presidente augura una vida no superior a los seis meses. Su función principal será, en efecto, preparar la transición hacia el Gobierno que habrá de constituirse tras la aprobación del Estatuto. Para nadie es un secreto, sin embargo, que lo que pueda hacer el futuro Gobierno autónomo dependerá de las competencias que logre poner en marcha el actual Consejo General.La existencia de tres carteras políticas, sin unas competencias específicas, es una primera novedad en su composición. Al parecer, sus titulares, José María Benegas, Mikel Isasi y Jesús María Viana, actuarán -junto con Garaicoetxea- a modo de comisión política permanente del organismo, con la misión de negociar con la Administración central las transferencias pendientes.

No constituye ninguna sorpresa, por otra parte, la amplia mayoría ostentada por el PNV, que representará nueve de las dieciocho consejerías; tampoco, el que entre esas nueve carteras figuren las de un mayor contenido. El PNV dejó muy claro durante las recientes negociaciones con las otras fuerzas representadas en el CGV que estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad de fuerza mayoritaria -tal como se le reclamaba- a condición de disponer de los medios mínimos para desarrollar una actividad autonómica coherente.

Por lo demás, sin ser una sorpresa, llama la atención el ascenso entre los representantes del PNV de determinados sectores procedentes del campo empresarial. Así, José Luis Robles (Industria), tesorero de la Cámara de Comercio de Bilbao; José Antonio Aguirre (Hacienda, director financiero de una empresa privada; o el propio señor Olarte (Cultura), economista ligado al Instituto Vasco de Estudios e Investigación, institución inspiradora de los proyectos de reconversión industrial auspiciados por los sectores más dinámicos del nuevo capitalismo vasco.

EL REAL decreto promulgado presurosamente para forzar al señor Garaicoetxea a optar entre la presidencia del Consejo General Vasco, cargo para el que fue elegido por unanimidad el mismo día en que el Boletín Oficial publicaba la norma sobre «el régimen de incompatibilidades de los miembros de los órganos de gobierno de los entes preautonómicos», y su condición de miembro del Parlamento Foral navarro, ilustra la improvisación y torpeza que guían la estrategia del Gobierno en la cuestión vasca.Se puede discutir la conveniencia de que una misma persona sea, a la vez, presidente del Consejo General Vasco, que por ahora sólo ejerce sus competencias sobre Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y miembro del órgano foral de Navarra, cuya inclusión en la comunidad autónoma ampliada de Euskadi depende de decisiones políticas y refrendos populares futuros. Es precisamente la incertidumbre de la incorporación del antiguo reino al País Vasco lo que sitúa cualquier juicio acerca de la compatibilidad de esos cargos sobre el filo de la navaja. Por un lado, quienes consideran altamente probable que esa fusión de las cuatro provincias en una misma comunidad autónoma termine por realizarse, encontrarán ofensiva la incompatibilidad que se hace recaer sobre el señor Garaicoetxea, dado que en futuro más o menos próximo no tendrá razón de ser. Por otro, algunos estimarán que esa acumulación de cargos, vascos y navarros, por el señor Garaicoetxea, constituye un hecho consumado y una tentativa de juzgar de antemano un pleito de dudoso final.

Todo esto es, efectivamente, opinable y discutible. Pero no lo es, en cambio, la inverosímil estolidez del Gobierno al urdir en el último minuto -¿por qué el secretario de Estado para la Información no aludió a este decreto en su charla con los periodistas el viernes por la noche?- este decreto con nombre y apellido para poner al señor Garaicoetxea entre la espada y la pared. Porque la medida se adopta precisamente cuando las únicas expectativas razonables para una salida pacífica y democrática del conflicto vasco se hallan en función de las actitudes constructivas y negociadoras del PNV, cuyo presidente es el señor Garaicoetxea, y de la aprobación del Estatuto de Guernica, resueltamente apoyado por los nacionalistas vascos y por los socialistas, y rechazado por los sectores radicales abertzales que simpatizan con ETA. ¿Qué se propone este bofetón en el rostro del PNV y esta tentativa de privar, por sorpresa, a su presidente de su condición de consejero vasco o de parlamentario navarro?

Las posiciones del PNV suelen producir, en el resto de España, irritación o incomprensión, por su particularismo. En estas mismas columnas hemos señalado, más de una vez, la disconformidad con planteamientos tan poco generalizables a toda la sociedad española como son los llamados «derechos históricos», o el restablecimiento de los antiguos conciertos económicos. Sin embargo, el particularismo es precisamente la señal de identidad de los nacionalismos, cuya razón de ser se basa en las diferencias y en la afirmación de las propias peculiaridades. La única vía para disminuir las considerables distancias existentes entre esas razones generales del país en su conjunto, y las razones particulares de las comunidades históricas, es el diálogo y la negociación. Y para que ese intercambio de razones pueda llevarse a cabo, es una condición sine qua non la creación de un clima de confianza entre las partes que permita entender los argumentos del contrario, y no condenarlos de antemano como simples argucias para engañar al adversario, o meros disfraces para encubrir sus ocultos propósitos.

El proceso de intenciones habitual contra el PNV es que sus palabras autonomistas esconden propósitos secesionistas y que sus condenas a la violencia de ETA son una pura cobertura de sus afinidades profundas. Pero la dinámica política abierta tras las últimas elecciones y la furiosa campaña de Herri Batasuna contra el Estatuto de Guernica, patrocinado por el PNV, deberían servir para que las últimas dudas sobre la buena fe de los nacionalistas vascos se desvanecieran. En cambio, la desconfianza del PNV hacia el Gobierno se verá ahora reforzada por el decreto que lleva, para mayor desgracia, la firma del señor Fontán, que hasta el pasado viernes había conseguido deshacer algunos de los entuertos causados por su predecesor en la cartera de Regiones.