9 julio 1992
Dos de los detenidos son militantes de Esquerra Republicana de Catalunya
Redada del juez Garzón y el juez Bueren contra independentistas catalanes a los que acusan de querer atentar contra los Juegos Olímpicos como terroristas
Hechos
- En julio de 1992 el juez D. Baltasar Garzón ordenó una serie de arrestos dentro de una investigación a independentistas catalanes investigados por terrorismo a los JJOO.
- En diciembre de 1992 el juez D. Carlos Bueren ordenó una segunda redada contra independentistas catalanes por la misma causa.
Lecturas
Los jueces de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón y D. Carlos Bueren lideraron las redadas contra independentistas catalanes a los que acusaban de querer reconstruir Terra Lliure cometiendo atentados terroristas durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Algunos de los detenidos eran militantes de ERC.
La Audiencia Nacional condenaría a penas que oscilan entre uno y 27 años de prisión a 18 de las 24 personas juzgadas por pertenecer a la organización Terra Lliure y otros delitos relativos a acciones terroristas y ha absuelto a las otras seis. Sin embargo, la sentencia de la Sección Tercera sobre el macrojuicio, celebrado en abril de 1995, incluiría también la petición de indulto para aquéllas. Los magistrados condenan por los siguientes hechos, que han considerado probados: pertenencia a la organización terrorista, tenencia de explosivos y armas y varios atentados cometidos con artefactos rudimentarios. En ninguna de la acciones atribuidas a los procesados se produjeron víctimas y los daños materiales fueron escasos. Estas dos circunstancias son valoradas por el tribunal para solicitar el indulto. Pero, sobre todo, el fallo afirma que se trata de una organización ya disuelta: «Lo cierto y evidente es que Terra Lliure ya no existe y su peligrosidad en el momento actual puede considerarse nula». El tribunal subraya que en este caso «el fin de la pena está cumplido».
En su fallo, los jueces ordenarían asimismo la puesta en libertad de los cuatro procesados que permanecían en prisión desde la redada ordenada en la primavera de 1992 por el juez D. Baltasar Garzón: D. Josep Musté Nogué, D. Joan Antoni Rocamora, D. David Martínez Sala y D. Esteve Comellas Grau. Los dos últimos abandonaron ayer la cárcel de Can Brians mientras que el Sr. Musté y Rocamora permanecen en ella por tener pendiente la sentencia por un atentado de Terra Lliure.
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Los independentistas lo bautizaron como ‘Operación Garzón’
La Operación Garzón o Garzonada fue una operación policial que consistió en la detención de 45 personas vinculadas al movimiento independentista catalán por presunta pertenencia a la organización terrorista Terra Lliure. La operación, llevada a cabo principalmente entre el 29 de junio y el 14 de julio de 1992 (aunque con algunas detenciones posteriores, el 25 de septiembre y el 8 de diciembre del mismo año), fue dirigida principalmente por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.
Fue una operación que se preparaba desde dos años antes y que supuso el final de la organización terrorista Terra Lliure, a pesar de que esta ya había anunciado su disolución. Se precipitó por el temor de los responsables policiales de España a un posible atentado a causa de la inminencia del inicio de los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona.
En 1995, 25 de los detenidos fueron juzgados y, de estos, 18 fueron condenados por pertenencia a la organización armada. El eco de los hechos se alargó en el tiempo debido a las denuncias de torturas de 17 de los detenidos. A raíz de estas denuncias, se puso en marcha un proceso judicial que acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2004 y que condenó el Estado español por no haber investigado las denuncias de torturas, si bien habría descartado la existencia de indicios sobre las supuestas torturas.
Treinta de los detenidos lo fueron en fechas previas al inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y los otros ocho lo fueron con posterioridad a la finalización de los Juegos. Las detenciones incluyeron a miembros activos de la organización armada pero también a periodistas del diario El Punt (Eduard López) y El Temps (Oriol Malló),17 de organizaciones políticas como Moviment de Defensa de la Terra, Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, Esquerra Republicana de Catalunya (Carles Buenaventura, Salvador Soutullo, Jordi Veran), el Partido Comunista de Cataluña (Oriol Martí) y al grupo ecologista Alternativa Verda – Moviment Ecologista de Catalunya (Guillemos de Pallejà). También fue detenido el alcalde de Ribera de Urgellet, Antoni Capdevila.
Del total de detenidos, seis fueron detenidos en localidades de la Comunidad Valenciana; el resto en Cataluña. Se registraron detenciones en Gerona, Bañolas, San Cugat del Vallés, Barcelona, Tarragona, Benicarló y Valencia.15 Esta es la lista de los detenidos:
En la primera fase fueron detenidas 38 personas:
29 de junio: Josep Musté, Ferran Ruiz, Jordi Bardina, David Martínez, Esteve Comellas, Teresa Mas (liberada posteriormente) y Joan Rocamora.
1 de julio: Jaume Oliveras, Vicent Cuenca, Ramon López y Josep Maria Granja.21
2 de julio: Francesc Xavier Tolosana.
4 de julio: Marcel Dalmau, Carme Turró (liberada posteriormente) y Dolors Bellés (liberada posteriormente).[cita requerida]
6 de julio: Antoni Infante, Eduard Lòpez, Francesc Puy, Ramon Piqué, Eduard Pomar, Artur Escútia, Vicent Coll y Josep Poveda.[cita requerida]
7 de julio: Oriol Martí, Carles Buenaventura, Josep Bou,18 Xavier Ros, Xavier Puigdemont, Xavier Alemany, Oriol Malló, Joan Durà, Guillamos de Pallejà, Andreu Cabot y Oriol Montserrat.[cita requerida]
9 de julio: Jordi Manyé, Marc Vila y Enric Cot.[cita requerida]
14 de julio: Geroni Salvador y Àngel Pitarch.
La segunda fase se desarrolló el 25 de septiembre de 1992 y en ella, se detuvo a Miquel Casals, Lluís Quintana y Antoni Capdevila.8
La tercera fase de la operación se desarrolló el 8 de diciembre de 1992 y en ella se detuvo a Jordi Vera, Salvador Soutullo, Agustí Cerdà y Saboreáis Navarro. Esta fase fue ordenada por el magistrado Carlos Bueren.
Aparte de estos detenidos, otras personas fueron encausadas y tuvieron que declarar, entre otros Carles Benítez, Carles Castellanos, Carme Lleva, Narciso Sellas y Alfred Ferrer. Algunos de los detenidos lo fueron a raíz de las delaciones de dos de sus compañeros, Granja y Tolosana. Diecisiete de los detenidos ingresaron en la prisión y un año después, 14 de los detenidos permanecían en prisión preventiva a la espera del juicio.
El entonces ministro del Interior José Luis Corcuera dio la organización por prácticamente desarticulada el 8 de julio de aquel año.28
25 de los detenidos fueron llevados a juicio, que se inició el 3 de abril de 1995. Se celebró en la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que presidía Francisco Castro Meije. Los procesados fueron Josep Musté, Jaume Oliveras, David Martínez, Esteve Comellas, Jordi Bardina, Joan Antoni Rocamora, Francesc Puy, Ferran Ruiz, Josep Maria Granja, Francesc Tolosana, Marcel Dalmau, Xavier Ros, Xavier Puigdemont, Vicent Coll, Àngel Pitarch, Geroni Salvador, Josep Poveda, Ramón Piqué, Eduard López, Eduard Pomar, Artur Escútia, Vicenç Cuenca, Ramon López, Miquel Casals y Antoni Capdevila.
Se les imputaba los cargos de asociación con banda armada, tenencia de armas, tenencia de explosivos, terrorismo y depósito de municiones de armas de guerra. En el juicio, el fiscal pidió el indulto, total o parcial, para la mayoría de los acusados.30 de los implicados fueron condenados después del juicio, en una sentencia que se hizo pública en julio de 1995. Los absueltos fueron Ramon López, Vicent Cuenca, Eduard Pomar, Eduard López, Josep Poveda y Artur Escútia.[cita requerida]
En 1996, Musté y Rocamora, los últimos condenados que quedaban en la prisión, fueron liberados gracias a un indulto concedido por el Gobierno español. El indulto fue una de las primeras decisiones que tomó el gabinete de José María Aznar. Afectó a 15 personas y se publicó al BOE del 8 de agosto de 1996.
09 Julio 1992
Operación necesaria
TERRA LLIURE, la organización terrorista catalana enterrada oficialmente por sus dirigentes en julio de 1991 después de 12 años de penosa existencia, se resiste a desaparecer. Quienes entonces se opusieron a la autodisolución han perpetrado una decena larga de atentados en un año. Su metodología ha sido, afortunadamente, tan pedestre como la de sus antecesores: una bombona de cámping-gas y cloratita. Sus objetivos, igualmente anárquicos: desde oficinas de Banesto -banco oficial de los JJ OO de Barcelona- hasta locales del Instituto Nacional de Empleo. La última aventura de los grupúsculos. que pretenden mantener viva las siglas de Terra Lliure lleva buen camino: los tres artefactos que colocaron fueron desactivados y 29 personas han sido detenidas. Era una operación necesaria por parte de la Guardia Civil a escasos días de que empiecen dichos Juegos. Hubiera rozado el es perpento que, en un momento en el que ETA parece haber perdido enteros como amenaza potencial a la gran cita barcelonesa, un microscópico grupo de iluminados, cuya deficiente organización interna debe ser forzosamente permeable a las fuerzas de seguridad, pudiera ensombrecer uno de los mayores compromisos internacionales de España en este siglo.Las detenciones, ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, no se han limitado, al parecer, a las personas directamente sospechosas de la colocación de artefactos en fechas recientes. Han incluido también a algunos militantes, e incluso a un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que rechaza expresamente la violencia para la obtención de sus objetivos independentistas. La protesta airada de la propia ERC y de otros medios del radicalismo nacionalista, a la que se ha añadido Iniciativa per Catalunya y las juventudes de Convergència, entraría únicamente en el terreno de lo sorprendente si los hechos no fueran mucho más graves. Acusar a la policía y al juez de persecución contra el independentismo, comparar la Audiencia Nacional con el Tribunal de Orden Público del franquismo o evocar los viajes de Franco a Cataluña y las consiguientes detenciones de personalidades de la oposición, es una forma fácil de intentar mezclar violencia e ideas políticas, que sólo puede perjudicar, precisamente, a quien la practica. Si el juez Garzón cree conveniente interrogar a sospechosos de acciones violentas que abandonaron Terra Lliure hace unos meses o un par de años, con vistas a esclarecer unos delitos y prevenir la realización de otros, nadie en su sano juicio y desde las filas de la democracia puede oponerse: el juez está sólo in vestigando, y es él, y no otros, quien deberá sentenciar o exculpar, a menos que se quiera mostrar algún tipo de complacencia o benevolencia con quienes se dedican a sembrar el terror.
De otra parte, recordar que los disidentes de Terra Lliure son numéricamente insignificantes, como nulo es su apoyo social, y que se trata de lamentables aprendices de terrorista sirve de muy poco y no debe llevar a bajar la guardia en la represión de los violentos, pues sigue existiendo el riesgo de que cualquier iluminado, bomba en ristre, trate de llamar la atención de la comunidad internacional. De que intente aprovechar la convocatoria olímpica, y la comprensión de algunos sectores de opinión para hacer creer al mundo que cuando el río suena… es porque algo extraño sucede en Cataluña. Algo sobre lo que deberían reflexionar quienes se muestran tan benévolos con los violentos y quienes -por fortuna, de forma pacífica y democrática- apuestan estúpidamente por la campaña paraolímpica del Freedom for Catalonia, como si Cataluña no tuviera ya libertad y como si la Constitución, el Estatuto y la Generalitat fueran el enemigo de los catalanes en vez de sus instrumentos.
12 Diciembre 1992
Solución Necesaria
LA DETENCIÓN, el pasado martes, de dos militantes de Esquerra Republicana (ERC), acusados por el magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren de presuntas relaciones con la banda terrorista Terra Lliure, ha levantado de nuevo polémica en Cataluña. Hace apenas tres meses, una operación de mayor amplitud, ordenada en aquel caso por el juez Baltasar Garzón, se saldó con la detención de 36 personas, de las que 16 permanecen en prisión y otras 13 están en libertad bajo fianza. Ambas actuaciones han despertado sorpresa -pues al menos una parte significativa de los detenidos hace tiempo que abandonó la violencia-, y algún exabrupto demagógico.El caso de esta, semana tiene, además, la particularidad de que uno de los detenidos, Jordi Vera, acusado de haber desempeñado tiempo atrás cargos de responsabilidad en Terra Lliure, es precisamente uno de los artífices del proceso de disolución de esta banda en julio de 1991 y de la incorporación de sus elementos a la política democrática, en las filas de la independentista Esquerra Republicana, que dirige Ángel Colom. Disuelta la organización terrorista, Jordi Vera recorrió las cárceles en las que se encontraban presos algunos de sus miembros para tratar -no siempre con éxito- de que se sumaran al proceso.
Toda esta elogiable evolución no puede hacerse, sin embargo, obviando un principio básico del Estado de derecho, a saber, que los delitos no pueden quedar impunes. Ni su corolario: cualquier solución a los casos particulares ha de instrumentarse a través de los órganos jurisdiccionales competentes y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Hay elementos suficientes en el Código Pena¡ y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reinsertar a quienes han hecho expresa renuncia de sus actividades delictivas.
Para poner punto final a una actividad delictiva no basta con comunicarlo en una conferencia de prensa y afiliarse posteriormente a un partido democrático o irse a casa. Hace falta saldar las cuentas con la justicia. Y eso porque es una norma básica del Estado de derecho, no una revancha de la sociedad hacia quienes reconocen sus errores. Hay una lógica del proceso judicial -los delitos no prescritos deben ser perseguidos de acuerdo con las leyes vigentes- que nada tiene que ver con las repetidas imputaciones que ha hecho Ángel Coloni de un supuesto dirigismo del PSOE de las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional con el fin de hostigar al independentismo pacífico. Esas imputaciones son irresponsables.
La detención de Jordi Vera ha suscitado un cambio de planteamientos en la dirección de Esquerra. Sus dirigentes han abandonado los argumentos demagógicos y han entrado en el camino de la sensatez y de las soluciones políticas a problemas políticos: propiciar que quienes hayan estado de una forma u otra vinculados a hechos violentos o delictivos se presenten ante los jueces para que salgan a la luz todos los hechos y abordar así las soluciones individuales que en cada caso correspondan. Es el mismo esquema arbitrado, en 1982 por el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés para encauzar, en colabora ción con la justicia, el abandono de la lucha armada de más de 250 militantes de ETA Político-militar que concluyó felizmente en 1987. Es la solución sensata y necesaria.
16 Julio 1995
Fin de Terra Lliure
LA AUDIENCIA Nacional acaba de dictar sentencia en el llamado macrojuicio de Terra Lliure, en el que estaban encausadas 24 personas, detenidas en 1992 poco antes de los Juegos Olímpicos por orden del juez Baltasar Garzón. Atendiendo a que la banda armada «ha quedado disuelta y desarticulada desde hace ya un importante periodo de tiempo y [a que] su, peligrosidad en el momento actual puede considerarse nula», el tribunal pide el indulto para 18 de los 24 encausados, absuelve a otros seis y deja en libertad a cuatro de ellos que estaban en prisión provisional.Esta sentencia y el indulto que en buena lógica debe desprenderse de ella marcan el punto final a la penosa aventura del terrorismo catalán. Terra Lliure no existe desde hace tres años y nadie vinculado a este grupo ha vuelto a utilizar cloratita o bombonas de butano para reclamar sus ensueños nacionalistas. Es cierto que nunca fue una organización presentable en la internacional del terror y su única víctima mortal fue una mujer sobre la que se derrumbó una pared. Nada empaña la tragedia de esta muerte -ni tan siquiera buscada por los propios terroristas-, pero ilustra la ineptitud técnica de unos comandos que, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, nunca tuvieron en su propia tierra el mínimo apoyo social que permite crecer y envalentonarse. Es más, el rechazo que han levantado todos los intentos de exportación del crimen por parte de ETA, principalmente con el atentado de Hipercor, han profundizado todavía más la repugnancia de la ciudadanía catalana hacia la utilización de la violencia bajo paraguas de finalidades políticas.
En 1992, en vigilia del acontecimiento olímpico y al calor de la campaña Freedom for Catalonia -un lema imprudentemente auspiciado por el propio nacionalismo conservador-, Terra Lliure intentó dar las últimas muestras de su frágil existencia. Fruto de esta actividad fueron unas detenciones ordenadas, por el juez Garzón, en una heterogenea redada que levantó las protestas de ‘los partidos catalanes. Un aspecto nada menor de la redada fueron las denuncias por torturas presentadas por algunos de los detenidos. El tribunal ha sentenciado ahora a partir de pruebas y no ha tenido en cuenta en cambio las autoinculpaciones de los propios encarta dos, obtenidas, según ellos mismos, bajo coacción física. El tribunal ha actuado correctamente, remitiendo las alegaciones de malos tratos a los tribunale s ordinarios para que investiguen las denuncias.
Éste no es un aspecto anecdótico, sino crucial, en la lucha contra el terrorismo, de la que debe desaparecer el más leve asomo de utilización de medios ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad, responsables de velar por el orden público. Una cuestión también fundamental para acabar con el terrorismo es que existan cauces democráticos y legítimos para la acción política en defensa, de objetivos pacíficos. El actual marco constitucional y el nuevo Código Penal, que ahora ha llegado al Senado, así lo establecen. Trabaja en dirección contraria, en cambio, el propósito del Partido Popular de penalizar explícitamente las proclamas independentistas de carácter pacífico.
Una vez indultados, los encausados podrán seguir defendiendo sus ideas independentistas mediante la utilización de métodos legales y pacíficos, como ya han he cho un buen número de ellos, que se han afiliado a Es querra Republicana de Catalunya. El desenlace del juicio a estos 25 independentistas es una ocasión no sólo para enterrar formalmente la intentona del terrorismo catalán, sino para reforzar el mensaje de que la democracia española admite cualquier discurso político que no busque el refrendo de las pistolas.