Referendum sobre proceso para la Autonomía de Andalucía: Los andaluces quieren una ‘vía rápida’ como en Catalunya

MAÑANA se celebra uno de los referendos más extraños que en el mundo han sido: convocado por el Gobierno tras la iniciativa adoptada hace unos meses por la abrumadora mayoría de los ayuntamientos andaluces, el partido que ocupa en exclusiva ese Gobierno y que controla una parte nada desdeñable de esos ayuntamientos resolvió recomendar a sus militantes y electores el voto en blanco o la abstención ante las urnas.El Gobierno de UCD ha puesto todo su empeño en fomentar una abstención que, por razones de Estado, hubiera debido combatir. Como en los delitos por omisión, el poder ejecutivo ha quebrantado las normas de la ética política al poner en situación de descanso o de somnolencia a su propio aparato y boicotear con una huelga de celo las oportunidades de los defensores de la participación afirmativa. La más que dudosa neutralidad de los medios de comunicación estatales, incluida la inefable televisión, se ha traducido en la declaración de inexistencia, no sólo del referéndum, sino de Andalucía entera, como si en vez de una consulta popular molesta se tratara de una epidemia a la que había que poner en cuarentena sanitaria de imagen y sonido. Las miserias, respecto al plazo de campaña, la cuantía de los fondos para realizarla, la demora para allegarlos, las consignas para la prensa estatal y la broma de los términos de la pregunta estuvieron encaminadas a enfriar al máximo la atmósfera previa al referéndum. El aparato del Estado puede ser una excavadora para promover la participación en las urnas, como demostró en los dos referendos nacionales, los dos referendos autonómicos y las dos elecciones legislativas celebrados en los últimos años. Pero ahora ha realizado la experiencia de comprobar su eficacia como apisonadora para producir el vacío informativo y la glaciación política en vísperas de una consulta electoral.

Para el fin que el Gobierno persigue -el rechazo del procedimiento de negociación de la autonomía andaluza previsto en el artículo 151 -, la abstención era un medio tan innecesario como inconveniente. El voto en blanco o el voto negativo hubieran bastado para que los electores de UCD en Andalucía materializaran en las urnas las directrices de sus jefes. De esta forma, a la mofa de un principio democrático, tan básico como el deber de fomentar la participación ciudadana en la adopción de las decisiones, se ha unido, en la campaña abstencionista de los centristas, la inutilización de esa práctica. ¿Qué comentarios les merecerá ahora a los líderes de Herri Batasuna, tan denostados por haber defendido la abstención el pasado 25 de octubre, este cambio de un Gobierno que predica como la buena nueva en Andalucía lo mismo que condenaba como blasfemia en el País Vasco hace sólo cuatro meses?

Pero ¿cuáles han sido los motivos de esa conversión al abstencionismo militante de un partido democrático y de un Gobierno al que la Constitución le obliga en cualquier caso a comportarse como tal? ¿Por qué, en vez de jugar con honestidad, valor y limpieza una sola carta, ha ofrecido como posibilidades alternativas el voto en blanco y la abstención? Sin duda, la tentación ventajista, semejante a la de Herri Batasuna en octubre pasado, de sumar la abstención técnica (errores en el censo, viajes y enfermedades, emigración, fallecimientos) y la abstención nacida del apoliticismo o del desencanto a la abstención activa ha debido seducir a esos nuevos desertores de las urnas. Mañana, UCD pretenderá apuntarle como adhesiones todos los votos no emitidos en las ocho provincias, al igual que Herri Batasuna se apropió del 40% de abstencionismo ante el Estatuto de Guernica.

En cuanto al contenido en el referéndum de mañana, se mezclan cosas demasiado distintas, y no sólo las vinculadas con la aceptación de la vía del artículo 151 para la tramitación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hay que decir en primer lugar que incluso en el caso de que todas y cada una de las ocho provincias sobrepasaran el listón del 50% del censo de votos afirmativos, las negociaciones en el Congreso a las que se abriría paso precisarían del acuerdo de UCD para la aprobación del Estatuto de Carmona. Así, pues, el boicot del referéndum por el Gobierno, su forma de propiciar el abstencionismo, adquiere un perfil irritante cuando se advierte que sus razones de fondo, al apostar por el artículo 143 y rechazar el procedimiento del artículo 151, podría hacerlas valer, en cualquier caso, en la segunda trinchera de los debates parlamentarios. Pero lo más grave es que muchos andaluces, víctimas de la puja iniciada por UCD y luego seguida por la oposición parlamentaria y extraparlamentaria no va a votar en favor de un procedimiento para alcanzar su autonomía, sino de un mito que ha construido su nido en el artículo 151 de la Constitución. El mito es el de que las instituciones de autogobierno para Andalucía por la vía del artículo 151 servirían de palanca para la inmediata y completa erradicación de los males económicos, sociales y culturales del pueblo andaluz, males y problemas verdaderamente reales. Precisamente, en virtud de esa realidad, resulta todavía más condenable la irresponsabilidad con que la clase política en su conjunto ha exacerbado los agravios comparativos de los andaluces -respecto a vascos y catalanes, especialmente- y ha suscitado desaforadas expectativas en tomo a la mágica capacidad del Estatuto de Autonomía en general y del que pueda lograse por el procedimiento del artículo 151 en particular, para solucionar problemas que -como el paro, el subdesarrollo, la emigración, la tierra, la sanidad y la educación- no admiten recetas milagrosas ni remedios de curanderos.

En resumen, no creemos, como hemos dicho muchas veces, que le falten razones de peso al Gobierno para tratar de cambiar el insensato giro que el propio Gobierno dio al tema autonómico, suscitando expectaciones desmesuradas y coadyuvando a la creación de sentimientos nacionales por toda la Península mientras nada resolvía de veras en casos tan graves y evidentes como el del País Vasco. Ni creemos que pueda hablarse de autonomías de primera y segunda clase ni que sea ético y moral jugar con la situación socioeconómica andaluza, como han hecho los partidos de izquierda a la hora de hacer su campaña por el sí en el referéndum. Pues es cierto que la autonomía por el 151 -y sólo por ese artículo- sea la respuesta fundamental a los problemas acuciantes de Andalucía. Pero lo absolutamente inadmisible es que desde un Gobierno democrático se recomiende la no asistencia a las urnas. Los andaluces deben ir mañana a votar, lo que es un derecho y un deber cívico de primer orden en una democracia. El abstencionismo no es una actitud respetable. Ni merecen por eso respeto los políticos que lo promueven desde el poder.

El Gobierno estaba convencido que el referéndum andaluz iba a ser un paseo de caballo. ABC se lo creyó tanto que ese mismo día publicó en primera página la fotografía de un jinete, de espaldas, a caballo. Una imagen ajustad a una cierta idea de Andalucía. Sin embargo, los señorito y el Gobierno se han llevado un buen revolcón. Las consecuencias de este revés van a ser graves.

UCD se está equivocando de Norte a Sur. Los errores del Norte los tenía, en buena medida asimilados. Este de ahora le ha dejado perpleja.

En Andalucía, el Gobierno de UCD quiso enfrentar a la derecha y a la izquierda con el tema de la autonomía. Quiso explotar el recurso del miedo a una izquierda que, de ser afirmativa la consulta popular, ocuparía una buena parte del futuro Parlamento andaluz (y que, en todo caso, ocupará), pero olvidó que una buena parte de la derecha andaluza no sólo se siente responsable de la miseria de su país, sino que quiere encontrar soluciones para ella junto a la izquierda.

Andalucía es la izquierda de este país. A Andalucía le han sobrado tanta emigración y tanta izquierda que lo inconcebible sería un Parlamento andaluz sin una mayoría de izquierdas.

La derecha andalucista, la más razonable, la que realmente puede calificarse como centro, sabe esto bien y sabe que debe aprestarse a la redención de Andalucía. De ahí que los propios electores de UCD hayan votado afirmativamente en el referéndum en contra de las consignas de su partido.

Se ha dicho que nunca un Gobierno convocó un referéndum para después boicotearlo. El de UCD lo ha hecho porque pensó que en Andalucía todo era posible. El atrevimiento y la torpeza de UCD han llegado hasta el punto de rechazar el referéndum en contra de la voluntad de sus propios electores. Así, pues, UCD se ha equivocado no sólo respecto a la izquierda andaluza, sino a su propia clientela. Y esto en política se paga. Ya se habla de un retroceso de UCD a un cuarto lugar en el rango de los partidos.

Una prueba de la osadía del partido del Gobierno fue la desconsideración que hizo de la dimisión de Clavero Arévalo, que había aportado  almontaje de UCD un partido político, minoritario pero significativo, el PSLA. El error de UCD puede hacer resucitar a esta formación, ahora con más vigor y fuera del entramado ucedista. Sin duda alguna, los dirigentes de UCD han confiado excesivamente en la fuerza que le presta el poder, en los intereses que despierta el poder y, por lo tanto, han infravalorado otro tipo de intereses, más altos de mira, más comprometidos con los sentimientos y la moral regionalista.

Después de tantas torpezas, ¿Cometerá el Gobierno esta última de no reconocer que el referéndum ha sido positivo? Si se trataba de auscular la voluntad popular de Andalucía ¿no ha quedado sobradamente clara? ¿Y descuentan las abstenciones normales (20 a 30 por 1000) y las procedentes de otros partidos, apenas queda una estrecha franja electoral que haya obedecido a UCD?

Felipe González dijo que si salía el refrendum, el Gobierno debería dimitir. Días más tarde, Santiago Carrillo ha propuesto en el Club Siglo XXI una coalición UCD-PSOE. El líder ocmunista ha denunciado la presión de un bloque social regresivo que de forma invisible pero real actúa sobe el Gobierno, lo lleva a la derecha en todos los campos y amenaza con destruir la democracia si no se le opone una política eficaz. Para Carrillo, el Gobierno debe contar con una base representativa más amplia que la del centro.

Después de este fracaso gubernamental, el Gobierno no dimitirá, posiblemente tampoco se incline por la propuesta del Gobierno de coalición. Lo cierto es que UCD es débil en el País Vasco y en Cataluña y ahora entra en desprestigio en Andalucía. Desde hace tiempo había perdido el norte (en toda la ambigüedad del término) y ahora ha perdido el Sur.

César Alonso de los Ríos

La valoración de los resultados del referéndum del 28 de febrero no puede limitarse a registrar que el elevado listón que era necesario saltar en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas para poner en funcionamiento la vía del artículo 151 ha sido limpiamente superado por seis provincias, en tanto que Jaén -salvo que las impugnaciones de la oposición prosperen- lo ha rozado y tan sólo Almería ha quedado descolgada. Sobre un total de población censada de casi cuatro millones y medio de electores, han faltado unos 25.000 votos -22.500 de Almería y 3.000 de Jaén- para que la pregunta sometida a referéndum fuera aprobada.Tras las restricciones a la campaña electoral (la pregunta absurda, el bloqueo informativo en televisión y en los medios de comunicación estatales, la escasez de los fondos y la demora en allegarlos), la oposición acusa ahora al Gobierno de haber inflado todavía más los ya engordados censos electorales con procedimientos del caciquismo de la Restauración, a fin de favorecer la opción abstencionista. Si esas graves imputaciones llegaran a confirmarse, habría que ir pensando que se ha iniciado ya la deriva de España hacia cierto «tercermundismo» político. ,

Los resultados de la consulta popular no van a producir presumiblemente otra reacción exterior del Gobierno que un aluvión de argucias para presentar lo que ha sido un descalabro como un triunfo. Pero esta apologética gubernamental, que sin duda se avecina, no debería impedir al señor Suárez y a su Gobierno reflexionar serenamente a cerca de las implicaciones y significados de este pequeño-Waterloo sufrido en Andalucía. La cosa ha sido tanto más grave cuanto que las razones que esgrimía el Gobierno respecto al procedimiento para negociar las instituciones de autogobierno eran, fuera de otras consideraciones, de mayor peso que las sostenidas por la oposición.

En efecto, la vía del artículo 151 apuntaba esencialmente a que las fuerzas políticas predominantes en Cataluña y en el País Vasco, entre las que no figura el partido del Gobierno, pudieran negociar la autonomía, si no en pie de igualdad, al menos como interlocutores válidos, con el poder ejecutivo y con una muestra representativa del Congreso de los Diputados. De esta forma, los partidos políticos que -como el PNV, en Euskadi, y Convergencia Democrática, en Cataluña- representan a gran parte de la burguesía y las clases medias de esos territorios quedaban facultados, junto a los socialistas vascos y los socialistas y comunistas catalanes, para negociar con el Gobierno de UCD y la Comisión del Congreso, en la que el grupo parlamentario centrista es predominante. Las dimensiones políticas de la cuestión vasca y de la cuestión catalana, de forma más o menos directa relacionadas con reivindicaciones o tentaciones independentistas, no sólo hacían aconsejable ese procedimiento, sino también las características especiales de sus instituciones de autogobierno, en especial el Parlamento propio y el Gobierno elegido por éste.

Ya el debate sobre el Estatuto gallego, incluido constitucionalmente en la vía del artículo 151, mostró la incongruencia de una negociación entre el Gobierno del Estado de UCD y el Gobierno de Galicia de una fracción de UCD. A falta de burguesía nacionalista, negociaciones de ese género tienen forzosamente que convertirse, bien en una exhibición de ventriloquía de UCD, bien en una pugna entre el Gobierno y la oposición socialista y comunista.

Aunque tarde, el presidente Suárez se percató del callejón sin salida al que le había conducido, en la etapa constituyente, el necio intento de rebajar el significado político de las autonomías de Cataluña y del País Vasco mediante el invento de la posibilidad de generalizarlas a través del artículo 151 y de los referendos de iniciativa. Para cortar ese peligroso camino, que llevaba a una organización disfuncional del Estado, UCD dio un brusco giro, casi en vísperas del referéndum andaluz, en favor del artículo 143 y de las autonomías mediante leyes orgánicas discutidas y aprobadas por las Cortes. El volantazo fue dado en una valerosa actitud. de fondo, pero con tan mala fortuna que el señor Clavero, acompañado por un sector del centrismo andaluz, salió disparado del vehículo gubernamental para dibujarse como líder de una opción política que buscaría el soporte electoral de las clases medias andaluzas. En suma, las torpezas del Gobierno y la lógica interna de la apuesta del señor Clavero podrían ser comadronas de ese partido político moderado, nacionalista y de clases medias que faltaba en Andalucía.

Sin embargo, lo realmente grave de la cadena de maniobras contra las autonomías es la humillación sentida por el pueblo andaluz después del 28 de febrero. No se puede decir que los partidos de la oposición, sobre todo los socialistas, hayan actuado sin dobles intenciones y claras reservas mentales al apoyar denodadamente la vía del artículo 151, cuyos riesgos y dificultades sus propios defensores reconocen en conversaciones privadas. Sin duda, el deseo de atrapar al Gobierno en un renuncio y de arrinconarlo en una posición desfavorable se ha impuesto sobre ese deber de clarificar, decir la verdad y establecer líneas de actuación a largo plazo que la clase política española en su conjunto no termina de asumir como propio.

En cualquier caso, el daño está ya hecho. La discutible victoria por los pelos de la opción abstencionista no hará sino confirmar a los andaluces sus resquemores contra el centralismo y vigorizará la infundada creencia -aceptada, sin embargo, como verdadera- de que un determinado procedimiento de negociar las autonomías y las instituciones de autogobierno así nacidas son la única vía para solucionar los acuciantes problemas de Andalucía -el paro, la emigración, la injusta distribución de la tierra, el retraso industrial, los deficientes equipamientos escolares, sanitarios y culturales- y para satisfacer los agravios comparativos respecto a las zonas desarrolladas donde los trabajadores andaluces emigran en busca de ese puesto de trabajo que les falta en su tierra. De nada vale lamentarse ante lo irremediable. Lo único que procede ahora es que el Gobierno, y también la oposición, acometan con imaginación, pero también con sentido común, los problemas que van a plantear los movimientos nacionalistas y regionalistas que UCD, aprendiz de brujo, que se creyó demoníacamente astuta y resultó ingenuamente irresponsable, contribuyó decisivamente a poner en marcha

con su estrategia de carnavales preautonómicos, fomento de los agravios comparativos hacia vascos y catalanes y defensa hasta las doce menos cinco de la vía del artículo 151 para Andalucía y otras regiones.