El PP expulsa del partido a Rita Barberá por negarse a renunciar a su acta de senadora

Como era previsible, el Tribunal Supremo anunció ayer su decisión de aceptar el criterio de la Fiscalía e investigar a la exalcaldesa de Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales, un ilícito penal por el que ya están imputados medio centenar de cargos del PPCV en una pieza separada del conocido como ‘caso Taula’.

La repercusión mediática de este caso de presunta corrupción excede los límites de la ciudad de Valencia y de la Comunitat. En unos momentos en que la gobernabilidad del Estado sigue pendiendo de un hilo, el futuro judicial de Rita Barberá ha adquirido una trascendencia nacional y un carácter casi simbólico, que no se puede explicar por su situación procesal, puesto que el Alto Tribunal aún tiene que decidir si solicita o no a la Cámara el suplicatorio de la dirigente popular, sino por las implicaciones políticas que conlleva para el partido que ganó con notable diferencia las elecciones generales del 26 de junio el futuro más inmediato de la que durante un tiempo fue conocida como ‘la alcaldesa de España’.

Rita Barberá, senadora por el PP y ex todopoderosa alcaldesa de Valencia, no pudo sobreponerse a la presión que soportaba después de que el Tribunal Supremo decidiera investigarla por un presunto delito de blanqueo de capitales en su etapa en el Consistorio valenciano. Durante todo el día se habían levantado voces en el PP para que renunciara a la militancia y abandonara su escaño en el Senado, y a primera hora de la tarde comunicó que había solicitado la baja en el PP «porque así me lo ha pedido el partido», a la vez que expresaba su voluntad de «no dimitir del Senado» porque lo contrario «podría entenderse como una asunción de responsabilidad».

En esta ocasión, el PP ha actuado con diligencia tras conocer la imputación de Barberá por el Supremo. Es cierto que obligado por la circunstancia de necesitar a otros partidos para intentar formar Gobierno: Albert Rivera había exigido el martes a Rajoy la dimisión de la senadora «si quiere contar con el compromiso de Ciudadanos» en una nueva investidura. Pero, sea como sea, el PP ha dado buena muestra de los nuevos tiempos que corren por la política española y Ciudadanos así se lo reconoció ayer.

Rita Barberá debería haber reaccionado mucho antes para no perdudicar a su partido. Es cierto que por estar aforada -al ser senadora- su imputación se ha retrasado respecto a la de los otros implicados en la pieza separada del caso Taula, pero sobre ella pesaban unos indicios claros que hacían más que aconsejable su renuncia a los cargos públicos: por este asunto está imputada la cúpula del PP en la ciudad de Valencia y la mayoría del grupo municipal popular de esa ciudad. Por eso, desde el punto de vista político, no debería haber esperado hasta el último momento para renunciar a sus cargos públicos.

Pero Barberá se ha quedado a medio camino, porque también debería abandonar su escaño en el Senado. Es cierto que legalmente no se le puede exigir esa renuncia, pero la asunción de responsabilidades políticas debería conllevar también su salida de la Cámara Alta. Máxime cuando ella no ha sido elegida en unas elecciones, sino que está allí por designación del Parlamento autonómico. Si Barberá ha decidido no representar más a los militantes valencianos del PP, con más razón debería haberlo hecho respecto a todos los ciudadanos de esa región. Todavía está a tiempo de reconsiderar su decisión.

De todas formas, aunque Barberá se quede en el Senado, empieza a formar parte del pasado de la política española. Con la ruptura de su relación con el PP finaliza la etapa más negra del partido en la Comunidad Valenciana. Una época que coincide, además, con la de los grandes éxitos electorales del PP. Más de una quincena de causas judiciales han salpicado a esa formación en los últimos años, en las que se han visto implicados los principales líderes regionales y provinciales del partido, casi todos además ex altos cargos. El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps se encuentra imputado en el caso Fórmula 1, los ex vicepresidentes Juan Cotino y Vicente Rambla, en el caso Gürtel. Rafael Blasco, ex consejero, ha sido condenado el caso Cooperación. El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra cumple condena; Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia y José Joaquín Ripoll, de la de Alicante, están imputados en los casos Taula y Brugal, respectivamente. Y en esta última causa también aparecen los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Junto a ellos, una larga lista de consejeros y concejales, a la que hay que añadir responsables de organismos públicos, como Consuelo Ciscar, ex directora del IVAM, imputada por corrupción en ese instituto, o Helga Schmidt, ex intendente del Palau de les Arts, también investigada. Demasiados altos cargos cayeron en la tentación de la corrupción.

La sola enumeración de los casos y de sus protagonistas produce rubor. Rita Barberá, aunque para su vergüenza se quede en el Senado, debe ser un símbolo del final de una etapa en la que el caciquismo y la arbitrariedad llevaron a corromperse a quienes se creían impunes porque fallaron los controles. Y, a la vez, del inicio de esa nueva forma de hacer política que quieren los españoles.

Haciendo honor a su nombre, la exalcaldesa de Valencia ha hecho bueno el dicho popular de “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. Con una enorme falta de responsabilidad política (y de otras muchas cosas), Rita Barberá difundió ayer un comunicado en el que afirmaba que no tenía ninguna intención de dimitir como senadora y que había solicitado su baja en el Partido Popular porque se lo habían pedido. “El escaño es mío”, venía a decir.

Con la máxima osadía, la líder política valenciana explicó su baja en el partido como forma de evitar que “nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales”.

La actitud de Barberá es un claro desafío a su partido, e incluso un pulso a Mariano Rajoy, que queda en una mala posición con vistas a volver a presentarse a la investidura como presidente del Gobierno en una segunda votación. Todos los intentos del PP por dar una imagen de regeneración política han saltado por los aires en los últimos días. Y está por verse la respuesta que darán sus socios de Ciudadanos ante este nuevo episodio de incapacidad de gestionar los problemas de corrupción entre los populares.

El caso de Rita Barberá es el enésimo del PP en la Comunidad Valenciana. Su encausamiento era algo más que esperado, ya que todos sus concejales (y hasta 49 personas vinculadas a su partido) estaban ya siendo investigadas en el caso Taula por presunto blanqueo de capitales; ella se había quedado fuera por su aforamiento como senadora.

No se puede eximir de responsabilidad al Partido Popular, que sabiendo que la exalcaldesa iba a acabar en los tribunales, decidió mantenerla en la Comisión Permanente del Senado cuando éste se disolvió y cuando ayer mismo iba a tomar posesión en varias comisiones de la Cámara alta. Es lícito defender la presunción de inocencia para todos los ciudadanos, pero empecinarse en proteger a alguien con declaraciones de apoyo y aforamientos acaba pasando factura.

Se da la circunstancia de que Barberá no es senadora por elección directa, sino que forma parte del cupo de designación por las Cortes autonómicas. Por eso es más grave la actitud de la exalcaldesa de negarse a dimitir del Senado con ese aire de persona ofendida, cuando lo que en realidad trata de evitar es ser investigada por la justicia ordinaria.

Ante la actitud de lo que se da no se quita se podría responder lo contrario: que desde el PP o desde las Cortes valencianas se planteara una reprobación en toda regla, para negar la confianza a una persona investigada por presunto blanqueo de capitales. Lo que se da sí se debe quitar, si hay verdadera voluntad de regeneración política. Mientras tanto, el presidente del Gobierno en funciones sigue en silencio, como si la cosa no fuera con él.

La decisión de Rita Barberá de darse de baja del Partido Popular, pero sin renunciar a su escaño en el Senado, responde a la lógica de una persona que ha decidido defender el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial que asiste a cualquier ciudadano. Barberá mantiene que no ha cometido delito alguno y actúa en consecuencia. En estos casos, como en las renuncias forzadas de los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, LA RAZÓN siempre ha mantenido la misma postura que, además, coincide con la mayoría de los estatutos de los partidos: no se debe exigir la renuncia de un cargo electo a menos que se haya sustanciado su procesamiento o, en su defecto, ingresado en prisión por decisión fundamentada del juez. La apertura de una investigación no puede ser causa suficiente, mucho menos cuando lo que juega de manera inevitable es la pugna política y los intereses de parte. Se trata de evitar el daño irreparable de la acusación paralela en tribunales extrajudiciales. La defensa del Derecho es, a nuestro juicio, prioritario, sin que ello signifique mostrar tolerancia hacia la corrupción pública, en cualquiera de sus formas. Barberá está, pues, legitimada para defender su honor y sus derechos, que entiende menoscabados si presenta la renuncia a su escaño.