Rocío Carrasco arremete desde Mediaset contra el periodista de LA VANGUARDIA Albert Domènech al que acusa de estar haciendo el ridículo

Tal y como informamos la pasada semana desde La Vanguardia, Gloria Camila ha tramitado una querella contra su hermana, Rocío Carrasco, por falsedad documental. El origen de esta acción judicial está en el manuscrito que Carrasco entregó a la juez del juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas el pasado 29 de octubre del 2021 en las diligencias preliminares suscitadas entre las partes. A pesar de que el documento quedó fuera del proceso porque la defensa de Camila consideró que no es lo que se había requerido, se decidió hacer un informe pericial caligráfico con la copia de ese manuscrito, que finalmente determinó que la letra de Rocío Jurado se había falsificado, por lo que se tramitó la antes citada querella.

Este medio ha tenido ahora acceso al testimonio de la perito caligráfico judicial que se ha encargado de hacer el informe, la abogada Ana Tapia Acebes, perteneciente a la lista oficial del juzgado decano de Zaragoza desde 1997. Tapia ha deslizado para este medio que el informe, que hizo ella personalmente, se hizo de manera exhaustiva durante algo más de un mes, cotejando la copia del manuscrito aportada por Carrasco con más de 20 documentos indubitados aportados por la defensa de Camila, esto es, documentos cuya autoría de Rocío Jurado no deja lugar a dudas y que pertenecen a diferentes etapas de la vida de la más grande.

Para Tapia, que tiene amplia experiencia en este campo con más de 3.000 informes periciales caligráficos elaborados a lo largo de su carrera, la conclusión es clara y contundente: la letra del manuscrito entregado por Rocío Carrasco el pasado año no se corresponde con la de Rocío Jurado. “Pocas ocasiones he tenido tantos documentos indubitados para cotejar con el documento dubitado, son más de 20 y de diferentes épocas de su vida, por lo que las conclusiones del informe son más que contundentes”, señala la experta.

Al detalle

Las claves del informe pericial

La abogada ha querido exponer a este medio cómo ha sido el proceso que ha tenido que llevar a cabo desde que Carrasco entregó el documento en cuestión, matizando los puntos pertinentes en la cadena de actuación: “El documento dubitado peritado es una copia compulsada por el LAJ (letrado de la Administración de justicia) del juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas, realizada sobre el original aportado por la señora Carrasco el día 29 de octubre del 2021 en las diligencias preliminares suscitadas entre las partes. El contenido de la copia compulsada se corresponde total y fielmente con el original aportado, ya que el LAJ da fe pública de su contenido, por ello es una copia cualificada”, explica la letrada para referirse al origen de la copia cotejada.

Ana Tapia también detalla los puntos determinantes del informe: “Se ha realizado un estudio grafonómico y grafométrico sobre el documento compulsado, no pudiendo realizar el análisis de la presión sobre dicho documento al no ser original. En cambio, sí han podido analizarse otros órdenes gráficos como son el orden, tamaño, forma, dirección, inclinación, velocidad y cohesión gráfica”. A pesar de no haberse realizado el análisis de la presión de la letra, la abogada cuenta que el no producirse este hecho no cambia para nada las conclusiones del informe.

Hay más. Para aquellos que en los últimos días han puesto en duda la calidad y la veracidad del informe encargado por la defensa de Trebolle, Tapia ha querido dar una explicación en La Vanguardia sobre su proceso de trabajo: “El análisis de la amplia muestra de documentos indubitados, datados en diferentes épocas y realizados todos ellos por el puño y letra de doña Rocío Mohedano Jurado, determina el ductus escritural, el patrón gráfico de realización de su escritura, obteniendo con ello el sello personalísimo que el sujeto imprime a su escritura, lo que a su vez implica la imposibilidad de que dos personas distintas escriban igual”.

Más explicaciones: “Todo este complejo sistema se plasma de forma inconsciente en la escritura de la persona, habiéndose realizado un estudio de la evolución cronológica de la escritura de la señora Mohedano Jurado desde los primeros documentos públicos conocidos (desde que tenía 18 años), pudiendo determinar los gestos tipo realizados de forma automática por esta, provenientes de un hábito y con un predominio prácticamente absoluto del inconsciente”.

Es por ello que la experta considera que “trazado este patrón gráfico escritural evolutivo y realizado el cotejo con el documento dubitado aportado en sede judicial, se determina que el texto graficado en dicho documento no ha podido ser realizado por doña Rocío Mohedano Jurado, no correspondiendo a su puño y letra, si bien se trata de una imitación de la misma”.

En otro orden de cosas, Enrique Trebolle, abogado de Gloria Camila y de Ortega Cano, también confirmó la pasada semana para este medio que el diestro interpondrá una demanda civil cuando finalice la emisión de la docuserie en Telecinco contra Rocío Carrasco y La Fábrica de la Tele para defender su honor y su propia imagen. “Será una demanda que buscará sentar jurisprudencia”, avisa Trebolle a este medio, con relación a lo que considera una constante “burla a la justicia”, “un engaño”, y todas las líneas rojas que se han cruzado.

Por si fuera poco, desde el bufete de abogados zaragozano, insisten en que Rocío Carrasco ha incurrido en un delito de estafa procesal al mostrar en la segunda docuserie documentos privados de Rocío Jurado que tendrían que haber entregado antes a Gloria Camila en su acción judicial del pasado año. “La exhibición del primer testamento, inédito, nunca se debió mostrar al público si no se había hecho llegar a la demandante [Gloria Camila] en sede judicial. El segundo testamento, que fue objeto de aceptación de herencia, desde ese momento, fue público y notorio. Especial reproche debe merecer la intervención, en la docuserie, de la albacea, abogada de profesión, pues sus honorarios son abonados por la masa hereditaria y se debe a todos los herederos y legatarios, y no a una persona en particular”, culmina Trebolle.

El contexto judicial en la guerra que mantiene Rocío Carrasco con su familia mediática después de que decidiera dar el paso de hablar de ellos en su segunda docuserie, En el nombre de Rocío, es cada vez más intenso, hasta el punto de que no es de extrañar que en pocos días tengamos que editar una guía práctica para no perderse con el panorama jurídico que viene de cara al próximo año.

Su testimonio en televisión ha dado paso a una tormenta judicial, con diferentes protagonistas que ya han tomado acciones jurídicas o han anunciado que lo harán en un futuro no muy lejano. Gloria Camila, José Ortega Cano, Amador Mohedano o, en otro orden de cosas, Antonio David Flores, se han postulado en la galaxia judicial para defender sus intereses después del relato de la hija de Rocío Jurado en Telecinco.

En este artículo, repasamos algunas de las cuestiones jurídicas centrales en esta querella y otras demandas que están por venir, así como el recorrido y las penas que puedan tener las mismas, o las estrategias a las que puede acogerse la defensa de una Rocío Carrasco a la que parece que, una vez más, se le acumula el trabajo en los juzgados, a pesar de que el porcentaje de casos ganados por su parte es bastante bajo.

1

¿En qué fase se encuentra la querella criminal de Gloria Camila?

La tramitación de una querella es lo que ocurre durante el procedimiento, así que el verbo más correcto sería que Gloria Camila ha presentado una querella criminal a instancias de parte (no es un delito de oficio perseguido por el fiscal). Que el abogado Enrique Trebolle hable de “tramitación” de la querella implica que ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas. Desde un punto de vista procesal, podría ser que la jueza no la admitiera al considerar que no hay ningún tipo de delito, algo que, según las palabras de la defensa de Camila, parece que no ha sido así. El hecho de admitirse a trámite implica que la jueza haya visto indicios de que se haya cometido algún delito penal.

2

¿Qué intencionalidad hay en entregar en sede judicial un documento que no es el que ha pedido la jueza ni los demandantes?

Según el profesor universitario de derecho de la información de la UAO y la UAB, José Manuel Silva, esta acción “no tiene mucho sentido ya que el hecho de que se demostrara que hubo maltrato solo puede perjudicar a la imagen del que todavía vive, en este caso a la figura de Ortega Cano; o es un tema de venganzas familiares o un intento de desacreditar a alguien. Si además el documento es una presunta falsedad documental, me cuesta entender qué aporta a la causa, además de que si se demuestra que es falso es un delito.

3

¿Qué penas tiene previstas el código penal para este delito?

El delito de falsificación de documentos contempla penas de seis meses a tres años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Art.392 CP. Alterar documentos, falsificar-los, etc. Hay que precisar que las penas también son en función de la utilización que se hace de ese documento (ánimo de lucro, por ejemplo). Presentar un documento falso para perjudicar a alguien también comporta penas de prisión, aunque algo inferiores.

4

¿Qué credibilidad hay que darle al testimonio del perito que ha elaborado el informe pericial caligráfico que determina la falsedad del documento?

José Manuel Silva también aporta luz sobre este tema: “En cada ámbito judicial hay una serie de peritos forenses reconocidos por el juzgado. Es el caso de la persona que ha hecho este peritaje a un proceso que el juzgado le da mucho más valor porque son peritos oficiales reconocidos por su profesión y trayectoria. Si este perito afirma de manera contundente que esa no es la letra de Rocío Jurado es casi seguro que el juzgado lo va admitir como prueba”.

5

¿Cuál es el siguiente paso en este proceso jurídico de la querella criminal y cuál podría ser la defensa de Carrasco?

Una cosa es que el documento sea falso, y otra distinta es que se demuestre quién ha cometido ese delito. “Funciona el principio de presunción de inocencia, así que se tendrá que demostrar que la señora Carrasco lo ha usado sabiendo quien era el autor o que era falso. Si ella esgrime que se lo dieron y ella creía que era cierto podrían llegar a eximirla de esa responsabilidad, así que puede ser una línea de defensa si se demostrara que es falso”, asegura el abogado Silva que recalca que “los delitos siempre hay que probarlos, y la carga de la prueba corresponde a quien tenga que demostrar que es un delito, no a la inversa”. Para Silva, “el concepto de sacar pecho sobre algo en un plató de televisión no tiene consecuencias desde un punto de vista legal, a no ser que haya algún tipo de rédito más contundente que demostrar que uno dice la verdad. Hay que demostrar que había un objetivo y una finalidad más allá de eso”.

6

¿Quién actúa jurídicamente en el caso de que se haya incurrido en una estafa procesal?

Las estafas procesales son delitos que se persiguen de oficio, por lo que si el juzgado que lleva el caso lo detectara podría actuar de oficio e iniciar las pertinentes investigaciones para aclarar si ese delito se ha cometido o no. Si detectan irregularidades, se activan todos los mecanismos procesales para llevar a cabo la instrucción.

7

¿Qué penas comporta incurrir en un delito de estafa procesal?

Delito de estafa procesal: De 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Manipulación de pruebas en un procedimiento judicial para defender alegaciones provocando error en el tribunal que perjudique a un tercero. Art. 250,1 del CP.

8

¿Qué tipo de demanda es la que llevará a cabo Ortega Cano?

Según confirmó el abogado del diestro a este medio la pasada semana, será “una demanda civil contra Rocío Carrasco y “La Fábrica de la Tele” en base a la Ley Orgánica 1/1982, para defender su honor y su propia imagen”. El letrado Enrique Trebolle quiere que “sea una demanda que siente jurisprudencia”.

9

¿A qué otras demandas puede enfrentarse próximamente Rocío Carrasco tras a emisión de la docuserie?

Los tíos de Rocío Carrasco, Amador y Gloria Mohedano, seguirán previsiblemente los paso de Ortega Cano y una vez termine la docuserie, según han avanzado públicamente, podrían tomar la decisión de interponer acciones legales y defender su honor en los juzgados. La estrategia de Antonio David Flores, ex marido de Carrasco, se prevé algo diferente. A través de su abogado, Iván Hernández, también ha anunciado futuras acciones legales, aunque en su caso el objetivo principal será la productora encargada de la docuserie, La fábrica de la tele, así como algunos personajes televisivos que le acusan de delitos públicamente en televisión.

El pasado lunes Telecinco finiquitaba la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío , después de tres largos meses en antena, a los que hay que sumar los tres meses anteriores que el producto iba estrenando capítulo por capítulo en Mitele, plataforma de pago de Mediaset. De entrada, aquello que nos vendieron como un bonito homenaje a la figura de su madre, Rocío Jurado, ha derivado en una inquina constante contra la familia mediática de la artista, con un testimonio duro y cargado de rencor.

Tenga más o menos razón –son tantos los puntos y los debates paralelos que es imposible dictar un único veredicto en este sentido– lo que parece claro es que tras ver la docuserie la imagen de Jurado, no solo no sale reforzada, sino que se le añaden algunas sombras, ya que teniendo en cuenta el testimonio de su propia hija, parece que fuera un muñeco de trapo que se arrodilló ante los caprichos de su familia, y los malos tratos del que era su marido, José Ortega Cano, una imagen que dista mucho de lo que cuentan los testimonios de la época que coincidieron con ella.

Sea como sea, lo que está claro es que la familia era un pilar fundamental para una Rocío Jurado que dudo que estuviera orgullosa por como su hija ha hecho de su vida un chisme, justo aquello que era repudiaba, además de atacar al círculo íntimo de la cantante con términos algo dudosos como “hienas”, “jauría” o “banda organizada”. Insisto, tenga Carrasco más o menos sustentadas algunas de sus quejas, parece un castigo público más ligado a la fabricación de tramas que alimenten el negocio, que al tributo de una mujer que, como todos, tenía sus luces y sombras, pero que siempre protegió hasta el último momento su intimidad.

Ni Rocío Jurado ni Pedro Carrasco están aquí para defenderse o para poner algo de luz a algunas de las historias que ha explicado Carrasco a lo largo de la docuserie, algunas de ellas especialmente duras y que afectan al honor de muchos integrantes de la familia. De hecho, el 2023 será el año de otra docuserie, esta vez alejada de las productoras y la pequeña pantalla, y mucho más cercana a los tribunales, donde se va a librar una cruenta guerra judicial por parte de algunos aludidos que también tienen derecho a defenderse. Y hay algo que nadie nos puede rebatir: 20 después el negocio sigue más vivo que nunca y todos ellos están sacando tajada. Cuidado con los fanatismos, que mientras unos lloran en Twitter, otros quizás están brindando con cava por seguir siendo noticia.