Sacyr Vallehermoso desembarca en Repsol YPF comprando el 9,24% de las acciones con el visto bueno de La Caixa

Sacyr ya ha dado el salto industrial que ayer barajaba este periódico. La rumorología del mercado financiero se concertó a media tarde con una explicación de la constructora en la que admitía tener en sus manos el 9,24% del capital de la hispanoargentina Repsol YPF. La compañía que preside Luis del Rivero se convierte así en el segundo accionista de la petrolera, por detrás de La Caixa, con lo que ha negociado la entrada amistosa para constituir un núcleo duro español que blinde Repsol de operaciones hostiles exteriores. Ahora era ciertamente vulnerable por precio, por la distribución de su capital y por la renuncia voluntaria del Gobierno a la acción de oro.

La de Sacyr es la tercera gran operación reciente ejecutivada por constructoras nacionales en empresas energéticas locales, con el ánimo de reforzar la posición del capital español en un sector estratégico que corría serio peligro de pasar a control de multinacionales extranjeras. Acciona en Endesa, ACS en Iberdrola (Y primero en Fenosa), y ahora Sacyr en Repsol. Llama la atención, sin embargo, que el apetito comprador se haya desatado precisamente cuando las valoraciones de las compañías se han multiplicado casi por dos en el último año, con la única excepción precisamente de la petrolera.

Pero Repsol podría no ser la última estación de la apuesta de Sacyr y de sus compañeros de viaje. Los mensajes explícitos de la semana pasada del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, cerebro gris industrial de La Caixa, para que el Gobierno modificase las normas que fuese preciso para posibilitar la formación de una gran empresa energética nacional toman ahora más sentido. Una empresa, por aventurar algunos de los esquemas que empezaron a correr en la tarde de ayer, musculada en torno a Iberdrola, y en la que podrían estar Fenosa, Gas Natural y, por qué no, Repsol, sería un coloso corporativo. Del Rivero, que ayer mismo elevó su oferta por Europistas un 50% para sacar de la puja Isolux Corsán, ha logrado que Sacyr se convierta en un actor decisivo en el tablero energético español.

La constructora Sacyr anunció ayer oficialmente lo que era un rumor desde finales de la semana pasada: la entrada en el capital de Repsol. Sigue así la estela de otros grupos constructores – ACS en Unión Fenosa y Acciona en Endesa – que se han fijado en el sector energético para diversificar y seguir creciendo. Según la nota remitida a la CNMV, Sacyr cuenta ya con el 9,2% de la petrolera, en una operación pactada con La Caixa, principal accionista de Repsol, con el 14%. El presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, siempre se ha mostrado proclive a buscar socios para la petrolera. ¿Para qué quiere Sacyr estar en Repsol? Florentino Pérez entró en Fenosa para mandar y ya lo hace. José María Entrecanales entró en una Endesa en plena guerra de opas con lo que, independientemente de su vocación de permanencia, puede beneficiarse de las contraofertas y con venta o sin ella, revalorizar su participación sin demasiado riesgo. EN cambio, Sacyr no llega a Repsol para mandar – a no ser que La Caixa haya decidido retirarse de la petrolera, cosa improbable a día de hoy – y tampoco se encuentra inmersa en ninguna batalla por su control. Sacyr, que espera aumentar al 15% su participación en la petrolera, afirmó ayer que entra en Repsol con vocación de permanencia porque es una oportunidad dentro del sector energético. Se trata, en definitiva, de una operación defensiva: formar un núcleo duro con La Caixa para dificultar operaciones hostiles contra la petrolera. La Opa de EON sobre Endesa ha abierto los ojos a los gestores españoles, que han visto como las empresas energéticas españolas están en el punto de mira de los gigantes mundiales. La pregunta que deberá responder el mercado es si Repsol es una buena alternativa para Sacyr o la compre obedece más a un intento de no quedarse atrás en la carrera energética de las constructoras. De momento, Sacyr ha ganado dos euros por acción – unos 150 millones – en los pocos días que lleva en una Repsol que ha olvidado los problemas de los últimos años.

Los accionistas de Repsol vivieron ayer un mal día. En apenas unas horas vieron cómo se volatilizaban las ganancias de toda una semana: 2.000 millones de euros. El mercado descontaba así la llamada prima de OPA. Considera que la petrolera se ha vuelto invulnerable. Sus estatutos limitan el derecho político al 10% y, para reformarlos, hace falta el voto a favor del 75% de la junta general. Dado que entre La Caixa y Sacyr reúnen el 24% esa eventualidad ha quedado prácticamente descartada.

El que Repsol quede en manos españolas es un paso importante en la política de campeones nacionales de Zapatero, pero, aparte de henchirnos de orgullo patriótico, presenta pocas ventajas prácticas. La gente no compra acciones para hacer país, sino para rentabilizar sus inversiones. Las empresas también funcionan mejor cuando están sometidas a la disciplina del mercado. Las OPA no surgen por generación espontánea. Se lanzan sobre compañías cuyo rendimiento puede mejorarse. Blindarse contra ellas sólo beneficia a los directivos, que pueden llevar una existencia más plácida.

Por lo que respecta a Sacyr, la operación plantea dudas. En principio, sigue la lógica de otras constructoras y se diversifica ante el posible agotamiento del ladrillo, pero aparentmaente no se ha quedado con la mejor pareja del baile. Repsol presenta una de las peores ratios del sector en rentabilidad sobre capital, no tiene una rentabilidad por dividendo precisamente irresistible (2,4%) y su negocio en Latinoamérica está amenazado por políticos populistas. Los dos consejeros de Sacyr van a encontrarse mucho trabajo en su nueva casa.

De nuevo, una constructora ha entrado en el capital de una compañía energética. Sacyr, el grupo que protagonizó un intento de entrada en el BBVA, ha comprado el 9,3% de la petrolera Repsol por casi 2.900 millones de euros. Hay similitudes entre esta operación y las de Acciona en Endesa y de ACS en Iberdrola y Unión Fenosa -sobre todo, en los sistemas de financiación-, pero hay dos diferencias. La primera, que no se ha pagado un sobreprecio; y la segunda, que, a diferencia del mercado eléctrico, el petrolero no obtiene sus ingresos de tarifas calculadas y decididas por el Gobierno, sino que existe, al menos en el ámbito de los precios, un mercado libre.

Son conocidas las razones económicas para el desplazamiento de las constructoras hacia los mercados energéticos. Hay síntomas de contracción en la burbuja inmobiliaria y es lógico que las empresas busquen inversiones con ingresos asegurados o poco cíclicos; si el riesgo de las compras, fuertemente apalancadas, es bajo, pues miel sobre hojuelas. Esta explicación es la más difundida entre los analistas económicos. Pero, si aplicamos el principio de que las operaciones hay que juzgarlas también por sus consecuencias, habrá que deducir que el desembarco del ladrillo en empresas de la primera línea de fuego de OPA procedentes del exterior también es una reacción a los deseos del Gobierno de mantener el sector bajo control de capitales y gestores españoles. La táctica del Gobierno de oponerse frontalmente a la OPA de E.ON sobre Endesa puede considerarse como fracasada, y más después del expediente abierto por la Comisión contra las condiciones de la CNE. La creación de los llamados núcleos duros de accionistas españoles parece un método más eficaz para cerrar el mercado español a las ofertas sobre empresas consideradas estratégicas.

Ahora bien, los enrevesados cruces accionariales entre grandes empresas españolas pueden tener consecuencias indeseadas. Las sociedades implicadas, trufadas de intereses de otras compañías, pierden independencia y quizá también calidad en la gestión; además, existe la tentación de trasladar rápidamente los esfuerzos financieros sobre las tarifas eléctricas o sobre los precios. También hay el riesgo de limitar los proyectos y las inversiones al mercado interior; o de que los inversores extranjeros en otros mercados castiguen el intervencionismo energético. La cuestión es si estos riesgos pueden evitarse y, sobre todo, si existe un patrón de política energética que tenga claro el esquema empresarial definitivo. Ese patrón debería ser el Gobierno, pero hasta ahora no lo ha sido.