Sara Montiel demanda al director del diario YA, Guillermo Medina, por publicar que ‘compró’ a su hijo adoptivo

EL TRIBUNAL Supremo ha puesto punto final al pleito entre Sara Montiel y el diario YA, a causa de las informaciones publicadas en este último sobre la verdadera procedencia del hijo adoptivo de la artista, Zeus, con una sentencia que sin duda va a dar mucho que hablar. Y no sólo por -la condición del personaje público al que afecta, sino, sobre todo, por los argumentos manejados para considerar que una información sobre la verdadera identidad de su madre biológica suponga una intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad del niño. La perplejidad ante la decisión del Supremo aumenta cuando idéntica información sobre el caso publicada en el diario murciano LA VERDAD no ha merecido reproche alguno por parte de los tribunales de justicia. La línea divisoria entre el derecho a la información y otros derechos fundamentales de la persona -el del honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia- es ambigua y fluctuante. El riesgo de conflicto entre uno y otros se hace más agudo cuando el objeto de la información son personas de notoriedad pública. La jurisprudencia elaborada al respecto por los tribunales es todavía indecisa, aunque el Tribunal Constitucional ya ha pergeñado una doctrina básica: la prevalencia del derecho a la información sobre los otros derechos en cuestiones de interés general o cuando afectan a personajes públicos.

Las circunstancias que rodean el pleito de Sara Montiel hacen muy controvertido el faflo dictado. A raíz de la adopción de su hijo Zeus, la artista anunció que el niño procedía de Brasfi. YA y otros medios informativos salieron al paso de esta mentira piadosa y descubrieron que el niño había sido adquirido en Alicante y que su madre natural trabajaba en una barra americana. El Supremo se ha decantado a favor de la protección al honor y a la intimidad frente al derecho de informar, pero lo hace en una línea jurisprudencial claramente preconstitucional. Y, desde luego, deja en el aire cuestiones sin resolver. ¿Hasta qué punto la notoriedad pública de la artista no incluye también el riesgo de que se conozcan las gestiones para la adopción de su hijo? Las informaciones falsas sobre la procedencia del niño, ¿no ayudaron a precipitar la investigación periodística para establecer la verdad? Y, sobre todo, ¿puede ser indiferente que, al cafificar una agresión contra el honor, lo que se cuente sea verdad o mentira?