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Se celebra en Catalunya el día de las Fuerzas Armadas de España en una sociedad conmocionada por el 23-F y el asalto al Banco Central

HECHOS

El 31.05.1981 se celebró un desfile militar en Catalunya para celebrar el día de las Fuerzas Armadas.

Fierzasarmadas002 Juan Carlos El Rey Juan Carlos I, presidió el Desfile desde Catalunya.

Fierzasarmadas003 Calvo Sotelo Lavilla Gallego El presidente del Gobierno, D. Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), junto al presidente del Congreso de los Diputados D. Landelino Lavilla (UCD) y el dirigente pro-soviético D. Ignacio Gallego (PCE) que fue en calidad de miembro de la Mesa del Congreso.

Fierzasarmadas004 Pujol Barrera D. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya y secretario general de Convergencia (CDC), estuvo en la tribuna de invitados junto al independentista catalán D. Heribet Barrera, presidente del Parlamento catalán y secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

31 Mayo 1981

Las Fuerzas Armadas

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

EL DIA de las Fuerzas Armadas se celebra hoy en Barcelona en un ambiente cargado de buenos propósitos y malos presagios. La ferocidad de las provocaciones contra altos mandos militares, blancos de las emboscadas Criminales de ETA y de los GRAPO, han proseguido desde el 23 de febrero su acción de hostigamiento del Ejército, convergente con la ofensiva ideológica de la ultraderecha, que imputa arteramente a las instituciones democráticas todos los males de la situación española, desde el terrorismo hasta el paro, e incita de continuo al golpismo a las Fuerzas Armadas.De nada vale ignorar el grave problema creado por esa doble presión, la una, teñida de sangre por la mano asesina del terrorismo; la otra, ejercida desde dentro del establecimiento político, social y económico, y conectada -como se demostró el 23 de febrero- con segmentos del propio Ejército. Es un hecho evidente que existen esas tentativas, de signo opuesto, para empujar a las Fuerzas Armadas a que dejen en suspenso o deroguen el ordenamiento constitucional y sustituyan el sistema de libertades y la Monarquía parlamentaria por un régimen autoritario. Sin embargo, el golpe de Estado frustrado de febrero puso de relieve que la lealtad al Rey, la disciplina y el honor triunfaron dentro de las Fuerzas Armadas sobre las tentaciones escenificadas por el asalto al Palacio del Congreso y el secuestro de los diputados y ministros y por el bando del capitán general de Valencia. Aunque de esa derrota de la intentona golpista no se puede inferir que la intensificación de la doble presión terrorista y ultraderechista no debilite en sectores militares esa actitud observada el 23-F.

El planteamiento del problema de las relaciones entre las instituciones armadas y el sistema democrático elegido por los ciudadanos como marco político para la convivencia excluye tanto la visión hipócrita o desiderativa de quienes niegan que la cuestión exista, como la consideración de quienes creen que las cosas en este país están irremisiblemente condenadas a desembocar en la catástrofe. Las Fuerzas Armadas y la sociedad española son acreedoras de una discusión honesta y sincera sobre los temas relacionados con ese acercamiento y entendimiento mutuos, dentro del orden constitucional, contemplados no como algo que exista ya en el presente de forma plena, sino como una tarea a desarrollar en el futuro a partir de los logros conseguidos hasta ahora.

El 23 de febrero mostró que había golpistas en e¡ seno de las Fuerzas Armadas y también que esos militares anteponen al oficio de las armas, que no distingue entre colores e ideologías, su militancia política de ultraderecha. Nunca se insistirá lo suficiente en que esos oficiales golpistas no representan prioritariamente un movimiento interno de las Fuerzas Armadas, sino que son el vehículo transmisor de una ideología que, aunque mimetizada en sus símbolos o en su lenguaje con el mundo castrense, defiende intereses exteriores a los institutos militaires y recluta a sus militantes tanto en la sociedad civil como en el seno del Ejército.

Si los terroristas de ETA o de los GRAPO provocan objetivamente al Ejército con sus asesinatos de hombres uniformados, la ultraderecha lleva a su molino el agua ensangrentada de esos crímenes mediante la estratagema de responsabilizar de esos brutales atentados al sistema de libertades y a la Monarquía parlamentaria. Desde el 23 de febrero estamos asistiendo a la reagrupación de las minúsculas huestes de políticos frustrados y huérfanos de votos que no ven más camino para alcanzar o reconquistar el poder y la administración de los Presupuestos del Estado que la destrucción por la fuerza de las instítuciones democráticas. Incrustados todavía en posiciones de cierta importancia dentro del aparato estatal o conectados, a través de deudas de gratitud, con antiguos clientes situados en la Administración, polucionan el aire de nuestra vida pública con descripciones apocalípticas sobre la situación española,

Frente a esos mamporreros de la sedición, civiles incapaces de obtener el poder que codician mediante las urnas y deseosos de que las Fuerzas Armadas les saquen las castañas del fuego que desean devorar, hay que subrayar que ese supuesto altruismo patriótico que les anima no es sino el disfraz de su ambición de poder, sostenida por un infinito desprecio hacia sus compatriotas y por el odio hacia el régimen de libertades que garantiza a los españoles la posibilidad de hacer oír su voz, expresar su voluntad y defender sus intereses.

La opinión democrática tiene que hacer llegar a las Fuerzas Armadas sus ideas y combatir el cuasi monopolio de informaciones manipuladas, mensajes intoxicadores y tergiversaciones ideológicas que los instigadores del golpismo ostentan en los cuarteles. Y para esa tarea necesita encontrar un lenguaje veraz, que no sacrifique en beneficio de las expectativas del receptor el pensamiento de quien lo emite. Porque la relativa incomunicación entre la sociedad civil y la sociedad militar sólo terminará cuando la primera renuncie a mimetizar, por torpeza o por miedo, el lenguaje de la segunda y hable desde sus propios valoresy categorías. Las Fuerzas Armadas y la sociedad española merecen un esfuerzo por parte de todos: el de la honestidad y sinceridad en el planteamiento de un debate sereno y racional sobre el papel de los ejércitos en las sociedades modernas.

02 Junio 1981

Una bandera común

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

LOS ACTOS celebrados en Barcelona el pasado domingo pusieron fin, con la misma brillantez de su comienzo, a la Semana de las Fuerzas Armadas. La presencia de los Reyes, el significativo papel desempeñado por el presidente de la Generalidad y por el alcalde de la capital catalana y la participación popular en la parada militar fueron los rasgos más destacados de este homenaje a los tres ejércitos, a los que el artículo 8º de la Constitución encomienda la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España» y «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».El servicio militar hace que prácticamente todos los españoles varones mayores de edad hayan formado parte durante una etapa de las Fuerzas Armadas, cuya estructura básica está compuesta por quienes han hecho de la milicia una profesión y una vocación.

Algunos sectores de la oficialidad tienden, sin embargo, a sobreponer sobre los hechos desnudos de nuestra cruenta guerra civil, librada hace más de cuarenta años, la interpretación ideologizada de que uno solo de los bandos contendientes era auténticamente nacional. El desgraciado corolario de esa falsa teoría seria que nuestras Fuerzas Armadas se consideraran vinculadas históricamente a los vencedores del conflicto bélico y excluyeran a los vencidos de la comunidad española.

Pero las Fuerzas Armadas, que deben amparar a todos los españoles por encima de creencias, ideologías y militancias, de los sectores y grupos que combatieron en la zona republicana o que se consideran herederos de su legado. Esa reconciliación que la Corona, los partidos políticos, la Iglesia, las fuerzas sociales, los intelectuales y la mayoría de los ciudadanos desean llevar a término, a fin de cerrar la brecha abierta en julio de 1936, que dividió a España en dos mitades enemigas, culminará cuando el Ejército se contemple a sí mismo y sea contemplado por la sociedad como una institución que integra todas las ideas y creencias y que acepta sin tomas de posición partidarias la historia entera de nuestro país.

De todos es conocido el enorme valor simbólico y emocional que para las Fuerzas Armadas tiene la bandera, que materializa una constelación de valores y virtudes propiamente castrenses, pero que también encarna el sentimiento de identificación nacional de todo el pueblo. No es esta una particularidad española, sino un rasgo común a los ejércitos y países del mundo entero, que contemplan en su bandera las señas de pertenencia a una comunidad formada a lo largo de la historia y que asume todo su pasado. A este respecto, nunca se subrayará lo suficiente el daño que en el plano simbólico causó la sustitución, en 1931, de la bandera de Carlos III por otra enseña. Esa decisión llevaría, cinco años después, a que los dos bandos de la guerra civil lucharan bajo banderas diferentes y los combatientes de la zona republicana identificaran la enseña bicolor no con España: sino con una parte de España. La aceptación incondicional de socialistas y comunistas de la bandera de Carlos III al comienzo de la transición puso fin a ese pleito simbólico. Las Fuerzas Armadas tienen que saber que en nuestro país siguen existiendo grupos, instalados en los campamentos de la ultraderecha, que se esfuerzan por ignorar esa reconciliación y siguen empeñados en enarbolar la bandera bicolor como enseña sectaria que perteneciera exclusivamente a una parte de los españoles.

La colaboración, sincera y sin reservas, de Jordi Pujol, presidente de la Generalidad, y de Narcís Serra, alcalde socialista de Barcelona, a la Semana de las Fuerzas Armadas y al homenaje a la bandera española ha sido una alentadora contribución a esas celebraciones. El acercamiento y el entendimiento entre las Fuerzas Armadas y el régimen democrático necesita planteamientos de fondo, pero también gestos que los hagan aflorar a la superficie.

El derecho de las comunidades autónomas a que les .ean reconocidasbanderas y enseñas propias, garantizado por el artículo V de la Constitución, debe ser conjugado con la obligación, tambiénconstitucional, de ser utilizadas, «junto a la bandera de España, en sus edificios públicos y en sus actos oficiales». Asimismo, el derecho del catalán, el vasco o el gallego a ser lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, garantizado en el artículo 3º de la Constitución, tiene como correlato que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

El intercambio de banderas entre el presidente de la Generalidad y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor rubricó simbólicamente esa aceptación íntegra y coherente de la letra y del espíritu de la Constitución, también patente en la presencia de la senyera junto a la bandera de Carlos III en las calles de Barcelona. Al igual que el discurso de salutación del alcalde de Barcelona al Rey, pronunciado en castellano y en catalán, fue cortésmente contestado por don Juan Carlos con una cita en el viejo romance del Principado. La Constitución reconoce a las nacionalidades históricas la protección y el uso de sus lenguas y el derecho a sus banderas y enseñas. Pero también establece, sin merma ni desmerecimiento para las comunidades autónomas, la unidad de la nación española, el carácter oficial del castellano como lengua del Estado y la existencia de una, bandera común a todos los españoles.

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