Se concede el Premio Nobel de la Paz al disidente chino, Liu Xiaobo, que no podrá recogerlo por estar encarcelado por la dictadura comunista vigente en ese país

Los dirigentes chinos no entienden demasiado de separación de poderes y entre instituciones. En el titán asiático quien manda, manda; la luz del partido único se propaga en todas direcciones y no deja rincón sin iluminar. Quizá por eso lo primero que han hecho tras conocer enfurecidos la concesión del Nobel de la Paz al más famoso de los disidentes chinos ha sido convocar al embajador de Noruega, para leerle la cartilla. De poco ha servido que Oslo, que negocia un acuerdo comercial con Pekín, se apresurase a recordar que las decisiones del Comité Nobel son soberanas, que en las democracias de verdad filias y fobias no se transmiten jerárquicamente.

El premio al veterano luchador que es Liu Xiaobo -cumple condena de 11 años por «incitar a la subversión», es decir por escribir un moderado manifiesto pidiendo reformas democráticas en China- ha representado un serio puyazo para el régimen comunista. Lo han calificado de «obscenidad» los mismos que cortaban ayer la señal de la BBC y la CNN cuando las cadenas globales daban la noticia a los chinos. Pocas cosas irritan más a Pekín que verse expuesto a los focos en cuestiones de derechos humanos, un concepto que sus dirigentes, ocupados en otros menesteres, desprecian profundamente. Al Partido Comunista le resulta difícil asimilar semejante revuelo por un tipo a cuyo abogado se concedieron 14 minutos para argumentar su defensa, los mismos que había durado la lectura de la acusación en la parodia de juicio a puerta cerrada que, en diciembre pasado, dio con los huesos de Liu Xiaobo en la cárcel.

Solo cabe celebrar que el Comité Nobel haya decidido, en este caso, hablar por quienes no pueden hacerlo. Pero sería ilusorio esperar demasiado cuando se extinga el frenesí mediático. Pese a la catarata de congratulaciones y retórica con que ha sido saludado el premio, los Gobiernos democráticos, están mucho más atentos a no comprometer sus relaciones con la segunda economía mundial que a la suerte de opositores individuales. Véase el caso de la birmana Suu Kyi. En este sentido, es reseñable el gesto del presidente Obama, ganador del Nobel de la Paz el pasado año, quien, tal vez exigido por tan notable distinción, tuvo ayer la altura política de exigir la liberación del disidente, pese al riesgo que sus palabras suponen para las relaciones entre Washington y Pekín.

Este Nobel ha actuado como un líquido revelador sobre la película de esa economía global en la que China actúa como superpotencia imprescindible, a costa de una indulgencia excesiva y vergonzosa con el trato que inflige a sus ciudadanos y sobre todo a quienes se atreven a disentir de la corrección política obligatoria.

Si el Gobierno chino pretendía amortiguar la repercusión internacional de la entrega del Premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo, prevista para hoy en Oslo, la consecuencia de su actuación ha sido la contraria. El régimen le ha condenado a once años de cárcel como escarmiento para todos los disidentes, según revelan los Papeles del Departamento de Estado a los que EL PAÍS ha tenido acceso a través de Wikileaks. Y ahora, una vez premiado, ha conseguido rebajar la presencia de representantes extranjeros en la ceremonia tras una contundente campaña de amenazas diplomáticas, al coste de exhibir crudamente los límites de su régimen político; algo que, sumado a la operación de acoso y desprestigio contra el galardonado, su familia y sus amigos, daña seriamente la imagen internacional de Pekín.

La condición de potencia emergente ha convertido a China en interlocutor imprescindible. Con el premio a Liu, su Gobierno tenía la oportunidad de haber prolongado una situación de hecho en la que las principales potencias, con Estados Unidos a la cabeza, optaban por minimizar las exigencias de respeto a los derechos humanos frente a la necesidad de entenderse con un país determinante en el futuro mundial. Tras una reacción tan airada, se hace más difícil el mantenimiento de este equilibrio en el que cinismo y realismo parecían confundirse.

Entre las medidas de respuesta al galardón, Pekín ha incluido la creación de un premio alternativo al Nobel, el Confucio. La intención última de esta distinción improvisada es oponer la singularidad de la mirada de China sobre principios aceptados internacionalmente, como la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades políticas y civiles. Se trata de un nuevo error de cálculo. El razonamiento que hay detrás del Premio Confucio no difiere del utilizado por algunos regímenes autoritarios ante denuncias por violación de los derechos humanos. China hace ahora causa común con ellos.

No será fácil para la comunidad internacional gestionar la situación creada por Pekín con su respuesta al Nobel de Liu Xiaobo. Cinismo y realismo no podrán confundirse a partir de este momento. Y de la misma forma que China ha debido retratarse, también deberán hacerlo los Gobiernos que mantienen un trato cada vez más intenso con la potencia emergente.