19 junio 1986

La familia Coca carga contra López de Letona con el apoyo del diario de PRISA

Se suicida Ignacio Coca, el ex Presidente del Banco Coca, después de haber sido condenado por fraude

Hechos

En junio de 1986 se hizo público el suicidio de D. Ignacio Coca, ex Presidente del Banco Coca.

Lecturas

LA FAMILIA COCA CONTRA LÓPEZ DE LETONA (CON LA AYUDA DE EL PAÍS)

querellaCoca  El 17.01.1987 el diario EL PAÍS de D. Juan Luis Cebrián informó en su portada que la familia de D. Ignacio Coca se había querellado contra una serie de directivos del banco encabezados por el Consejero Delegado, Sr. López de Letona a los que acusaban de haber causado la muerte de este.

La familia de D. Ignacio Coca ha pedido una indemnización de 2.000 millones de pesetas al Banco Español de Crédito como responsable subsidiario en la querella que ha interpuesto contra varios consejeros de la entidad financiera.

El mayor jarro de agua fría para los consejeros demandados era que EL PAÍS hubiera llevado aquel asunto no a un pequeño recuadro sino a la portada, en un amplio reportaje firmado por D. Joaquín Estefanía, convirtiéndolo en el tema del día. El principal competidor de EL PAÍS, el diario ABC de D. Luis María Anson, insinuó que EL PAÍS podía haber actuado por turbias motivaciones.

COMUNICADO DEL BANCO BANESTO ANTE LA DEMANDA

  1. Banesto rechaza terminantemente la existencia de delito alguno cometido por cualquiera de las personas mencionadas en dicha información.
  2. El Banco Español de Crédito no tiene el propósito de polemizar en tomo a este asunto en los medios de comunicación por respeto a los tribunales de justicia a los cuales está sometida esta cuestión.

17 Enero 1987

Querella criminal contra los máximos dirigentes de Banesto por la muerte del banquero Coca

Joaquín Estefanía

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La viuda y los cinco hijos de Ignacio Coca -el financiero que se suicidó a finales del pasado mes de junio- presentaron una querella criminal en la noche de ayer contra los máximos dirigentes de Banesto. El documento, que se depositó en el Juzgado de Guardia de Madrid, se querella contra Pablo Garnica, presidente de Banesto; José María López de Letona, vicepresidente consejero-delegado y primer ejecutivo de la entidad, y José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea, antiguos directores generales. La querella los considera responsables criminales de delitos contra la vida e integridad personal de Ignacio Coca, falsedad de documento mercantil y usara. En pocos días se conocerá si ha sido admitida a trámite.

El caso Coca adquirió ayer un nuevo grado de intensidad al presentar los herederos del banquero suicidado una querella criminal contra los más altos directivos de Banesto, la segunda entidad financiera del país. Entre ellos, contra Pablo Garnica y José María López de Letona, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente. Todavía se desconoce el por qué de la oportunidad de la querella, ya que ninguna de las dos partes en litigio quiso comentar nada sobre la misma a este periódico. «No hay ningún comentario sobre el tema», afirmó el portavoz de Banesto.Sin embargo, otras fuentes del banco, que aseguraron haber oído algo sobre la querella, indicaron que existía un pacto de caballeros entre los Coca y Banesto para no hacer comentario alguno mientras se resolvía el contencioso sobre la herencia del financiero suicidado y las deudas que dejó a Banesto, que se iniciaron en el año 1978 con la fusión de los bancos Español de Crédito y Coca. «Este pacto ha quedado roto con la querella, que consideramos una agresión», afirmaron. Íñigo Coca, hijo mayor del banquero, también declinó hacer comentarios, aunque confirmó la presentación de la querella.

El documento fue presentado a las 21.55 horas en la oficina de reparto del Juzgado de Guardia de Madrid, según pudo comprobar este periódico.

El procurador que la formuló fue Francisco Olivares y el abogado tradicional de la familia Coca es Marcial Fernández Montes. La querella será entregada en el plazo de unos días al Juzgado de Instrucción qué corresponda, que deberá decidir si la admite a trámite o la rehúsa. A nadie se le oculta que la simple presentación de la querella puede ser motivo de escándalo dentro de Banesto, que celebrará su junta general de accionistas en el plazo de 40 días aproximadamente.

Tres motivos

La querella considera a los dirigentes de Banesto autores criminales de delitos contra la vida e integridad de Ignacio Coca, falsedad de documento público y usura, según fuentes jurídicas que la han conocido. Es significativo que el documento incluya – a los anteriores dirigentes de Banesto, como Pablo Garnica, presidente eje cutivo hasta hace poco menos de un año, y a los nuevos como José María López de Letona, que únicamente ha vivido como primer ejecutivo de Banesto los últimos coletazos del caso Coca.

También es igualmente significativo que en la querella no se incluya a José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto en el momento de la fusión del Banesto con el Coca.

Ignacio Coca apareció muerto en el cuarto de baño de su casa a finales del pasado mes de junio. Aunque en un principio se dijo que la causa de su muerte había sido un accidente, pronto se comprobó que en realidad se había disparado un tiro en la cabeza. Al parecer, en el documento se indica que los querellados ejercieron una presión constante sobre Coca para, exigirle que entregara su patrimonio a Banesto en compensación de los préstamos impagados e intereses; también se insinúa que tal actuación podría ser calificada como homicidio. Ésta parece ser la acusación de mayor gravedad, aunque se desconoce cómo podrá ser documentada.

Poc os días después del suicidio de Ignacio Coca, su viuda, Silvía Moroder, concedió una entrevista a este periódico en la que afirmó: «La muerte de mi marido fue debida a presiones inhumanas de última hora, estrictamente financieras». En esta misma conversación, la señora Moroder confirmó que Ignacio Coca había dejado una carta a su familia en la que se explicaban las causas de su suicidio, causas «económicas, financieras. Presiones inhumanas, estrictamente financieras». Silvia Moroder no quiso dar nombres, pero indicó: «El día que se mató, Ignacio tenía una cita con una persona de Banesto. Lucharé por reivindicar el nombre de mi marido si quieren mancharlo. Esto no lo permitiré». Por último, la viuda de Coca matizó: «Aguirre Gonzalo no es un amigo nuestro en el sentido que se le da a la palabra amigo, pero se portó muy bien con Ignacio. Era un ser humano que sabía tratar a otro ser humano».

Negociaciones rotas

Las negociaciones entre los herederos del banquero Ignacio Coca y Banesto para llegar a un finiquito de las deudas del primero, se encontraban estancadas después de seis meses de conversaciones dirigidas por José María López de Letona. Las discusiones se han centrado en el valor de las garantías ofrecidas por la familia Coca contra los créditos contraídos por el banquero fallecido, que al parecer se cifraban en 20.000 millones de pesetas.López de Letona explicó a principios del mes de noviembre que las garantías de estos créditos (diversas participaciones inmobiliarias y el paquete de acciones del propio Banesto, un 2,10%, que adquirió Ignacio Coca en el proceso de fusión del banco que llevaba su nombre) están estimadas en unos 15.000 millones de pesetas, por lo que los quebrantos para Banesto rondarían los 5.000 millones de pesetas. LópC2: de Letona también consideraba «probable» que el caso Coca quedase cerrado en pocas semanas.

Sin embargo, las negociaciones no han fructificado. La comisión ejecutiva del banco ha delegado en López de Letona para arreglar el problema. Éste ha asistido a las reuniones, junto con su segundo de a bordo, Jacobo Argüelles, y con Fernando Castromil. Por parte de los Coca han solido asistir los hijos del banquero, Íñigo y Borja, y el abogado de la familia. La intención de Letona ha sido arreglar el contencioso antes de la junta general del banco, fijada para el 24 de febrero próximo.

18 Enero 1987

Desorbitada noticia

ABC (Director: Luis María Anson)

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Nada se desorbita informativamente sin motivo. Y no cabe aceptar como motivo suficiente para agotar la explicación, esa sabida antipatía que el periódico gubernamental profesa contra una gran institución bancaria; Institución que tiene la propia independencia entre lo principal de sus activos. Como esa motivación no basta hay que pensar que existe gato encerrado. La hipótesis sobre cuál pudiera ser éste no se agota en la detección de una habilidad para no pagar o para detener eventuales acciones del interlocutor. Lo razonable es una hipótesis más complicada: alguien o algunos, Inadvertidamente para ellos, estarían siendo utilizados en una maniobra de largo alcance, a la que no serían ajenos los desorbitadores principales que esa información. Desorbitadores que, según nuestras fuentes, estarían en la órbita de un astro relativamente nuevo dentro del firmamento financiero español.

06 Julio 1986

Ignacio Coca, la extraña vida y muerte de un banquero hipotecado

Rafael Rubio

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Su muerte, presuntamente de un tiro en la sien, ha conmovido al mundo bancario y a la «jet set», ambientes en los que se hallaba bien relacionado con soltura. Banquero y emprendedor, Ignacio Coca se topó en vida en varias ocasiones con la justicia. Ahora, en la hora de su muerte, un nuevo juez investiga sus últimos momentos. En el juzgado están ahora las claves de su extraña desaparición.
Nadie conoce lo que pasó por su imaginación minutos antes de su muerte. Solo su familia sabe por qué negó la violenta circunstancia con la que se produjo su desaparición el jueves día 26.
Ignacio Coca se encontraba bien de aspecto y salud el día anterior. Nada hacía presagiar minutos antes de su muerte. Sólo la familia sabe por qué la violenta circunstancia con la que se produjo su desaparición. El jueves día 16.Ignacio Coca se encontraba bien de aspecto y salud el día anterior. Nada hacía presagiar minutos antes de su muerte. Sólo la familia sabe por qué la violenta circunstancia con la que se produjo su desaparición. El jueves día 16.Frente a la impresionante denuncia presentada con el Banco de Crédito por un valor cercano a los 200 millones de pesetas, que entre otras cosas supuso la hipoteca de todos sus bienes en España, que le rodeaban habían desde hace tiempo fuera de España, que le permitía no sólo hacer frente a los pagos de los créditos contratados, sino también mantener su costoso tren de vida.
Su otro gran problema, el litigio que mantenía a propósito del reparto del patrimonio familiar, era ya un viejo pleito con el que el banquero se había habituado a convivir sin otras consecuencias que las normales tensiones con sus hermanos.
Sólo el titular del juzgado número 30, Lorenzo Pérez San Francisco, puede aclarar lo que ocurrió aquel jueves y lo que pasó por la mente de este banquero minutos antes de producirse su muerte en extrañas circunstancias, en absoluto naturales, y que están siendo investigadas por la policía.
Este juez es el único que ahora podría confirmar la existencia de dos cartas que Ignacio Coca hubiera escrito antes de su muerte y ante las cuales existen contradicciones entre sus familiares.
Negocio lucrativo
Hasta el año 1978, Ignacio Coca era uno de esos peculiares banqueros españoles que, arropados por las lagunas de la legislación, mezclaban sus negocios particulares con los de la entidad financiera. Fundado por su padre en Salamanca en 1934, el Banco Coca era para Ignacio, especialmente, para Ignacio, un negocio en todo lucrativo como activo en cualquier sistema financiero occidental.
Hace ocho años, Ignacio Coca inició negociaciones con su amigo y presidente del Banco Español de Crédito, José María Aguirre Gonzalo, y en medio de la lucha que en aquel tiempo mantenían los dos por el control de la banca ocupando el primer lugar del ranking, firmó el acuerdo por el que el Banco Coca fue absorbido por Banesto. Los actuales responsables del Banco Español de Crédito no tienen ningún pudor al afirmar que aquella fue una mala operación para la entidad que sólo, en el caso de cobrar los créditos concedidos a Ignacio Coca, habrá producido un quebranto superior a los 5.000 millones de pesetas.
Sin embargo, José María Aguirre Gonzalo insiste una y otra vez en que la compra de Coca sólo supuso beneficios para Banesto, aunque se resiste a dar detalles del precio de venta al que llegó con la entidad financiera que durante muchos años presidió.
Muy pocos meses después de la firma de la operación, empezó a observarse graves irregularidades en las cuentas del Banco Coca. Por un lado, el excesivo riesgo con las sociedades pertenecientes a la familia Coca; por otro, un número creciente de operaciones ficticias de actividades del banco poco antes de ser absorbido por Banesto. El nombramiento de Ignacio Coca como vicepresidente de la junta general, quedó congelado el 6 de octubre de 1978 y el juez Jiménez Lablanca decidió interponer querella criminal por estafa y falsedad en documento público y mercantil.
Habría saltado en Ignacio Coca con las páginas de tribunales de los periódicos. Ya en 1974 se había iniciado contra él un proceso por presunto delito de ampliación de capital sin publicidad ni conocimiento del resto de los accionistas.
Por otro lado, contra el banquero se inició en 1983 un proceso por presunta evasión de capitales de 651 millones de pesetas a Suiza, en el que el consejero —delegado del Banco Coca, Enrique Miñarro fue condenado a seis meses de arresto y una multa de 200 millones de pesetas.
Hace sólo cinco meses, la Audiencia Provincial de Madrid puso fin al largo proceso de la revalorización del Banco Coca condenando a Ignacio Coca y a otros dos ex directivos de su antiguo banco a un año de prisión menor y multa de 45.000 pesetas por un delito continuado de falsedad en documentos públicos.
Ventas ficticias
Aunque estos sentenciados se han disculpado en crisis, no deja de ser interesante recoger parte del relato del fiscal en el que se narran las ventas simuladas con la consiguiente revalorización ficticia de activos. Es el caso por ejemplo de unas fincas de Alicante compradas en representación del Banco Coca por 1.102.000 pesetas, vendidas cuatro días después a un particular por el mismo precio, para comprar un Banco Coca por un total de 136 millones de pesetas.
Lo mismo ocurrió con una dehesa en Cilleros (Cáceres), que vendió el Banco Coca por 34 millones y medio y pocos días después la recuperó al precio de 200 millones de pesetas.
Durante el juicio, Ignacio Coca afirmó que una dehesa y el Ministerio de Economía y el de Hacienda, así como el Banco Español de Crédito niega cualquier responsabilidad y recuerda que Saints de Viana, director general de la entidad 24 de enero de 1978, hizo exclusión de toda eventual responsabilidad derivada de la forma en la que se hubiesen realizado dichas revalorizaciones.
Estas irregularidades detectadas en el Banco Coca obligaban a responder con sus bienes personales. A tal efecto, Ignacio Coca suscribió una serie de pólizas que figuraban como aval con Banesto y su madre, la duquesa de Alba, Cary Lapique y su madre, Marisa de Borbón, Alfonso de Borbón, Pilar Ridruejo, Gaetana Enders, Milie Sillanpaakus, los marqueses de Griñón, Fernando Martínez de Irujo y el doctor Vallejo Nájera fueron algunos de los amigos que asistieron a la ceremonia religiosa.
Fuentes de Banesto insisten en que, a la vista del patrimonio que ellos conocían de Ignacio Coca, se podían devolver sin dificultad estos créditos. De otro lado, se duda que esta entidad financiera se hubiese reconocido por última vez las condiciones en las que se produjo la devolución de los créditos.
Un asiduo de la «jet-set»
Ignacio Coca pertenecía al selecto grupo de la «jet-set» de la Costa del Sol. El fue uno de los promotores de la zona de los más importantes negocios. Escogió su residencia entre los más ricos de la zona. Uno de sus más antiguos amigos, marqués de Villaverde y yerno del anterior jefe de Estado, el marqués era el que Ignacio Coca, era vicepresidente. Esta sociedad fue también regularizada de forma ficticia poco antes de que el Banco Coca fuera vendido al Banesto. El beneficio de dicha regularización fue de cerca de cuarenta millones de pesetas.
Según se publicó en septiembre de 1978, por la revalorización de esta sociedad, cuyo capital era de 45 millones de pesetas, Ignacio Coca abonó a Cristóbal Martínez-Bordiu 41 millones de pesetas e Ignacio Coca otros 31 millones de pesetas.
Ambos fueron también socios en la clínica Incosol S. A., que es la propiedad que avala una de las polizas crediticias suscritas con Banesto por Ignacio Coca.
-Buena parte de la «jet-society» se dio cita el pasado miércoles en la madrileña parroquia de San Ginés, en el funeral por Ignacio Coca cuyo cuerpo reposaba en una cripta de dicha iglesia.La duquesa de Alba, Cary Lapique y su madre, Marisa de Borbón, Alfonso de Borbón, Pilar Ridruejo, Gaetana Enders, Milie Sillanpaakus, los marqueses de Griñón, Fernando Martínez de Irujo y el doctor Vallejo Nájera fueron algunos de los amigos que asistieron a la ceremonia religiosa.

El Análisis

Y al final Coca se pegó un tiro

JF Lamata

La muerte de Ignacio Coca, consumada pocas semanas después de su condena judicial, pone un trágico punto final a uno de los episodios más controvertidos de la reciente historia financiera española. Heredero y presidente del Banco Coca, una entidad familiar que había alcanzado relevancia dentro de la banca mediana española, Coca vio cómo la absorción de su banco por Banesto en 1978 acababa desembocando en una larga batalla judicial, económica y personal. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó en marzo de 1986 a un año de prisión por un delito continuado de falsedad documental relacionado con la revalorización de activos efectuada antes de la integración en Banesto. Según la sentencia, aquellas operaciones permitieron incrementar artificialmente el valor patrimonial de la entidad en el proceso de fusión.

El núcleo del llamado «caso Coca» residía precisamente en determinar si aquella revalorización constituyó una maniobra fraudulenta destinada a presentar una imagen patrimonial más sólida de la que realmente tenía el banco. Banesto sostuvo que la sobrevaloración de los activos había generado enormes quebrantos y que Coca mantenía deudas multimillonarias con la entidad resultante de la absorción. El propio banco llegó a cifrar en torno a 20.000 millones de pesetas los compromisos financieros derivados de aquella operación, mientras que los herederos de Coca y el propio banquero defendieron que las valoraciones habían sido conocidas y aceptadas durante el proceso de integración. Antes de morir, Coca dejó escritos en los que acusaba a antiguos y nuevos responsables de Banesto de haber incumplido compromisos adquiridos durante la absorción y de haber ejercido una presión creciente sobre su situación financiera.

En esta fase final adquirió especial protagonismo José María López de Letona, vicepresidente y consejero delegado de Banesto, que trató de renegociar la enorme deuda acumulada por el antiguo banquero. Las conversaciones fracasaron y la tensión continuó creciendo. Tras el suicidio de Coca, su familia llegó a querellarse contra los máximos dirigentes de Banesto, atribuyéndoles una responsabilidad indirecta en el desenlace, aunque los tribunales terminarían archivando aquellas acusaciones y descartando irregularidades penales en la actuación de la entidad.

Más allá de las cifras, los balances y las sentencias, el caso deja una lección amarga para la banca española. Ignacio Coca no fue la víctima inocente que algunos quisieron presentar tras su muerte, pues existía una condena judicial firme contra él. Pero tampoco puede ignorarse la dimensión humana de un hombre que pasó de presidir un banco propio a verse envuelto en litigios interminables, deudas gigantescas y una progresiva pérdida de prestigio. Su suicidio conmocionó al sector financiero porque simbolizaba el final de una generación de banqueros familiares que había dominado buena parte de la economía española durante décadas. Con él desaparecía un hombre; con su banco ya había desaparecido una época.

J. F. Lamata