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La Fiscalía del Estado presentó la demanda por considerar que la publicación había incurrido en un delito contra la Corona

El juez Del Olmo ordena el secuestro de una edición de EL JUEVES por publicar una viñeta pornográfica de los Príncipes de Asturias

HECHOS

El 19.07.2007 el juez de la Audiencia Nacional D. Juan del Olmo ordenó el secuestro de la última edición de la revista EL JUEVES por la viñeta que publicaba en su portada.

LA PORTADA REPRESENTABA A LOS PRÍNCIPES FELIPE Y LETIZIA DESNUDOS Y PRESENTABA A UNA MUJER COMO UN MERO APARATO SEXUAL

24 Julio 2007

En torno a la corona

Josep Antoni Duran Lleida

A raíz de la decisión del juez Del Olmo de secuestrar la edición del semanario El Jueves se ha abierto un debate en torno a la viñeta de los príncipes de Asturias. Nadie me ha pedido que tercie en él, pero libre y responsablemente quiero hacerlo.

Toda decisión judicial merece respeto. Pero los jueces son humanos y, por tanto, se equivocan. Cometen errores que a veces provocan daños irreparables, como los podemos ocasionar todos aquellos que tomamos decisiones que afectan a terceros. Pero no es ésta la derivada del debate que quiero abordar. En lo que a la vertiente judicial se refiere, sólo deseo que quien ha iniciado el procedimiento lo acabe cuanto antes y de la mejor manera posible.

Sí quisiera complementar lo que se ha dicho sobre este asunto desde una óptica distinta. Antes quiero recordar algo que me parece importante: milito en un partido que nació en la Segunda República; en el que uno de sus dirigentes más conocidos, Carrasco i Formiguera, participó en el pacto de San Sebastián para apoyar el advenimiento de la República cuando todavía reinaba el abuelo del actual monarca. Unió Democràtica fue fiel a la República de 1936 a 1939 y quien conozca la historia – no quien sucumba a una determinada memoria histórica- sabrá que pagó un alto precio por su fidelidad a las instituciones republicanas. Fue víctima de unos y de los otros. Unió, sin ser un partido monárquico, hace años que aceptó el principio de accidentalidad en la forma de Estado. Tuve el honor de aprenderlo muy bien de nuestro maestro Miquel Coll i Alentorn.

A esta presentación de credenciales partidarias le añado algo más personal: llevo más de la mitad de mi joven vida al servicio de las instituciones. He tenido el privilegio de hacerlo a escala local, catalana, española y europea, y he procurado mantener siempre un profundo sentido institucional, gobernara quien gobernara. El respeto al sistema institucional constitucionalmente establecido forma parte de mi acervo político. Sin ser monárquico, respeto y valoro la decisiva aportación de la Corona a nuestro sistema democrático.

Es a partir de estos supuestos que quiero entrar en el núcleo central de mi breve reflexión. La viñeta de El Jueves sobre los Príncipes ha sido básicamente analizada a partir del contenido de la imagen del acto sexual. Para algunos constituye una caricatura soez y un burdo y grotesco dibujo; para otros, una chistosa evocación de algo de lo que no se escapa ni la monarquía. En cambio son pocas las referencias al texto de la viñeta. Y es ahí, a mi juicio, donde radica la cuestión principal.

‘Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida’, reza la letra de la cuestionada portada de la revista. No es la primera ocasión en la que se intenta presentar a los titulares de la institución monárquica como personas que no trabajan o cuyo trabajo no sirve para nada. O que, en el mejor de los casos, el coste para el erario de esta institución no tiene ninguna justificación. Esta tesis coincide con la que algún partido republicano viene propagando al denunciar la presunta opacidad de las cuentas públicas de la jefatura del Estado y la supuesta injustificabilidad de éstas. Desde luego, si de demagogia se trata, hay terreno para recorrer, como lo tendrían los gastos de cualquier misión parlamentaria integrada, también, por diputados republicanos. Pero si de lo que se trata es de conservar el respeto al sentido institucional, me rebelo ante el contenido de la viñeta de El Jueves y ante las intenciones políticas de presentar a la Corona como parasitaria del sistema constitucional.

Puede defenderse la república como alternativa a la monarquía, y no sólo lo entenderé, sino que en algunos razonamientos podrán encontrar asiento mis opiniones. Sin embargo, cuando se trata demagógicamente de las funciones y del coste de la monarquía en España, debiera hablarse también de lo que supone, en ese sentido, la jefatura del Estado republicano de algunos estados de nuestro entorno. Pero más allá del coste, soy testimonio directo del valor añadido que la monarquía tiene para la sociedad española. Y no hablo sólo de su aportación al proceso de transición y consolidación de la democracia o a la discreta, pero continua, aportación al equilibrio y estabilidad democráticos. Me refiero ahora al valor de la Corona como el activo principal de la política internacional española. El Rey y el Príncipe son referentes fundamentales en la proyección del conjunto español en el mundo. Nadie más que ellos ha contribuido a abrir las puertas de la defensa de nuestros intereses allí donde ha sido necesario, y éste es el objetivo de toda política exterior.

He podido comprobar, tanto en América Latina, como en Estados Unidos, en África, en Asia y en el continente europeo, cómo nuestra jefatura del Estado es útil e imprescindible para la defensa de nuestros intereses económicos y políticos. ¿Que eso tiene un coste? Claro que sí. ¿O es que no lo tienen incluso aquellos que sin aportar prestigio ni eficacia en la defensa del país engrosan también el debe de las cuentas públicas del Estado?

24 Julio 2007

Libertades del otro jueves

Valentí Puig

Ya dicen que el mayor exceso de la libertad de expresión consiste en entrar en un teatro lleno de público y gritar: «¡Fuego!». También hay otros límites a la libertad de expresión, y ahí las argumentaciones suelen ser sustanciales y muy significativas. No ha sido el caso de la caricatura de los Príncipes de Asturias expuesta en la portada del semanario «El Jueves», cuya confiscación fue dictada por el juez Del Olmo. En una primera fase, para el PP lo que primó fue abalanzarse sobre el fiscal general para proseguir achacándole servidumbres múltiples a La Moncloa. En segunda fase, el PP optó por seguir en su defensa de la libertad de expresión, pero matizando que la caricatura era ciertamente ofensiva. Desde el Gobierno, la primera fase consistió en decir que lo que haga la Fiscalía General estará bien en relación a su autonomía del gobierno, para luego entrar en una segunda fase, más desapegada, poniéndose en defensa atolondrada de la libertad de expresión. Osadía y temblor de piernas en sucesión acelerada: honda deficiencia de ambas partes en su explicación a la ciudadanía de lo que está en juego y de cuáles son las lindes de la libertad de expresión.
Habrá sido grande el susto al ver cómo lo que inicialmente era un rifirrafe próximo se trasladaba a la infinita platea de internet. Ahí se diría que lo que menos ha importado es el perímetro jurídico que merece la Corona -como toda otra institución y como la vida privada- frente a la agresión, lo zafio y la irresponsabilidad exacerbada. Plantearlo como el derecho de un caricaturista a dibujar lo que le venga en gana traspasa los términos de lo que sería debatir el derecho a injuriar a la Corona hasta el punto de anular la consideración de que ninguna libertad que implica a otros puede ser absoluta. En general, la opinión emitida estos días secunda peligrosamente esa anulación hasta el punto de deteriorar toscamente la misma noción de libertad de expresión, un elemento nuclear de toda sociedad abierta. No está de más recordar a Karl Popper: «Debiéramos en consecuencia reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia». Por eso la libertad, en toda sociedad libre, es algo circunscrito y no infinito. Para esto existen las leyes.
La libertad de expresión implica el deber de respetar la dignidad de los demás. Del mismo modo, toda sociedad se dota legítimamente de sus propias instituciones, asumiéndolas del pasado o creándolas «en novo». Por eso vivimos en una monarquía parlamentaria. Tales instituciones requieren de unas normas de respeto, de un código de formas compartidas, precisamente porque son de todos, sin que eso dé patente para hurtarle el cuerpo a la crítica y a la transparencia. En el caso de la caricatura de «El Jueves», en realidad cualquier matrimonio representado en los mismos términos ofensivos tendría el derecho a defender su dignidad. Es por su naturaleza de orden simbólico que damos a la Corona un trato específico, como si fuese el trato que merecemos todos en conjunto como comunidad libre e histórica. Eso corresponde a que la libertad se concreta en el contenido de nuestras elecciones.
Tan extendido como falaz, el argumento de que el secuestro de la publicación sólo ha logrado incentivar de forma fulminante la curiosidad del público -tan característica del ser humano como el aburrimiento- es como decir que hay que eliminar los semáforos porque algunos gustan de saltárselos en rojo. De hecho, la curiosidad también requiere de límites porque colinda con el derecho a una digna intimidad.
Cada sociedad tiene derecho a sus propios tabúes, del mismo modo que puede irse a los quioscos o internet y fisgar en la caricatura de la que todo el mundo habla. No hay contradicción entre el respeto general a la monarquía y la curiosidad chismosa por la portada de «El Jueves». Entre ambas realidades existen la ley, la Fiscalía General del Estado, los jueces. Pocos desacatan tal régimen de cosas a sabiendas de que una caricatura como la de «El Jueves» vulnera derechos. No se vea como una paradoja: aquí la intolerancia está en la caricatura y la libertad está en la ley.
21 Julio 2007

De como amplificar una grosería convirtiéndola en delito

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El fiscal general del Estado y el juez Del Olmo convirtieron ayer a la Monarquía española en noticia mundial al propiciar el secuestro de la revista El Jueves, que aparecía en su portada con un irreverente dibujo de los Príncipes Felipe y Letizia.

El dibujo, que había sido visto hasta ese momento por algunos miles de personas, pasó a ser portada de numerosas web fuera y dentro de España, con lo que a buen seguro, a estas horas, habrá sido contemplado por decenas de millones de ciudadanos. Ni el mayor enemigo de la Corona habría provocado el mismo efecto. El fiscal pidió la retirada de la página web de El Jueves, pero, ¿qué pasa con las páginas de medios de todo el mundo que han reproducido la caricatura?

EL MUNDO, que tuvo acceso a esa portada de la revista coincidiendo con su salida al mercado, había decidido no reproducirla para no divulgar su patente grosería. La decisión del juez de iniciar un procedimiento penal por un delito contra la Corona, a instancias de la Fiscalía, nos obliga ahora a hacerlo para que los lectores dispongan de un indispensable elemento de juicio.

Lo primero que hay que subrayar es que esta resolución supone un grave error porque consideramos que no hay tal delito contra la Corona. El juez argumenta que el dibujo es «claramente denigrante y objetivamente infamante», lo cual es un juicio estético o moral pero no legal. A nuestro entender, no existe injuria ni, por supuesto, calumnia porque se trata de un dibujo satírico en una revista de humor. La imagen es de mal gusto, zafia y puede molestar a muchos ciudadanos. Pero no es delito. Entra dentro de lo permisible en una sociedad donde la libertad de expresión es un valor fundamental.

Da la impresión de que el juez se ampara en el artículo 491.2 del Código Penal, que castiga con multa a quien «de cualquier forma pueda dañar el prestigio de la Corona». La redacción es tan ambigua como desafortunada y su aplicación literal obligaría a los jueces a actuar todos los días contra quienes critican a la Monarquía. Desde el punto de vista jurídico, puede haber en la intención del dibujante un animus iocandi o propósito de burlarse, pero no hay ningún insulto y, menos aún, ninguna imputación delictiva a los Príncipes, porque cualquier lector entiende que esa imagen es una caricatura, producto de la imaginación del autor.

Hace más de 30 años, en plena Transición, un juez decidió secuestrar el semanario Cambio 16 porque consideraba una falta grave de respeto una ilustración en la que Don Juan Carlos aparecía, evocando a Fred Astaire, sobre los rascacielos de Nueva York. Aquel fallo fue también un grave error que en nada favoreció la imagen de la Monarquía.

La Fiscalía reconoció ayer que la iniciativa de proceder contra El jueves había sido suya y que su único ánimo era hacer cumplir la ley. El juez que ha tomado la decisión de secuestrar y el propio fiscal -que podría haber preguntado antes a la Casa del Rey, pero no lo hizo- se han equivocado porque, aun aceptando el razonamiento de que no se puede dejar de exigir el cumplimiento de la ley por las repercusiones que pueda tener un fallo judicial, el daño a la imagen de la Monarquía ha sido tan elevado que habrían hecho mucho mejor en abstenerse. Los Príncipes Felipe y Letizia han sido las verdaderas víctimas de este episodio y por partida doble: primero, del mal gusto del dibujante y luego, del exceso de celo de un poder judicial, que ha convertido una publicación que había pasado desapercibida en centro de atención mundial.

24 Julio 2007

'EL JUEVES'

Luis María Anson

O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Las veladuras y las medias tintas, en este caso, cuartean la verdad. La libertad de expresión es el cimiento sobre el que reposa el entero edificio de la democracia pluralista. Si se fragiliza la libertad de expresión, la construcción democrática terminará derrumbándose.

He dedicado mi vida entera a la defensa de la libertad de expresión, desde el más pequeño puesto periodístico hasta la dirección de grandes medios de comunicación social. Lo hice también desde la presidencia de las Asociaciones de la Prensa de España y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas. Incluso, cuando un juez cerró el diario Egin entre el jolgorio general, escribí uno de los artículos más serios de mi vida defendiendo el derecho a la libertad de expresión del diario proetarra y censurando severamente al juez que tomó la decisión.

Naturalmente que estoy en contra, como he declarado en varias emisoras de radio, del secuestro de la revista El Jueves pero no por la razones aducidas por algunos de que, con esa medida judicial, se ha agrandado lo que se quería censurar y se ha hecho daño a la Corona. El problema no es si la decisión del juez beneficia o perjudica a la Monarquía. El problema es de fondo: la libertad de expresión ampara a El Jueves y su secuestro fractura el principio más básico de la democracia pluralista.

¿Quiere decir eso que el periodista es un ciudadano impune? Claro que no. Los profesionales del periodismo estamos sujetos a la ley como cualquier otra persona. Si el fiscal o el juez creyeron en su día que determinados artículos o fotografías de Egin eran constitutivos de delito deberían haber procedido contra sus autores no contra el diario. Un periódico como tal no delinque. Si el juez o el fiscal consideraron que alguna caricatura o determinado texto de El Jueves infringían el Código Penal debieron proceder sólo contra sus autores y responsables, amparados éstos por el sistema de garantías procesales del Estado de Derecho. Lo que no debieron hacer es secuestrar la revista con grave fractura de la libertad de expresión y del derecho a la información que tienen los ciudadanos que compran esa publicación

Tengo, por desgracia, larga experiencia profesional, y también personal, de cierres y secuestros y sé lo que se siente ante el atropello, desde que en 1957 el dictador ordenó el secuestro, primero, y el cierre, después, de la revista Círculo que yo dirigía, pasando por el diario ABC secuestrado por Franco el 21 de julio de 1966, día en que publiqué el artículo La Monarquía de todos, para terminar en octubre de 1975 con el secuestro de la revista Blanco y Negro, de la que era director.

No estoy de acuerdo, en fin, con lo que ha publicado El Jueves. Pero lucharé como he hecho toda mi vida para defender el derecho de los periodistas que hacen esa revista a publicar lo que consideren conveniente. Y como ni ellos ni yo ni ningún periodista somos ciudadanos impunes, que la ley descargue su peso sobre nosotros, si cometemos un delito, no sobre el medio en el que trabajamos. El se-cuestro o el cierre de una publicación atenta gravemente contra la libertad de expresión.

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