Semana Trágica: el GRAPO asesina a tres policías y hiere a otros tres como respuesta a la matanza fascista de Atocha

La discusión sobre la naturaleza política de los GRAPO puede llegar hoy mismo a su final. Quienes hayan seguido esa polémica saben que los diversos matices y argumentos pueden reducirse a tres posiciones bien diferenciadas. Para un amplio sector de la Oposición y algunas personalidades del Gobierno, este grupo es un burdo invento de servicios paralelos, nacionales o internacionales, de inequívoco signo derechista. Otros sectores de opinión adoptan el criterio opuesto: toman al pie de la letra los mensajes en los que los secuestradores del señor Oriol y del teniente general Villaescusa se autodenominan revolucionarlos antifascistas. Existe aún una tercera posibilidad, que combina elementos de las dos anteriores: un grupo de militantes de extrema izquierda manipulados desde zonas próximas a la Internacional Negra y los servicios secretos extranjeros.

Cada una de estas tres hipótesis cubre, con mayor o menor eficacia, un cierto número de los hechos hasta ahora producidos; y dejan también sin explicar, cada una por su lado, otros acontecimientos. Son necesarias nuevas y contundentes pruebas para que cualquiera de esas hipótesis pueda transformarse en una teoría sólida e indiscutible.

Estamos en vísperas de poder descartar para siempre la hipótesis de que los GRAPO son un grupo independiente de militantes revolucionarios de extrema izquierda. A esta conclusión se llegará de forma irrebatible si el señor Oriol y el teniente general Villaescusa noson puestos inmediatamente en libertad. Porque las condiciones exigidas por los secuestradores para esa liberación puede decirse que ya han sido cumplidas.

En efecto, la carta del señor Oriol, recogida por redactores de este periódico el miércoles 19 de enero, y publicada dos días después, exponía con claridad las nuevas exigencias de sus secuestradores, hechas llegar al ministro de la Gobernación días antes: «En la carta a Martín Villa se rectifica el planteamiento anterior, que yo resumía en la fórmula libertad por libertad, por el nuevo, que se resume en la fórmula: promesa pública de libertad por libertad.» Ese cambio de criterio se halla igualmente explícito en el comunicado en el que los GRAPO se responsabilizaron del nuevo secuestro: «Si el Gobierno hace una declaración clara y pública de una próxima amnistía total, nosotros liberaríamos a Oriol. » (Y, lógicamente, también al teniente general Villaescusa).

Esa «declaración clara y pública» de «premesa de libertad» por parte del Gobierno se ha producido. El comunicado del Consejo de Ministros del miércoles 27 de enero señala taxativamente que «el Gobierno estudia detenidamente unos proyectos de máxima aplicación del derecho de gracia, que permitan llegar a las elecciones generales en un clima político y social superador de discordias pasadas». Y también da claramente a entender que sólo «los atentados contra la libertad, la integridad física y la vida de las personas» producidos últimamente, entre otros los dos secuestros, han impedido que esos proyectos se transformen en leyes.

Y hay más que esa promesa. En sus conversaciones con los representantes de la «comisión de los nueve», el presidente Suárez ha asegurado formalmente que para el Aberri Eguna de los vascos, esto es, el domingo de Pascua, no habrá ningún preso político en la cárcel. Las filtraciones no permiten determinar las fórmulas exactas mediante las que se realizará esa promesa (se habla, por ejemplo, de la conmutación de las penas de cadena perpetua por el extrañamiento), pero esa promesa existe. Las consecuencias de su eventual incumplimiento son Inealculables en muchos terrenos, pero previsibles en un dominio concreto: imposibilitaría la celebración de esas elecciones que el propio Gobierno tanto desea y necesita. De otro lado, el desprestigio del señor Suárez ante la opinión pública nacional e internacional sería completo e irreparable: un presidente de Gobierno no puede engañar a los representantes de los principales partidos sin firmar, al tiempo, su sentencia de muerte política.

Todo este razonamiento, claro y elemental, lleva a una sola conclusión: si los militantes de los GRAPO son los que dicen ser, en el plazo de unas horas el señor Oriol y, el teniente general Villaescusa, sanos y salvos, se reunirán con su familia; y en el plazo de dos meses y medio todos los presos políticos, incluídos los condenados a muerte y luego conmutados por delitos de sangre, recobrarán su libertad. Si esa liberación no se produce, ya sabemos a qué atenernos: los servicios paralelos que se proponen la desestabilización de la situación española son los respon sables del doble secuestro, bien de manera directa, bien a través de la financiación y la manipulación de militantes de extrema izquierda que creen estar sirviendo a otros objetivos.

AYER FUERON asesinados tres servidores del orden público en Madrid. Una y otra vez hemos condenado, desde las páginas de este periódico, el empleo de la violencia como medio al servicio de cualquier causa política.Pero la oleada terrorista que en estos momentos trata de destruir los cimientos de una posible España democrática añade al carácter intrínsecamente condenable de toda violencia otras notas nefastas. Su objetivo real es impedir el establecimiento en nuestro país de las instituciones de la democracia pluralista, único régimen, hasta ahora, creado por la Humanidad para permitir la negociación pacífica de los conflictos económicos, sociales e ideológicos y el respeto a la libertad de expresión de las minorías.

Aunque la cuestión del origen de la ofensiva terrorista pueda recibir distintas respuestas, la abrumadora mayoría de los protagonistas y observadores de la vida política nacional coinciden en señalar que esta violencia une a su inaudita brutalidad los perfiles de una maquinación. Pero los criminales sólo engañan a quienes desean dejarse embaucar. No podemos creer ni que los abogados del bufete de Atocha han sido asesinados como represalia por el secuestro del teniente general Villaescusa, ni que los guardias civiles y policías armados cobardemente abatidos ayer en sendas emboscadas han sido víctimas de una venganza por la matanza de Atocha. Esta violencia de aparente signo contrario sólo tiene un fin: destruir el Estado. Y da toda la impresión de que profesionales a sueldo son quienes aprietan el gatillo. No es cierto que España viva una situación prerrevolucionaria ni que nuestros conciudadanos sean incapaces de arreglar pacíficamente sus diferencias. No sólo el país quiere la paz y la democracia, como lo demostró rotundamente la abrumadora votación del referéndum del 15 de diciembre. Los dirigentes políticos se encuentren en el Gobierno o fuera de él, están dando adecuada represión a su voluntad superadora de antiguas diferencias. Nuestros altos mandos militares están dando un soberano ejemplo de cuál es la postura de un Ejército moderno y europeo, que sabe diferenciar entre los intereses de la Patria y lo que minúsculos sectores tratan de hacer pasar por tal.

Nos hallamos ante un reto a nuestro futuro como sociedad digna y civilizada. Todos tenemos el deber de hacerle frente para proseguir el camino hacia la concordia civil y la democracia. El Gobierno debe evitar la tentación de sentirse un poder aislado, capaz de dominar la situación por encima y al margen de la sociedad. Todas las fuerzas sanas y vivas del país deben apoyar en estos cruciales momentos al Gobierno; y éste, a su vez, debe incorporar a su gestión alguna forma de pacto con los representantes de esas fuerzas sociales. Muchas pueden ser las fórmulas adecuadas a esa colaboración. Pero el país necesita que se haga explícito y operante el acuerdo de hecho que une en estos momentos al Gobierno y a los dirigentes de los diversos partidos políticos frente a los enemigos de la sociedad española.

Diremos, finalmente, que el comunicado signado anoche por un amplio espectro de firmas políticas (desde el PCE hasta UDE) y la decisión gubernamental respecto a las medidas de excepción son encomiables y esperanzadores. El Gobierno, esta vez sí, se ha rnostrado a la altura de las circunstancias. El entierro de las víctimas de Atocha ha demostrado que el orden puede ser garantizado eficazmente mediante la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones, políticas. Estamos seguros de que una manifestación de apoyo al Gobierno como motor del proceso democratizador y de repulsa a la maniobra terrorista que pretende hacer inviables las próximas elecciones recibiría en esta situación el respaldo de cientos de miles de españoles.