Sentencia Judicial histórica en Argentina: la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años por corrupción en su etapa de presidenta

Corrían los años 90. Italia estaba sumida en un escándalo permanente por el proceso conocido como mani pulite, una investigación judicial que reveló los sobornos entre empresarios y políticos de ese entrañable país. Raúl Alfonsín, ya expresidente, recibió a un periodista italiano que le preguntó su opinión sobre su amigo Bettino Craxi, el histórico líder del Partido Socialista italiano, que había sido condenado a prisión por actos corruptos. Para no caer preso, Craxi se exilió en Túnez, donde murió varios años después. Alfonsín respondió que el periodista no podía ignorar que existía “una operación de la CIA para desprestigiar a la socialdemocracia europea”. Asombrado, el periodista le replicó: “Doctor, los servicios de inteligencia de todo el mundo hacen operaciones, pero la pregunta es otra: ¿Craxi robó o no robó?”. Alfonsín lo miró en silencio durante algunos segundos, y luego respondió: “Tiene razón”. La anécdota viene a cuento porque ambas cosas (sentencia judicial por corrupción y una monumental operación de los servicios de inteligencia) se han manifestado en los últimos días en la Argentina. Ayer, Cristina Kirchner rompió varios récords Guiness. Se convirtió en el primer vicepresidente argentino en ejercicio del cargo en ser condenado a prisión por actos de corrupción. Y es la primera persona con el apellido Kirchner en recibir una demoledora sentencia por actos corruptos en la administración del dinero de los argentinos.

Durante 14 años, al menos, la política y la sociedad argentina hablaron de la supuesta corrupción del matrimonio Kirchner y de varios de sus más allegados colaboradores (sobre todo de los que tenían despachos en el entonces Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido) y hubo avances importantes en muchas causas judiciales, pero ninguna llegó nunca a una sentencia como la que se conoció en la tórrida tarde de martes. Los 14 años corren desde que en 2008 Elisa Carrió presentó la primera denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner (luego la incluyó a Cristina Kirchner) en la concesión de obras públicas en Santa Cruz. Es la causa que ayer culminó en la instancia del juicio oral y público.

Cristina Kirchner no irá presa de inmediato, a pesar de que los años que le impusieron de cárcel la obligan al cumplimiento efectivo de la condena. En primer lugar, tendrá fueros de vicepresidenta hasta diciembre del próximo año. Para que vaya presa se necesitaría de un juicio político con la aprobación de los votos de los dos tercios de cada cámara del Congreso. Tiene, además, la posibilidad de apelar a dos instancias: la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Esos trámites se llevarán, por lo menos, dos años más. Entre tanto, y mientras una instancia superior no revoque la decisión de ayer del tribunal oral, será una política condenada a prisión por actos deshonestos en beneficio propio (y de su familia). A pesar de esa condena, podrá ser candidata el año próximo a senadora o a presidenta de la Nación (improbable), porque no habrá hasta entonces una sentencia definitiva. La sala de la Cámara de Casación que revisará el juicio oral y la sentencia de ayer la integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

De todos modos, este martes sucedió un hecho trascendente en la historia de la democracia argentina. Tres jueces del tribunal oral (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) sentaron el precedente de que puede no haber impunidad para la corrupción, aun cuando la acusación recaiga sobre la persona más poderosa del país. Era hora de que la Justicia se mostrara tal como debe ser, ciega e imparcial, después de que su prestigio cayera hasta límites muy profundos ante los ojos de la sociedad. Podrán suceder muchas cosas en adelante, pero la misión de esos jueces y la de los fiscales Luciani y Sergio Mola está cumplida. No podían, ni debían, pasar inadvertidos para los jueces y fiscales los hechos objetivos de este caso: casi todas las obras públicas de Santa Cruz fueron adjudicadas a un mismo empresario (que nunca antes había sido empresario ni había construido obras, públicas o privadas), Lázaro Báez; que muchas de esas obras no se terminaron nunca, y que el supuesto empresario cobraba por las obras antes de terminarlas, si es que las terminaba. Lázaro Báez se estrenó como empresario con los Kirchner y bajó las persianas de la empresa cuando los Kirchner se fueron del poder en 2015. Así de obvio fue todo. Los fiscales estimaron que el daño al Estado fue de unos 1000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor. La descripción que los fiscales hicieron de Báez fue el de un testaferro de la familia Kirchner, no la de un amigo ni la de un socio. Como es su costumbre, Cristina Kirchner se aferra a los formalismos para responder lo inexplicable. Para ser socio, dijo, debe estar firmado un contrato de sociedad. No era un socio; era un testaferro.

¿Robó o no robó? Esa es la pregunta de aquel periodista italiano que vale la pena hacerse ahora, después de haber asistido a una de las más escandalosas operaciones de los servicios de inteligencia oficiales que se tenga memoria. Esa operación fue llevada al principal teatro de la política por el propio presidente de la Nación en una de su escasísimas cadenas nacionales. El propio Alberto Fernández aclaró que se trató de una incursión ilegal en una plataforma de comunicaciones privadas. El actual presidente no es un novato en operaciones ilegales de los servicios de inteligencia. En 2005, cuando se disputaba la jefatura de Gobierno de la Ciudad, cerca suyo denunciaron que el candidato de la oposición, Enrique Olivera (un hombre de la coalición de Carrió), ocultaba cuentas en el exterior. Mostraron pruebas truchas. El denunciante, Daniel Bravo, que antes se había reunido con Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete, reconoció ante la Justicia dos años después que la denuncia había sido falsa. La falsedad se había demostrado ya cuando el banco, donde supuestamente Olivera tenía cuentas, aseguró que estas no existían. La aclaración ocurrió un día después de las elecciones en las que, obviamente, ganó el oficialismo que encarnaba Alberto Fernández. También Francisco de Narváez sufrió el hackeo de sus correos electrónicos cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete.

Esta vez fue peor. Un supuesto hacker chupó conversaciones privadas de jueces y empresarios en un viaje a la residencia del empresario británico Joe Lewis. La primera constatación que debe consignarse es que la foto inicial de la lista de pasajeros la sacó (y la difundió) la PSA, la policía aeroportuaria, que también cuenta con un servicio de inteligencia propio y con avanzados sistemas tecnológicos para penetrar en los teléfonos privados. La lista no es antojadiza. Cuesta mencionar los nombres cuando no se quiere ser parte de una detestable operación. Pero algunos son significativos. Por ejemplo, el del juez Julián Ercolini, que fue el primer magistrado que procesó a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad que terminó ayer con su condena a prisión por corrupción. Ercolini envió la causa al juicio oral que se realizó durante más de tres años y que concluyó en la víspera con el veredicto del tribunal. ¿Casualidad? Imposible. Nunca hubo ninguna sospecha sobre la honestidad de Ercolini. También mencionan en esos supuestos chats al juez Carlos Mahiques, padre del fiscal federal Ignacio Mahiques, que junto con el también fiscal Gerardo Pollicita escribieron el primer y devastador informe sobre la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Tanto el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, como la propia Cristina Kirchner recordaron ayer el parentesco del juez Mahiques con el fiscal Mahiques. ¿Casualidad? Inverosímil.

No puede haber una causa judicial común entre esos jueces, porque Ercolini es juez de primera instancia y Mahiques es juez de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país. Entre ellos, hay dos instancia intermedias: la Cámara Federal y el tribunal oral. Esto es: no hay una decisión de Ercolini que pueda ser revisada directamente por Mahiques. Los otros dos jueces pertenecen a fueros que nada tienen que ver con el penal federal. Son otras ramas de la Justicia que no se mezclan con la que están Ercolini y Mahiques. El grupo de personas que viajó al sur se hospedó en una residencia privada y, por lo tanto, debió recibir una invitación de Lewis, su dueño, o sus representantes en el país. Eran invitados y la lista la hizo el dueño o sus apoderados. Varios de los mencionados en esos chats le aseguraron a este periodista que existen las facturas con las que se pagó el vuelo. No hubo nada ilegal, dicen. Tal vez hubo, como uno de ellos lo aceptó, “cierto descuido” en el manejo de los mensajes telefónicos. Confinaron demasiado en que vivían en un país en el que se respetaba el derecho a la intimidad. No es así, lamentablemente. Sin embargo, varios de los afectados afirmaron que los chats fueron editados, las conversaciones sacadas de contexto y, en algunos casos, esas voces no corresponden a las personas a las que se las atribuye. Una típica operación de los servicios de inteligencia cuando salen de pesca para desprestigiar a personas o instituciones. Era la Justicia la que debía ser deslegitimada poco antes de la sentencia del tribunal que condenó a la vicepresidenta.

El conflicto de fondo en este caso es que la infiltración de un supuesto hacker para sustraer conversaciones privadas pasó directamente a la cadena nacional del presidente de la Nación. Solo un paso entre el supuesto hacker y el Presidente. El kirchnerismo venía insistiendo en ese viaje como si fuera la prueba del lawfare contra Cristina Kirchner. Ninguno de los jueces del tribunal oral que la condenó ayer ni los de la Cámara de Casación que revisarán el juicio oral estuvieron en ese grupo de viajeros. ¿Dónde está el lawfare? Hay que llamarlo supuesto hacker porque la incursión en las conversaciones telefónicas privadas fue obra de servicios de inteligencia estatales. Es costumbre de estos servicios que sus operaciones las hacen públicas a través de terceros, hacker o amigos. No son ellos los que citan a los periodistas para informarles las miserias que cometen.

El canal de noticias ultrakirchnerista C5N estuvo desde el lunes obsesivamente dedicado al presunto escándalo de los chats. Peor: la televisión pública le dedicó toda la tarde del lunes a la difusión de esos chats. Alguna vez alguien deberá investigar el dinero del Estado que se gasta en la televisión pública para atacar a los enemigos del gobierno. Ya no hay un programa como lo fue 6,7,8. Ahora toda la televisión pública es como aquel programa. El “estado paralelo” del que habla Cristina Kirchner está debajo de su escritorio, no en la residencia privada de Lago Escondido. El descargo de ayer de la expresidenta fue también puro formalismo: el presupuesto lo ejecuta el jefe de Gabinete (lo que es cierto, aunque nunca sin control de los Kirchner) y las obras fueron autorizadas por el Congreso. El Congreso autoriza las obras, pero es el Gobierno el que adjudica las obras, todas a Lázaro Báez.

Entre tanta distracción, debe ponerse énfasis en que se violó el derecho a la intimidad de las personas y, por lo tanto, la libertad privada con la difusión de conversaciones telefónicas personales. Ambos derechos están protegidos por la Constitución. Después de esa repugnante operación, las conversaciones telefónicas, la intimidad y la libertad de los argentinos corren el riesgo de quedar expuestas ante los reflectores públicos. De ser exhibidos en una cadena nacional presidencial. Alberto Fernández no pudo caer más bajo. ¿Hará una cadena nacional para pedir disculpas por haber compartido la fórmula presidencial con una persona condenada a prisión por corrupción? Aquella pregunta sobre si robó o no robó fue respondida ayer por tres jueces. Para ellos, Cristina Kirchner robó.

El Tribunal Oral Federal 2 le colocó un número al sistema de recaudación política y enriquecimiento que acostumbra a rodear la ejecución de la obra pública en la Argentina. Condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, la actual vicepresidenta, por haber favorecido con sus adjudicaciones entre 2007-15 al empresario K, Lázaro Báez.

Igual condena recayó sobre el ex secretario de Obras Públicas, José López. El hombre de los bolsos con millones de dólares arrojados en un convento. La sorpresa fue la absolución en beneficio de Julio De Vido, ministro de Planificación en todo el ciclo kirchnerista.

Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso (en disidencia) y Jorge Gorini descartaron que Cristina haya sido la jefa de una banda de delincuentes. La absolvieron por el cargo de “asociación ilícita” que habían formulado los fiscales Diego Luciani y Santiago Mola.

Sostuvieron, en cambio, que durante los doce años kirchneristas (8 comandados por la vicepresidenta) “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

El Tribunal agregó que “hubo evidencias que demuestran que las obras viales licitadas en Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico se vio directamente asociado con la adjudicación de la obra pública”. Remisión a la historia del empleado bancario convertido en multimillonario por Néstor Kirchner.

Se sabe que queda todavía un largo trecho por recorrer antes que este fallo de primera instancia resulte convalidado. Primero la Cámara de Casación. Luego la Corte Suprema. Quizás pueda existir alguna novedad cuando esté promediando el gobierno que amanezca en 2023.

Pero habría un primer efecto político que, a lo mejor, obliga al kirchnerismo a repensar su “operativo clamor”. También al fragmentado Frente de Todos a interpelarse acerca del porvenir. En la exposición posterior al fallo del TOF2 Cristina comunicó que no será candidata a nada. Ni a Presidenta ni a senadora. ¿Se expondrá sin fueros a la intemperie? Habrá que esperar.

Cristina esbozó luego de fallo la argumentación defensiva en dos segmentos. Un reportaje que concedió al diario brasileño Folha de San Pablo. Por primera vez, amén de las construcciones políticas, metió el dedo en una cuestión crucial: la relación con Báez. La gran mochila que buscó ocultar su abogado defensor, Carlos Beraldi.

La vice negó la existencia de vínculos comerciales y societarios. Pues bien, los fiscales y el TOF2 tienen documentos contractuales firmados por las partes. ¿Con las rúbricas de Néstor y Cristina? No, con la de Máximo Kirchner, su hijo diputado. Era el nexo en los negocios con el empresario. Por eso aparecía en los chats de López.

Otra parte sustancial de sus justificaciones, que permiten adivinar la estrategia de futuro, fue vertida desde su despacho en el Senado. Una intervención virtual que tuvo casi tantos seguidores como la marcha que encabezó en Comodoro Py el piquetero Luis D’Elía. El mismo dirigente que cruzó a Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, cuando dijo que no habría ninguna movilización. Por algo fue.

El papel de Alberto y Massa

En ese caso, la vicepresidenta construyó un mensaje puramente político. Se sorprendió porque durante el juicio Alberto Fernández y Sergio Massa -sus dos ex jefes de gabinete- sólo efectuaron una declaración testimonial. Cuando a su criterio, según la reforma constitucional de 1994, como jefes de gabinete fueron los administradores del presupuesto nacional con el cual se habrían favorecido para Báez. La dama aclaró que en ningún caso pretendía perjudicarlos. Solo deseaba marcar una de las arbitrariedades del TOF2. No habría tenido éxito con tal propósito.

Cristina simuló una autocrítica al abordar la situación del Poder Judicial. Sostuvo que había sido ingenua cuando denunció la existencia de un presunto “lawfare” en su contra. Pareció arrepentida, además, de sus “últimas palabras” en el juicio. Fue el momento en que habló del supuesto “pelotón de fusilamiento” en lugar de un Tribunal.

También corrió la idea del “partido judicial”. Desarrolló ahora le teoría de la que denominó “mafia judicial” y “Estado paralelo”, que estarían obrando en contra suyo.

Asoció aquella presunta “mafia” a los conocidos lazos familiares que caracterizan desde siempre la conformación del Poder Judicial. Lección que pareció aprender muy rápido del ex presidente y conserva, sobre todo, en Santa Cruz. La Justicia de esa provincia comenzó a ser colonizada ni bien Kirchner comenzó en los 90 su primer periodo como gobernador.

La tarea siguió de manera disciplinada por su hermana, la gobernadora Alicia. Nuera de Cristina. En oferta hay de todo: desde Romina Mercado, hija de Alicia, fiscal en El Calafate, hasta la reciente creación de un tribunal Federal en la localidad de Luis Piedrabuena, donde fueron designados tres abogados militantes. Nada muy distinto a lo que Gildo Insfrán acostumbra a urdir en Formosa.

En su trayecto defensivo Cristina hizo otras revelaciones. Dejó claro que la cadena nacional de Alberto para denunciar “promiscuidad antirrepublicana” por un viaje de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y empresarios de comunicación fue forzada por ella.

Desnudó, de paso, otra falacia presidencial: la jactancia acerca de haber hecho desaparecer el espionaje de la política argentina. La vicepresidenta dijo que aquella información sobre el viaje fue difundida por redes sociales. En verdad, se trató de un hackeo que tuvo tres patas políticas visibles: Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia; el diputado Leopoldo Moreau, devenido en topo en el otoño de su vida y Rodolfo Tailhade, miembro de la Comisión Bicameral de Diputados de seguimiento de Organismos de Inteligencia.

Cristina se detuvo en el juez Julián Ercolini. El funcionario que sustanció la causa de Vialidad. Llegó a Comodoro Py de la mano de Alberto. La vice afirmó que el magistrado había desestimado la causa hace una década. La reabrió cuando ella dejó el poder. Olvidó detalles. Su cronología fue más o menos correcta. No dijo que Ercolini comenzó a investigar el caso en 2008 y lo dejó por intimidaciones de las que fue objeto. Incluso de parte de funcionarios -politicos y de inteligencia- que ella conoce aún hoy muy bien.

Las amenazas de Cristina

Tampoco habría que retroceder tanto. ¿O Cristina no amenazó públicamente al comenzar el juicio a los jueces que hoy la condenaron? ¿O no se valió de los sótanos de la democracia -alegoría de Alberto- para denunciar que tres jueces jugaban al fútbol en un campeonato que se realiza en el predio de Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri?

Otro aspecto de su defensa fueron las invocaciones a la existencia de un “Estado paralelo”. Resultó menos ilustrativa que cuando se explayó sobre la “mafia judicial”. Quizás refirió a sus decisiones impuestas para que la Oficina Anticorrupción (OA) se retirara como querellante de todas sus causas de corrupción. Lo mismo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que se excusó de pedir condenas contra todos los acusados en la causa de Vialidad.

En este plano podría conectarse el fallo de Vialidad con otra investigación que desvela a Cristina. La revisión del sobreseimiento en la causa Los Sauces-Hotesur. Sospecha de lavado de dinero proveniente, precisamente, de la obra pública. Aquel era un emprendimiento dedicado a alquilar hoteles e inmuebles. Sus inquilinos fueron casi siempre Báez y el empresario Cristóbal López. Están implicados Máximo y su hija Florencia. La causa está siendo considerada por la Cámara de Casación.

Tal vez esa amenaza haya desatado los últimos minutos de furia antes de despedirse en el Senado. Gritó que la quieren inhabilitar a perpetuidad porque siempre fue electa por el voto popular. Tan cierto como inconsistente para explicar el fraude cometido con el dinero público en los años que ejerció el poder.

La mafia judicial, el estado paralelo, como los denominó Cristina Kirchner, dictó una condena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta de la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo es grotesco y sustentado en planteos que fueron derrumbados durante los tres años de juicio.

Por ejemplo, dibujan los magistrados que con las licitaciones que ganó Lázaro Báez se beneficiaba Cristina, una hipótesis descabellada sobre la que no hay ninguna prueba ni se presentó la más mínima evidencia. Todo el vínculo existente fueron algunos alquileres que totalizaron unos ocho millones de pesos en cinco años. En cambio, los jueces dicen que el perjuicio para el Estado fue de 84.000 millones de pesos. O sea, no hay vínculo alguno entre las cifras, además de que los alquileres -así se probó- no podían incluir ninguna coima porque fueron a valores de mercado e incluso un poco menos. Pero, sobre todo, no se encontró ni un mensaje, un correo, un testigo que dijera que Cristina dio alguna instrucción o que sugiriera alguna medida relacionada con las rutas de Santa Cruz.

Como no hubo condena por asociación ilícita, los jueces tienen que probar el vínculo de cada uno de los condenados con el fraude y, por lo tanto, tendrán que dibujar algo respecto de Cristina, teniendo en cuenta que no tuvo la menor comunicación con ninguno de los otros acusados. El fallo tiene una única explicación: sacar de la cancha a la principal referente del peronismo. Al final, la asociación ilícita fue el aparato judicial.

Próxima escala, la Cámara de Casación

Como se sabe, lo resuelto por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso (éste último el juez más macrista y que propuso condenar también por asociación ilícita) es apelable a la Cámara de Casación, después de que se conozcan los fundamentos del fallo, el jueves 9 de marzo de 2023.

La Casación es un terreno más que minado, de fuerte alianza con Juntos por el Cambio. Convalidó todo el proceso y allí conviven, como se vio en los chats sobre el vuelo privado a Lago Escondido, Carlos «Coco» Mahiques y Diego Barroetaveña, junto a los visitantes de Olivos y la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Estos dos últimos, integrantes de la Sala IV, son los que deberán resolver las apelaciones del equipo de defensa de Cristina, encabezado por Carlos Beraldi. Parece un chiste, pero es real.

La lógica indica que la Casación tardará en resolver la apelación hasta principios de 2024, según analizan quienes conocen los tiempos procesales. Y luego, CFK –y todos los que fueron condenados– podrán presentar un recurso ante la Corte Suprema, que no tiene plazos. Lo previsible es que haya decisión del máximo tribunal en 2025. Mientras tanto, la inhabilitación no rige y la vicepresidenta puede ser candidata, tal cual lo indica el antecedente de Carlos Menem. El riojano fue condenado por un tribunal oral en la causa por el contrabando de armas, el fallo fue confirmado por Casación y aun así fue candidato a senador y obtuvo la banca. Murió integrando la Cámara Alta. CFK dijo este martes que no será candidata a nada, que va a estar sin fueros, pero no tendrá impedimento legal.

El hilo conductor

Los integrantes del tribunal publicaron un texto de ocho páginas para explicar el fallo, una especie de adelanto de lo que darán a conocer el 9 de marzo. Alcanza para verificar la incoherencia y arbitrariedad.

• Los jueces dicen que Lázaro Báez ganó las licitaciones porque se hicieron a su medida y que las otras empresas que intervinieron presentaron “ofertas de cortesía”. “Hubo una concurrencia cartelizada”, dicen Giménez Uriburu, Gorini y Basso. Esto fue desmontado durante el juicio. Las empresas competidoras no tenían ninguna razón para beneficiar a Báez, más bien lo odiaban porque no era parte de la Cámara de la Construcción y presentaba las ofertas más bajas. Lo mismo ocurrió en buena parte de las provincias, donde las constructoras locales se impusieron -y se imponen- en la mayoría de las licitaciones porque tienen el personal y la maquinaria en la zona y no tiene que movilizar su estructura, por ejemplo a 2.800 kilómetros como en el caso de Santa Cruz.
• Que Báez ganara 51 de los 81 tramos de rutas benefició a Cristina, afirma el texto. Los jueces lo ponen así: “La comprobación de un interés de la entonces Presidenta evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos por los vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Báez”. O sea condenan a Cristina por la causa Hotesur-Los Sauces donde fue sobreseída. Pero, además, no hay relación alguna entre los alquileres de Báez con la magnitud de la obra pública y el hecho -probado- de que esos alquileres no encerraban ninguna coima porque fueron a precios de mercado.
• El tribunal dio por caída la asociación ilícita, o sea que el gobierno funcionaba como una banda. Por lo tanto, deben probar el papel específico de cada condenado en las rutas de Santa Cruz. Pero allí chocan con un hecho evidente: no hay una sola comunicación de Cristina, no hay una instrucción, no hubo un solo testigo que afirmara que ella tuvo alguna intervención.
• Justamente lo que ocurrió con Julio De Vido o Abel Fatala es que no intervinieron en nada de nada. Por lo tanto, no los pudieron condenar. Y CFK tampoco intervino en nada. Parece directamente ridículo que absuelvan -con Justicia- al ministro del área y condenen a quien estaba por encima de él, la Presidenta.
• El esquema que utilizaron para esa pirueta es sostener que la estructura que actuó fue la de Vialidad Nacional, por eso condenaron a Nelson Periotti y a todos los que estuvieron en Vialidad, Nacional y de Santa Cruz. El que supuestamente transmitió indicaciones fue José López –secretario de Obras Públicas–, pero no hay ni mensajes ni llamadas ni mails de López con Periotti o de ambos con Cristina.
• Toda la base de esa acusación son tres mensajes a fines de noviembre de 2015, cuando Cristina estaba a punto de dejar la Casa Rosada y había una situación crítica en Santa Cruz porque las obras estaban paradas y se venía el freno que efectivamente concretó el macrismo. Esos tres mensajes –que ni siquiera fueron directamente a CFK– todo lo que requerían es que se le pague a Austral Construcciones para que se abonen los sueldos y se salga de la crisis social. Pero no se hizo pago alguno. Mientras tanto, hubo cientos de mensajes con empresarios macristas, que tenían intimidad con López, el que dejó los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Eso fue ocultado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
• A la vicepresidenta le adjudican el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Pero ella no tenía facultades. Las obras y el valor de las obras se decidieron en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso Nacional. La administración del presupuesto corresponde, por la Constitución, a los jefes de Gabinete. Es desopilante que respecto de obras que se licitaron, adjudicaron, pagaron y controlaron en Santa Cruz se impute a una Presidenta que no tenía facultad en la decisión provincial y tampoco en la administración de fondos presupuestarios. O sea, el delito es de imposible ejecución.
• El tribunal afirma que “hubo sobreprecios en al menos tres de las cinco obras peritadas”. Página/12 presenció todas las audiencias: los peritos que estuvieron en el juicio naufragaron estrepitosamente y de ninguna manera se probó la existencia de sobreprecios. El abogado de Báez, Juan Villanueva, lo sintetizó así: “Probamos en el juicio que las empresas de Báez ofrecieron precios menores a otras constructoras del país. Probamos que las licitaciones se ganaron ofreciendo mejores precios”. Lo escandaloso es que los magistrados tomaron los supuestos sobreprecios de las tres obras que mencionan y los aplicaron –sin pericia alguna– a las otras 48 obras que ganó Báez. Así llegaron a que el perjuicio fue de 84.000 millones de pesos. Para redondear el disparate, en otra parte del anticipo de los fundamentos los magistrados dicen que no pueden calcular el perjuicio.
• Desde ya que se cayó buena parte de las acusaciones mediáticas: no hay referencia en el texto de los jueces de que las obras no se hicieron o que se pagaron tramos que no se construyeron o que las rutas no iban a ninguna parte. Y éste era el verdadero origen de la causa Vialidad.

El detrás de la escena del fallo

Como señaló la vicepresidenta, la condena estaba escrita desde el primer día. No había otra decisión posible de un juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta de Mauricio Macri. La trama fue revelada por Página/12. No iba a prosperar la recusación de ese equipo porque los que decidieron fueron Hornos y Borinsky, que lo visitaban clandestinamente en la Casa Rosada y Olivos.

Era imposible imaginar una absolución con el trasfondo del viaje a Lago Escondido -también revelado por Página/12-, pagado por el grupo Clarín, y con los jueces y funcionarios macristas evaluando cómo falsificar pruebas y esconder delitos. Allí estaban Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa Vialidad, y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que impulsó la acusación original.

La condena estaba cantada cuando la Corte Suprema -en guerra con el Poder Ejecutivo y alineada con el macrismo- dictó un fallo feroz sobre la causa Vialidad cuando justito estaban por alegar Luciani y Mola rechazando todos los recursos de las defensas. Por ejemplo, los defensores habían sostenido que no se podía hacer un juicio sin las más elementales pericias o con la intervención de magistrados visitantes de Casa Rosada y Olivos. Los cortesanos no aceptaron nada y pegaron un golpe que fue una especie de vía libre para condenar.

La base del fallo, el objetivo, es la proscripción. Y para esto tuvieron que redactar un texto contradictorio, que destila odio ausente de toda prueba. Al final, la asociación ilícita fue el tribunal y todo el estado paralelo que tuvieron detrás.

Argentina ha entrado en una etapa inédita de su historia reciente. La justicia federal argentina condenó este martes a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Los jueces han dado por probada la existencia de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional” y que consistió en la asignación de contratos de obra pública a cambio de sobornos. Según la Fiscalía, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares (953 millones de euros) durante los dos mandatos de Kirchner como presidenta, entre 2007 y 2015. La sentencia considera a Fernández de Kirchner culpable de defraudación al Estado, pero la absuelve del delito de asociación ilícita: es la primera vez que es condenado un miembro en funciones de la más alta esfera del Ejecutivo. El fallo fue recibido con entusiasmo por la oposición al peronismo gobernante, que, enarbolando la lucha contra la corrupción, salió en tromba contra las dos veces presidenta. Para el Gobierno, sin embargo, se ha condenado “a una persona inocente” en un “simulacro de juicio”, como dijo el presidente, Alberto Fernández. Kirchner, cuyo actual aforamiento la protege de la cárcel, habló de “mafia judicial” y “pelotón de fusilamiento”.

Entre esos dos extremos, hay una sociedad que observa estupefacta el choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial. La sentencia contra Fernández de Kirchner, fruto de una investigación de tres años y que puede ser recurrida, ha puesto al descubierto el alarmante deterioro de las instituciones de la democracia argentina, que el año próximo cumplirá 40 años. Se han perdido las formas y ambos bandos se consideran enemigos irreconciliables, cuando su función debería ser la de buscar espacios comunes para salir de la grave crisis económica que golpea a Argentina.

Tras conocer su condena, la vicepresidenta anticipó el martes que no será candidata a cargo alguno en las elecciones de octubre de 2023. Fue su respuesta a lo que consideró un intento de proscripción judicial. Pero antes criticó un hecho que, de comprobarse, empaña el proceso en su contra. Una serie de chats obtenidos mediante espionaje ilegal reveló las conversaciones privadas de jueces, políticos opositores y empresarios de medios sobre la mejor estrategia para ocultar a la prensa un viaje pagado a la finca de un multimillonario en la Patagonia. En el grupo figura el magistrado que inició la instrucción contra Kirchner, además de un ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El intercambio dio pólvora a la vicepresidenta para poner en duda la honorabilidad de los jueces que acababan de condenarla.

Dada la trascendencia del fallo contra Kirchner, a menos de un año de las elecciones presidenciales, no puede haber resquicios o dudas sobre su solvencia. El poder judicial debe ser independiente, como en toda democracia, pero también transparente y libre de escándalos que cuestionen sus decisiones. Si hay sospechas, deben ser investigadas sin dilación y hasta el final; esa es la mejor forma de neutralizar las críticas. Y el poder ejecutivo, entre tanto, debe abstenerse de cargar su artillería política contra las decisiones de los jueces, un eslabón fundamental del Estado de derecho. Si la vicepresidenta, que es parte privilegiada del Estado y goza de fuero, considera que se trata de una sentencia injusta tiene todo el derecho a luchar para defender su inocencia, pero el mejor lugar para hacerlo es ante los tribunales y por los cauces de la apelación. Azuzar la hoguera en una sociedad ya extremadamente crispada solo sirve para ahondar el desprestigio de unas instituciones básicas para el juego democrático.