Tragedia en incendio de Guadalajara: mueren once guardias forestales y dimite la Consejera de Medio Ambiente de Castilla la Mancha para asumir la responsabilidad política

Once guardias forestales murieron el pasado domingo víctimas del fuego, en el noreste de Guadalajara, por la irresponsabilidad y manifiesta imprudencia de un grupo de excursionistas que en las peores condiciones posibles (extrema sequedad del monte, altas temperaturas y fuertes vientos) decidieron hacer la tarde del día anterior una barbacoa en el campo. A la tragedia se sumó la falta de recursos materiales y humanos en una primera fase, por lo que parecen legítimas las protestas de los vecinos cuando se presentó esa noche en el pueblo de Alcolea del Pinar la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que trató de obtener más detalles y aguantó con dignidad un vendaval de gritos e insultos, pese a que las competencias en esta materia corresponden a la Administración autonómica. Además de las víctimas mortales, el resultado de esta calamidad es la destrucción de más de 10.000 hectáreas de bosque que afecta parcialmente a un parque natural.

Por desgracia, sólo cuando ocurren incendios de tan trágicas consecuencias -el más grave de los últimos 20 años- nos acordamos de que ha llegado el momento de poner término a nuestra incivilizada conducta en materia de protección de la naturaleza, impropia de una sociedad que afirma ser desarrollada. Ha llegado el momento de que haya una regulación más estricta del uso público del bosque, de prohibir las quemas agrícolas y posiblemente establecer mínimos comunes en las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia.

España es el país que registra más incendios forestales, bien sea por negligencia o dolo. El Ministerio de Medio Ambiente informaba ayer mismo de que en lo que va de año han ardido 52.699 hectáreas de superficie forestal, un 14,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En los últimos 10 años se han quemado 1,6 millones de hectáreas sobre 26 millones de bosque, con unas pérdidas de 3.500 millones de euros. ¿Quién lo paga? Lo más aberrante del caso es que gran parte de ese dinero va más a tareas de extinción que a las de prevención.

El Gobierno ha actuado con diligencia tras la catástrofe del domingo poniendo en marcha algunas medidas de urgencia y sugiriendo otras. Parece oportuno, como anunció ayer la vicepresidenta, reforzar la campaña de concienciación ciudadana, aunque eso obviamente no basta. Es necesario agilizar la persecución penal de delitos de incendio. El Código Penal de 1995 los castiga con penas de 5 a 20 años de prisión, pero son pocos los que al final van a la cárcel ante la dificultad y lentitud de las investigaciones. Es por ello oportuno que finalmente se cree una fiscalía dedicada exclusivamente a delitos contra el medio ambiente, según establece la nueva Ley de Montes cuyo proyecto aprobó hace un mes el Gobierno.

El Partido Popular está protagonizando una desmesurada campaña contra el Gobierno tras la tragedia del incendio en Guadalajara. A Zapatero, que ayer se reunió con los alcaldes de los pueblos afectados para informarles de las nuevas medidas urgentes de ayuda económica y prevención contra el fuego que se aprobarán el viernes, le ha tildado de «cobarde» y de «dictador», y calificado de «clandestina» su visita del domingo a la zona arrasada, al regreso de su viaje a China; a la ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, de «chivo expiatorio», porque con su dimisión evita la del presidente de esa comunidad, en poder del PSOE; a la ministra del ramo, Cristina Narbona, que ayer compareció en el Congreso, le ha acusado de negligencia, y a la vicepresidenta Fernández de la Vega, abroncada por los vecinos de uno de los pueblos afectados la misma noche en que se produjo la tragedia, de espabilarse menos que cuando posó con otras ministras del Gabinete socialista para una revista de modas.

Con este lenguaje resulta harto complicado creer que el primer partido de la oposición puede presentarse como una responsable alternativa de gobierno, al margen de que Rajoy haya presentado esta vez una batería de posibles medidas. No tiene sentido que su formación se obceque en exigir una comisión de investigación en el Congreso, toda vez que la Cámara legislativa castellano-manchega, que es quien tiene las competencias en la materia, ha decidido crearla. El PP no aceptó cuando gobernaba que el Congreso investigara los casos del Prestige y del Yak-42, cuando en ambos era la sede parlamentaria competente. Además, con su actitud de equiparar la catástrofe ecológica del petrolero con la de Guadalajara, remarcando que en aquélla no hubo muertos y en ésta 11, lo único que revela es su mala conciencia.

Es demasiado grave esta tragedia como para recaer de nuevo en la cansina bronca política. Establecer una ilación entre la gestión del incendio y las 11 muertes es un salto que sólo cabe hacer desde la manipulación política. Pero sí se han puesto en evidencia problemas de coordinación, aunque la ministra Narbona reiterara ayer que ningún medio de extinción hubiese podido detener el «fuego de explosión» causado por el viento, las altas temperaturas y la escasa humedad atmosférica. Un poco de sentido y responsabilidad de Estado por parte de todos no vendría mal.

La tragedia provocada por el incendio en Guadalajara coincide con otras muchas en la imprudencia que la originó, pero se diferencia por el elevado número de víctimas y por haber privado a muchos habitantes de la zona de su medio de vida. Era obligada la aprobación urgente por el Gobierno de medidas adicionales de prevención contra el fuego, aplicables en toda España, y de ayudas económicas y compensatorias a víctimas, familias y afectados por los daños.

El decreto ley que las aplica entró ayer mismo en vigor, tras su convalidación en un pleno extraordinario del Congreso. El PP apoyó el decreto ley, lo cual no deja de chocar con el mensaje de incompetencia general que lanza contra el Gobierno. Más allá de la batalla política, el incendio de Guadalajara ha evidenciado lo mucho que queda por hacer en prevención y extinción de fuegos forestales, en la coordinación entre Administración central y autonómica, en la disponibilidad de medios en momentos de riesgo alto, y, sobre todo, en formación y capacitación del personal dedicado a esas tareas.

Deducir, como se han apresurado algunos, que la política sobre incendios forestales sería más eficaz si dependiera por entero del Gobierno es gratuito. No lo es, sin embargo, la creación de un Centro de Coordinación Nacional que obtendrá y distribuirá la información actualizada sobre fuegos y medios disponibles en el conjunto de las administraciones. Y es congruente, incluso mediante prohibición, incidir en el cambio de hábitos ciudadanos, como hacer fuego al aire libre o encender una barbacoa cuando el campo es una tea.