Tragedia por la riada del camping de Biescas (Aragón): mueren 87 personas y 187 resultan heridas

PODEMOS TRANSMITIR en directo, vía satélite, la catástrofe, pero no evitarla. En pocos minutos, una enorme ola producida por el desbordamiento de un río arrasó el cámping de Biescas, en Huesca, provocando decenas de muertos. Hechos similares se producen todos los años en los más diversos países y climas: en la atrasada China y en la civilizada Europa, en Estados Unidos y en Bangladesh. Con la diferencia de que en los atrasados el número de víctimas se mide casi siempre en centenares o millares de personas, cosa que raramente ocurre en los desarrollados. Ello significa que la naturaleza, aquí y allá, dista de ser la madre bienhechora que proclama el ecologismo ingenuo, y que no es posible conjurar todos los peligros que de ella derivan para los humanos. Pero también, que sí es posible prevenir en alguna medida esos peligros y aminorar sus efectos una vez desencadenados. Los allegados de las víctimas tienen derecho a esperar que se estudiarán las causas de la tragedia. Considerar, por ejemplo si la ubicación del cámping, junto a un torrente, era potencialmente peligrosa o si no había posibilidad de alertar más precisamente del riesgo de fuertes tormentas en la zona. Y ello no para satisfacer la obsesión por encontrar culpables de nuestro dolor, según la tentación primera, tan comprensible; sino para que puedan tomarse a tiempo medidas que eviten, o limiten, tragedias similares en el futuro.

Las cosas nunca pasan porque sí, aunque los acontecimientos sean a veces el producto de la combinación de factores imprevisibles y extraordinarios. Estos factores se dieron anteayer en la localidad oscense de Biescas, donde una tromba de agua arrasó un cámping, dejando a su paso 76 muertos y casi doscientos heridos.

¿Era evitable la tragedia? La respuesta es sí, porque esos factores imprevisibles y extraordinarios no hubieran tenido consecuencias si no hubiera habido un fallo en cadena de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos.

En primer lugar, el cámping estaba ubicado al final de un valle y las tiendas de campaña, muy cerca de un curso de agua que bajaba formando terrazas desde la cumbre de la montaña. Era cuando menos un sitio poco seguro en caso de tormenta o fuertes y prolongadas lluvias, como ayer advirtieron algunos expertos. De «crónica de una catástrofe anunciada» calificó lo sucedido el meteorólogo García-Pedraza. El Gobierno de Aragón, que autorizó la instalación, tiene por ello una evidente responsabilidad.

En segundo lugar, el Instituto Nacional de Meteorología acertó a predecir que iban a producirse «fuertes tormentas», pero las ubicó erróneamente en el sur y en el centro de la provincia de Huesca. Una previsión más ajustada hubiera permitido prevenir quizás a las víctimas.

En tercer término, Protección Civil fue incapaz de detectar el riesgo concreto que suponía el taponamiento del puente ubicado sobre el cámping, cuyo derrumbe provocó la riada de lodo, piedras y troncos que desencadenó la catástrofe. Una limpieza previa del barranco podría haber evitado la obstrucción del puente.

En cuarto lugar, el Gobierno Civil de Huesca no adoptó ninguna medida concreta a pesar de las advertencias de Protección Civil del peligro de fuertes tormentas.

Ninguno de estos fallos causó la tragedia, pero ésta fue posible por su concatenación. Tanta razón tiene el Instituto de Meteorología al insinuar un comportamiento pasivo de Protección Civil como ésta al culpar al Instituto por la imprecisión de los partes. Si uno solo de estos cuatro errores u omisiones no se hubiera producido, muy probablemente el desastre no habría tenido lugar.

La experiencia enseña que la previsión humana puede evitar, en numerosas ocasiones, lo que parece inevitable. Más de 250 personas perdieron la vida en Barcelona en 1962 al desbordarse el Llobregat y el Besós. La desgracia ocasionó la canalización de ambos ríos y, desde entonces, no ha habido ni una sola víctima.

La tragedia de Biescas exige una investigación a fondo de las causas y consecuencias de la riada. Sin perjuicio de un esclarecimiento judicial de los hechos, el Gobierno debe averiguar lo que pasó en el cámping aragonés y qué tipo de responsabilidades se desprenden. No sólo para castigar a los culpables si los hubo, sino, sobre todo, para impedir que en el futuro se vuelvan a producir acontecimientos tan lamentables como éste.

ESTOS días ha habido una fuerte polémica -no por soterrada menos agria- entre quienes hemos reclamado que se depuren las responsabilidades derivadas de la catástrofe de Biescas y aquéllos que se han empecinado en presentarla como «un desastre natural», «una triste fatalidad», «un fenómeno impredecible», etc.

A veces las polémicas, aunque se refieran a las cosas más trágicas, tienen un lado cómico. Leí el lunes una columna de Prensa cuyo autor, aquejado de un inmoderado deseo de descalificar a quienes nos hemos puesto vindicativos en este asunto, nos reprochaba tener un «atávico ardor justiciero» que, según él, nos ha llevado a «preferir la búsqueda de responsables antes que la de desaparecidos». Craso error el nuestro: ¡mira que dedicarnos a escribir, en vez de irnos a Biescas a bucear!

Pero no nos detengamos en la simpleza y centrémonos en lo del «ardor justiciero». ¿Defendemos que se depuren las responsabilidades para -como cree nuestro crítico- cumplir un «rito de purificación política», o sea, porque nos encanta chinchar?

Sencillamente, no. Si desde que conocimos la tragedia algunos nos pusimos de inmediato a indagar las posibles culpabilidades, es porque sabíamos desde hace años que en este género de catástrofes se encierran casi siempre -por no decir siempre- graves errores humanos.

En 1983, un grupo de científicos británicos elaboró un largo informe titulado ¿Catástrofes naturales o errores del hombre? En ese informe se analizaban diversos desastres causados por fenómenos naturales -huracanes, erupción de volcanes, inundaciones, terremotos, etc.- y se llegaba a una conclusión firme: los desastres naturales provocan muy diferentes destrozos, según se produzcan en países que toman severas medidas preventivas ante esos peligros o no. Así de simple. Huracanes y terremotos de idéntica intensidad matan mucho menos en Florida o California que en Haití o Nicaragua. El hecho natural es idéntico: la diferencia está en la actitud de los hombres.

No es sólo cuestión de sesudos estudios científicos. También de experiencia personal. En octubre de 1982 me tocó hacer un reportaje sobre una riada en Alicante. En el popular barrio de San Gabriel, construido en medio de una escorrentera, llegué a ver un camión empotrado en el segundo piso de un edificio. Las aguas se llevaron todo por delante, vías del tren y autovía incluidas. Luego hemos sabido que hay en este país cientos de situaciones similares. Como la de Biescas.

Por eso algunos, en cuanto oímos que el cámping «Las Nieves» estaba situado en el cono de deyección de un barranco, sospechamos lo que luego los hechos han confirmado.

¿Un «atávico ardor justiciero»? Justiciero, tal vez. Pero de atávico, nada. Aquí lo único atávico que hay es la tendencia de alguna gente a negarse a ver lo que está mal.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la tragedia del cámping de Biescas (Huesca), en el verano de 1996, es definitiva y lamentablemente tardía para los afectados y familiares de las víctimas. Pero llega todavía a tiempo si sirve para concienciar a los poderes públicos sobre sus responsabilidades a la hora de autorizar instalaciones en zonas sometidas a riesgos verificables de sufrir una catástrofe natural. Fueron 87 las víctimas mortales de la riada, que arrastró un cámping construido en el curso de un torrente, cerca de un barranco. Su indemnización por parte de las administraciones públicas- el Estado y el Gobierno de Aragón- supondrá el pago de más de 11 millones de euros a las familias de las víctimas.

Es una indemnización debida en estricta justicia, que sólo repara los perjuicios económicos y morales que el tribunal ha estimado. Según la sentencia, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Diputación General de Aragón autorizaron o consintieron la instalación del cámping en una zona donde la «previsibilidad del riesgo» había sido advertida, y en contra de un informe técnico que la desaconsejaba taxativamente. Hubo, pues, una actuación negligente, con la consiguiente responsabilidad patrimonial de la Administración.

Hay que preguntarse por qué los responsables de negligencias administrativas y quienes han podido aprovecharse de ellas para sus negocios suelen quedar indemnes y sin responsabilidad personal alguna. No parece razonable que todo quede saldado con la responsabilidad patrimonial del Estado, endosable, en definitiva, al bolsillo de todos los españoles. Quizá ello explique que las construcciones, sobre todo de viviendas en antiguos cauces de ríos o su área inmediata de influencia, no hayan dejado de aumentar tras la catástrofe de Biescas. En este caso habría sido exigible una indagación más exhaustiva de los motivos que llevaron a autorizar un cámping en zona de riesgo y determinar si hubo algo más que una mera negligencia. Se comprende que la sentencia de la Audiencia Nacional, limitada a las responsabilidades patrimoniales del Estado, sólo haya satisfecho a medias a las familias de las víctimas.