Trágicos sanfermines: Brutalidad policial en Iruñea y Rentería, muerte de Germán Rodríguez y Joseba Barandiarán

LOS HECHOS han venido a demostrar dos cosas: primera, que la represión, por sí sola, no resuelve nada en el País Vasco, antes bien tiende a empeorar las cosas. Segunda, que la represión indiscriminada es la más clara de las provocaciones. La cadena de asesinatos de la última semana y los violentos incidentes de Pamplona así lo ponen de relieve.Respecto a la oleada de atentados, es visible que el terrorismo de la extrema derecha ha respondido con la virulencia previsible al de ETA. Hay que preguntarse si no tienen a la larga idéntico origen y finalidad. La ley antiterrorista, cuya virtualidad apreciamos en estas mismas paginas, ha demostrado ya la conocida ineficacia que todas las leyes antiterroristas del mundo tienen. El problema en el País Vasco es político y sólo medidas políticas podrán curar las llagas con la ayuda adicional del tiempo.

La policía y la Guardia Civil actúan en el País Vasco sin cobertura social alguna. Jamás hay testigos, pistas ni confidencias. El pueblo vasco, atemorizado sin duda por la amenaza terrorista, no lo está menos por la amenaza policial. No se trata sólo del recuerdo de la actividad de la fuerza pública durante el antiguo régimen, que empleó la tortura como sistema habitual de trabajo. Tampoco el que muchos de los profesionales de estos métodos sigan al frente de la policía del señor Martín Villa. Es sobre todo la imagen, no borrada por quienes debieran hacerlo, de esa especie de heroísmo vasco con que todavía se rodea a los jóvenes etarras. Las fuerzas políticas nacionalistas y concretamente el PNV con sus ambigüedades y sus vacilaciones, han hecho posible que muchos vascos no distingan hoy las hondas diferencias que separan la lucha armada contra la dictadura de la lucha armada contra la democracia.

El mantenimiento del Gobierno vasco en el exilio no resulta así solamente una bufonada política, sino un delito, de esa traición contra las instituciones democráticas que se quieren levantar en este país. Si el PNV y el resto de las fuerzas políticas vascas no se esfuerzan, sin temor a perder votos, por aislar social y políticamente a ETA, ETA seguirá existiendo con la complicidad pasiva de un sector no desdeñado de la población. Y no hay Guardia Civil que pueda contra eso.

Merece la pena señalar también el tanto de culpa que a la Iglesia Católica le incumbe en este planteamiento. La actitud del clero vasco es cuando menos comparable a la del PNV, en su tibieza a la hora de condenar todas las violencias de manera casi indiscriminada; cuando la violencia institucional de un régimen democrático no es nunca equiparable a la de la dictadura. Fundamentalmente porque aquélla posee o debe poseer controles objetivos y la de los totalitarismos no; y porque una defiende un sistema de vida de libertades personales y públicas y la de la dictadura era la violencia defensora de privilegios, intereses, e injusticias. Pero la Iglesia vasca, tan ferviente defensora de los derechos humanos en los últimos tiempos del régimen, que el catolicismo español ayudó a engenderar con el nombre de franquismo, se muestra hoy nuevamente ambigua e indecisa frente al fenómeno terrorista.

Mientras tanto, la policía suma error tras error. Por un lado se muestra incapaz de la represión de la delincuencia y por el otro es cada día mayor el número de víctimas inocentes que caen bajo sus disparos. Resulta inconcebible que todavía a estas alturas pueda nadie saltarse por error un control policial, y sin embargo es así, sin duda porque los controles están mal situados. Resulta inadmisible que no sean procesados y castigados aquellos miembros de las fuerzas del orden que se cobran vidas de indefensos ciudadanos por error. Uno puede morir hoy en el País Vasco de arma de bala en la seguridad de que nadie sabrá nunca quién le mató; ni cómo se llamaba quien dio la orden de disparar o por qué se hizo. Mantener esta situación de impunidad en la actuación policial es relegar a ésta a la ley del Oeste. En el País Vasco los policías no pueden estar ante los terroristas sólo a ver quién dispara primero.

Y no es únicamente el ministro del Interior quien debe dar explicaciones al respecto. Paradójica y tragicómicamente también el del Exterior. ETA sigue teniendo sus bases logísticas y de armamento en el sur de Francia. Sin duda por no trasladar los problemas vascos españoles al País Vasco francés, la gendarmería no ejerce la debida acción policial contra aquellos ciudadanos españoles que residen ilegalmente en ese país, portan armas y realizan actos terroristas de manera sorprendente y un tanto preocupante sólo contra otros españoles. Pese a las declaraciones oficiales, la cooperación gala en este terreno brilla por su ausencia y don Marcelino Oreja debería apuntarlo así a la hora de las celebraciones por la visita del presidente Giscard.

Pero si cuanto hemos dicho es el corolario de los atentados contra las personas que se suceden en el País Vasco, vale la pena una reflexión sobre los sucesos de Pamplona, ocasionadas en gran parte por la propia Fuerza Pública. Nuevamente la exigencia de responsabilidades aquí debe sobrepasar el nivel de las palabras.

Nadie podrá devolver la vida al joven Germán Rodríguez, pero alguien debe intentar devolver a los pamplonicas la confianza en sus autoridades. Eso sólo puede hacerse si se explica quién mandó disparar a los guardias, quiénes dispararon, si fueron sólo ellos, y qué ha de hacerse con el brillante oficial que mandó las tropas antidisturbios junto a la plaza de toros de tal modo que logró metamorfosearlas en tropas pro disturbios. La situación ha llegado a ser tal que los ciudadanos tienen que defenderse ahora tanto de los guardias como de los alborotadores y encima el gobernador civil de la provincia declara que desde luego fue un error la actuación de las fuerzas en la plaza de toros. Señor gobernador civil de la UCD: los errores se pagan siempre en política. Los errores que cuestan vidas humanas se pagan ante los jueces.

Desgraciadamente el nivel de confianza que el Gobierno es capaz de generar en estos asuntos es ya tan bajo, que escribimos todo esto en la convicción de que ninguna de las interrogantes será contestada, y que las protestas políticas serán sólo eso: voces que lleva el viento. En el País Vasco existe todavía la licencia para matar.

Mientras tanto, el propio País Vasco se empobrece en población y en renta per cápita. El dinero huye hacia Venezuela o hacia otros lugares de la Península, el turismo desaparece, y el paro aumenta alarmantemente.

La extrema derecha, en modo alguno ajena a muchos de los disturbios que se originan, aprovecha para reclamar a voces la caída del Gobierno y proponer las soluciones clásicas del franquismo («Fusilarlos a todos»). Y el español medio se queda absorto e interrogante ¿Cuántos españoles más tendrán que morir para que el señor Martín Villa acometa la reorganización en profundidad de los mandos policiales? ¿Cuántos para que los señores gobernadores civiles se decidan a poner los controles en las carreteras que gobiernan de tal manera que resulte imposible saltárselos por error? ¿Cuántos para que la derecha nacionalista y el clero recalcitrante abandonen su política subversiva de paños calientes y golpes de pecho? ¿Cuántos para que el Gobierno reconozca que el problema autonómico vasco no tiene comparación con las aspiraciones de otras regiones españolas y que la política del señor Clavero sería ridícula si no hubiera desembocado en lo trágico? ¿Cuánto, en fin, para que los ciudadanos se sientan protegidos por las fuerzas de orden público y representados por las autoridades?

Ante el Gobierno y las fuerzas políticas se alza un enorme desafío del que depende la salvación del Régimen. ¿Aprenderán por fin que la política no es sólo una cuestión de decretos leyes?

LOS SANGRIENTOS sucesos de Pamplona, San Sebastián y Rentería constituyen esa otra cara de la Luna, cuya existencia algunos se niegan a reconocer, pero que influye de manera negativa en las perspectivas de pacificación del País Vasco. El tejido social, la prosperidad económica y la convivencia ciudadana de Euskadi están siendo destruidos por una garra de tenaza que ha hecho presa de un pueblo que no merece tan triste destino. Las dos pinzas que están triturando, empobreciendo y sembrando el odio en el Norte de la Península son, de un lado, el cruento fanatismo de los grupúsculos independentistas (en su doble vertiente de bandas armadas que asesinan y de violentos alborotadores callejeros que provocan) y, de otro, la ceguera y la torpeza de la Administración central en el planteamiento de la cuestión vasca, muy especialmente en su política de orden público.Parece un hecho demostrado que la estrategia del independentismo violento descansa en el supuesto de que los asesinatos y atentados de ETA presumiblemente provocarán en el Gobierno y en las fuerzas de orden público respuestas desproporcionadas o irracionales. Las cuales, a su vez, serán un eficaz motivo de agitación para las movilizaciones populares de protesta contra esas medidas y suscitarán, de manera indirecta, la solidaridad implícita con los terroristas, transfigurados así de verdugos en víctimas. El señor Martín Villa insistió, en su intervención televisiva de anteayer, en diferenciar cuafitativamente los «crímenes» de los terroristas de los «errores» de las fuerzas de orden público. Seguramente a muchos espectadores les saltaría a la memoria aquella frase célebre pronunciada por Fouché al ser informado del asesinato del duque d’Enghien por orden de Napoleón: «Ha sido peor que un crimen: ha sido un error.» Porque el eventual cierre de filas de algunos sectores del pueblo vasco con ETA no es consecuencia de un gusto depravado por la sangre, sino el movimiento reflejo de una comunidad cuya identidad histórica y cultural ha sido objeto de ataques y ofensas durante la dictadura y cuyas heridas todavía no han cicatrizado.

Las mismas causas originan los mismos efectos, tanto en la dictadura como en la democracia. Si las pesquisas policiales en búsqueda de los culpables de un atentado utilizan la tortura, ETA obtiene una victoria y la democracia cosecha una derrota.

Si los órganos del Estado toleran las actuaciones criminales de la extrema derecha contra los parientes o los simpatizantes de los terroristas o algunos miembros de los cuerpos de seguridad colaboran oficiosamente en las razzias, ETA obtiene una victoria, y la democracia sufre una derrota. Si las fuerzas de orden público desencadenan represiones indiscriminadas contra la población civil, ETA obtiene una victoria, y la democracia sufre una derrota. El resultado final es que los extremos se tocan: los funcionarios que violan los derechos humanos de los detenidos, que se toman la justicia por su mano, despojándose del uniforme, o que se comportan como miembros de un cuerpo expedicionario en territorio enemigo, se transforman, aun sin quererlo o sin saberlo, en cómplices objetivos de los terroristas.

La afirmación de ETA y de sus compañeros de viaje de que nada ha cambiado en España después de la muerte de Franco es una falsedad nacida de su fanatismo. Pero los sanfermines sangrientos y los sucesos de San Sebastián y Rentería han regalado una apariencia de veracidad a su tesis. El continuismo en la concepción y en la ejecución de la política de orden público, la permanencia al frente de los centros de decisión de quienes bajo el antiguo régimen mostraron sobradamente su incompetencia y solo lograron efectos contraproducentes con sus medidas, es el mejor regalo que se le puede hacer a ETA.

Más que nunca se necesitan soluciones políticas para el País Vasco desde el Estado. No basta solo con la destitución de los responsables de los errores y atrocidades cometidos durante esta semana. Son precisas, también, medidas que impidan la repetición de hechos semejantes. Si nuestras autoridades no entienden el lenguaje de los derechos humanos, al menos podrían comprender el más prosaico de la eficacia.

Y para encauzar hacia una salida viable y pacífica la tensa situación de Euskadi, también se precisa, más que nunca, la colaboración de los partidos políticos de carácter democrático. Sobre las negociaciones entre el PNV y el resto de los grupos parlamentarios convergen hoy las miradas de todos los españoles que desean la consolidación de la democracia en nuestro país y la pacificación de Euskadi; y quizá de manera especial, las esperanzas de los ciudadanos que votaron el 15 de junio -en proporción mayor que a los nacionalistas- por otras opciones políticas en las provincias vascas.