Tres policías condenados a 29 años de cárcel por la desaparición de ‘el Nani’, su cadaver nunca llegó a aparecer

La más esperada sentencia desde la del 23-F, hecha pública ayer, condena a tres de los policías inculpados en el sumario por la desaparición de, Santiago Corella, el Nani, a penas de casi 30 años de cárcel, 20 de ellos por un delito de «detención ilegal con desaparición forzosa». Culmina con ello, cinco años después de que se produjeran los hechos, un proceso cuya vista pública se prolongó por espacio de 82 sesiones, cuyas transcripciones ocuparon 8.000 folios, y en la que comparecieron decenas de testigos, algunos de ellos, excepcionalmente, ante las cámaras de televisión. Los ciudadanos asistieron durante casi cuatro meses a una galería de los horrores en la que se dieron cita todas las ilegalidades imaginables en relación a la detención de una persona, desde la tortura a la eliminación del cuerpo de la víctima, pasando por la falsificación de documentos y otras prácticas características de la más genuina tradición del tenebrismo nacional.Los jueces que firman la sentencia apoyan su resolución, entre otros aspectos, en la «inverosimilitud» de las versiones alternativas presentadas por los encausados. Esas versiones inverosímiles, que los ciudadanos tuvieron ocasión de escuchar en las declaraciones de los acusados ante el tribunal, fueron no obstante sostenidas contra viento y marea por los responsables del Ministerio del Interior del Gobierno socialista, y lo fueron incluso cuando la acumulación de indicios resultante de la investigación periodística, primero, y judicial, después, era ya abrumadora. Las amenazas de querellas a los periódicos que no renunciaron a su deber de indagar unos hechos y que, en caso contrario, seguirían hoy en la sombra, cobran un sentido irónico a la luz de esta sentencia.

La sentencia constituye un importantísimo triunfo de los valores del Estado democrático -y de la sociedad que lo legítima- frente a las resistencias todavía existentes en sectores del propio aparato estatal. Resalta la estulticia y la recalcitrante incapacidad política de quienes suponen que defender a ciegas a las fuerzas de seguridad del Estado, incluso cuando miembros de ellas cometen aberrantes delitos, les confiere más apoyo social y respetabilidad en vez de contribuir a llenar de lodo a todos por los abusos y crímenes de unos pocos. Sin la determinación de unos jueces que defendieron celosamente su independencia, negándose a mirar para otro lado, y sin la libertad que utilizó la Prensa para destapar el escándalo e investigar sus circunstancias, la vista oral no hubiera llegado a celebrarse jamás. Y es ésta una lección que debemos aprender todos a la hora de valorar elcaso Amedo y lo que en su torno se desarrolla.

Se ha puesto de relieve, por otra parte, la existencia de una amplia zona de penumbra en la parte más sensible de todo aparato de poder: su policía. Porque, si un juicio sobre tan graves irregularidades policiales es algo sin precedentes en nuestra historia contemporánea, y es motivo de orgullo para la solidez de nuestro sistema democrático, no es menos cierto que algunas de las revelaciones producidas en torno al caso suscitan muy serias preocupaciones. Así, la existencia de una auténtica mafia policial, con redes que interrelacionaban a delincuentes, confidentes y agentes, sospechosa de haber eliminado a varios testigos incómodos; la aplicación arbitraria de la inconstitucional legislación antiterrorista; la pasividad, como mínimo, del poder político ante las razonables sospechas existentes y públicamente conocidas, con pretextos como el de que metieron un gol a un ministro (curiosa manera de describir la desaparición física de un ciudadano cuando era custodiado por la policía). Todos ellos son datos que testimonian la persistencia en nuestro aparato estatal de arraigados hábitos de impunidad; hábitos derivados, a su vez, de la tradición de autonomía de esos aparatos frente a todo control social o institucional, y hábitos, finalmente, que algunos líderes políticos parecen haber interiorizado como inevitables o hasta deseables.

A fin de cuentas, el Nani desapareció en las cloacas sobre las que reina el poder. Las muestras de corporativismo que algunos sindicatos policiales han exhibido tras conocer su existencia nos hablan además de lo extendido del peligro, y el silencio del Gobierno habla de la absoluta falta de credibilidad del Gabinete en este caso. Con todo, el que, frente a tradiciones indeseables y prácticas obstruccionistas, la fortaleza del Estado de derecho haya acabado por imponerse constituye motivo de satisfacción para la ciudadanía.

EL JUICIO que se celebra en Santander contra la llamada mafia policial -el segundo, tras el del Nani, de los procesos abiertos a este grupo organizado, que no sólo convivía con el crimen, sino que lo manipul aba en su provecho económico- revela, apenas iniciado, las grandes dosis de podredumbre y de miseria moral que se esconden tras esas conductas delictivas. Como en el juicio sobre la desaparición del Nani, en el de Santander también se está haciendo visible la inclinación de estos integrantes del submundo policial -agentes, confidentes, colaboradores- a acusarse y a amenazarse unos a otros y a practicar con patética sinceridad la humana filosofía del sálvese quien pueda. Diríase que este tipo de personas, en otro tiempo imbuidas de una sensación de inmunidad, se derrumba más fácilmente que el ciudadano normal cuando la ley les alcanza.En Santander comparecen ante, la justicia cinco inspectores de policía, dos de los cuales ya sufren fuertes condenas por la desaparición de Santiago Corella; el joyero y confidente Federico Venero, cuyas revelaciones hace ahora tres años están en el origen del descubrimiento de una oscura trama relacionada con hechos delictivos en el seno de la polícía, y un colaborador policial. Se les imputa en este caso la comisión de delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas y de drogas, pero la denuncia de Venero se ha extendido también a la extorsión económica, a la planificación de atracos -como el del Banesto, con un botín de 1.200 millones de pesetas y judicialmente archivado, o el de una joyería en la calle de Atocha de Madrid- y al encubrimiento de asesinos.

Cuando en los últimos años se ha llevado ante la justicia a algunos agentes de la ley acusados de hechos delictivos, no han faltado voces que han confundido esta actuación judicial con un ataque al conjunto de las fuerzas de seguridad. Nada más injusto, cuando es patente el reconocimiento que la sociedad española ha hecho en muchas ocasiones del papel desempeñado por las fuerzas de seguridad a favor de la convivencia democrática. Por ello, no dejan de sonar a corporativismo trasnochado las tomas de posición públicas realizadas por algunos sindicatos y asociaciones policiales contra la exigencia de responsabilidades en los casos del Nani y de Amedo. Hay que acoger, sin embargo, con satisfacción -por lo que tiene de compromiso con la búsqueda de la verdad y de apoyo a la legalidad- la decisión del Sindicato Democrático de Policía de ejercer la acción popular en el caso Amedo.

La existencia de múltiples signos -en algún caso, ya evidencias- de corrupción y de delito en las entrañas mismas de la organización estatal que tiene la misión de perseguirlos exige no sólo la intervención sin cortapisas del poder judicial, a fin de determinar las concretas responsabilidades personales. La proliferación de estas conductas individualizadas y su incidencia en los mecanismos de actuación profesional plantean, además, un grave problema de credibilidad a la institución policial. La confianza ciudadana en la policía sólo puede desarrollarse en el entendimiento de que quienes son representantes de la legalidad actúan.como tales. Por eso, si es ingenua o interesada la suposición de que sólo desde la propia policía se puede luchar contra la corrupción policial, no puede negarse que su participación en esta batalla también es necesaria. Ni el papel del poder judicial ni la crítica social eximen al Gobierno y a la policía de sus responsabilidades en el control de quienes monopolizan el uso legítimo de la fuerza en un Estado de derecho.