Crisis aérea: el ‘plante’ de los controladores cierra el espacio aéreo español y fuerza al Gobierno a declarar el ‘Estado de Alarma’

Los controladores aéreos han votado ir a la huelga en contra de la variación de sus condiciones laborales, pero delegando en la junta directiva de su sindicato la fijación de la fecha de inicio y duración de la misma. Con ello dejan abierta la posibilidad de no formalizar la convocatoria mientras prosiguen las negociaciones, que ayer se reanudaron, pero a la vez refuerzan la presión sobre la sociedad porque la incertidumbre extiende los efectos de la amenaza: provoca cambios de planes de vacaciones, cancelaciones de viajes y de reservas hoteleras por un periodo indefinido.

Con ello no solo amargan la vida a mucha gente sino que perjudican gravemente a la principal industria del país, el turismo, que pugna por superar la crisis. Los controladores tratraron ayer de desviar contra el ministro de Fomento (al que acusan de interferir en la negociación mediante decretos) la responsabilidad de esos trastornos, pero entre las reivindicaciones de su plataforma han incluido la aplicación inmediata del real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno fijando los horarios laborales y periodos de descanso. El argumento es que más vale una mala regulación que la situación actual.

Es incoherente, pero puede interpretarse como un gesto para favorecer la negociación, al que ha respondido el ministro con su disposición a discutir ese y otros puntos de la plataforma sindical. Si llega a producirse, será la primera huelga legal del sector, aunque hay antecedentes de huelgas encubiertas, de celo o por la vía de bajas médicas simuladas como las desplegadas desde que el Gobierno aprobó, en febrero, modificaciones que afectaban sobre todo al regimen salarial. Especialmente, al sistema de computar como horas extras, pagadas al triple que las ordinarias, gran parte de la jornada laboral real.

Los 2.200 controladores españoles han estado cobrando sueldos muy altos y disfrutando de unas condiciones laborales y organizativas que perpetuaban esa situación. Lo han podido hacer porque su posición les otorgaba una fuerte capacidad de intimidación sobre los administradores públicos: una huelga de controladores puede paralizar un país (hay antecedentes) y provocar graves destrozos económicos. A cambio, han suscitado una antipatía social sin parangón: algo que ha comenzado a preocuparles, como demuestran sus declaraciones de las últimas horas diciendo que ellos no harán una huelga salvaje.

Según AENA, entre el 16 y el 20 de agosto están previstas 27.000 operaciones en los aeropuertos españoles. Una huelga de controladores en agosto y en plena crisis económica sería un hecho muy grave. Los portavoces de su sindicato dicen ser conscientes de ello, y seguramente también lo son de que no les conviene que llegue a producirse, pero a la vez se resisten a renunciar a sus privilegios. El Gobierno tiene razón en su intención de poner fin a las inercias que han llevado a esta situación. Mantener el pulso contra una opinión pública ya muy irritada sería el mayor error que los controladores podrían cometer.

Los controladores aéreos no irán a la huelga, según decidió ayer el comité ejecutivo de su sindicato. Nadie renuncia a sus privilegios, si puede evitarlo, y el dilema de los controladores era de qué forma podían mantener los suyos. Que no lo lograrían haciendo una huelga en agosto y en una situación económica como la actual era algo que ya sabían, pero ciertas inercias de la negociación llevaron a sus representantes a aprobar hace una semana, como elemento de presión, la convocatoria de un paro. Lo hicieron con la cautela de no cortarse la retirada: delegando en la dirección de su sindicato la fijación de la fecha, lo que en la práctica equivalía a aplazarla indefinidamente mientras seguían las negociaciones.

Era evidente que AENA no quería asumir la responsabilidad de la ruptura, pero mucho menos lo deseaban los controladores, que han negado haber sido ellos quienes se levantaron de la mesa el viernes pasado. Alegan que propusieron seguir negociando durante el fin de semana, pero AENA ponía como condición la retirada de la amenaza de huelga, a lo que no accedieron. Sin embargo, sí aceptaron luego adelantar en dos días la reunión en la que debía tomarse la decisión, en respuesta a las demandas del sector turístico que ha venido argumentando que la incertidumbre sobre la fecha de la huelga estaba provocando un aumento de las cancelaciones preventivas para todos los últimos días del mes; no solo de viajes sino de reservas hoteleras.

Finalmente, ha sido ese el argumento esgrimido para cancelar la convocatoria: no perjudicar al turismo. Ha sido una decisión inteligente. La capacidad intimidatoria de un sector formado por poco más de 2.000 personas pero capaz de condicionar la de millones de viajeros ha sido determinante en las concesiones que han ido arrancando durante años; pero esa capacidad se ve ahora neutralizada por la irritación de la opinión pública que, con más de cuatro millones de parados, no toleraría que la Administración pública de la que finalmente dependen los aeropuertos volviera a ceder para evitar la huelga.

En una situación menos aguda seguramente también habría habido irritación ante una o dos jornadas de huelga, pero es posible que a la tercera aparecieran voces de usuarios (y políticos) reclamando al Gobierno que solucionase el problema «como sea»; es decir, cediendo. El ministro de Fomento ha hecho bien en mantener su postura ante el conflicto, pero también en dejar abierta la posibilidad de un arbitraje laboral para zanjar los puntos de la tabla de 12 reivindicaciones sobre los que no ha habido acuerdo en la mesa.

Los controladores rechazaron el viernes pasado esa posibilidad con argumentos confusos, como que de nada serviría cuando lo que el Gobierno pretende es privatizar los aeropuertos. No consta, pero si así fuera, un argumento poderoso a favor sería la dinámica impuesta por esos empleados privilegiados que han convertido a España en el país con más altos costes laborales en tráfico aéreo. También por eso ha sido inteligente su decisión.

¿Es seguro volar con control militar? Cuando hayan recibido la formación correspondiente lo será. Ahora mismo ni de coña.

El abandono masivo y abusivo por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo paralizó ayer el transporte aéreo de prácticamente todo el país en un golpe de fuerza con escasos precedentes. Este colectivo ha tomado, de nuevo, el peor camino para hacer valer sus protestas. El sindicato USCA, que agrupa a los profesionales del sector, admitió la naturaleza de la protesta (otras veces se ha escudado en bajas repentinas, pero no concertadas) y explicó que es la respuesta «individual» a la «dura agresión» ejercida ayer por el Consejo de Ministros, que aprobó un decreto clarificador sobre sus horarios (1.670 horas anuales).

Nada justifica, en ninguna circunstancia, el afán de extorsión de una iniciativa que está fuera de la ley. El cierre de los aeropuertos afecta a cientos de miles de pasajeros. Muchos quedaron ayer atrapados en las terminales e incluso dentro de las naves en las que se disponían a volar al inicio del puente de la Constitución. Con su actitud, los controladores no solo pierden la razón y la batalla de la opinión pública, sino que se exponen a sanciones que probablemente superen las meramente laborales, ya que su iniciativa podría estar tipificada en el Código Penal. El Gobierno amenaza a los huelguistas con declarar hoy mismo el «estado de alarma» y ponerlos a disposición judicial, en cuyo caso se enfrentarían a «graves penas de prisión».

Pero tras la militarización del control aéreo firmada anoche por Zapatero, las consecuencias de desobedecer pueden ser aún más graves. El cierre de los espacios aéreos va a producir enormes pérdidas económicas en sectores estratégicos como el del transporte y el turismo, y el chantaje al que los controladores someten al Gobierno y a los viajeros que usan este medio ni puede tolerarse ni puede quedar impune.

Fomento tendrá que imponer con urgencia medidas más drásticas. Su titular, José Blanco, ha sido el primero en una decena de años que ha plantado cara a un colectivo acostumbrado a firmar sus convenios a golpe de amenazas. El decreto que entró en vigor a mediados de este año redujo sus sueldos (de una media de 350.000 euros anuales) en un 40% y abolió privilegios como el de poder jubilarse a los 52 años con el sueldo completo. Los controladores, que amagaron con realizar una huelga oficial en julio pasado para contestar esa iniciativa, terminaron por claudicar.

El golpe de mano de ayer demuestra que el conflicto no había quedado resuelto y que sus protagonistas están dispuestos a tensar la cuerda hasta límites difícilmente soportables. Uno de los antecedentes del conflicto se vivió el martes en el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde un tercio de los controladores decía haber cumplido ya con el máximo de horas y se disponía a no volver al trabajo hasta enero. Esa interpretación abusiva de los horarios (antes solo trabajaban un máximo de 1.200 horas anuales) es el origen del decreto aprobado ayer y que ha derivado en esta protesta frente a la cual el Gobierno hace bien en actuar con la mayor contundencia.

El cierre del espacio aéreo provocó las lógicas y comprensibles escenas de indignación en todos los aeropuertos españoles, en los que muchas personas perdieron los nervios ante la imposibilidad de coger vuelos contratados desde hace semanas o meses.

El motivo de los controladores para abandonar sus puestos de trabajo fue la interpretación, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, del decreto del 5 de febrero de 2010. Ese decreto establecía un total de 1.670 horas anuales de trabajo. El Gobierno entiende ahora que el tiempo de formación, las tareas sindicales, los permisos laborales y las guardias no deben contabilizarse dentro de esas 1.670 horas, lo cual, según los controladores, contradice la literalidad del decreto.

Es difícil saber quién tiene razón, pero eso es secundario en estos momentos, ya que carece de justificación alguna que, amparándose en una diferencia de interpretación, los controladores cometan la tropelía de paralizar el espacio aéreo y perjudicar a cientos de miles de usuarios, sin contar con los daños económicos ocasionados. La desproporción es escandalosa, aunque también hay que reprochar al Gobierno que procediera a esa clarificación en una fecha tan inoportuna como la de ayer.

El Consejo de Ministros aprobó también una disposición que exige a partir de ahora la autorización de un médico de AENA para abandonar el servicio por enfermedad, lo que agudizó el descontento de este colectivo.

Ante la extraordinaria gravedad de los hechos, el ministro de Fomento compareció anoche para exigir la inmediata reincorporación de los controladores a su puesto de trabajo. Como la vuelta no se produjo, Zapatero firmó la orden de militarización de la gestión del tráfico aéreo en base a un decreto aprobado ayer mismo en el que se le confería esa potestad. Se trata de una medida sin precedentes pero justificada por lo caótico de la situación. Además, hoy se reunirá el Consejo de Ministros para valorar la posibilidad de decretar el estado de alarma, por primera vez en la historia de la democracia.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias por un presunto delito de sedición de los controladores, contemplado en el artículo 544 Código Penal, en el que se establecen penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad contra quienes «se alcen públicamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes». No parece que esa tipificación encaje con la conducta de los huelguistas, a los que tal vez se les podría aplicar la Ley Penal de Navegación Aérea, que establece sanciones de hasta 12 años de cárcel por «interrumpir» el servicio.

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Y ahora ya si queréis me ponéis el cuarto expediente y el quinto y el sexto y si os apetece hasta me echáis, que de ésta por fin se va a enterar el mundo entero, porque lo siguiente que me queda es montar la huelga de hambre del siglo con cámaras a lo Gran Hermano en medio de la terminal internacional de Barajas.

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Me importa todo tres cojones. BASTA YA.

El estado de alarma decretado por el Gobierno es el hecho más grave en los 32 años de democracia tras el golpe de Estado del 23-F y los atentados del 11-M, en los que con más de 1.000 víctimas se paralizó todo el tráfico de cercanías de Madrid en pleno periodo electoral. El Gobierno de José María Aznar afrontó los hechos con sus poderes ordinarios, sin acudir a la declaración de un estado de alarma que estaba, en este caso, nítidamente incluido en los supuestos que regula la Ley Orgánica 4/1981.

De acuerdo con el contenido del real decreto aprobado, el Gobierno de Zapatero reconoce su incapacidad para restablecer la normalidad mediante sus poderes ordinarios. El artículo 1 de la Ley Orgánica señala este presupuesto de carácter jurídico y político para la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Y así lo corrobora la exposición de motivos del real decreto aprobado, una auténtica autoinculpación que reconoce la incapacidad del Gobierno para “restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos” y para ejercer el poder ordinario del Estado.

Después de una exposición de motivos surrealista, el estado de alarma decretado por el Gobierno Zapatero, no cumple los dos requisitos que se exigen conjuntamente en la ley: “Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, (servicios mínimos esenciales) y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo (terremotos, incendios, accidentes graves, catástrofes naturales y epidemias)”.

El Gobierno ha forzado la declaración de estado de alarma, ya que el mecanismo constitucional, el estado de excepción, previsto expresamente para restablecer el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, hubiera supuesto un auténtico escándalo ante el mundo y una crisis política y económica de efectos devastadores, regresando a los tiempos más oscuros de nuestra historia.

Toda esta vulnerabilidad constitucional, se acentúa con la pretensión de convertir en personal militar a los controladores aéreos, por la vía de un real decreto y con amenaza subyacente de la aplicación del Código de Justicia Militar. La Constitución declara que la jurisdicción militar se desarrolla en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.

Las informaciones que se difundieron desde La Moncloa el viernes por la tarde, informan de que en el gabinete de crisis constituido ha participado el consejero togado militar y se suelta la liebre de un supuesto delito de sedición, con el fin de doblegar a los controladores, en un ejercicio de amenaza desde el Gobierno.

¿Es posible, ante la gravedad de los hechos, que Blanco nos dé una explicación solvente sobre las razones para incluir esta medida en un decreto ley, que es un procedimiento legislativo excepcional, que plantea dudas sólidas de su aplicación retroactiva, modificando condiciones laborales vigentes y que, sin duda, no requiere una norma con rango legal para regularse en caso de ausencia de convenio? ¿Es posible que el ministro de Fomento diga la verdad sobre las causas del déficit de AENA derivado de la amortización de las infraestructuras aeroportuarias, que se han realizado sin una planificación estratégica, situando aeropuertos en ciudades sin tráfico aéreo? ¿Nos contará Blanco por qué no tiene otro argumento más sólido que la demagogia del sueldo de los controladores, cuando después de siete años de Gobierno Zapatero ni se han ofertado más plazas, ni se han contratado controladores procedentes de la UE, ni se ha habilitado la licencia civil de los controladores militares?

Demasiadas preguntas sin respuesta de un Gobierno que ha mentido cuando dice en la exposición de motivos del real decreto “que han fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente”.

Nunca un Gobierno democrático ha violentado la Constitución de esta manera. Los derechos y libertades fundamentales, la legalidad y la seguridad jurídica no pueden quedar al albur de los ensayos de química política de Zapatero, Rubalcaba y Blanco. España necesita una Ley de Huelga, que reclama la Constitución delimitando el contenido del derecho, para que no se reproduzcan estas situaciones. Y España necesita un Gobierno capaz de explicar a los ciudadanos la realidad de los problemas, de ofrecer confianza y que no engañe ni manipule a la opinión pública.

J. N. Figgis dice: “Habrá una batalla inevitable y terrorífica entre quienes creen y quienes no creen que los únicos derechos son los derechos del Estado y la única autoridad es la autoridad de la República”.
Zapatero, apoyado por sus cónsules Rubalcaba y Blanco, ha actuado como Catilina que fue derrotado en las elecciones del año 63 a. C. Informado Cicerón comenzó su discurso en el Senado oponiéndose a los poderes excepcionales que pretendía asumir: “Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia”.

El abandono del trabajo de los controladores aéreos y la respuesta del Gobierno del PSOE, decretando por primera vez en la historia del régimen constitucional el Estado de Alarma y militarizando los aeropuertos españoles, han supuesto un episodio acelerado y convulso del que pueden extraerse algunas lecturas políticas de un alcance que supera el conflicto laboral.

El asunto es altamente espinoso y, especialmente para la izquierda, reviste suficientes aristas como para dificultar un diagnóstico nítido y mucho más una toma de posición. La izquierda política se encuentra dividida o se ha pronunciado a media voz. En el terreno sindical la situación es similar, pues salvo el sindicato CGT ninguna otra central ha cuestionado la respuesta gubernamental. En la izquierda social y los denominados “movimientos sociales” la tónica general ha sido el silencio y/o las dudas. En términos generales, el conflicto ha cogido a la izquierda con el pie cambiado, incapaz de orientarse políticamente en base a los “análisis de la composición de clase”, y con la sensación de ser espectadora de un suceso más que relevante en el que poco importa lo escaso que tenga que decir.

Este breve artículo no entra en el terreno de las relaciones laborales, sobre el que se están escribiendo ya análisis más informados. El objetivo, en cambio, es señalar algunas lecciones de política que han emergido a raíz de estos sucesos.

1. En primer lugar, la forma en la que el PSOE ha puesto fin a la huelga –no declarada- de los controladores, es una llamada de atención sobre la naturaleza del Estado. Los militares han ocupado los aeropuertos para imponer discip lina a los controladores aéreos, para que éstos vuelvan al trabajo y acepten la modificación unilateral, por decreto, de sus condiciones laborales. En ese sentido, el PSOE limpia la casa antes de venderla, para hacerla comercialmente más atractiva. El mandato que el PSOE cumple con la privatización de la gestión de los aeropuertos, y con el resto de medidas de ajuste dictadas y por venir, proviene de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, de las potencias de la unión europea y de la capacidad de los mercados financieros para imponer medidas con sus amenazas de especulación contra la deuda española.

En este sentido, es innegable que se ha producido una considerable cesión de soberanía de los estados nacionales hacia instituciones financieras, organismos supranacionales y poderes económicos privados que se mueven en una escala global. No obstante, el Estado sigue siendo el terreno principal donde ocurre el proceso político- la discusión, negociación y reformulación de políticas públicas- y en particular el único en el que diferentes intereses tratan de ser gestionados y conciliados de acuerdo con parámetros públicos y susceptibles de ser cambiados por procedimientos electorales.

Sin embargo, y como ya escribiese Carl Schmitt, la naturaleza del poder estatal reside en su última ratio , en hasta dónde puede hacer llegar sus instrumentos coercitivos para la regulación social. Es efectivamente en las situaciones de excepcionalidad, de suspensión de los derechos y garantías que protegen a los individuos del poder omnímodo estatal, cuando éste se revela en toda su envergadura. Es en última instancia porque es capaz de imponer estas medidas de excepcionalidad, de suspender la “tregua” que codifica, restringe y hace previsible y revisable la violencia que le constituye, que las decisiones públicas estatales son creíbles y suscitan obediencia. El Estado es un campo de negociación y articulación de intereses. Pero al mismo tiempo es una relación social marcada por el monopolio de la violencia puesto al servicio de objetivos políticos que se pretenden legítimos. Su cara última es, por tanto, la guerra, la posibilidad, siquiera sea remota, de romper las negociaciones, levantar las trabas y ocupar militarmente los aeropuertos obligando a los controladores a volver a sus asientos bajo amenaza del código militar. La crisis de los controladores, en este sentido, ha favorecido un giro leninista de la política española, aún si por pocos días.

2. En segundo lugar, a nadie se le escapa que el gobierno de Zapatero, Blanco y Rubalcaba ha podido imponer medidas de la dureza de las aún vigentes porque se enfrentaba a un sector marcado por su incapacidad de generar solidaridades fuera de su gremio. Los controladores aéreos, que siempre han defendido sus elevados salarios y sus comparativamente excepcionales condiciones de trabajo en tanto que privilegios de casta, apelando a su capacitación profesional y desvinculándose de cualquier reivindicación o identidad de clase, llevan muchos años creando las condiciones para que el Gobierno haya podido aislarles y golpearles con la rapidez y contundencia demostrada. Seguramente por la misma razón sectores amplios de la izquierda han reaccionado ante los sucesos del 4 y 5 de diciembre con un desdeñoso desentendimiento, cuando no celebrando la derrota de un colectivo considerado de “señoritos”.

En cualquier caso, la maniobra realizada frente a la huelga no declarada de los controladores aéreos presenta rasgos ya ensayados en otros conflictos laborales anteriores, y muestra un esquema susceptible de ser aplicado en el futuro. Las condiciones laborales de los controladores aéreos y sus abultadas nóminas no deben llevar a la confusión: el discurso que representa a los huelguistas como “privilegiados” por encima de la población que se aprieta el cinturón tiempos de crisis, ha sido ya empleado contra los trabajadores del sector público alentando los prejuicios neoliberales contra “los funcionarios” –y por extensión contra lo público-, o contra los trabajadores del metro de Madrid cuando protagonizaron su dignificante huelga – derrotada parcialmente, por cierto, en el terreno mediático-discursivo, pese a su éxito en los túneles del suburbano.

En un contexto de precarización generalizada, es normal que las huelgas más disruptivas y contundentes las protagonicen los colectivos profesionales con un grado de especialización, una cierta mentalidad colectiva y contratos blindados. Podría ser que la denigración de los “privilegiados” fuese un mecanismo para activar un egoísmo reaccionario por el cual quienes no tienen esa capacidad contractual frente a sus jefes y el Estado se quejen de que otros la usen, y cierren filas en torno a los gobernantes contra el agravio comparativo. Este marco discursivo excede este conflicto la boral y, por supuesto, la consideración que le merezca a cada cual el colectivo de controladores aéreos; tras haber demostrado su eficacia es más que probable que reaparezca en próximos conflictos sociales del futuro.

La izquierda ha tenido dificultades para posicionarse en este episodio porque ninguno de los dos contendientes presentaba a priori, por su posición en el proceso productivo, sus condiciones de vida o sus declaraciones ideológicas, elementos para identificarse con ellos desde una perspectiva emancipadora. En este transcurso la izquierda se ha mostrado lenta y torpe, atada a un economicismo que cada vez dificulta más los análisis y, lo que es peor, las apuestas políticas.

Lejos de darlos por constituidos, el Gobierno –con el apoyo de las principales fuerzas políticas y medios de comunicación -han sido perfectamente conscientes de que la tarea primera y definitoria de la política es la construcción de campos: la demarcación de una frontera que dibuje el “nosotros” al mismo tiempo que al adversario; la atribución de sentido a determinadas diferencias sociales a partir de las cuales producir un antagonismo inteligible que ordene la mayoría de las actitudes, identidades y tomas de posición individuales y colectivas en una comunidad política.

Sin haber leído probablemente a Gramsci, el Ministro de Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno tuvo clara la importancia de establecer una frontera conveniente que aísle al adversario: la representación de los controladores como una minoría que ha “secuestrado” los intereses generales de todo un país. Los ciudadanos han sido así interpelados como consumidores cuyos derechos deben ser defendidos con intransigencia, por el mismo gobierno que les llama a ser comprensivos ante los recortes en sus derechos como trabajadores y usuarios de los servicios públicos y beneficiarios de las políticas sociales.

De esta manera, se construye una mayoría social, la de los ciudadanos-consumidores, marcada por la fragmentación y la ausencia de referentes colectivos que no sea su unificación desde arriba por el Estado y la socialización mercantil. Esta mayoría social es inmediatamente movilizada como voluntad general de la nación contra los huelguistas que a todos perjudican. Estos bandos no existían. Muchos otros alineamientos políticos –como el de trabajadores frente a privilegiados, que caracteriza los discursos de la izquierda- eran posibles. Pero el Gobierno ha dado una lección de hegemonía ordenando el campo político en forma satisfactoria para sus intereses.

Una vez que este discurso, amplificado por la práctica totalidad de televisiones y peri ódicos, ha generado un consenso en la sociedad civil, existen las condiciones para descargar medidas de una violencia hasta ahora desconocidas contra los huelguistas. Que estos tengan nóminas muy abultadas es algo que le importa a la izquierda, pero que influye poco en el desenlace del “pulso” con el Estado.

Cuando Rubalcaba dijo “quienes le lanzan un pulso al Estado pierden” lo hizo a sabiendas de que el resultado de ese pulso depende de una virtuosa combinación de consenso y dictadura. La suspensión de derechos civiles, sindicales y políticos que implica la declaración del Estado de Alarma, es posible porque previamente ha tenido lugar una exitosa construcción discursiva que atribuye un sentido al conflicto laboral que es ya en primera instancia el comienzo de la derrota de los huelguistas.

Este conflicto laboral es polémico y resbaladizo, especialmente para la izquierda. No es intención de este artículo cerrar la discusión, que continuará por varios días. Se ha pretendido en todo caso resaltar las lecturas que no deberían pasar desapercibi das para las fuerzas que apuestan por el cambio político:

Por una parte la determinación en última instancia de la batalla política democrática por la posibilidad de la coerción desnuda, del momento dictatorial de todo gobierno. Olvidar esto supone caer en las lecturas complacientes del pluralismo ingenuo, o en el cinismo liberal y su voluntario desconocimiento de las violencias en las que todo orden político se sustenta.

Por otra parte, la construcción de sentido político a través de la producción de identificaciones “nosotros/ellos”, como la tarea política fundamental en las democracias liberales contemporáneas que restringen y contrastan el momento dictatorial con el momento consensual, terreno primero y fundamental de la lucha política.

LA FRASE que hoy destacamos en nuestra portada -«por esos sinvergüenzas mi padre murió sin su familia»-, pronunciada por la hija de un hombre de 57 años que falleció en los baños de la T-4 de Barajas durante el caos aéreo del pasado puente, es el ejemplo más descarnado de una multitud de dramas personales provocados por la ruin actitud de los controladores.

La madre de una niña canaria de cuatro meses perdió el avión que debía trasladarlas a Málaga para que la pequeña fuera operada de un tumor en el estómago; miles de personas que habían puesto sus ilusiones en un viaje irrepetible ya no tendrán fechas para hacerlo; muchos de los participantes en el Campeonato de España de Dominó nunca llegaron a su destino y el evento tuvo que suspenderse. El sabotaje de los controladores abortó pequeños y grandes sueños, todos legítimos e importantes para sus protagonistas. En total, fueron más de 600.000 los damnificados.

Mientras los viajeros sufrían todo tipo de penalidades, atrapados en los aeropuertos, los controladores se burlaban de Aena aduciendo las excusas más inverosímiles para no acudir a sus puestos de trabajo, desde mareos repentinos a vista nublada. Un controlador de Palma de Mallorca llegó a asegurar que estaba «borracho» y pidió, regodeándose, que le hicieran un control de alcoholemia en su casa. Como consecuencia de esta mala comedia hubo que cerrar el espacio aéreo español.

La tomadura de pelo de los controladores y la impunidad con la que han creído poder actuar, pisoteando los derechos de los ciudadanos, debería animar a los afectados a emprender acciones legales contra ellos. Esperamos también que los fiscales interpongan cientos de querellas.

Un despacho de abogados coordina ya las actuaciones de 5.000 personas. La estrategia jurídica consiste en crear una asociación de damnificados para iniciar una batalla legal por la que se reclamará una indemnización a la Administración y se exigirá la responsabilidad penal y pecuniaria de los controladores para que, llegado el caso, respondan con su patrimonio. La idea de la acusación es que se reconozca que hubo daños morales, lo cual es indiscutible que sucedió.

La actuación del colectivo de controladores, al que en ningún momento importó las consecuencias de su injustificable plante, es el síntoma de un mal creciente en nuestra sociedad. Con el paso de los años se ha ido relajando, lamentablemente, el concepto de responsabilidad en muchos trabajadores del sector público. Tendría que ser un deber casi sagrado de los funcionarios -como lo es el juramento hipocrático para los médicos- la atención a los ciudadanos. Más todavía cuando ese servicio público se realiza en régimen de exclusividad y afecta a un sector estratégico. La experiencia de los controladores ha demostrado que sobran sinvergüenzas en las torres de los aeropuertos y falta más sensibilidad.