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El Ejército forzó a varios controladores a volver a su trabajo mientras se producían escenas de caos en los aeropuertos

Crisis aérea: el ‘plante’ de los controladores cierra el espacio aéreo español y fuerza al Gobierno a declarar el ‘Estado de Alarma’

HECHOS

En el puente del 6.12.2010 de manera repentina, la inmensa mayoría de los controladores aéreos de los aeropuertos españoles decidieron abandonar su trabajo a la vez paralizando el transporte aéreo en todo el país.

El abandono masivo de sus puestos de trabajo sin aviso y sin convocar ninguna huelga de la inmensa mayoría de los controladores aéreos de España el viernes 3 de diciembre, puente de diciembre causó un bloqueo aéreo en España, que llevó al Gobierno Zapatero a militarizar los aeropuertos para que estos volvieran a funcionar.

D. Camilo Cela, presidente del Sindicato de Controladores Aéreos en el momento del ‘plante’ de los Controladores.

D. César Cabo, portavoz del Sindicato de Controladores Aéreos, fue la  cabeza visible del sector durante la crisis.



TRATAMIENTO MEDIÁTICO CONTRARIO A LOS CONTROLADORES EN LA MAYORÍA DE MEDIOS…

prensa_contra controladores2 La mayoría de los periódicos se posicionó en contra de los controladores. Como se vio al día siguiente en editoriales como ‘Golpe aéreo’ (EL PAÍS), ‘Un colectivo envilecido que merece lo peor’ (EL MUNDO), ‘Huelga Salvaje, Chantaje y caos’ (ABC), ‘Colapso delictivo’ (LA RAZÓN), ‘Extorsión intolerable’ (LA VANGUARDIA), ‘Controladores bajo el peso de la ley’ (EL PERIÓDICO de Catalunya), ‘Cielos cerrados’ (LAS PROVINCIAS), ‘Caos intolerable’ (EL CORREO Español – El Pueblo Vasco) o el de ‘Mano dura con los controladores’ (EL ECONOMISTA).

«CONTROLADORES CHANTAJISTAS»…

prensa_contra controladores1 Una de las expresiones más usadas por los periódicos de izquierda y derecha fue la de ‘chantajistas’.

¿ASESINOS?…

prensa_contra controladores3 El diario EL MUNDO sacó el testimonio de una familia que responsabilizó a los controladores aéreos  de que su padre muriera abandonado.

EL GRUPO INTERECONOMÍA: EN APOYO DE LOS CONTROLADORES

prensa_contra controladores4payaso_antonio_jimenez El único medio destacado que respaldó la actitud de los controladores aéreos fue el Grupo Intereconomía, tanto en su canal INTERECONOMÍA tv, como en su periódico LA GACETA, se recogió los testimonios de los controladores aéreos, presentándolos como víctimas primero de la regulación del Gobierno que consideraban injusta y luego de la militarización durante aquella jornada, que según los responsables de Intereconomía fue brutal y coactiva hacia los trabajadores. Según la mayoría de comentaristas de INTERECONOMÍA TV y LA GACETA la medida del Gobierno de declarar el Estado de emergencia era ilegal y mostraba tendencias de autoritarismo gubernamentales.

TERTULIAS Y DEBATES SOBRE LA CRISIS

En el debate de más audiencia ‘La Noria’ de TELECINCO, se trató el tema el mismo sábado al día siguiente del suceso, día en que D. Jordi González protestó por no poder contar con ningún controlador aéreo. «Los vais a ver mucho en Intereconomía», dijo D. Jordi González, por la presencia de dos controladores en el Telediario de esa cadena que pilotaba Dña. Pilar García de la Granja. Lo más destacable de ese programa fue que D. Miguel Ángel Rodríguez se enfrentara al Secretario de Estado (PSOE) D. Gaspar Zarrías tratándole como un militar como burla por la militarización «a sus órdenes, coronel Zarrías»

 

ControladoresAéreosMaAntonia En programas posteriores ‘La Noria’ si logró tener de invitados a dos controladores, que aceptaron ser entrevistados a cambio de no coincidir en el programa con los tertulianos, pero no pudieron impedir que una dellas, Dña. María Antonia Iglesias (PSOE) se enfrentar abiertamente a ellos acusándoles de chantajistas.

CRISTINA ANTÓN, UNA DE LAS QUE MÁS DIO LA CARA POR LOS CONTROLADORES:

cristina_anton     controladores_aereos_campoy

La controladora aérea, Dña. Cristina Antón, fue probablemente la que más aceptó intervenir en varios programas de televisión como ‘La Noria’ (La Fábrica de la Tele, TELECINCO) o ‘Las Mañanas de Cuatro’ (Plural, CUATRO) manteniendo duras discusiones con tertulianos o presentadores como Dña. Concha García Campoy o dña. Sandra Barneda. Dña. Cristina Antón tenía una demanda por sus declaraciones escritas en su propio blog tras la ‘huelga’ criticando a los que protestaban contra la actitud del gremio: : “¿Dónde cojones dice que seamos vuestros putos esclavos?”.

“Pagar 45.000 euros y seréis controladores. Es una faena”, se quejó Dña. Cristina Antón en ‘La Noria’ desde el salón de su casa en Palma de Mallorca. “Bueno, también tengo entendido que los taxistas en Madrid deben pagar una licencia de 80.000 euros. Si ganáis 300.000 euros al año, compensa”, le espetó la co-presentadora de ‘La Noria’ Dña. Sandra Barneda ante los aplausos y vítores del público asistente en el plató.

04 Diciembre 2010

Golpe aéreo

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

Los controladores están chantajeando a todo el país. Una acción que no debe quedar impune

El abandono masivo y abusivo por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo paralizó ayer el transporte aéreo de prácticamente todo el país en un golpe de fuerza con escasos precedentes. Este colectivo ha tomado, de nuevo, el peor camino para hacer valer sus protestas. El sindicato USCA, que agrupa a los profesionales del sector, admitió la naturaleza de la protesta (otras veces se ha escudado en bajas repentinas, pero no concertadas) y explicó que es la respuesta «individual» a la «dura agresión» ejercida ayer por el Consejo de Ministros, que aprobó un decreto clarificador sobre sus horarios (1.670 horas anuales).

Nada justifica, en ninguna circunstancia, el afán de extorsión de una iniciativa que está fuera de la ley. El cierre de los aeropuertos afecta a cientos de miles de pasajeros. Muchos quedaron ayer atrapados en las terminales e incluso dentro de las naves en las que se disponían a volar al inicio del puente de la Constitución. Con su actitud, los controladores no solo pierden la razón y la batalla de la opinión pública, sino que se exponen a sanciones que probablemente superen las meramente laborales, ya que su iniciativa podría estar tipificada en el Código Penal. El Gobierno amenaza a los huelguistas con declarar hoy mismo el «estado de alarma» y ponerlos a disposición judicial, en cuyo caso se enfrentarían a «graves penas de prisión».

Pero tras la militarización del control aéreo firmada anoche por Zapatero, las consecuencias de desobedecer pueden ser aún más graves. El cierre de los espacios aéreos va a producir enormes pérdidas económicas en sectores estratégicos como el del transporte y el turismo, y el chantaje al que los controladores someten al Gobierno y a los viajeros que usan este medio ni puede tolerarse ni puede quedar impune.

Fomento tendrá que imponer con urgencia medidas más drásticas. Su titular, José Blanco, ha sido el primero en una decena de años que ha plantado cara a un colectivo acostumbrado a firmar sus convenios a golpe de amenazas. El decreto que entró en vigor a mediados de este año redujo sus sueldos (de una media de 350.000 euros anuales) en un 40% y abolió privilegios como el de poder jubilarse a los 52 años con el sueldo completo. Los controladores, que amagaron con realizar una huelga oficial en julio pasado para contestar esa iniciativa, terminaron por claudicar.

El golpe de mano de ayer demuestra que el conflicto no había quedado resuelto y que sus protagonistas están dispuestos a tensar la cuerda hasta límites difícilmente soportables. Uno de los antecedentes del conflicto se vivió el martes en el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde un tercio de los controladores decía haber cumplido ya con el máximo de horas y se disponía a no volver al trabajo hasta enero. Esa interpretación abusiva de los horarios (antes solo trabajaban un máximo de 1.200 horas anuales) es el origen del decreto aprobado ayer y que ha derivado en esta protesta frente a la cual el Gobierno hace bien en actuar con la mayor contundencia.

04 Diciembre 2010

Un colectivo envilecido que merece lo peor

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El tráfico aéreo de toda España quedó colapsado ayer desde primeras horas de la tarde cuando los controladores de Madrid, Barcelona, Palma, Oviedo y Canarias abandonaron masivamente sus puestos de trabajo. Más de 250.000 ciudadanos, que se disponían a comenzar el disfrute del último puente del año, tuvieron que volver a sus casas con la incertidumbre de desconocer si podrán volar hoy hacia sus destinos.

El cierre del espacio aéreo provocó las lógicas y comprensibles escenas de indignación en todos los aeropuertos españoles, en los que muchas personas perdieron los nervios ante la imposibilidad de coger vuelos contratados desde hace semanas o meses.

El motivo de los controladores para abandonar sus puestos de trabajo fue la interpretación, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, del decreto del 5 de febrero de 2010. Ese decreto establecía un total de 1.670 horas anuales de trabajo. El Gobierno entiende ahora que el tiempo de formación, las tareas sindicales, los permisos laborales y las guardias no deben contabilizarse dentro de esas 1.670 horas, lo cual, según los controladores, contradice la literalidad del decreto.

Es difícil saber quién tiene razón, pero eso es secundario en estos momentos, ya que carece de justificación alguna que, amparándose en una diferencia de interpretación, los controladores cometan la tropelía de paralizar el espacio aéreo y perjudicar a cientos de miles de usuarios, sin contar con los daños económicos ocasionados. La desproporción es escandalosa, aunque también hay que reprochar al Gobierno que procediera a esa clarificación en una fecha tan inoportuna como la de ayer.

El Consejo de Ministros aprobó también una disposición que exige a partir de ahora la autorización de un médico de AENA para abandonar el servicio por enfermedad, lo que agudizó el descontento de este colectivo.

Ante la extraordinaria gravedad de los hechos, el ministro de Fomento compareció anoche para exigir la inmediata reincorporación de los controladores a su puesto de trabajo. Como la vuelta no se produjo, Zapatero firmó la orden de militarización de la gestión del tráfico aéreo en base a un decreto aprobado ayer mismo en el que se le confería esa potestad. Se trata de una medida sin precedentes pero justificada por lo caótico de la situación. Además, hoy se reunirá el Consejo de Ministros para valorar la posibilidad de decretar el estado de alarma, por primera vez en la historia de la democracia.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias por un presunto delito de sedición de los controladores, contemplado en el artículo 544 Código Penal, en el que se establecen penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad contra quienes «se alcen públicamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes». No parece que esa tipificación encaje con la conducta de los huelguistas, a los que tal vez se les podría aplicar la Ley Penal de Navegación Aérea, que establece sanciones de hasta 12 años de cárcel por «interrumpir» el servicio.

Al margen del plano penal, esa conducta merecería el despido inmediato de los huelguistas, aunque desgraciadamente ello no será posible porque no existe recambio a un colectivo que se ha cuidado muy mucho de restringir el acceso a su profesión. En esta ocasión, los controladores -los profesionales mejor remunerados en la sociedad española- han sobrepasado los límites y han abusado de su poder. Todos y cada uno de quienes ayer se fueron a su casa deberían no sólo sufrir un durísimo castigo sino además la reprobación de los ciudadanos por su ignominioso comportamiento que contraviene el más elemental sentido de la ética.
04 Diciembre 2010

Huelga salvaje, chantaje y caos

ABC (Director: Bieito Rubido)

Al margen de cualquier razón política o laboral que pudiera asistirles, los controladores aéreos merecen una condena y un castigo severo por el chantaje organizado que obligó ayer a cerrar el espacio aéreo español a la hora clave para la salida del «puente» festivo. La tarde noche en los principales aeropuertos españoles fue caótica. Es justa y lógica la indignación de cientos de miles de ciudadanos, atrapados en los aeropuertos y convertidos en rehenes de un conflicto laboral al que son ajenos. Una huelga salvaje es una actitud inasumible, impropia de profesionales cualificados, pero incapaces de conjugar sus legítimos intereses laborales con su obligado deber —avalado por unas abultadas nóminas— hacia la prestación de un servicio público esencial. No se trata sólo de que hayan podido incurrir en responsabilidad disciplinaria, y seguramente penal, por paralizar caprichosamente el cielo español, generar serias perturbaciones en el tráfico aéreo y hasta delinquir. Se trata de la falta de dignidad que los controladores demuestran coaccionando a ciudadanos a los que obligan a perder su tiempo y su dinero mientras se dedican a pisotear la imagen de una profesión que ellos mismos —nadie más— han deteriorado hasta causarle un daño irreparable. Es hora de que la Justicia ponga manos a la obra y castigue ejemplarmente a todos responsables.
Tampoco el Gobierno tiene motivos para presumir de la solución a estos gravísimos acontecimientos. Elogiado en su día por su firmeza ante los órdagos planteados por los controladores, el Ejecutivo ha dejado transcurrir los meses dejando los deberes a medias. La «militarización por decreto» de la gestión del trabajo de estos enfermos imaginarios probablemente será una medida eficaz, pero ayer se demostró que, dada la permanente amenaza, debió entrar en vigor hace meses. Al problema de los controladores se suman las anunciadas movilizaciones de los pilotos y de los trabajadores de Aena, a causa de la reciente privatización de la gestión de algunos aeropuertos. Por este camino, pronto se colgará en los aeropuertos españoles el cartel de «Prohibido volar». No se puede jugar al límite en materias que afectan al desarrollo normal del transporte aéreo y a la seguridad de los pasajeros. Los controladores tienen derecho a negociar sus condiciones laborales. A lo que no tienen derecho es a convertir el abuso en una costumbre y su profesión en un arma con la que secuestrar a la ciudadanía.
06 Diciembre 2010

Estado de alarma constitucional

Ignacio del Río

"NUNCA UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO HA VIOLENTADO LA CONSTITUCIÓN DE ESTA MANERA"

El estado de alarma decretado por el Gobierno es el hecho más grave en los 32 años de democracia tras el golpe de Estado del 23-F y los atentados del 11-M, en los que con más de 1.000 víctimas se paralizó todo el tráfico de cercanías de Madrid en pleno periodo electoral. El Gobierno de José María Aznar afrontó los hechos con sus poderes ordinarios, sin acudir a la declaración de un estado de alarma que estaba, en este caso, nítidamente incluido en los supuestos que regula la Ley Orgánica 4/1981.

De acuerdo con el contenido del real decreto aprobado, el Gobierno de Zapatero reconoce su incapacidad para restablecer la normalidad mediante sus poderes ordinarios. El artículo 1 de la Ley Orgánica señala este presupuesto de carácter jurídico y político para la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Y así lo corrobora la exposición de motivos del real decreto aprobado, una auténtica autoinculpación que reconoce la incapacidad del Gobierno para “restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos” y para ejercer el poder ordinario del Estado.

Después de una exposición de motivos surrealista, el estado de alarma decretado por el Gobierno Zapatero, no cumple los dos requisitos que se exigen conjuntamente en la ley: “Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, (servicios mínimos esenciales) y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo (terremotos, incendios, accidentes graves, catástrofes naturales y epidemias)”.

El Gobierno ha forzado la declaración de estado de alarma, ya que el mecanismo constitucional, el estado de excepción, previsto expresamente para restablecer el normal funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, hubiera supuesto un auténtico escándalo ante el mundo y una crisis política y económica de efectos devastadores, regresando a los tiempos más oscuros de nuestra historia.

Toda esta vulnerabilidad constitucional, se acentúa con la pretensión de convertir en personal militar a los controladores aéreos, por la vía de un real decreto y con amenaza subyacente de la aplicación del Código de Justicia Militar. La Constitución declara que la jurisdicción militar se desarrolla en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.

Las informaciones que se difundieron desde La Moncloa el viernes por la tarde, informan de que en el gabinete de crisis constituido ha participado el consejero togado militar y se suelta la liebre de un supuesto delito de sedición, con el fin de doblegar a los controladores, en un ejercicio de amenaza desde el Gobierno.

¿Es posible, ante la gravedad de los hechos, que Blanco nos dé una explicación solvente sobre las razones para incluir esta medida en un decreto ley, que es un procedimiento legislativo excepcional, que plantea dudas sólidas de su aplicación retroactiva, modificando condiciones laborales vigentes y que, sin duda, no requiere una norma con rango legal para regularse en caso de ausencia de convenio? ¿Es posible que el ministro de Fomento diga la verdad sobre las causas del déficit de AENA derivado de la amortización de las infraestructuras aeroportuarias, que se han realizado sin una planificación estratégica, situando aeropuertos en ciudades sin tráfico aéreo? ¿Nos contará Blanco por qué no tiene otro argumento más sólido que la demagogia del sueldo de los controladores, cuando después de siete años de Gobierno Zapatero ni se han ofertado más plazas, ni se han contratado controladores procedentes de la UE, ni se ha habilitado la licencia civil de los controladores militares?

Demasiadas preguntas sin respuesta de un Gobierno que ha mentido cuando dice en la exposición de motivos del real decreto “que han fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente”.

Nunca un Gobierno democrático ha violentado la Constitución de esta manera. Los derechos y libertades fundamentales, la legalidad y la seguridad jurídica no pueden quedar al albur de los ensayos de química política de Zapatero, Rubalcaba y Blanco. España necesita una Ley de Huelga, que reclama la Constitución delimitando el contenido del derecho, para que no se reproduzcan estas situaciones. Y España necesita un Gobierno capaz de explicar a los ciudadanos la realidad de los problemas, de ofrecer confianza y que no engañe ni manipule a la opinión pública.

J. N. Figgis dice: “Habrá una batalla inevitable y terrorífica entre quienes creen y quienes no creen que los únicos derechos son los derechos del Estado y la única autoridad es la autoridad de la República”.
Zapatero, apoyado por sus cónsules Rubalcaba y Blanco, ha actuado como Catilina que fue derrotado en las elecciones del año 63 a. C. Informado Cicerón comenzó su discurso en el Senado oponiéndose a los poderes excepcionales que pretendía asumir: “Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia”.

07 Diciembre 2010

Controladores aéreos, dictadura y consenso

Iñigo Errejón

El abandono del trabajo de los controladores aéreos y la respuesta del Gobierno del PSOE, decretando por primera vez en la historia del régimen constitucional el Estado de Alarma y militarizando los aeropuertos españoles, han supuesto un episodio acelerado y convulso del que pueden extraerse algunas lecturas políticas de un alcance que supera el conflicto laboral.

El asunto es altamente espinoso y, especialmente para la izquierda, reviste suficientes aristas como para dificultar un diagnóstico nítido y mucho más una toma de posición. La izquierda política se encuentra dividida o se ha pronunciado a media voz. En el terreno sindical la situación es similar, pues salvo el sindicato CGT ninguna otra central ha cuestionado la respuesta gubernamental. En la izquierda social y los denominados “movimientos sociales” la tónica general ha sido el silencio y/o las dudas. En términos generales, el conflicto ha cogido a la izquierda con el pie cambiado, incapaz de orientarse políticamente en base a los “análisis de la composición de clase”, y con la sensación de ser espectadora de un suceso más que relevante en el que poco importa lo escaso que tenga que decir.

Este breve artículo no entra en el terreno de las relaciones laborales, sobre el que se están escribiendo ya análisis más informados. El objetivo, en cambio, es señalar algunas lecciones de política que han emergido a raíz de estos sucesos.

1. En primer lugar, la forma en la que el PSOE ha puesto fin a la huelga –no declarada- de los controladores, es una llamada de atención sobre la naturaleza del Estado. Los militares han ocupado los aeropuertos para imponer discip lina a los controladores aéreos, para que éstos vuelvan al trabajo y acepten la modificación unilateral, por decreto, de sus condiciones laborales. En ese sentido, el PSOE limpia la casa antes de venderla, para hacerla comercialmente más atractiva. El mandato que el PSOE cumple con la privatización de la gestión de los aeropuertos, y con el resto de medidas de ajuste dictadas y por venir, proviene de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, de las potencias de la unión europea y de la capacidad de los mercados financieros para imponer medidas con sus amenazas de especulación contra la deuda española.

En este sentido, es innegable que se ha producido una considerable cesión de soberanía de los estados nacionales hacia instituciones financieras, organismos supranacionales y poderes económicos privados que se mueven en una escala global. No obstante, el Estado sigue siendo el terreno principal donde ocurre el proceso político- la discusión, negociación y reformulación de políticas públicas- y en particular el único en el que diferentes intereses tratan de ser gestionados y conciliados de acuerdo con parámetros públicos y susceptibles de ser cambiados por procedimientos electorales.

Sin embargo, y como ya escribiese Carl Schmitt, la naturaleza del poder estatal reside en su última ratio , en hasta dónde puede hacer llegar sus instrumentos coercitivos para la regulación social. Es efectivamente en las situaciones de excepcionalidad, de suspensión de los derechos y garantías que protegen a los individuos del poder omnímodo estatal, cuando éste se revela en toda su envergadura. Es en última instancia porque es capaz de imponer estas medidas de excepcionalidad, de suspender la “tregua” que codifica, restringe y hace previsible y revisable la violencia que le constituye, que las decisiones públicas estatales son creíbles y suscitan obediencia. El Estado es un campo de negociación y articulación de intereses. Pero al mismo tiempo es una relación social marcada por el monopolio de la violencia puesto al servicio de objetivos políticos que se pretenden legítimos. Su cara última es, por tanto, la guerra, la posibilidad, siquiera sea remota, de romper las negociaciones, levantar las trabas y ocupar militarmente los aeropuertos obligando a los controladores a volver a sus asientos bajo amenaza del código militar. La crisis de los controladores, en este sentido, ha favorecido un giro leninista de la política española, aún si por pocos días.

2. En segundo lugar, a nadie se le escapa que el gobierno de Zapatero, Blanco y Rubalcaba ha podido imponer medidas de la dureza de las aún vigentes porque se enfrentaba a un sector marcado por su incapacidad de generar solidaridades fuera de su gremio. Los controladores aéreos, que siempre han defendido sus elevados salarios y sus comparativamente excepcionales condiciones de trabajo en tanto que privilegios de casta, apelando a su capacitación profesional y desvinculándose de cualquier reivindicación o identidad de clase, llevan muchos años creando las condiciones para que el Gobierno haya podido aislarles y golpearles con la rapidez y contundencia demostrada. Seguramente por la misma razón sectores amplios de la izquierda han reaccionado ante los sucesos del 4 y 5 de diciembre con un desdeñoso desentendimiento, cuando no celebrando la derrota de un colectivo considerado de “señoritos”.

En cualquier caso, la maniobra realizada frente a la huelga no declarada de los controladores aéreos presenta rasgos ya ensayados en otros conflictos laborales anteriores, y muestra un esquema susceptible de ser aplicado en el futuro. Las condiciones laborales de los controladores aéreos y sus abultadas nóminas no deben llevar a la confusión: el discurso que representa a los huelguistas como “privilegiados” por encima de la población que se aprieta el cinturón tiempos de crisis, ha sido ya empleado contra los trabajadores del sector público alentando los prejuicios neoliberales contra “los funcionarios” –y por extensión contra lo público-, o contra los trabajadores del metro de Madrid cuando protagonizaron su dignificante huelga – derrotada parcialmente, por cierto, en el terreno mediático-discursivo, pese a su éxito en los túneles del suburbano.

En un contexto de precarización generalizada, es normal que las huelgas más disruptivas y contundentes las protagonicen los colectivos profesionales con un grado de especialización, una cierta mentalidad colectiva y contratos blindados. Podría ser que la denigración de los “privilegiados” fuese un mecanismo para activar un egoísmo reaccionario por el cual quienes no tienen esa capacidad contractual frente a sus jefes y el Estado se quejen de que otros la usen, y cierren filas en torno a los gobernantes contra el agravio comparativo. Este marco discursivo excede este conflicto la boral y, por supuesto, la consideración que le merezca a cada cual el colectivo de controladores aéreos; tras haber demostrado su eficacia es más que probable que reaparezca en próximos conflictos sociales del futuro.

La izquierda ha tenido dificultades para posicionarse en este episodio porque ninguno de los dos contendientes presentaba a priori, por su posición en el proceso productivo, sus condiciones de vida o sus declaraciones ideológicas, elementos para identificarse con ellos desde una perspectiva emancipadora. En este transcurso la izquierda se ha mostrado lenta y torpe, atada a un economicismo que cada vez dificulta más los análisis y, lo que es peor, las apuestas políticas.

Lejos de darlos por constituidos, el Gobierno –con el apoyo de las principales fuerzas políticas y medios de comunicación -han sido perfectamente conscientes de que la tarea primera y definitoria de la política es la construcción de campos: la demarcación de una frontera que dibuje el “nosotros” al mismo tiempo que al adversario; la atribución de sentido a determinadas diferencias sociales a partir de las cuales producir un antagonismo inteligible que ordene la mayoría de las actitudes, identidades y tomas de posición individuales y colectivas en una comunidad política.

Sin haber leído probablemente a Gramsci, el Ministro de Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno tuvo clara la importancia de establecer una frontera conveniente que aísle al adversario: la representación de los controladores como una minoría que ha “secuestrado” los intereses generales de todo un país. Los ciudadanos han sido así interpelados como consumidores cuyos derechos deben ser defendidos con intransigencia, por el mismo gobierno que les llama a ser comprensivos ante los recortes en sus derechos como trabajadores y usuarios de los servicios públicos y beneficiarios de las políticas sociales.

De esta manera, se construye una mayoría social, la de los ciudadanos-consumidores, marcada por la fragmentación y la ausencia de referentes colectivos que no sea su unificación desde arriba por el Estado y la socialización mercantil. Esta mayoría social es inmediatamente movilizada como voluntad general de la nación contra los huelguistas que a todos perjudican. Estos bandos no existían. Muchos otros alineamientos políticos –como el de trabajadores frente a privilegiados, que caracteriza los discursos de la izquierda- eran posibles. Pero el Gobierno ha dado una lección de hegemonía ordenando el campo político en forma satisfactoria para sus intereses.

Una vez que este discurso, amplificado por la práctica totalidad de televisiones y peri ódicos, ha generado un consenso en la sociedad civil, existen las condiciones para descargar medidas de una violencia hasta ahora desconocidas contra los huelguistas. Que estos tengan nóminas muy abultadas es algo que le importa a la izquierda, pero que influye poco en el desenlace del “pulso” con el Estado.

Cuando Rubalcaba dijo “quienes le lanzan un pulso al Estado pierden” lo hizo a sabiendas de que el resultado de ese pulso depende de una virtuosa combinación de consenso y dictadura. La suspensión de derechos civiles, sindicales y políticos que implica la declaración del Estado de Alarma, es posible porque previamente ha tenido lugar una exitosa construcción discursiva que atribuye un sentido al conflicto laboral que es ya en primera instancia el comienzo de la derrota de los huelguistas.

Este conflicto laboral es polémico y resbaladizo, especialmente para la izquierda. No es intención de este artículo cerrar la discusión, que continuará por varios días. Se ha pretendido en todo caso resaltar las lecturas que no deberían pasar desapercibi das para las fuerzas que apuestan por el cambio político:

Por una parte la determinación en última instancia de la batalla política democrática por la posibilidad de la coerción desnuda, del momento dictatorial de todo gobierno. Olvidar esto supone caer en las lecturas complacientes del pluralismo ingenuo, o en el cinismo liberal y su voluntario desconocimiento de las violencias en las que todo orden político se sustenta.

Por otra parte, la construcción de sentido político a través de la producción de identificaciones “nosotros/ellos”, como la tarea política fundamental en las democracias liberales contemporáneas que restringen y contrastan el momento dictatorial con el momento consensual, terreno primero y fundamental de la lucha política.

El Análisis

¿Huelga? ¿Qué huelga?

JF Lamata

Se diría que es una obviedad que el abandono masivo de los controladores aéreos y en un momento de plena tensión por el cambio de su situación laboral era una huelga, una huelga unilateral y sin esperar, en pleno puente, con el único objetivo de dejar bloqueado el espacio aéreo español y causar el mayor caos del sector en España como elemento de presión en la mesa de negociación.

Sin embargo lo que parece claro para muchos no tiene por qué ser verdad, o al menos, no tiene que por qué ser la ‘verdad judicial’. Centenares de demandas serían puestas por los montones de ciudadanos que se sintieron afectados por aquello, anulando su viajes o quedándose atrapados en aeropuertos durante horas, contra los controladores y sin embargo ninguna de las demandas prosperaría.  Los tribunales o hasta la sala de lo Contencioso-administrativos de la Audiencia Nacional consideró que la normativa y sentencias europeas en materia de compensación y asistencia  a los pasajeros aéreos no amparan a lo sucedido los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010 que ni siquiera era reconocido oficialmente como huelga.

Aunque no todo fueron victorias judiciales para los controladores, que quisieron llevar a los tribunales la decisión del Gobierno de militarizar sus puestos para reactivar el trabajo. De acuerdo a la sentencia por ese punto, la administración actuó correctamente ante la situación.

Concluyendo… ¿Se podía concluir algo? ¿Alguien podía considerarse ganador? Porque muchos sí podían considerarse perjudicados.

J. F. Lamata

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