Una moción de censura derriba a la alcaldesa de Leganés, Bragado, tras 22 días en el poder y coloca a Gómez Montoya (PSOE)

La moción de censura presentada por el PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés, que ha devuelto el gobierno de este municipio madrileño a estos partidos tras permanecer unos días en manos del PP, ha causado sorpresa por su rapidez: apenas tres semanas después de constituido el nuevo Consistorio. La misma sorpresa ha causado la moción de censura presentada por el PSOE y Nueva Canarias -una formación nacionalista desgajada de Coalición Canaria- en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que ha desalojado al PP de la presidencia de esta institución tras haberla desempeñado durante 16 años.

La moción de censura municipal quizá no tenga el empaque de la constitucionalmente diseñada para exigir la responsabilidad política del Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero está sujeta a procedimientos parecidos y responde esencialmente a los mismos fines. La ley no establece ningún plazo para presentarla ni tampoco la vincula expresamente con la gestión del equipo de gobierno censurado, pero debe suponerse que son cuestiones relativas a esta gestión las que la justifican y legitiman ante los vecinos.

En el caso de Leganés, la moción de censura ha sido presentada sin darle tiempo al equipo de gobierno municipal del PP a gestionar nada. Mal han podido entonces los 11 concejales socialistas y los tres de IU evaluar esa gestión y mucho menos basarse en ella para justificar su moción de censura y el consiguiente cambio de gobierno municipal. Gobernar en minoría frente a una oposición que aglutina a una mayoría absoluta de concejales es prácticamente imposible y ése era el caso del gobierno formado por los 12 concejales del PP. Pero lo razonable habría sido esperar un tiempo, y no sólo por razones de cortesía política, sino para que los ciudadanos percibieran las dificultades de un gobierno minoritario y la necesidad de cambiarlo. Salvo que hubiera premura por enmendar errores propios, como lo fue la caprichosa abstención de los concejales de IU en la sesión constitutiva del Ayuntamiento, lo que facilitó al PP el gobierno municipal y mereció una justificada reprimenda por parte de la dirección de la coalición.

La moción de censura en Leganés no constituye un fraude político y menos legal, como ha apuntado Acebes. Todavía menos constituye un acto de fuerza, como ha pretendido la alcaldesa defenestrada del PP. Es legal y plenamente democrática, pues se sustenta en una mayoría absoluta de concejales que a su vez representan a casi el 60% de los votantes. Pero ha sido una moción prematura, urgida más por las prisas del PSOE y de IU de volver al poder, tras haber sentido el vértigo de perderlo por rencillas y ambiciones personales, que por el interés de sus votantes. Esa instrumentación de la moción de censura no es aceptable.