Carlos Garaicoetxea es elegido nuevo Presidente del PNV reemplazando al histórico Juan Ajuriaguerra Ochandiano

Miembro del Partido Nacionalista Vasco. Candidato al Senado por Navarra. Ex ministro de Justicia de la II República. Ex diputado foral de Navarra.Cuarenta años de régimen autoritario han dado lugar a una situación confusa y abigarrada en, todos los territorios del Estado español. A los motivos de orden genérico se unen en el País Vasco los de carácter específico para llevar a la confusión dramatismo. La nota oficial del Consejo de Ministros celebrado el 20 de mayo último enuncia como política del Gobierno «la amnistía corno instrumento de reconciliación» y «una institucionalización de las regiones».

«Estos principios -añade- figuraban ya en su declaración programática y no se han regateado esfuerzos para convertirlos en realidad.» Otros problemas concretos que afectan al pueblo vasco y que vienen arrastrándose desde hace más de un siglo no han podido resolverse en el breve plazo de diez meses y no podrán tener una solución definitiva mientras no existan unos representantes del pueblo legitimados por las urnas.

La ley abolitoria de los Fueros de Alava,_Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra es, en efecto, de 25 de octubre de 1839, y la que dejó sin efecto los restos forales de las tres primeras lleva fecha de 1876. Es, pues, acertado el acuerdo del Consejo de Ministros al afirmar que el problema vasco lleva planteado más de un siglo.

El Gobierno de Suárez ha hecho muchas cosas bien. Su primera alocución fue recibida en toda la Península, de manera singular en el País Vasco, como mensaje de esperanza. Pero vamos a relacionar algunos hechos sucedidos con posterioridad. Un comité reunió a las oposiciones para establecer diálogo permanente con el Gobierno. ¿Qué ha sucedido de aquel comité?

El Ayuntamiento de Echarri-Aranaz convocó a todos los municipios vascos para tratar de los problemas esbozados en la declaración ministerial. El jefe del Gobierno recibió con albricias esta convocatoria, llegando a comentar con el miembro vasco de aquella comisión la posibilidad de concurrir personalmente a la asamblea, para escuchar la voz de los ayuntamientos vascos; en efecto, al día siguiente el ministro de la Gobernación prohibía la reunión de la asamblea de municipios y, dos días después, losreunía él, por separado, navarros y vascos occidentales, para estimular diferencias históricas entre unos y otros, dificultando. de tal guisa hasta impedir el desarrollo de aquella proyección.

El propio jefe del Gobierno, tras admitir la celebración del Aberri Eguna, o Día de la Patria Vasca, dijo a los representantes de oposición que» para aquella fecha, no habría un solo preso político vasco en las cárceles del Estado ni exiliados políticos vascos fuera de su tierra. La verdad es que el Aberri Eguna fue prohibido y que aún quedan presos políticos vascos tras las rejas y exiliados a los que se persigue hasta en su refugio fuera de fronteras. A petición del ministro de la Gobernación de Madrid, el ministro del Interior francés ha puesto en residencia forzosa, en una isla del Mediterráneo, a diez exiliados vascos. Once veces solicitó audiencia el comité de las oposiciones para pedir al jefe del Gobierno concreción a su promesa de establecer un sistema autonómico provisional para los dos países que habían disfrutado régimen de estatuto de autonomía otorgado por la República. Al computar el desaire y falta de respuesta las once veces, se disolvió el comité, por estimar que el Gobierno Suárez es incapaz de establecer un régimen de diálogo con las oposiciones.

El hecho vasco no es ciertamente excepcional. El Estado español es el único país civilizado del mundo en el que no ha podido celebrarse la Fiesta del Trabajo del 1 de mayo: Desde la Ciudad Vaticana hasta Pekín, pasando por todo el abanico de situaciones político-sociales de la Tierra, los trabajadores tuvieron su día. Donde no lo tuvieron es en el Estado español, con invocación del orden público. Los ciudadanos no hemos olvidado que la escuela política en la que Suárez se graduó era de las que prefería la injusticia al desorden. Y esto nos lo recuerdan singularmente a los vascos las fuerzas dichas del orden que, obedientes al Gobierno, siembran de cadáveres nuestros pueblos y ciudades.

Vamos a una elecciones generales con Ayuntamientos, Diputaciones y organismos administrativos de todo género puestos en las mismas manos que los han venido poseyendo desde hace cuarenta años. Los partidos políticos y sindicatos sociales han pasado de la catalepsia o la clandestinidad en cuarenta años, a las arenas electorales, para cuyo juego el único bien preparado es el Gobierno. ¿Hasta qué porcentaje de democracia puede ser atribuido a la consulta electoral llamada para el 15 de junio?

El hecho vasco es una realidad tangible, representada por el Gobierno vasco en el exilio, donde su presidente, señor Leizaola, asistido de sus consejeros, espera a que en Euskadi surja la institución representativa del país para que aquel hecho tenga continuidad. Pero hubiera sido más satisfactorio para nosotros y mejor para el Gobierno, y sobre todo para el Estado, que la silueta marcada por el presidente Suárez en su presentación al país hubiese continuado con la misma orientación política que llenó de esperanza las montañas vascas y todo el área de la democracia peninsular.

HAN TRANSCURRIDO muchos años desde aquel mes de agosto de 1894 en que los hermanos Sabino y Luis Arana levantaron la bandera del nacionalismo vasco ante el viejo roble de Guernica. El tiempo sólo ha servido para enquistar aún más el problema y para demostrar, hasta la saciedad, cuán desprovistos de sentido político estamos los españoles. Durante ese tiempo, el nacionalismo vasco ha brotado y se ha ocultado, fundamentalmente, en función de ese gran caudal de fuerza política que ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Desde el viejo Consejo Provincial Vizcaíno, germen del PNV hasta su versión actual, este partido, democristiano, nacionalista y parlamentario, no ha dejado de experimentar transformaciones que, sin embargo, resultaron en los últimos años insuficientes para permitirle seguir dirigiendo los cambios de una sociedad en rápida transformación.Estos planteamientos políticos no pueden desarraigarse de la evolución económica. Vizcaya y Guipúzcoa constituían al concluir la guerra civil el pilar de la industria española. La gran burguesía vasca era antinacionalista, no sólo por convencimiento político, sino por conveniencia económica. La autarquía de la posguerra le compensó con creces de la pérdida de los privilegios forales que sólo se mantuvieron para Navarra y Alava.

La prosperidad del País Vasco en esos años atrajo hacia sus ciudades una fuerte inmigración. La población obrera vasca estaba compuesta, al finalizar la década de los sesenta, por más de un 50% de hombres y mujeres nacidos fuera de Euskadi, de habla castellana, con una base cultural ajena a las tradiciones vascas.

Estas circunstancias han contribuido a forjar un tipo de nacionalismo diferente. Frente a la orientación moderada, parlamentaria y cristiana del PNV, sectores de la juventud vasca adoptaron una actitud radical en favor de la separación de las siete provincias vascas -cuatro españolas y tres francesas- de los respectivos Estados; y surgieron grupos socialistas y autogestionarios, preconizadores de la lucha armada.

En agosto de 1968 era asesinado en Irún el cerebro de la policía política de San Sebastián, el comisario Manzanas. Las siglas ETA iban a saltar desde entonces al primer plano de la vida política española. Los jóvenes fundadores de ETA eran un grupo revolucionario, de ideología seudomarxista y que pretendían constituir nada menos que la vanguardia armada de una guerra de liberación nacional, calcada de los manuales revolucionarios tercermundistas. Desde entonces, ETA se ha renovado a través de escisiones, depuraciones y mutuas acusaciones de españolismo, nacionalismo pequeño-burgués y fraidores de clase.

Gran parte del crecimiento y el innegable y peculiar arraigo de ETA se ha debido no tanto a la audacia de sus acciones, casi siempre de terrorismo y de sabotajes, sino a la torpe represión y a la ausencia de soluciones políticas que sus actividades provocaron en sucesivos gobiernos del franquismo: suspensión de garantías constitucionales, arrestos arbitrarios, violencias policiales, destierros, juicios militares y movilizaciones multitudinarias, colaboraron para convertir en héroes de la juventud vasca a los etarras, echar tierra sobre delitos injustificables y paralizar la actividad política propia de una burguesía que abominaba de estos métodos y a la que nada unía con ETA, salvo el sentimiento de repugnancia ante la violencia y la torpeza gubernamentales.

La dureza represiva del Gobierno Arias y la política de concesiones a remolque de la presión popular del Gobierno Suárez no han facilitado la preparación de un clima propicio a las elecciones. La lucha por la amnistía ha permitido a ETA y a sus grupos afines crear un ambiente emocional en el cual se identificaban situaciones de injusticia particular con soluciones políticas generales, llegando hasta el chantaje de decir que participar en las elecciones era traicionar a los presos y a los muertos.

La ausencia de una base teórica en los planteamientos denominados abertzales -nacionales- se ha traducido en una fragmentación de sus representaciones -en un último recuento aparecen seis grupos políticos «auténticamente» vascos y de izquierdas, cinco de ellos agrupados en la Coordinadora Socialista Patriota (KAS)-, que aparecen divididos no sólo por sus matices doctrinales, sino también por su actitud de abstención o no en los comicios. A esta izquierda patriota cabe sumar los partidos nacionales tales como el PC de Euskadi, el PSOE vasco y alguna organización minoritaria.

En el camino hacia el centro aparecen el Partido Socialista Vasco (ESB), Acción Nacionalista Vasca (ANV), el Partido Carlista de Euskadi (EKA), la Democracia Cristiana Vasca (DCV) y el PNV. Este último es, sin duda, el partido vasco de mayor tradición. Demasiado pasivo durante la mayor parte del exilio franquista, no planteó una alternativa dinámica al radicalismo nacionalista de ETA. El PNV se ha despertado, no obstante, de su letargo en los últimos meses y los más recientes sondeos le dan como favorito en Guipúzcoa y Vizcaya. Precisamente en esas dos provincias de mayor tradición obrera es también donde los grandes partidos de la izquierda «estatalista», PSOE y PCE, tienen posiciones más favorables.

Estos pronósticos reposan, sin embargo, en bases muy frágiles. Los «partidos en liza han llegado a complicados acuerdos electorales en los que en unas provincias presentan candidatos comunes para el Senado y en otras para el Congreso; a lo cual se añade la gran incógnita de la capacidad de atraer votos que manifiesten los grupos abertzales que decidan presentarse a las elecciones.

Resulta muy difícil, pues, aventurar pronóstico alguno. Sí cabe afirmar que la ausencia de un partido vasco respaldado por una votación mayoritaria sería una auténtica tragedia. Tragedia para el País Vasco en cuanto reforzaría las violentas tensiones disgregadoras que hoy le dominan; tragedia para el resto de España, pues le privaría de un interlocutor con el cual negociar el estatuto de autonomía que Euskadi reclama. Una de las estrofas finales del Guernicaco Arbola pide para los vascos «una paz inalterable para vivir al calor de sus leyes seculares». Ningún don mejor que éste podrían traer las elecciones al País Vasco.

Uno de los recuerdos que conservo profundamente grabado desde mi niñez, cuando espontáneamente empezaba a sentir el drama vasco, es aquella grave acusación que se hacía por entonces al PNV: su asociación con las hordas rojas durante la guerra. Frente a los cruzados de Franco, desde mi vasquismo incipiente y a contrapelo, yo protestaba que el PNV no había buscado alianzas, sino que, tras negársele el pan y la sal, la propia razón de su existencia, había quedado, fiel al orden constituido, irremisiblemente alineado frente a los insurgentes… Pero mis protestas eran enérgicamente acalladas con una letanía de anatemas a mi pobre partido, que había traicionado el cristianismo del pueblo vasco, sosteniendo la revolución roja de Euskadi y perturbando el buen desarrollo de la cruzada.

«Mutatis mutandis», parece que el PNV sigue sufriendo el mismo sino. Tras ver rechazados, uno tras otro, sus planteamientos en el debate constitucional, todo tipo de voces, hasta las habitualmente más razonables y comprensivas con su causa, airean las responsabilidades del PNV si no presta su apoyo a la constitución, haciendo que en Euskadi logre ésta una mayoría de votos afirmativos y permitiendo con ello la paz de Euskadi y la democracia de España. Para fundamentar estas responsabilidades se pretende hacer ver, que el « caso vasco» ha obtenido ya respuesta satisfactoria en el proyecto constitucional y que el PNV dispone, por ello, de armas definitivas; para crear un clima de satisfacción en Euskadi, neutralizando así las posturas radicalizadas y haciendo revolverse unánimemente a la inmensa mayoría de los vascos contra tales posturas.

En resumen, si el PNV no expresa su complacencia ante la Constitución, la transmite al pueblo vasco y logra que éste se revuelva contra la izquierda radical, será reo de grave complicidad con los grupos desestabilizadores y su responsabilidad histórica será tan grave como la que se nos adjudicaba en el 36.

Perdóneseme la comparación, pero quien conozca la acogida que han tenido las ciento y pico enmiendas presentadas por el PNV en la Comisión Constitucional (ni una aceptada) reconocerá que las responsabilidades que se le adjudican no están a tono con la receptividad ofrecida a sus planteamientos.

Comoquiera que la gran preocupación que suscita el nacionalismo vasco radica en el fin secesionista o no que encierre dicho nacionalismo, más de un lector se preguntará si dichas enmiendas contenían el veneno del independentismo o si, por el contrario, implicaban una aceptación inequívoca del Estado español. Pues bien, ninguna de las proposiciones del PNV transgredía ese umbral crítico de la incuestionabilidad del Estado que, al parecer, es la preocupación fundamental de quienes rechazan el independentismo, pero no la autonomía concebida en profundidad.

Al final del debate, tras ver rechazadas sistemáticam ente todas sus enmiendas, el PNV habría considerado aceptable el proyecto si éste hubiera contenido un reconocimiento real de los derechos históricos forales del pueblo vasco, y ello no por narcisismo o por mantener «tercamente» unos principios, sino por razones esrictamente prácticas. Además de pedir la devolución de unos poderes originarios que nos fueron arrebatados en las guerras carlistas, sin que jamás los hayamos considerado prescritos, nosotros deseábamos tener en la Constitución una vía específica para completar las facultades de autogobierno del pueblo vasco a través de un procedimiento consensual que, por definición, siempre reservaría al Estado la facultad de participar decisoriamente en tal consenso oponiéndose a eventuales «extralimitaciones». Por añadidura, en nuestra proposición señalábamos una serie de competencias que, en todo caso, no serían transferibles a los territorios forales, nadie podíadolerse de independentismos.

Claro que hay que reconocer que aceptar tal planteamiento implicaría reconocer una cierta especificidad del caso vasco, con todo lo que de odioso parecen tener las discriminaciones. Nosotros no pretendemos ser el ombligo del Estado. Queremos entrañablemente a todos los pueblos de España, y como sentimos afinidades y preocupaciones solidarias con ellos, les deseamos también lo mejor. Pero no creemos ofender a nadie si nos permitimos plantear con crudeza la especificidad de nuestro caso, que se basa en la pervivencia hasta hace poco de un poder político originario permanentemente reivindicado, y en la evidencia de una profunda conciencia nacional que pide desesperadamente los instrumentos indispensables para proteger y desarrollar la identidad en crisis de uno de los pueblos más viejos de Europa… Esta especificidad, al fin y al cabo, está implícitamente reconocida en la preocupación que continuamente parecemos provocar los vascos, que, en opinión casi generalizada, venimos siendo el problema del Estado.

Pues bien, repito, tras ver rechazadas una por una nuestras enmiendas, con el disgusto de no ver reinstaurados, por aplicación de una pura amnistía, los regímenes especiales de Vizcaya y Guipúzcoa, suprimidos por Franco y previstos en el régimen preautonómico, con el descorazonamiento que éstos y otros aspectos parecidos nos producen, hemos visto rechazados nuestros últimos, y a nuestro entender, «discretos» planteamientos forales, y a cambio se nos ofrece como panacea universal un reconocimiento retórico de los derechos históricos forales, añadiendo que deberán ajustarse a lo que establece la Constitución, es decir, a la lista de competencias que para cualquier territorio autónomo permitirá el famoso artículo 141. ¡Para este viaje, no necesitábamos alforjas, y podíamos haber dejado en paz los derechos forales, pues, sin invocarlos, ya teníamos al artículo 141!

Por ello, creo sinceramente que, aun no estando de acuerdo con nuestros planteamientos, no se nos debería zaherir presentándonos como chicos insaciables que, después de conseguirlo casi todo, nos dedicamos a crear frustraciones y desestabilización en el País Vasco. Nosotros hemos dicho claramente que aceptamos un modelo de Estado (ahuyentando así el famoso fantasma del secesionismo) que pueda proporcionar a Euskadi cotas de autogobierno evidentemente inferiores a las que disfruta un land alemán o un cantón suizo. Por eso devolvemos la pelota de las responsabilidades a quienes dicen que es imposible admitir nuestro planteamiento y denunciamos el maniqueísmo de los que proclaman que, a partir de lo dictaminado en la Constitucion, vienen las posturas radicales.

A todos ellos les recordaría el artículo 178 de la Constitución de Baviera (en donde nadie verá una desintegración de Alemania) cuando dice que «… el pueblo bávaro se da a sí mismo la presente Constitución… », y que «… Baviera ingresa en un futuro Estado Federal Alemán que se basará en la conjunción voluntaria de los Estados alemanes … ».

Esto, que acompañado de un profundo autogobierno se replanteaba en 1946 en Alemania, resulta mucho más sonoro que nuestros invocados derechos forales dentro de la Constitución.