Sábado Santo Rojo: El Gobierno Suárez legaliza el Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo y La Pasionaria

El 26 de febrero Adolfo Suárez me habla de que mañana se entrevista con Santiago Carrillo en la casa de José Mario Armero. Le he señalado que la entrevista es arriesgada y puede ser interpretada no como signo de reconciliación, sino de debilidad, máxime cuando el Partido Comunista no sólo no está en la legalidad sino sub judice ante el Tribunal Supremo. Entrevistarse nada menos que el presidente del Gobierno con el secretario general de un partido ilegal me parece más que excesivo. Se lo digo y se lo repito. Pero Adolfo Suárez está decidido a seguir adelante porque cree que va a conseguir que Santiago Carrillo reconozca públicamente la Monarquía, la bandera rojiigualda y la unidad de España, aú no aceptada explícitamente por el Partido Socialista.

El 4 de abril Adolfo Suárez plantea la cuestión diciendo que una vez que el Trinunal Supremo se ha inhibido y devuelto la resolución del problema al Gobierno no hay otra solución, por razones de imagen y de credibilidad democrática que proceder a la legalización. Rodolfo Martín Villa y Manuel Gutiérrez Mellado han apoyado al presidente. Ignacio García y Landelino Lavilla otorgan con su silencio. Mi posición es terminante: «Creo que estamos en un callejón de difícil salida, pero soy contrario a que, a estas alturas el Gobierno interprete con laxitud el Código Penal cuando se ha negado a hacerlo el Tribunal Supremo. POr ello para que se pueda proceder en la forma que desea Adolfo Suárez son necesarias dos condiciones, la primera jurídica, esto es que exista un dictamen jurídico del máximo nivel, del Consejo de Estado o de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el sentido de que no ha lugar, con los Estatutos del Partido Comunista en la mano y demás antecedentes, a ninguna acción de tipo penal, la segunda que el ejército y especialmente los mandos superiores no se sientan engañados por haberles prometido una cosa y ver como hacemos otra.

El 6 de abril he vuelto a hablar con Adolfo Suárez: «Por favor, prudencia. No legalicéis al Partido Comunista sin un alto dictamen favorable y sin asegurarte de la actitud del ejército.

El sábado 9 de abril me ha llamado Camilo Mira para decirme que la Televisión ha dado la noticia de la legalización del Partido Comunista. Es evidente que Adolfo Suárez ha querido asumir toda la responsabilidad y eso le honra, pero la resolución no deja de ser muy arriesgado pra la Corona.

El 11 de abril Gabriel Pita ha dimitido como ministro de Marina por la legalización del PCE. Alegando que no se le ha comunicado esta decisión y que la Marina entera está profundamente disgustada. «Pero – le pregunto – ¿no me aseguraste que Manuel Gutiérrez Mellado ha obtenido la conformidad de los ministros militares?». «Bueno, quizá se retrasó, pero ya está hecho y hay que afrontar la situaión». Le he preguntado entonces como están los ministros del Ejército y Aire, me ha respondido que Carlos Franco está afectado pero tranquilo y que Félix Álvarez Arenas disgustado pero disciplinado.

El 13 de abril Eduardo Carriles [ministro de Hacienda] viene a verme y me ha dicho que considera inaceptable la forma en que se ha prodecido a legalizar el Partido Comunista y que después de haber cambiado impresiones con otros ministros del Gobierno consideran que la única forma correcta de proceder es la de dimitir, y que lo va a hacer. «Si el Estado quiere hacerse respetar, la Ley debe estar por encima de las conveniencias y el oportunismo político. Eso sin contar porque es lo que menos cuenta, el ridículo que supone para un ministro enterarse de tamaño acontecimiento en medio de una cena». Le reconozco que sus preocupaciones son las mías. Y le dice que si él dimite, yo también, pero le añado que hay que tener la cabeza fría: «Eduardo, te prometo que después de las elecciones yo me voy contigo, pero ahora es necesario aguantar porque si a la dimisión de Gabriel Pita sumamos las de dos, tres o cuatro ministros civiles, colocamos al Rey en un gravísimo aprieto».

Adolfo Suárez me llama para deicrme que sabe que hay ministros civiles inquietos y me pide que hable con ellos para saber quiénes quieren irse y pensar en sus sustitutos. Le he contestado que lo que tiene que hacer es empezar a pensar cómo se van a explicar suficientemente los españoles las razones de la legalización del Partido Comunista.

El Partido Comunista Español es legal desde ayer tarde. Esta es una buena noticia, sobre todo para los no comunistas, porque contribuirá a clarificar el ambiente político y a normalizar la situación cara a las elecciones, que podrán celebrarse en un clima de pluralismo real. También porque ayudará a desmitificar el tema del comunismo, situar su verdadera importancia y arraigo en el espectro español y analizar la credibilidad democrática de sus posiciones. La inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones hará desaparecer lógicamente la presunción de ilicitud penal que recaía sobre algunos de sus dirigentes y militantes, procesados por supuesta infracción del artículo 172 del Código Penal.

Por lo demás, sin esta medida las elecciones del próximo mes de junio no hubieran sido políticamente representativas (o, tal vez, ni siquiera se hubieran celebrado, por desistimiento de buen número de grupos de la Oposición) con el Partido Comunista en la ilegalidad.

El pluralismo y el ejercicio de las libertades no admite excepciones ni recortes ideológicos. Cualquier limitación a los derechos ciudadanos -y ninguno más espectacular que privar del ejercicio del voto a un sector de la población- puede extenderse como la carcoma y terminar por convertir en ruinas al edificio entero. Por eso ha de recibirse con satisfacción la resolución del Gobierno; y es de ,desear, aunque no resulte del todo previsible, que este inicial precedente se confirme con la legalización de todos los demás partidos puestos en cuarentena.

La situación de ilegalidad del PCE, además de una injusticia, era una torpeza bien aprovechada por el propio partido, que supo sacar de ella una rentabilidad adicional. Desde ahora va a terminar la tregua tácita que grupos de la derecha democrática y del socialismo le habían concedido, en virtud de su especial situación. Los comunistas van a tener que esforzarse en sacar una votación respetable en las elecciones -ningún sondeo les ofrece, por el momento, más del 8%- y aun en despojarse de viejas manías, como la de la infiltración en organizaciones de todo signo, arraigadas durante la época de clandestinidad. También deben tener presente que son una de las muy pocas formaciones políticas que acuden a las urnas con líderes y cuadros protagonistas en la guerra civil, -y que ello supone un rechazo adicional en algunos sectores de la población.

Pero es el tema de la credibilidad democrática de sus postulados el que ha de seguir concentrando la atención de los españoles, y de gran parte de pensadores y -políticos occidentales que contemplan ciertamente absortos el fenómeno del eurocomunismo. Carrillo es, sin duda, uno de los grandes abanderados de éste, y ello pese a las reticencias nunca ocultadas de la propia presidenta de su partido, Dolores Ibarruri.

 ¿Es la postura democrática de los comunistas meramente táctica, o realmente sentida? ¿0 es simplemente una imperiosa y forzada necesidad, asumida ante la imposibilidad práctica de convencer en las pugnas electorales a los europeos a que renuncien a’una tradición liberal de casi dos siglos, jalonados de luchas y esfuerzos que dejaron huella indeleble? Desde una perspectiva ideológica, la evolución del comunismo europeo resulta real y su despegue con relación a Moscú, bastante evidente. Ello noes sino la manifestación de una transformación impuesta por la propia evolución de las sociedades occidentales. Pero, al propio tiempo, la libertad es un bien colectivo demasiado importante como para permitir su destrucción o su cercenamiento en un futuro democrático que parece estar a la vuelta de la esquina. La experiencia histórica resulta desfavorable para los comunistas. Allí donde detentan el poder, la libertad, entendida al modo occidental, no existe. Vietnam y Camboya son dos ejemplos recientes. No es que en estos países hayan suprimiao la democracia -inexistente antes-, pero tampoco la han implantado. Por el contrario, han establecido sistemas totalitarios de Gobierno, que, más o menos suavizados, representan la única práctica comunista conocida experimentalmente. Europa occidental es, ciertamente, un ámbito muy diferente del Oriente Extremo. Y ello, en el análisis marxista, es o debe ser determinante a la hora de adoptar una estrategia política. De ahí, quizá, cabe deducir que en los países europeos los partidos comunistas habrán de comportarse democráticamente, es decir, habrán de aceptar el acceso y la salida del poder en función de las cifras que arróje el recuento de los votos libremente expresados. Pero si esta deducción es lícita, también lo es la duda de aquellos sectores de la población que no tienen que acudir al recuerdo de la guerra civil, pues les basta la experiencia del comportamiento reciente de los comunistas portugueses -por ejemplo- para alimentarla. Corresponde precisamente a los propios comunistas tratar de despejar esta duda sin dejar sombras de sospecha.

Al fin se ha impuesto el sentido común y el sentido político. La implacable estrategia de los comunistas españoles ha conseguido su objetivo: estar dentro de la Ley. En la sede de la calle de Pligros han colocado su gran tarjeta de identidad. Acabaron los tiempos de la clandestinidad. Sus banderas rojas ondearon ayer en las calles de Madrid. Antes de una semana sacaran a las aceras, a los muros y a los periódicos su artillería electora. Don Santiago Carrillo aparecera en las pantallas de la televisión estatal, como el resto de los dirigentes políticos, y tendrá acceo al palacio de la Moncloa.

El Ejército que hizo la guerra ha dado una muestra suprema de neutralidad. El Gobierno Suárez, con esta decisión difícil y casi heroica, ha dado un paso deisivo para consolidar el proceso democrático y garantizar el desarrollo ordenado de las primeras elecciones generales. Lo que parecía impensable hace un año – y no digamos hace tres años – se ha convertido en realidad. Los comunistas españoles han jugado con habilidad y han logrado ir arropados por todos los llamados partidos democráticos. Llevadas las cosas hasta el punto a que habían llegado, ya no había marcha atrás. No inscribir al PCE en el Registro de Gobernación habría hecho peligrar el laborioso tránsito pacífico hacia la democracia. No era sólo el Partido Comunista; era el Partido Comunista y sus circunstancias. La Corona ha dado la prueba concluyente de que quiere ser de todos y para todos los españoles.

El presunto  veto de Washington cayó con el acceso de Carter a la Casa Blanca. El ‘rostro humano’ del eurocomunismo ‘veremos, por los hechos, si es simple careta) ha conseguido el milagro. La legalización del PCE es, de alguna manera, la superación de la guerra civil y del antiguo régimen. Ahora, quién más, quién menos, todo el mundo está convencido de que ‘por sus hechos los conoceréis’. Los comunistas españoles tienen sobre sí, en gran parte, la responsabilidad de que no volvamos a las andadas. Ahora va a desaparecer su mito. Su capacidad en las próximas elecciones se adivina muy escasa. El PCE tendrá que resignarse a ser un partido muy minoritario, por voluntad popular. Su historial anterior y la historia de la guerra civil no se olvidan fácilmente. Es posible que Alianza Popular capitalice, en parte, por reacción, el hecho de la legalización de los comunistas. El acontecimiento va a influir positivamente también en el reencuentro de los diversos grupos soialistas sin ningún tipo de tentaciones frentepopulistas.

Abel Hernández

El Ministerio de la Gobernación ha ordenado que se proceda a las inscripción del Partido Comunista de España en el Registro de Asociaciones Políticas, esto es, ha legalizado dicho Partido.

Nos parece increíble que una noticia de esta trascendencia  llegara a las Redacciones, en primer lugar, a través de informaciones directas del Partido Comunista y no de una fuente oficial, que sólo bastante después la ratificó y amplió.

La trascendencia misma del hecho, la ansiedad y preocupación de los españoles ante el tema, tras lo que ocurrió en el Tribunal Supremo, hubiera merecido una extensa declaración justificatoria del Gobierno junto al texto de la preocupante resolución. Preocupante porque el Gobierno no puedo ignorar que con este paso se hiere la sensibilidad de gran parte del país, y no precisamente la menos sana, la menos leal o la menos patriótica.

ABC ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos meses, sin ningún tipo de fisuras en su línea ideológica, la inconveniencia de proceder a legalizar, en esta hora, a un partido de perfiles e historia claramente totalitarias y de cuya inserción en la legalidad española se nos dijo desde las Cortes que resultaba imposible a la vista del nuevo texto del Código Penal reformado.

Hemos creído siempre en la necesidad de proceder con las más elementales cautelas, cabalmente para asegurar el asentamiento de la democracia en nuestro país. Cautelas que fundamentaron a los Gobiernos de la Alemania Federal a tener proscrito al Partido Comunista fuera de su propia legalidad durante muchos años. Cautelas que en todo caso obligaban a mirar, más que a la letra de unos Estatutos, a la enjundiosa historia de un partido a cuya cabeza siguen los mismos dirigentes- Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo – que en los terribles años de nuestra contienda civil.

Sin ningún afán de dramatizar entendemos que ésta es una gravísima decisión y un error de nuestros gobernantes, del que sólo deseamos que no tengan que arrepentirse los hombres los hombres que han tomado sobre sí tamaña responsabilidad.

He aquí que quienes arrastraron a España, por sus errores, por su intransigencia y por sus métodos al agravamiento de la más terrible conflagración de nuestra historia, haciendo necesario para la paz tantísimos muertos y tantísimos sacrificios, se ven del día a la mañana, en plano e igualdad con cuantos ofrecieron sus vidas para defender a España de aquello que el ‘Partido Comunista’ anhelaba y a punto estuvo de conseguir: la instalación de nuestra Patria en la órbita en la que hoy giran Polonia y Hungria, Checoslovaquia y Bulgaria, los países de detrás del telón de acero, en fin.

Nos vemos también abocados, si atendemos a las razones en que se fundamenta  la resolución del Ministerio legalizante, a que, de inmediato entren en la Ley: la ‘Liga Comunista’, la ‘Joven Guardia Roja’, el ‘Movimiento Comunista’, ‘el Partido Socialista Unificado de Cataluña’, la ‘Unificación Comunista de España’, la ‘Unión de Juventudes Maoístas’…, por citar sólo los nombres de algunas de las múltiples caretas que obedecen a un mismo propósito bajo una misma bandera: el marxismo-leninismo.

No es hacer viable la democracia el condescender con aquellos que no practican sus reglas cuando llegan al Poder. No es democracia moneda de curso legal en la Cuba de Castro ni lo es en la Rusia de Breznef, donde a los disidentes se les encierra en clínicas psiquiátricas o se les instala en archipiélagos Gulag.

Santiago Carrillo y sus seguidores estarán eufóricos. Mañana, la Pasionaria vendra a Madrid… Pero ¿cómo está el resto de los españoles, incluidos aquellos que votaron ‘sí’ en el referéndum y que no quieren comulgar con las ideas marxistas-leninistas?

En esta hora, especialmente tensa, con lealtar que supone la propia coherencia con los ideales proclamados y nunca desmentidos y también con rotunda firmeza, expresamos nuestra discrepancia ante una medida totalmente inútil en orden a los fines de convivencia que busca el Gobierno. Medida que sólo servirá para encrespar las pasiones y los ánimos de cara a unas elecciones demasiado próximas y que todos deseamos que, a pesar de esta decisión, sean pacíficas.

El Partido Comunista ha sido legalizado por el Gobierno. En las gradas ocupadas por sus hinchas (los del Partido y los del Gobierno) el grito de alegría ha sonado como un rugido: ¡Gol!

El gol lo ha metido el Gobierno en su propia portería. En la portería que se juró y perjuró que estaba defendida y bien defendida contra la amenaza comunista. ‘Ni comunismo, ni separatismo, ni terrorismo’, se había proclamado enfáticamente. El separatismo campa por sus respetos; al comunismo se le ha dado pase de libre circulación, y los terrorista van saliendo, pian pianito, a la calle. Los terroristas rojos y los terroristas separatistas, se entiende, porque a los otros ‘terroristas’ aunque en algún caso no hayan hecho más que intentar fabricar unas armas imposibles se los mantiene cerrados y bien cerrados.

Se reformó el Código Penal. En las Cortes, pese a las facilidades que han dado a la política del Gobierno, resignadas quizá con el mal menor, había firme voluntad de no permitir el paso a la legalidad del comunismo. La redacción del artículo que, al parecer iba a impedirlo, resultaba ambigua y problemática. Se pidió que la condena del comunismo se expresara claramente, con todas sus letras, como se hace, por ejemplo, en la Constitución italiana con el partido fascista. Ante las Cortes, casi con lágrimas en los ojos, se aseguró que con la ley propuesta el Partido Comunista no podría ser legalizado nunca. El Gobierno, con su silencio y su voto, repsaldaba la afirmación. Las Cortes, fiadas de la palabra que tan solemnemente se les daba, aprobaron la Ley. El resultado se supo el sábado, un sábado de Pasión para el pueblo español: el Gobierno, por propia iniciativa, consideraba que el Partido Comunista estaba comprendido dentro de la legalidad penal y lo inscribía en el registro correspondiente. ¿En que nadie siente el rubor enrojecer su cara? ¿Qué credibilidad puede esperar dentro o fuera de nuestras fronteras, quien no cumple lo prometido? Hace poco nos hemos ocupado de la táctica del Gobierno de echar balones fuera. El balón de la detención de Carrillo, pasado al juzgado. El balón de la legalización del Partido Comunista, pasado al Tribunal Supremo. De este alto organismo le fue devuelta la pelota. Entonces el Gobierno ha jugado a otra banda. El balón ha ido al FIscal del Reino. El Fiscal del Reino dice que los estatutos del PC no contienen nada delictivo. ¿Es que alguien podía esperar otra cosa? ¿Es creíble que un Partido al presentar unos estatutos para su legalización fuera a decir: ‘Nuestro propósito es derribar la Monarquía, liquidar la libertad e implantar la dictadura del proletariado’. Los estatutos, como era lógico, se mantienen dentro de la prosa legal. Cualquier persona medianamente inteligente es capaz de hacer unos estatutos legalizables, para no importa qué asociación. Si con esto hasta para ser legalizado, pronto nos encontraremos a las ligas de rufianes de los centros nocturnos o a los traficantes de drogas presentando sus estatutos en el Ministerio de la Gobernación. Basta que escriban: ‘El propósito de esta asociación es la felicidad de los españoles por medio de la democracia’.

Queda en el aire la pregunta de qué hubiera ocurrido si el Fiscal del Reino, en vez de atenerse a la forma, hubiera entrado en la cuestión de fondo, es decir, en si el comunismo es compatible con nuestro sistema institucional. Pero la respuesta es fácil. El Gobierno hubiera lanzado la pelota a otra parte, a la Conferencia Episcopal, a los bomberos, a donde hubiera hecho falta, hasta que alguien dijera sí. Al final, de cualquier forma, el Partido Comunista hubiera sido legalizado. Si era una decisión tomada, fruto o no de un pacto, más valía haber dado la cara desde el principio y tener la gallardía de proclamar ante el pueblo español, que un Gobierno, uya existencia se debe a una victoria sobre el comunismo, legalizaba la hoz y el martillo el mismo día que quitaba el yugo y las flechas del edificio de la calle Alcalá, bajo cuya sombra hicieron su carrera relevantes miembros del Gobierno.

Estamos en un país libre y cada ciudadano, ministro o jornalero, tiene derecho a elegir el símbolo que quiera. Pero debe hacerlo a cara descubierta, sin arroparse bajo la toga de los juristas.

De todas formas, el carnaval ha terminado. Frente a la amenaza comunista el pueblo español ya sabe donde está cada uno. Quien es el amigo y quien el enemigo. Esperemos que, a la hora de las elecciones, el anticomunismo no pueda ser empleado como bandera de enganche por los culpables de que de nuevo los comunistas hayan obtenido carta de naturaleza sobre la tierra que cubrieron de comentarios como el de Paracuellos del Jarama.

EL primer cañonazo de la crisis lo lanzó Fraga Iribarne: ‘Es un golpe de Estado’. La legalización del Partido Comunista de España quedaba denunciada como un acto contrario a la legalidad. ‘Me parece un grave error político  y una farsa jurídica (…). Puede afirmarse que la legalización del Partido Comunista de España es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la reforma en ruputra y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad’. Desde ABC, órgano ya de Alianza Popular y expresión de la extrema derecha parlamentaria, se desarrollaba inmediatamente la tesis de la situación de ilegalidad. Y se produjo entonces lo que se ha llamado y se llama aún, la ‘crisis militar’. Esta vez, abiertamente, con una reunión de lo más altos mandos y un comunicado que después de varios avatares y transformaciones por los interesados en tergiversado se hizo público. La situación podía revestir una gravedad extrema. Los militares están repitiendo continuamente, con toda insistencia desde la muerte de Franco, que son apolíticos, que son neutrales en todo aquello que no suponga una amenaza interior o exterior para España y para su unidad. Su misión. Su misión es defender la legalidad: esto es, el ejercicio de un régimen civil producto de unas leyes hábiles, válidas. Pero si esa legalidad se considera transgredida, si se acepta la ruptura como consumada si puede hablarse de ‘golpe de Estado, su impasibilidad puede romperse. El texto del comunicado del Consejo Superior del Ejército, que destruía versiones previas que iban desde una disminución de sus términos hasta una exageración, según la tendencia de quien lo comentase, es bastante explícito. Hay unanimidad en el Consejo, y éste expresa la ‘repulsa general de todas las unidades del Ejército’ por la legalización del PC y si la admite es ‘en consideración a intereses nacionales de orden superior’, ‘disciplinadamente’: la admite como ‘un hecho consumado’ y recuerda cuál es la actitud que poría considerarse como profesional y política: ‘defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armada’. Todos sabemos leer bien estas líneas, y el presidente Suárez el primero. Y al propio Partido COmunista, que no había sabido contener su júbilo por la legalización. El PC en esta última etapa, en estos últimos años, está dando prueba de una moderación textual y programática considerable, de un afán de compromiso y de legalización que, según sus críticos de la izquierda, le están llevando a desnaturalizarse Pero es inacapaz de resistir a su afán de protagonismo. Es un defecto congénito que no ha sabido corregir. Las manifestaciones del sábado y el domingo de la semana anterior, los coches con la bandera roja por el centro de las calles de Madrid, el festejo, repitamos, triunfalista por una legalización que los otros partidos han llevado más discretamente cuando les ha correspondido, significaba para muchos una provocación. Tenemos noticias de que en algunos puntos el ‘servicio de orden’ del partido ha tratado de contener a los manifestantes, a sus propios militantes.

Eduardo Haro Tecglen

La legalización del Partido Comunista de España propicia diversas reflexiones, entre las que quisiera señalar, hoy, las siguientes: Pone de manifiesto una vez más – diría yo que definitivamente – la intencionalidad auténticamente democrática del Gabinete Suárez; posibilita que las próximas elecciones se efectúan en un clima de convivencia que garantice su desarrollo pacífico; termina con el ciclo histórico iniciado en 1938 y, sobre todo, acerca a España a la realidad sociopolítica que existe en los países libres y democráticos, realidad que resultará homologable una vez se hayan realizado las elecciones.

Pues bien, de todo ello uno entiende que se pueden sacar dos conclusiones fundamentales, a saber: en primer lugar, no se puede – ni se debe a mi juicio – olvidar que este importante paso hacia la configuración de un sistema pluralista y representativo se ha efectuado cuando todavía no se han cumplido dos años de la restauración de la Monarquía y después de casi cuatro décadas de Régimen autoritario, es decir, hay que manifestar – no hacerlo me parecería una falta de objetividad – que el hecho que hoy comento es consecuencia lógica del espíritu que se manifestaba en el primer mensaje de la Corona cuando el Rey don Juan Carlos I expresaba su voluntad de ser ‘el Rey de todos los españoles’. Y esto obliga a los que en verdad desean la consolidación de unas normas juridicopolíticas que garanticen el ejercicio de soberanía popular a un compromiso para mantener y aún defender – si llegara el caso – el marco fundamental que ha permitido y auspiciado esta profunda transformación de la vida pública española en tan poco tiempo.

Por ello, resulta lógico defender, desde esta perspectiva, la necesidad de un pacto que me atrevería a calificar de histórico, entre los grupos políticos, sociales y sindicales que desean que en las próximas Cortes se elabore una Constitución que consagre los principios básicos que deben presidir toda sociedad organizada libre y democráticamente.

Y ello, a mi parecer, se traduce en un acuerdo, desde ya, entre las fuerzas que durante los últimos cuarenta años han estado en la oposición con el actual Gobierno. Ciertamente ello no es fácil pero quizás constituye la única garantía para que después de las elecciones no nos encontremos en una situación paralela a la anterior al 20 de noviembre de 1975.

En definitiva, los colectivos democráticos deben ser conscientes de que no pueden poner en cuestión la institución que les ha permitido su actuación legal; y al mismo tiempo el Gobierno, sobre todo su presidente debe continuar acercándose aún más si cabe, a esos grupos. Pues no se puede dudar que, desde el pasado sábado, el Gabinete Suárez al legalizar el PCE se ha situado, por suerte a mi parecer, entre aquellos que los continuistas y los nostálgicos del antiguo régimen consideran no solamente sus adversarios, sino sus enemigos. Ahora, sólo hace falta que unos y otros – Gobierno y oposición – comprendan que las elecciones sólo tendrán un ganador o un perdedor: La democracia. Anteponer el objetivo partidista a la meta de consolidación democrática sería un error que la historia difícilmente perdonaría.

Jordi Domenech