Dimite el presidente de Andalucía, Rafael Escuredo, enfrentado a Alfonso Guerra y a la dirección del PSOE andaluz

LA JUNTA de Andalucía ha presentado un proyecto de ley de Reforma Agraria cuya aplicación se instrumentará mediante la creación de un Instituto Andaluz, encargado de elaborar los informes técnicos y que gozará de la titularidad de las tierras que pasen a ser propiedad de la comunidad autónoma, así como de los derechos sobre aquellas que sean arrendadas forzosamente.El proyecto de ley es lo suficientemente confuso como para que no quepa formular un juicio definitivo sobre su alcance real. La mejora productivista de la tierra, idea que inspira el proyecto de ley, puede exigirse a todas las fincas de cualquier comarca andaluza y de fuera de ella. Pero también es posible hacer la interpretación contraria: el propietario afectado puede argüir, en defensa de su explotación, que su parcela es distinta del resto de la comarca considerada como mejorable por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria y que no pueden realizarse mejoras especialmente sensibles. El proyecto presentado por Escuredo permitiría, sin embargo, enmendar la plana a la generalidad de los propietarios agrarios andaluces como empresarios. Y, sin embargo, abundan los ejemplos, que contradicen los viejos tópicos, de empresarios agrarios que han mostrado capacidad. para irse adaptando a los cambios económicos que se producían en el conjunto del país.

La ambigüedad del proyecto es tal que cualquier denominación que no fuera el engañoso rótulo de reforma agraria podría servirle como título. Los cambios en la producción agrícola de la zona que se propician con esa ley deberían recibir otro nombre y no el de reforma agraria, tan cargado de connotaciones históricas y sentimentales. Pero, además, resulta evidente que una comunidad autónoma sin competencias -como es lógico- en la fijación de precios de los productos agrícolas no podrá articular la reforma de las estructuras de propiedad y de uso de la tierra. Porque a los propietarios que deciden plantar o sembrar cualquier producto podría resultarles finalmente antieconómico seguir las pautas fijadas por la comunidad autónoma.

La reforma agraria anunciada por Rafael Escuredo tampoco puede encontrar su justificación en motivos sociales que impulsaran al Gobierno andaluz a tomar medidas sobre las fincas que superaran una cierta superficie, como se estableció en el proyecto aprobado durante la II República. El proyecto de ley tampoco presta atención a los aspectos ecológicos y medioambientales. Parece claro que hay fincas que a pesar de lograr incrementos importantes de producción respecto a explotaciones anteriores, están deteriorando el uso futuro de un bien escaso como es la tierra fértil, que debería ser conservado, al igual que se trata de hacer ahora con el agua.

Las tareas que se encomiendan al Instituto Andaluz de Reforma Agraria son la elaboración de planes y la ejecución de las directrices del Gobierno autónomo, la gestión de las fincas que queden bajo su tutela directa y el control de las que pasen a manos de cooperativas de agricultores y ganaderos. Antes que nada, el instituto deberá elaborar urgentemente un catálogo de fincas rústicas mejorables y un padrón de tierras infrautilizadas, sobre las que el Gobierno andaluz podrá intervenir con ayuda de dos instrumentos legales cuya efectividad ha sido discutida: el apartado referido a comarcas mejorables de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, así como un nuevo instrumento de carácter fiscal que quiere establecer el Gobierno autónomo. El mecanismo elegido para definir qué fincas son mejorables se basa de forma casi exclusiva en la producción final obtenida. Con este objetivo se estudiarán los resultados contables de las fincas de una comarca y se establecerá sobre ellos el nivel máximo que debería alcanzar el resto, aunque admitiendo correcciones sobre calidades de tierra y el nivel medio de la comarca. Las fincas que se encuentren por debajo de ese nivel medio podrán ser expropiadas o arrendadas forzosamente. Las fincas que superen el listón tendrán que mejorarse o se les aplicará un impuesto progresivo para convencer a los propietarios para que incrementen el producto final.

La elaboración de estos censos será lenta y suscitará numerosas discusiones sobre la realidad que reflejen. El alcance y necesidad de la proyectada reforma quedará definido por el volumen de estos censos y por la extensión final que termine siendo afectada. El nivel de empleo en la comunidad no servirá como medida para calibrar el éxito de la iniciativa, ya que sus, propios diseñadores no dudan en afirmar que su aplicación no hará variar de forma sustancial el elevado paro existente en la región.

Esa confesión de parte significa el reconocimiento de la casi inutilidad del proyecto: si el aumento del empleo en la agricultura andaluza será mínimo, la explicación más sensata es que no debe de haber demasiadas fincas mejorables.

En resumen, la demagogia puede hacerse: también desde el poder, pero las consecuencias a largo plazo de esa política suelen volverse contra quienes la practican.

Las idas y venidas, las vueltas y revueltas de Rafael Escuredo durante estos últimos días contribuyeron a crear un ambiente de expectación en torno a las decisiones que el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptase finalmente sobre su propio futuro político. Su figura está unida a los éxitos de los socialistas andaluces en las urnas desde el referéndum del 28 de febrero de 1980 hasta las elecciones al Parlamento autonómico. Sin embargo, no siempre resulta fácil aislar el papel desempeñado por un líder en la victoria de su partido, sobre todo cuando ocupa un lugar subalterno, aunque sea destacado, en la organización. La popularidad de los otros políticos andaluces, las raíces históricas y sociales del PSOE en la región y los compromisos incluidos en el programa electoral socialista fueron, sin duda, factores decisivos a la hora de conseguir votos. Los resultados obtenidos por el PSOE el 28-0 demostraron que las elecciones autonómicas previas habían constituido un preaviso del espectacular corrimiento electoral de la opinión pública en favor del partido de Felipe González desde comienzos de 1981.La gestión de Rafael Escuredo al frente de la Junta de Andalucía no ha estado, desgraciadamente, a la altura de las desmesuradas expectativas suscitadas por la autonomía conseguida a través del artículo 151. La infundada creencia de que las instituciones ideadas para solventar las reivindicaciones políticas, lingüísticas y culturales de las nacionalidades históricas serían también adecuadas para acabar con el subdesarrollo, la emigración y el desempleo se halla en la base de esa frustración, demagógicamente alimentada por centristas y socialistas durante la transición. Con demasiada frecuencia, el presidente Escuredo ha utilizado los gestos vacíos y la retórica huera para desviar la atención y evitar las críticas que pudieran derivarse de la comparación entre las promesas imposibles y las obstinadas realidades. Pero todo el mundo sabe que la regla de oro de la demagogia es combinar la práctica moderada o conservadora con el doctrinarismo radical y el verbo encendido. Los firmes nudos establecidos por Rafael Escuredo con los tradicionales centros de poder andaluces difícilmente podían ser mantenidos en secreto durante largo tiempo.

En esta misma perspectiva, el constante recurso a los agravios comparativos, para poner en pie de guerra a los andaluces contra los ciudadanos supuestamente privilegiados de otras comunidades, ha formado parte de los patéticos intentos realizados por Rafael Escuredo a fin de sustituir una gestión eficaz y escrupulosa de los recursos públicos por simples imágenes que simulaban movimiento. La furibunda campaña desatada contra la propuesta -elevada por Luis Yáñez, andaluz, al presidente del Gobierno, también andaluz- de nombrar a Ricardo Bofill, un urbanista catalán de prestigio internacional, comisario de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 unió los cabos de la trenza formada por las ambiciones de la clase política subalterna, la subordinación de los intereses públicos a los intereses privados y la perversa utilización de los agravios comparativos de los humildes al servicio de las estrategias de los poderosos.

Además del grotesco sainete de la Expo-92, el retraso de las transferencias del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) a la Junta de Andalucía ha sido esgrimido como factor desencadenante del minidrama puesto en escena por Rafel Escuredo, abrasado de impaciencia por conseguir las competencias necesarias para acometer con urgencia inaplazable la reforma agraria en Andalucía. Cabe, sin embargo, mostrar algún escepticismo respecto a la solidez de ese argumento, entre otras cosas porque no resultan. fácilmente conciliables el ardor del presidente de la Junta en pro de la reforma agraria (programa pleno de resonancias emocionales en una región donde abundan los braceros sin tierra y los desempleados) y los recios apoyos que su figura ha tenido en los medios conservadores andaluces.

En cualquier caso, el Gobierno ha dado una prueba ejemplar de que sus relaciones con la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde los socialistas poseen una desahogada mayoría, siguen las mismas pautas que su política hacia el resto de las instituciones de autogobierno, incluidas la catalana y la vasca. El calendario de las transferencias a Andalucía no ha sido alterado para dar satisfacciones clientelistas. De esta forma, el poder ejecutivo queda libre de cualquier sospecha de favoritismo o tendenciosidad en función del signo político de las mayorías de los territorios autónomos. Esa actitud es tanto más digna de elogio cuanto que la pirotecnia desencadenada por Rafel Escuredo, a quien siempre le ha gustado utilizar el chantaje político como arma negociadora, puede desgastar seriamente las posiciones socialistas en Andalucía. En efecto, el presidente de la Junta parece resuelto a cambiar su antiguo disfraz de huelguista de hambre de fin de semana por el nuevo ropaje de víctima inocente de maniobras ocultas e inconfesables. Dado que la megalomanía rara vez soporta las luces y los taquígrafos de la información libre y veraz, y siempre la atribuye a inconfesables instrucciones, con desprecio del libre ejercicio de la profesión periodística, era seguramente irremediable que Rafael Escuredo eligiera los, fuegos artificiales de la inmolación como salida de urgencia a sus propios errores políticos. El PSOE, que padecerá los efectos negativos de este incidente en momentos difíciles para la gestión gubernamental, será, en última instancia, el gran perjudicado de esta historia, que arroja como moraleja complementaria la conclusión de que los inventos terminan siempre estallándoles en las manos a sus artífices.

La dimisión del presidente de la Junta de Andalucía pone de relieve las diferencias que estos días se registran en el seno del Partido Socialista. Rafael Escuredo se va, según todos los indicios, por discrepancias con sus correligionarios y paisanos Alfonso Guerra y Luis Yañez. El polémico nombramiento de Ricardo Bofill y las transferencias de competencias del IRYDA o ICONA, los últimos motivos de la discrepancia con Madrid, han sido el broche de qua larga lista de ‘fraternales’ diferencias.

Por primera vez un político con cargo y poder dimite.

Olé por Rafael Escuredo, que ha sucumbido a la guerra de guerrilla a que le lleva sometido Alfonso Guerra desde hace muchos años.

Mientras el Partido Socialista no tenía todo el poder los azotes a Escuredo no eran peligrosos, puesto que al final Guerra era un dirigente en la oposición y Escuredo un hombre popular y con tirón en Andalucía. Cargarse a Escuredo antes de 1982 hubiera sido cargarse las posibilidades de victoria socialista en Andalucía.

Pero una vez en el palacio de la Moncloa, Alfonso Guerra se lanzó a la toma definitiva del Palacio de Verano en Sevilla. Los hombres y mujeres del Partido Socialista en Andalucía, de una mediocridad aplastante, piensan que tienen más porvenir al lado de Alfonso que enfrente de Alfonso. Y dejaron caer a Escuredo como una piedra.

Ahora desde la Moncloa los socialistas mandan decir que Escuredo no trabaja, que Escuredo es un demagogo, que Escuredo tiene líos inmobiliarios, que es ambicioso, y por supuesto, que Guerra no tiene nada que ver en la dimisión de Escuredo. Y que si Benegas y Obiols pierden las elecciones será culpa de Escuredo por dimitir. Y lo dicen sin sonrojarse.

Es justo lo que yo personalmente necesitaba para ponerme en esta guerra al lado de Rafael Escuredo, cuya independencia, dignidad y andalucismo he admirado siempre porque he sentido que eran sinceros (y no como los de otros).

Ahora que Alfonso Guerra ha conseguido poner en Andalucía a un hombre que le teme verán como desde Moncloa se dan todas las facilidades que le negaron a Escuredo. Verán.

Carmen Rico-Godoy

Rafael Escuredo, ex presidente de la Junta de Andalucía, cayó, lectores, víctima de las maniobras conspiratorias del vicepresidente Alfonso Guerra y ante la pasividad y el elocuente silencio del presidente del Gobierno, Felipe González.

Aún recuerdo – y estoy seguro de que Escuredo también – una conversación que mantuve con el jefe del Ejecutivo andaluz hace algunos meses, en la que le pronostiqué que sería el primer presidente autonómico que presentaría su renuncia al cargo. Mala cosa.

Los enfrentamientos entre Escuredo y Guerra son ya viejos y tiene mucho que ver con ese arriscado sentido de la independencia de Rafael, frente a las irrefrenables ansias de ajenas sumisiones del vicepresidente. Yo creo que a Guerra con Escudero le pasa un poco lo que asu fallecido tocayo, el periodista Alfonso Sánchez, que una vez le preguntaron en una entrevista sobre qué le hubiera gustado ser en su vida y respondió: “Guapo”.

Y también recuerdo una breve conversación con el presidente González, en la que me interese por conocer sus criterios en la selección de colaboradores. ¿Gente valiosa, inteligente y lista, pero independiente y crítica, o mediocres dúctiles, serviles y disciplinados? Aunque Felipe optaba entonces por la primera de las hipótesis, con la caída de Escuredo – además de otros nombramientos que lo corroboran – la realidad parece inclinarse por la segunda.

El retrato-robot del alto cargo socialista parece tender más hacia figuras como la de Fali Delgado, secretario de Guerra y ocasional baby sitter de su hija Alma, que hacía la elegante y molesta estampa de Rafael.

Por cierto: abro un paréntesis para relatarles una divertida anécdota del secretario Delgado. En su reciente viaje a Roma acompañando a Guerra, el Gobierno italiano tuvo la deferencia de poner al servicio del colaborador del vicepresidente un Fiat 131, Delgado lo rechazó despectivamente y dio instrucciones a los servicios de la Embajada española en Roma para que le alquilaran un Mercedes… Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado español, por supuesto.

En la crisis de Escuredo, Alfonso Guerra ha actuado, una vez más, con su vieja técnica de utilizar a terceras personas, a los famosos intermediarios del vicepresidente que en medios socialistas ya se les conoce como ‘los recaderos de Guerra’. Una vez descubiertas las maniobras, Guerra siempre declara ignorar lo que ha pasado, el origen, las causas y los causantes del destrozo o la decapitación de turno.

En círculos socialistas sevillanos, sin embargo, se conocen perfectamente los hilos y las claves de la conspiración de Guerra contra Escuredo. En ella han participado, entre otros – y según altas fuentes socialistas andaluzas – dos periodistas de un diario nacional, uno de ellos militante del PSOE y hombre de confianza de Guerra, y el otro con su mujer instalada en los aledaños de Alfonso en el Palacio de la Moncloa.

Otra de las operaciones tendentes a desestabilizar a Escuredo la provocó el subsecretario de Agricultura filtrando un documento gubernamental a una revista próxima al PSOE, en la que se señalaba que la reforma agraria de Escuredo era anticonstitucional.

El argumento estaba servido para que Alianza Popular arremetiera contra el ex presidente de la Junta de Andalucía.

Así las cosas, Escuredo, por vergüenza torera, no tenía otro remedio que dimitir, una vez que el presidente González se hubiera comprometido ante él con un calendario de trnasferencias que luego no cumplió.

Rafael Escuredo intenta, ahora, superar la honda tristeza que le embarga, tras dieciocho años de militancia socialista.

Mientras Pepote de la Borbolla se apresura a sustituirle, Rafael se dispone a serenar su alma, poner en orden los papeles del espíritu con una semanita de descanso en la sierra granadina y después, Dios dirá. Acaso tendrá que buscar trabajo, volver a su antiguo despacho de abogado y recorrer juzgados y Audiencias, como en los viejos tiempos. Rafael, si es que no se puede ser guapo…

José Luis Gutiérrez