El PP anuncia la expulsión del presidente de Asturias, Sergio Marqués, tras la negativa de este a presentar su dimisión

Con la propuesta del presidente regional del PP de Asturias, Isidro Fernández Rozada, de que esa formación «retire la confianza política» al presidente del Principado, Sergio Marqués, la crisis del Partido Popular en dicho territorio llega a ese punto en que la vuelta atrás es casi imposible. Hay experiencia sobrada al respecto con distintas siglas. Cualquiera que haya sido el desencadenante -con frecuencia, un conflicto personal-, llega un momento en que alguien dice las palabra de rigor: ha perdido la confianza del partido. Y enseguida aparecen voluntarios dispuestos a encontrar graves divergencias políticas que justifiquen a posteriori esa pérdida de confianza, e incluso a identificar remotos antecedentes que hacían presagiar la ruptura.La experiencia enseña que, cuando en este tipo de conflictos internos nadie es capaz de dar explicaciones claras, suele ser por una de estas razones: o porque el verdadero motivo es inconfesable, en el sentido de que su desvelamiento no sólo perjudicaría al que se quiere hacer caer, sino a todo el partido, o el motivo es tan miserable, relacionado con rivalidades de poder o personales, que no es posible exponerlo en público. El hecho de que el pretexto de la crisis haya sido la negativa de Marqués a destituir a su consejero de Fomento -o sea, al responsable directo de las obras públicas- invitaría a pensar en la primera hipótesis; las confusas declaraciones de los que se han alineado contra el presidente del Principado, incluyendo las del secretario general Álvarez Cascos, más bien abonan la segunda.

A ellos corresponde aclararlo. Pero quede constancia de que el argumento «más vale partido sin Gobierno que Gobierno sin partido», válido en términos generales, puede convertirse, llevado hasta el final, en pretexto de celosos dirigentes autoritarios para afirmarse frente a rivales más populares. Y pocas cosas resultan tan indignas como los lamentos de quienes, tras acatar la orden del mando, aseguran que les duele en el alma apuñalar a su amigo. Que no lo apuñalen, o que se callen.

El Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP confirmó ayer la suspensión de ocho años de militancia del presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués, que le había sido aplicada el 20 de junio después de que mantuviera serias discrepancias con la dirección del partido, además de inhabilitarlo igualmente durante ocho años para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste.

El organismo disciplinario del PP se reunió ayer a las 20:00 horas en la sede del partido en Madrid, en la calle Génova, para decidir cuantas infracciones graves consideraban que había cometido y con cuantos años de suspensión de militancia se le castigaba.

SUSPENSION DE MILITANCIA.- El PP había suspendido cautelarmente de militancia a Sergio Marqués y a los miembros de su Gobierno el pasado 20 de junio, cuando decidió abrirles un expediente disciplinario. Entonces el presidente del Principado era ya el el primer jefe de un Ejecutivo regional que pertenecía al Grupo Mixto, porque ya se había producido la retirada de confianza y la expulsión del grupo parlamentario que le había apoyado hasta ese momento.

El Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP justificó, precisamente, la decisión «en los graves acontecimientos ocurridos en el Principado de Asturias, provocados por el incumplimiento de las directrices emanadas de los distintos órganos competentes del Partido Popular, que han dado lugar a la integración de los expedientados en el Grupo Mixto» del Parlamento regional.

La organización regional del partido, que dio el primer paso para retirarle la confianza, intentaba así forzar su abandono del cargo y suspenderlo de militancia en un proceso que podía haber culminado con su expulsión del partido.

El conflicto en Asturias era impensable a finales del año pasado ya que la relación entre el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos y el presidente regional, Sergio Marqués, era de amistad. Sin embargo, en febrero pasado, en una convención regional celebrada en Cangas de Onís se inició la batalla de descalificaciones entre los dos sectores hoy enfrentados. Por un lado los partidarios de Marqués y, por el otro, del aparato del partido.

Al principio se habló de un simple problema de descoordinación, ya que el Gobierno regional no informaba al presidente del partido en Asturias, Isidro Fernández Rozada, de forma que éste no podía vender ante los ciudadanos que, por ejemplo, se había cumplido más del 70% del programa electoral, según indicaron en su día fuentes del PP. En una reunión celebrada poco después en Oviedo, Cascos censuró nuevamente la «descoordinación» del Gobierno con el partido y pidió al alcalde prudencia mientras alababa a Isidro Fernández Rozada. A partir de ahí la tensión fue creciendo hasta que llegó la suspensión cautelar de militancia y la expulsión del Grupo parlamentario.

RECURSO DE AMPARO.- Mientras, Sergio Marqués se defendía y anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para paralizar la aplicación de su expulsión del Grupo Popular en la Asamblea regional que lo obligaba a integrarse en el Mixto. Con la presentación del recurso de amparo ante el alto tribunal, Marqués pretende que su expulsión y paso al Grupo Mixto quede paralizada hasta que haya sentencia firme.

QUIENES ESTÁN dispuestos a todo con tal de demostrar quién manda en Asturias dieron ayer un paso más hacia el caos institucional en esa autonomía: tras forzar la división del grupo parlamentario en términos de «conmigo o contra mí», ese sector expulsó del grupo parlamentario al presidente y vicepresidente -éste, recién nombrado- del Gobierno del Principado, dando lugar a una situación institucional absurda y de difícil salida. Pero en algo acertaron: ha quedado claro quién manda en Asturias.El caos actual podría resumirse así: hay un Gobierno cuyo presidente dice que seguirá hasta las próximas elecciones, pese a que sólo cuenta con el respaldo de 5 de los 45 diputados del Parlamento regional; el PP, que tenía 21 escaños, cuenta ahora sólo con 16, por lo que ya no es el grupo mayoritario de la Cámara; para gobernar tendría que aliarse con el PSOE (17 escaños) o concluir alianzas aún más absurdas: con IU y una parte de los ahora arrojados a las tinieblas del grupo mixto. Para mayor trastorno, consta que el sector puesto en minoría en el grupo parlamentario cuenta, sin embargo, con el apoyo de la mayoría de los alcaldes del PP en la comunidad. En fin, todo un éxito de quienes han diseñado y ejecutado la operación de descabalgamiento de Sergio Marqués. Alguien debería responder de semejante desastre. Sobre todo cuando, pese a la insistencia de los afectados y la reiterada petición de los medios de comunicación, los dispuestos a todo siguen sin dar una explicación plausible de por qué era imprescindible cargarse a Marqués, incluso a riesgo de colocar a las instituciones en una situación imposible. Por supuesto, han dicho cosas, pero sus argumentos son pura tautología: Marqués debe dimitir porque ha perdido la confianza del grupo que le presentó, apoyó su investidura y sostuvo a su Gobierno. Pero eso es una constatación, no una razón. Si se les pregunta por qué ha perdido la confianza, dicen que porque no acata las decisiones del partido; por ejemplo, la de dimitir.

Insistiendo mucho, los informadores han conseguido que algún portavoz avance un poco más: no se coordinaba con el partido. Pero eso tampoco acaba de ser un argumento. Dependerá de sobre qué le pidiera el partido que se coordinase. Desde el caso de Alonso Puerta cuando pertenecía al PSOE hasta el de Garaikoetxea cuando era del PNV hay suficientes ejemplos que invitan a desconfiar de esa acusación de descoordinación. Una vez investido, el presidente de una comunidad no representa sólo a quienes le han votado, sino a todos los ciudadanos de ese territorio. Con frecuencia, las pretensiones clientelistas o de otro tipo de los aparatos partidistas entran en conflicto con esa función institucional. Mientras los rivales de Marqués no expliquen sus motivos, no hay, por tanto, razón para creerles bajo palabra. Por ejemplo, ¿qué motivo confesable pudo tener el vicepresidente Álvarez Cascos para vetar la presencia en un acto público del consejero de Fomento, Juan José Tielve?

Otras acusaciones, como la de ser incapaz de llegar a acuerdos con nadie o la de llevarse mal con todo el mundo («desde los sindicatos al arzobispo»), suelen ser invocadas a posteriori : cuando la ruptura es irreversible y con el objetivo de intentar neutralizar posibles críticas exteriores (de los sindicatos o los arzobispos, por ejemplo). Testimonios solventes aseguran que, ciertamente, Marqués es una persona bastante arriscada y poco dialogante, y que en eso se parece extraordinariamente a sus principales rivales dentro del PP. En todo caso, motivos insuficientes para justificar la despiadada ofensiva, caiga quien caiga, lanzada contra el presidente de Asturias. Sin duda es absurdo que Marqués pretenda seguir gobernando con el apoyo de cuatro fieles en un Parlamento de 45 diputados. Pero resulta cínico que quienes antes le acorralaron sin explicar por qué ahora le acusen de resistirse como una fiera acosada.

EN ASTURIAS, el PP ha perdido su condición de fuerza mayoritaria en el Parlamento regional, pero tampoco ahora parece probable que los socialistas presenten, como quiere IU, una moción de censura contra el Gobierno presidido por Sergio Marqués. La crisis del PP asturiano, traspasada a las instituciones, seguirá, por tanto, hasta las elecciones de junio. Será entonces cuando el electorado pasará factura a unos y otros.El pase al Grupo Mixto de tres parlamentarios del PP que ya venían respaldando al Gobierno en minoría de Marqués oficializa lo que ya existía en la práctica. Si la dirección no se había atrevido a expulsarlos es porque no quería fortalecer al Grupo Mixto en que se había refugiado Marqués tras la ruptura. El PP ha preferido que sean ellos quienes se marchen, forzando una votación sobre la paralización de las inversiones con cargo a los fondos mineros, que sabían perdida por adelantado y extraordinariamente impopular. Les ha dado así un pretexto personal para irse, pero también para reforzar el proyecto del entorno de Marqués de crear un partido regionalista que se presente en junio.

Desde que se inició la crisis, la dirección del PP ha venido acusando a Marqués de ser un Hormaechea cuyo proyecto personal era seguir en la política creando un nuevo partido. El presidente asturiano lo ha negado siempre, con buenas razones. Pero su entorno, quienes se han comprometido en su defensa -ya sea por intereses o porque no veían razones para la persecución de que era objeto- temen ahora quedar a la intemperie y presionan para que Marqués tome la iniciativa. Entre esos seguidores hay 18 alcaldes.

La perspectiva de un partido regionalista impulsado desde el poder podría ser motivo para que el nuevo partido mayoritario, el PSOE, encabezara una moción de censura contra Marqués, que gobierna con el apoyo de seis diputados en una Cámara de 45. Pero el PSOE no ve motivo para hacer, a cinco meses de la disolución del Parlamento, lo que no ha hecho el PP cuando era la primera fuerza. Los socialistas prefieren que la crisis siga desgastando a su rival a exponerse al desgaste de una negociación programática con IU y el pequeño Partíu Asturianista, cuyos votos necesitaría para sacar adelante la moción. Además, el presidente de ese hipotético Gobierno para cinco meses no podría ser el ya designado candidato socialista, Vicente Álvarez Areces, alcalde de Gijón, porque no es parlamentario regional.

Los socialistas tienen, pues, buenas razones para preferir mantenerse al margen. Pero tal vez no tengan más remedio que mojarse si la nueva ofensiva contra Marqués anunciada por los seguidores de Álvarez Cascos, con denuncias del género caiga quien caiga -aunque sea de los suyos- es tan demoledora como insinúan.