La Fiscalia General del Estado se querella contra el diario EL MUNDO por sus acusaciones al PSOE sobre ‘el caso Juan Guerra’

El nombre de Juan Guerra fue mencionado por, al menos, dos miembros del Gobierno en el transcurso del Consejo de Ministros en el que se aprobó una fuerte subvención a una de sus empresas. Dicho Consejo de Ministros, celebrado el 1 de agosto de 1986, aprobó una subvención de 145 millones de pesetas para la empresa Construcción Modular Andaluza S.A. (CMA), en la que participaba Juan Guerra. Uno de los miembros del Gabinete dijo literalmente: «Este es un asunto en el que ha puesto interés Juan Guerra». Los miembros del Gobierno sabían, por lo tanto, que el hermano del vicepresidente estaba relacionado con la empresa a la que se acordaba subvencionar. Esta información contrasta con la nota oficial según la cual dicha subvención fue una más entre las 116 que se aprobaron aquel día. Esta versión de los hechos ha sido facilitada a EL MUNDO por un alto dirigente del PSOE, que a su vez la conoció directamente de un ministro presente en aquel Consejo. Esta revelación forma parte de la primera entrega de una serie de averiguaciones llevadas a cabo por el Equipo de Investigación de EL MUNDO, encabezado por Melchor Miralles, e integrado en esta ocasión por Pedro de Tena, Fernando Garea, Juan Carlos Escudier y Carlos Salas. El trato de favor otorgado a CMA implica también al alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, por su condición de presidente de Mercasevilla. Medios empresariales y jurídicos, consultados por EL MUNDO, han destacado que es «extraña e irregular» la concesión a CMA de unos terrenos para construir un hotel de más de 8.000 metros cuadrados, cuando el capital social de la compañía ascendía a tan sólo tres millones de pesetas. Además, resulta raro que la empresa CMA, que ni siquiera había realizado sus objetivos, fuera vendida dos años después por un valor de 200 millones a empresarios jerezanos. «Sólo mediante una actitud de claro favoritismo puede entenderse una operación de estas características, impensable si se hubiera actuado respetando las más elementales reglas del juego mercantil», manifestaron las mismas fuentes. Además, CMA pagó los cánones establecidos por el uso de los terrenos cedidos por Mercasevilla con letras de cambio aceptadas, lo que podría ser ilegal, según aseguraron a este periódico fuentes jurídicas. Estas letras fueron protestadas y, desde 1986 hasta mediados de 1988, periodo en que Juan Guerra estuvo relacionado con CMA, Mercasevilla nunca reclamó el dinero adeudado. Sí lo hizo cuando Juan Guerra y sus amigos vendieron su participación. 

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Dos miembros del Gobierno mencionaron en el Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1986 a Juan Guerra, al plantearse la concesión a Construcción Modular Andaluza S.A. (CMA) de beneficios con carácter de subvención, por 145.450.000 pesetas. Esta información ha sido facilitada a EL MUNDO por un alto dirigente socialista, que la conoció directamente a través de un miembro del Gobierno presente en esa reunión. En el citado Consejo de Ministros, primero mencionó a Juan Guerra uno de los miembros del gabinete, y posteriormente otro de los asistentes hizo lo propio. Una de las frases que se pronunciaron fue «este es un asunto en el que ha puesto interés Juan Guerra», en relación a la concesión a CMA.

En relación a este mismo Consejo de Ministros, el Ministerio para las Relaciones con las Cortes dio a conocer una nota en la que aseguraba que se aprobaron 116 solicitudes de subvención, entre las que se encontraba CMA, dando a entender que ésta había pasado desapercibida y que no se había hecho especial hincapié en la ayuda a CMA. Las mismas fuentes aseguraron a este periódico que Juan Guerra influyó decisivamente ante el alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, para obtener de parte de Mercasevilla un trato de favor a la empresa CMA. Juan Guerra aparece claramente relacionado con CMA a través de sus amigos Francisco Javier López Martín y José Garrido López (primo del anterior y promotor de la urbanización Puerto Zahara S.A.). Además, en los documentos del registro mercantil aparece Dolores García Ramos, esposa de Francisco Javier López Martín, que actuaba como «testaferro» de Juan Guerra. Otra irregularidad relacionada con CMA es que la citada empresa pagó los cánones establecidos por el uso de los terrenos cedidos por Mercasevilla con letras de cambio aceptadas, los cual es ilegal, según aseguró a EL MUNDO José Luis Arredondo, abogado de José Garrido López. Además, todas esas letras mensuales destinadas a pagar el canon fueron protestadas, lo cual supone que CMA no satisfizo el pago de la concesión de los terrenos ce idos en 1986, fecha en la que Adolfo Guerra, hermano de Alfonso y Juan, ocupaba un cargo directivo en Mercasevilla. Desde 1986 hasta mediados de 1988, periodo en el que Juan Guerra tenía intereses en CMA, jamás Mercasevilla reclamó el pago de ese dinero que adeudaba por el impago de las letras. Una vez que los hombres de Juan Guerra en CMA vendieron su participación a los empresarios jerezanos Sebastián Romero, Javier Pérez de Eulate y José García Serrano, Mercasevilla requirió notarialmente el pago de los recibos atrasados e impagados por CMA, por importe de más de dos millones de pesetas. José Garrido López entregó en una notaría de Sevilla un talón por la cantidad reclamada, de modo que quedó cancelada la deuda. Las fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO destacaron la gravedad de la conducta de los responsables de Mercasevilla, al no reclamar durante dos años ese dinero, y hacerlo precisamente cuando Juan Guerra ya no tenía nada que ver con la citada empresa.

Además, conviene recordar que el pleno de Mercasevilla que aprobó la cesión de los terrenos a CMA estaba presidido por las autoridades municipales sevillanas. El alcalde, y por lo tanto máximo responsable, es Manuel del Valle, persona sobre la que influyó Juan Guerra.Asímismo, es de destacar que Adolfo Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno era director de Mercasevilla. Todos los medios empresariales y jurídicos consultados por EL MUNDO coinciden en señalar lo extraño e irregular que resulta que se le concedieran a CMA unos terrenos para la construcción de un hotel de más de 8.000 metros cuadrados, cuando el capital social era de tres millones de pesetas, cifra irrisoria para hacer frente con solvencia a los riesgos que podrían derivarse de una operación de tal envergadura.

No deja de ser sorprendente que semanas después de que se iniciara, gracias a la prensa, una escalada de revelaciones sobre los escandalosos negocios y actividades de Juan Guerra, en los que están en juego cientos de millones, múltiples delitos de índole variada e insoslayables responsabilidades políticas, no sólo no haya rodado ninguna cabeza, ni se haya producido dimisión alguna, ni se haya depurado ninguna actuación, ni se haya explicado satisfactoriamente nada, sino que, como única acción a instancias del Gobierno, el Fiscal General del Estado haya presentado una querella contra EL MUNDO. En contra de la opinión generalizada entre los más destacados juristas y sin atender al criterio del informe solicitado a su Secretaría Técnica, el Fiscal General ha decidido presentar una querella contra nuestro periódico, demostrando con ello ser un funcionario fiel a la confianza del Gobierno que hace escasos días le nombró. Leopoldo Torres, por no dejar en ridículo al presidente del Gobierno, que tanto calor y energía puso, de forma desencajada, al anunciar amenazantemente que promovería acciones judiciales contra EL MUNDO, ha comprometido la credibilidad e imparcialidad que se requieren en un servidor del Estado y, por tanto, del conjunto de la sociedad.

ESTAMOS ante una querella política, perversa como tal y chapucera en su fundamento y argumentación jurídicas. La querella es política porque surge propulsada desde un Gobierno que se debate en las aguas turbulentas de un escándalo político de primera magnitud y porque está destinada a un objetivo político: levantar una cortina de humo que distraiga la atención de las responsabilidades políticas de su vicepresidente, Alfonso Guerra, por haber proporcionado una cobertura, también política, a su hermano Juan, que sirvió para que éste realizara sus manejos. Medios jurídicos consultados por EL MUNDO señalan que la actuación del Fiscal General puede tener como objetivo cubrir al Presidente del Gobierno de una querella de nuestro periódico por habernos imputado públicamente un delito que no hemos cometido: la acusación de prevaricación. Pero si esta querella es políticamente perversa es porque comporta una maniobra intimidatoria contra el conjunto de la prensa, no sólo contra EL MUNDO. La querella llega tras un fuego graneado de comentarios contra la prensa emitidos, no sólo por el presidente y el vicepresidente, sino por otros destacados miembros del Gobierno como Rosa Conde, Virgilio Zapatero, José Luis Corcuera y Jorge Semprún. Sin olvidar el bochornoso espectáculo del ministerial banco azul, aplaudiendo con fervor las negativas alusiones a la prensa de Alfonso Guerra, en el reciente Pleno Extraordinario. Y la querella es juridícamente chapucera, atendiendo a las explicaciones dadas por el Fiscal General, porque se basa en dos elementos inciertos: ni la información de nuestro periódico hablaba de «favoritismo» ni se decía que fueron dos ministros los que proporcionaron dicha información. Se decía, y se dice, que dos ministros mencionaron el nombre de Juan Guerra en el Consejo que concedió una subvención a una empresa en la que él participaba. No hay en ello acusación de prevaricación como no hay «acusación a dos miembros del Gobierno de un delito de violación del secreto sobre las deliberaciones del Consejo», porque una cosa son los dos ministros que nombraron a Juan Guerra en el Consejo y otra la fuente de nuestra información. Esta querella no va a servir para callarnos. Tampoco servirá, estamos seguros, para amedrentar al resto de los medios de comunicación ni para que la sociedad española renuncie, como se pretende atemorizando a la opinión pública que la prensa encarna, a conocer cuanto deba ser conocido. De momento, esta querella sirve para saber hasta dónde llega la independencia del nuevo Fiscal General. Tenemos el máximo respeto hacia la ley, tenemos la máxima confianza en los tribunales, tenemos la certeza sobre la verdad de lo publicado y sobre la ausencia de delito en nuestras informaciones. Estamos seguros, por tanto, de que la Justicia nos será favorable.

Escribo hoy, como siempre, pero más que nunca, con el corazón en la mano, que es un sistema estupendo para decir cosas de las que arrepentirse, pero, en medio de todo, el único método para decir algo de verdad. Creo que hoy, ayer para el lector, es un día muy triste para todos. El Fiscal General del Estado se ha querellado, finalmente, contra este periódico a instancias del Gobierno. Es un hecho tremendo, que está dotado, más allá de su trascendencia y significado literales, de una enorme carga simbólica. El poder arremete contra la prensa. Un gobierno socialista, al día siguiente, como quien dice, de morir una dictadura, arrea un mandoble a un periódico. El gigante, que tiene en sus manos todos los resortes de la fuerza, ensaya un pisotón contra una hormiga. Poco importa aquí la ley, lo que diga la ley. Estamos en el terreno de los símbolos. Supongamos que el Gobierno tiene razón. Da lo mismo. El símbolo permanece indemne: la querella es una medida intimidatoria, represiva, asfixiante, violenta. No hay otra lectura posible. Es el fin de una época. La prensa es, y sigo en el ámbito de los símbolos, emblema de la libertad. Todas las tiranías se caracterizan por la anulación, el sofoco, la domesticación, el sojuzgamiento de la prensa libre. Con ley o sin ley en la mano. Una cultura democrática y una cultura de izquierdas no pueden aceptar el bofetón del poder a la prensa. No pueden hacerlo sin estremecerse, sin sentir que una tripa se les rompe por dentro. Los socialistas llegaron al poder en volandas de una prensa que había empujado el muro de la dictadura y que empujó todas y cada una de las barreras -muchas de ellas, con el tiempo, comprensibles- que hicieron eterna la primera etapa de la transición. Era lógico, porque la prensa estaba copada por una nueva generación, idéntica en creencias, espíritu y temple a la que desde las filas socialistas pugnaba por cambiar España, por hacerla nueva, distinta, habitable, utópica y feliz. ¿Qué queda hoy de aquella complicidad?, ¿qué queda de aquella simpatía mutua?, ¿qué queda de tantas ilusiones comunes? Hasta hoy, venía quedando poco. Desde hoy, casi nada. ¿Y quién ha cambiado? Soy de los que creen que la prensa ha cambiado mucho, desde luego. Y, además, para peor. Pero, al menos, estamos donde estábamos, aporreando hoy un ordenador en vez de una Olivetti. Pero, ustedes, socialistas, sí que han cambiado. Son el poder, y se han contagiado de su virus paratotalitario. Estamos en el terreno de los símbolos, insisto. No importa si tienen razón ustedes o si tenemos razón nosotros. Importa que ustedes, que son el poder, arremeten contra nosotros. Es un símbolo de validez universal. Se parecen, desde hoy, a todos los que golpean. Con ley o sin ley. ¿Se dan cuenta?

Los gobiernos democráticos tienen la obligación de ser prudentes, y no temerarios. La querella presentada ayer por el fiscal general del Estado contra el diario EL MUNDO tiene más de lo segundo que de lo primero. Afortunadamente, tiene pocas posibilidades de prosperar, dada la protección que la Constitución ofrece al derecho a la información, y la prevalencia de éste sobre otros eventuales derechos en caso de colusión que se deriva de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. Así lo entendieron los técnicos de la propia Fiscalía General, que desaconsejaron en un informe la presentación de la querella, y numerosos penalistas consultados. Cabe deducir, por tanto, que al presentarla unos días después de que el presidente del Gobierno anunciase públicamente que lo solicitaría, el recién nombrado fiscal general ha actuado por un móvil más político que jurídico: lo que se persigue con la presentación de la querella es antes un efecto intimidatorio sobre la Prensa -convertida en único chivo expiatorio de las desgracias que afligen al Ejecutivo- que la sanción de un delito. Porque, para empezar, es más que dudoso que haya un delito.Los hechos son éstos: el diario incriminado afirmó que dos ministros mencionaron a Juan Guerra como una de las personas interesadas en una subvención concedida por el Gobierno. Como fuente se cita a «un alto dirigente socialista». En principio, ello no supone, como precipitadamente se ha deducido, acusar al Ejecutivo de prevaricación. Prevaricación es dictar a sabiendas una resolución injusta. Estuviera o no Juan Guerra interesado en el asunto, la subvención -que, por cierto, nunca se cobró-, si cumplía los requisitos exigidos por la ley, pudo ser justísima. La información puede considerarse cierta o errónea, bien o mal documentada, maliciosa, poco fundamentada, escasamente diligenciada, etcétera. Pero no cabe hablar, en rigor, de que la información implicase la imputación de un delito al Gobierno o alguno de sus miembros. ¿No está ahora el Parlamento tratando de definir penalmente el tráfico de influencias ante el vacío legal detectado?

Al asumir el riesgo de que la querella no prospere, el fiscal general compromete, en su primera intervención como tal, su credibilidad institucional y dilapida así su mayor capital. Y lo hace por no desairar a quien, desde las más altas instituciones del Estado, comprometió su palabra. El asunto tiene por ello una dimensión política evidente. El sentido común hubiera aconsejado, si el Gobierno se sentía injustamente vejado por vía de insinuación, la utilización de otros caminos que el penal, más apropiados y también más eficaces. Acudir a los tribunales de justicia con un asunto de tan dudosa entidad delictiva como el que se comenta muestra el deseo apenas disimulado de utilizar la acción penal con fines predominantemente intimidatorios.El fiscal debería haber tenido el coraje de llamar la atención del Gobierno sobre la escasa base, cuando no desnuda improcedencia, de la iniciativa adelantada. Los contenciosos entre la Prensa y el poder político sólo deben sustanciarse ante los tribunales en los casos de delitos claramente definidos.

La querella presentada por el recién estrenado fiscal general del Estado contra el diario EL MUNDO es, antes que nada, una solemne estupidez. Primero, por la probabilidad de que carezca de fundamentos jurídicos suficientes para prosperar. Segundo, porque es evidente su esencia política; no en vano, fue el presidente del Gobierno quien adelantó en los pasillos del Congreso que la querella iba a presentarse, sin que el nuevo fiscal hubiera prometido siquiera su cargo ante el Rey. Y tercero, y probablemente más importante, porque la iniciativa del Gobierno yerra el tiro: no va a afectar, como acaso se pretende, tanto a la libertad de expresión como a la credibilidad de quienes ahora mismo rigen los destinos de este país. La evidencia de que estamos ante un pataleta gubernamental, tras la que no se ha dudado en utilizar nada menos que a la Fiscalía del Estado, compromete sobre todo la imagen de un Gobierno, molesto y alterado por las informaciones sobre el caso de Juan Guerra.

Se pretenda o no, es de una puerilidad manifiesta pensar que esta querella va a provocar un cambio de tendencia en los medios de comunicación. Cada cual seguirá actuando como tiene por costumbre o, si acaso, yendo más allá, justo como consecuencia del desafío gubernamental. Pero es que, además la decisión del Gobierno – que no del fiscal general – sólo puede provocar la solidaridad de todos los profesionales frente a la arbitrariedad.

Cuestión más grave es constatar que no es éste el único medio por el que algunos sectores del Gobierno socialista busca ahora mismo los instrumentos para callar a los medios informativos u obligarles a comportarse de un modo más grato con el poder. Eso constituirá, antes o después, un burdo atentado contra las esencias mismas del sistema democrático que nos llevaría a pensar necesariamente que se ha producido un peligroso cambio de credo político en la cúpula del PSOE, cuyo talante democrático no había habido hasta ahora que cuestionar. Y no lo decimos únicamente por la querella presentada contra EL MUNDO, cuyo alcance final sólo puede ser la ridícula evidencia de que ahí no hay nada que sancionar, sino porque son varios y muy preocupantes los comportamientos percibidos recientemente en las esferas del poder.

Entre estos comportamientos no es el menos grave el perceptible ocultamiento de información a la opinión pública. Se diría que la ‘galaxia PSOE’ ha errado filas en torno a su irritado jefe, y ha hecho circular la consigna de silencio entre los gabinetes de prensa de los ministerios y los organismos que controla. Una nube de sospecha rodea a los informadores que pretenden averiguar cualquier cosa. Hasta la televisión pública se permite someter a un pintoresco tribunal popular a la Prensa, con la ayuda, como testigo de la acusación, de uno de los rectores del Ente que más se caracterizan por su devoción partidista al poder.

Y desde luego, lo que no hace más que enrarecer el ambiente es seguir milimétricamente la consigna de Felipe González de querellarse contra un periódico, como ha hecho el fiscal general, por presunta acusación de prevaricación del Gobierno. La unánime reacción de los partidos y los periodistas calificando la decisión de Leopoldo Torres de ‘inoportuna’, ‘errónea’, ‘temeraria’, ‘imprudente’ y hasta de ‘atentado a la libertad de expresión’ deben hacer reflexionar a este flamante fiscal general del Estado.

Las guerras entre el poder político y los medios de comunicación nunca tienen un vencedor claro. Pero, de perderlas alguien, en un sistema democrático, jamás resulta perdedora, más bien todo lo contrario, la información libre, independiente y veraz. Ya lo verán.

Felipe González, el Gobierno, el fiscal, quien sea, nos quieren meter en el trullo, a este periódico, por un delito más teológico que real, más metafísico que penal. Aparte la desmesura del hecho (desmesura según la opinión pública, en este caso concreta, de Ansón a Sartorius), aparte de que seamos los malos o los buenos, como más o menos ha dicho Manuel Hidalgo en su columna, lo inquietante es el síntoma. Quiero decir que nosotros, este periódico, este papel, EL MUNDO, nos hemos convertido en un pictograma del vendaval antidemocrático que viene, y que es como el otro, el climatológico, el de Charo Pascual, que amenaza tirar árboles y casas, que ya he avisado yo a Otero Besteiro para que se venga, please, con el levantapinos (no es lo que ustedes imaginan) a sujetar un pinabeto gigante que ya una vez, por nochevieja me recuerdo, se nos caía del jardín a la piscina. Así veo yo a este periódico (los periódicos se sacan de los árboles), amenazado, azotado por el vendaval climatológico, por el mal tiempo politico, por el huracán Guerra, por el tifón Felipe. Con la diferencia de que mi pinabeto es viejo y corpulento, y los árboles no siempre mueren de pie, como creía Alejandro Casona, que se equivocaba también en eso, sino que aguanta mejor un pinabeto joven como este matinal matutino, con la hoja nueva, fresca, y el tronco delgado, la cintura flexible y unas furiosas ganas de vivir, o sea las raíces. Cualquiera que haya hecho turismo en Nueva York sabe que los rascacielos de Manhattan se cimbrean al viento y por eso no se parten. Caen antes las viejas casas de cinco pisos, rígidas y esclerotizadas. Quiero decir que lo fuerte no es lo grande, sino lo joven, y este papel es joven y ha nacido con una alegre violencia que ningún jurisperito podrá detener, porque nos crecemos con la poda (y disimulen tanta jardinería), como los árboles más nuevos. En una tercera legislatura todo Gobierno tiende al despotismo ilustrado. Es el destino triste de los grandes. La primera legislatura es para cantar, la segunda para mandar y la tercera para castigar. El PSOE, para su gloria, ventaja e infortunio de la virtud socialista, se está haciendo viejo en el Poder. Hay como una gerontocracia previa en ciertos ademanes del Partido/Gobierno. Interiores politburós navegan como trombos por la circulación sanguínea del régimen, que empieza a esclerotizarse (con algunas zonas delicadamente necrosadas, como el paro). En siete/ocho años de PSOE cualquiera puede decir que lo que hay es menos socialismo y más autoridad, menos libertades y más impuestos, menos servicios y más caución, a veces cruenta (nosotros somos un caso). Todo régimen perpetuado, democrático o dictatorial, pasa por ese ciclo -cantar, mandar, castigar-, ciclo que se parece al de Hitckock por la tele en que también da miedo. El PSOE (no el socialismo) ha llegado al tercer tranco de su caudillaje y debiera guardarse, como el César, de «los jóvenes pálidos que saben latín». Y en este periódico todos sabemos latín y hasta gramáticas diversas, incluida la gramática parda, o cuando menos, marengo. Hablamos el latín del periodismo con la misma naturalidad que, según Josep Plá, los madrileños en general hablan alemán (se refería al gran número de filósofos y alevines que encontró en el Ateneo, y que hoy no ha bajado). En Madrid casi todo el mundo es filósofo, salvo Julián Marías. Sepan la Moncloa y Ferraz que se enfrentan con un periódico y generación de jóvenes pálidos y filosóficos, intelectuales críticos, «cursis» y «horteras», según Semprún (la cacofonía es deliberada), a quien por fin le sale el ramalazo. Aristocrático. Somos horteras los periodistas, para Semprún, y culpables para el presidente, y hasta puede que para el juez. EL MUNDO está en peligro, pero, lo peor, el Gobierno está viejo.