Muere el general argentino Carlos Suárez Masón, ex presidente de YPF acusado de crímenes contra la humanidad en la dictadura

Cometió asesinatos, torturas y secuestros de cuyas consecuencias se libró gracias al indulto presidencial, y en la actualidad estaba siendo investigado por robo de bebés, pero no se arrepintió de nada y así se mantuvo hasta el último día. Ayer falleció, a los 81 años, en la cárcel bonaerense de Devoto el general Carlos Guillermo Suárez Mason, destacada figura de la dictadura militar argentina (1976-1983) y uno de los mayores represores del régimen. Suárez Mason se había convertido en Argentina en el icono del debate sobre la imprescriptibilidad de las violaciones de los derechos humanos, tesis ratificada la semana pasada por la Corte Suprema argentina con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El que fuera jefe del Primer Cuerpo del Ejército argentino durante la dictadura -conocido con el alias dePajarito- murió de una parada cardiaca acaecida después de ser intervenido quirúrgicamente a causa de una hemorragia gástrica. «No tengo dudas de que murió debido a las condiciones en las que estaba viviendo», señaló el abogado de Suárez Mason, Adolfo Casabal Elía. Suárez Mason estaba preso por haber violado en enero del año pasado el arresto domiciliario para acudir al cumpleaños del embajador de Ecuador, un viejo amigo suyo. De lo contrario, habría fallecido en su domicilio.

«Es un genocida más que muere atendido con todos los médicos haciendo lo indecible para salvarlo. Hubiera sido lindo que estuviera sano y pagara todos sus crímenes en la cárcel», señaló Tati Almeida, una de las fundadoras del movimiento Madres de la Plaza de Mayo, que reclama que se averigüe el paradero de sus hijos desaparecidos. «Nuestros hijos no tuvieron su suerte. No fueron juzgados ni atendidos a la hora de morir. ¿Qué sentimiento me provoca? Ninguno. Es un genocida más que se muere».

Entre 1976 y 1979 Suárez Mason, apodado también El Carnicero del Olimpo, tuvo el mando del Primer Cuerpo del Ejército, con sede en Buenos Aires, y además presidió la entonces compañía petrolera estatal YPF. Desde que en 1983 cayera el régimen, su vida se convirtió en un intento permanente de eludir la acción de la justicia. Según la acusación cursada por un juez federal argentino en 1987, el militar era penalmente responsable de 43 asesinatos y 23 secuestros, 430 detenciones ilegales, 164 torturas y 19 robos.

Todavía no se había investigado lo sucedido en YPF, empresa en la que se dispararon las muertes por accidente de sus directivos y los secuestros con extorsión seguidos de asesinato de sus empleados. Pero Suárez Mason se encontraba fuera del alcance de la justicia -«no quiero ser el pato de la boda», dijo-, ya que había huido a Estados Unidos previo paso por Bolivia, Paraguay y España aprovechando sus contactos internacionales. Suárez Mason apareció más tarde en las listas de la logia masónica Propaganda Dos (P-2), presidida por Licio Gelli.

Sin embargo, en 1988 un tribunal de San Francisco aprobó su extradición a Argentina bajo las acusaciones de «homicidios agravados por alevosía reiterada, privación ilegal de libertad con amenazas y violencia, tortura sistemática, tortura seguida de muerte, robos reiterados, sustracciones de menores, reducción a servidumbre…». Suárez Mason no negó nada y aseguró en repetidas ocasiones que no podía «ser blando con quien estaba fuera de la ley». Llegó a jactarse de haber firmado más de 50 sentencias de muerte al día. Pajarito no fue juzgado porque el entonces presidente Carlos Menem firmó su perdón en 1990.

En ese momento, Suárez Mason se creyó impune y concedía entrevistas justificando la represión durante la dictadura militar -en la que, según diferentes cifras, los desaparecidos oscilan entre 8.000 y 30.000- y añadía otras declaraciones racistas como cuando aseguró que sentía «prevención con los judíos». También exigió, sin éxito, que se le pagaran los sueldos atrasados como general del Ejército más una indemnización.

En el exterior, Suárez Mason tenía causas abiertas en España, Francia y Alemania, y en el interior, las Leyes del Perdón tenían un resquicio que aprovecharon los familiares de las víctimas. Declaraban imprescriptibles los secuestros de los hijos de los detenidos. Suárez Mason fue acusado formalmente en 1999 del secuestro de 12 recién nacidos. Ante el juez federal Adolfo Bagnasco, Pajarito cambió de estrategia. Declaró que su profesión era «desocupado» y aseguró no saber nada de mujeres detenidas embarazadas cuyos niños hubieran sido entregados a otras parejas. Incluso fue más allá y negó la existencia de los campos de detención ilegales, como el de Olimpo, de donde sacó su apodo, asegurando que se trataba de lugares que servían para aliviar a las comisarías de policía sobresaturadas y que allí los detenidos sólo permanecían «unos pocos días», antes de ser puestos en libertad. Bagnasco le arrestó en su domicilio por ser mayor de 70 años. Pero Suárez Mason creyó que todavía podría burlar a la justicia y decidió acudir al cumpleaños de un amigo. Y la justicia argentina ya no estaba para bromas.