TV3 demanda al periódico EL PAÍS para obligarle a publicar una rectitifación que desmintiera el reportaje de PRISA sobre su cadena

El País tendrá que publicar una rectificación por el reportaje «Una semana en la burbuja de TV3» (en la web: «Una semana viendo solo TV3»), que la televisión pública catalana considera que perjudica su imagen. El diario rechazó la petición de TV3 de publicar una rectificación y ahora le obliga el juzgado de primera instancia 20 de Barcelona. La sentencia es recurrible.

El artículo lo firmaba Íñigo Domínguez y se publicó el domingo 12 de noviembre. En la edición impresa ocupaba dos páginas. Las falsedades e inexactitudes no eran pocas. Decía, por ejemplo, que el día de la huelga general, TV3 apenas había proporcionado datos y hablaba de seguimiento desigual. En su rectificación, TV3 demuestra lo contario con varios ejemplos de sus informativos.

El País también decía que el informativo infantil InfoK había utilizado la imagen de los Jordis para explicar qué es un preso político. En el vídeo no aparecían los Jordis, sino dos periodistas del mismo programa. También aseguraba que TV3 «nunca hablaba de la fuga de empresas». Según la sentencia, tanto los telediarios como Els matins habían hablado de ello en más de 30 ocasiones aquella semana.

El diario madrileño tendrá que rectificar otras dos falsedades: que los políticos de Ciudadanos o del PSC no aparecían hasta el minuto 20 de los informativos o que los partidos españoles o España no existen en TV3.

El reportaje también ofrecía datos inexactos sobre la cobertura de TV3 del caso de los profesores de la Seu d’Urgell acusados de incitar al odio, o de la declaración de Carme Forcadell en el Tribunal Supremo.

La sentencia obliga a El País y a su director a publicar la rectificación en las versiones impresa y digital con el mismo tipo de letra y paginación.

La sentencia dictada por un juzgado de Barcelona en la que se obliga al diario EL PAÍS a publicar la versión de TV3 sobre una crónica crítica con la programación de la televisión pública catalana es una mala noticia para el periodismo. Si cualquier persona, empresa o institución a la que no le guste una información difundida por un medio de comunicación, por mucho que esta pueda ser cierta, encuentra amparo en los tribunales invocando el derecho de rectificación, la libertad de expresión se ve seriamente amenazada.

Estamos ante una sentencia desproporcionada —que EL PAÍS recurrirá inmediatamente—en la que se admite que no se duda de la veracidad de lo que se publica y que, pese a ello, exige reproducir una versión de TV3, independientemente de que esta sí pueda ser falsa. El asunto es más grave aún dado que el demandante es un medio de comunicación, que tiene ya por tanto la capacidad de dar su propia versión, y además un medio de comunicación público que no acepta un análisis crítico de sus contenidos. Llevado esto al extremo, sería el final del género de la crítica de cualquier espectáculo cultural, deportivo o social. El fallo supone un inaceptable atentado contra el derecho a la información.

TV3, una compañía pagada con el dinero de todos los catalanes, demandó a EL PAÍS en diciembre por una crónica publicada el 12 de noviembre bajo el título Una semana en la burbuja de TV3 en la que se repasaba minuciosamente los contenidos emitidos por la televisión pública durante esos días. La cadena considera que las informaciones difundían hechos “inexactos y falsos”, enumerando siete apartados que abarcaban desde la convocatoria de la huelga general en Cataluña hasta la fuga de empresas. EL PAÍS, que hoy en sus páginas rebate uno por uno los argumentos de TV3, expuso que los artículos expresaban un análisis crítico partiendo de la visión de una persona que había estado siguiendo TV3 durante una semana y de las resoluciones de la Junta Electoral, que había sostenido que la cadena pública no respetaba la neutralidad informativa.

La sentencia admite que “no entra a analizar la veracidad de las manifestaciones” y no supone que la información publicada sea incierta o no veraz, sino que implica “el derecho del aludido a ofrecer otra versión distinta de la cual disiente”.

Considera TV3 que algunos aspectos de la información pueden perjudicar su prestigio. La sentencia no examina esos hechos, pero los confunde con el punto de vista legítimo del periodista que ha analizado los contenidos emitidos por un medio de titularidad pública durante una semana, como el crítico que expone su opinión sobre cualquier programación de televisión. Parece indudable que cualquier medio de comunicación, máximo si es público, debe estar sometido a la crítica.

Subrayemos, por último, la saña con la que TV3 y algunos medios afines al independentismo han aprovechado para atacar a EL PAÍS con motivo de esta sentencia. A nadie se le escapa que durante todo el largo periodo del procés, este diario ha denunciado con energía la ilegalidad de ese movimiento y el enorme daño que se ha causado a la sociedad catalana. Estamos orgullosos de que, en la medida modesta en la que un medio de comunicación pueda hacerlo, nuestras informaciones hayan contribuido a que la verdad prevalezca, y entendemos que eso haya generado un deseo de venganza en los impulsores del independentismo. En esta ocasión, para su fortuna, han encontrado en Barcelona un juzgado extraordinariamente diligente que en un mes ha tramitado, visto y sentenciado la demanda presentada por TV3.

Este periódico se reafirma punto por punto en la información objeto de la demanda, pero, por supuesto, cumplirá en su debido momento la sentencia.

EL BUQUE insignia de PRISA, que durante tres décadas largas ha sido el escudo mediático de la inmersión lingüística, de la impunidad judicial de los Pujol y de todas las tropelías del separatismo catalán, ha sido objeto de lo que, en mi opinión, es uno de los atropellos más escandalosos que ha padecido la libertad de expresión, a manos de un juzgado de Barcelona. No he visto muestras de apoyo a El País en los demás medios, porque cada uno recoge lo que siembra, y quizás yo debería ser el último en salir en su defensa, porque he padecido como nadie la corrupta utilización prisaica de los tribunales de justicia para acallar a sus enemigos ideológicos o rivales profesionales, EL MUNDO entre ellos. Sin embargo, al ojear la noticia de la condena a El País me quedé realmente estupefacto. Una cosa es desear el mal al malo y otra no ver que el mal está en todas partes y afecta a todos.

Desde que empezó el golpe de Estado en Cataluña, que este miércoles inaugura nueva temporada de soponcios y sorpresas, porque gracias a las elecciones adelantadas sigue intacto, varios medios nacionales hicieron la prueba de seguir durante un día o dos, sin interrupciones, la programación de TV3. La razón, aparte de la libertad de expresión que se supone nos asiste, era la denuncia de los partidos no separatistas pidiendo su cierre o un cambio radical de dirección, por la escandalosa manipulación informativa y el descarado apoyo al Golpe. El resultado fue el habitual: la denuncia de la parcialidad de un medio público convertido en abogado del odio a España y al régimen constitucional. El País, lento ballenato rajoyano, lo había hecho el último, pero lo hizo. Y contra él ha ido TV3, no sé por qué, exigiendo el derecho de rectificación por una opinión adversa a algunos de sus programas.

Pero una jueza, en vez de recordar a TV3 que como medio público debería respetar, primero, la democracia, y luego, el derecho a criticarla de los que pagan sus derroches, ha ordenado la inserción de la crítica de TV3 a El País… en El País. Y lo hace, literalmente, «sin entrar en si la información es veraz o no». ¿En qué queda la libertad de expresión? ¿Y el artículo 2 de la Constitución? ¿Permitirá la juez que, a base de rectificaciones, los medios defensores del orden constitucional, enmendemos toda la programación de TV3?