Caso Vanessa Skewes: Salta a la opinión pública un caso en el que se combinan acusaciones de presunto maltrato con apropiación de menores y cuestionamiento a la versión de la demandada

A pesar de haber ganado, las amenazas de muerte siguen: «Nuestros amados hijos pagarán las consecuencias». Vanessa Skewes tendrá que devolver a los dos menores a su padre, que reside en Chile, después de haberle denunciado por violencia machista y haber huido a España junto a ellos hace dos años «para escapar del maltrato». Un juzgado de Alicante ordenó la restitución de los niños en octubre de 2015. La sentencia ha sido ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

Skewes ha pedido amparo al Constitucional y ha denunciado que su expareja «ha redoblado la presión»: «Yo te amaba más que nada en este mundo». «Te voy a matar. Ya me da lo mismo todo» son frases que aparecen escritas en un correo electrónico el 2 de enero, ya con los fallos a favor en el bolsillo, según ha denunciado ella en sede judicial. Después llegaron más emails amenazantes.

En un segundo –fechado el 6 de enero– y otro tercero –de 2 de febrero– supuestamente asegura que ha llegado a España. «A ver si me la muestras cuando llegue a Alicante» [la denuncia]. «Tú y nuestros amados hijos pagarán las consecuencias». «Es la última oportunidad que te doy o van a lamentar todos una tragedia… y tu serás la culpable», prosigue en los correos adjuntados a las denuncias que ha visto eldiario.es.

Skewes, de 30 años, asegura que la violencia comenzó seis meses después de la boda, en 2005. «La situación se hizo cada vez más insostenible», lo que le llevó a denunciar por primera vez en 2009. La mujer recibió protección la mayor parte de las veces que denunció, pero los procedimientos acabaron sobreseídos.

El juzgado que ha establecido que los menores deben volver a Chile sentencia que «no cabe darle valor a las meras denuncias» y considera que al no constar «condena alguna del padre como autor de alguno de estos delitos» no se puede estimar «que sea un delincuente o un maltratador».

Requerimiento a Google

Skewes ha denunciado los tres correos amenazantes al mismo tiempo que ha solicitado una orden de protección debido a la declaración referida a que su exmarido podría estar en el país. Los dos juzgados que han llevado los casos –Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 y nº2 de Alicante– han rechazado la medida, ya que no hay datos de que el hombre haya entrado en España: «Por no existir indicio del posible traslado del denunciado a España», dicen.

Aunque uno de los autos especifica que «no existe constancia de la procedencia de los correos electrónicos» otro de ellos establece: «Debe tenerse en cuenta que la denuncia interpuesta continuará su cauce, acordándose las diligencias de investigación que se estimen oportunas, entre ellas remitir los mandamientos a Google. Cuestión distinta es que la denuncia conlleve automáticamente a la adopción de la medida». Es decir, seguirá indagando las amenazas aunque no le costa que el exmarido haya viajado.

El procedimiento internacional

El procedimiento en el que está inmerso Vanessa es el mismo al que se enfrenta Juana Rivas, una mujer a la que la justicia obliga a devolver a sus hijos a Italia con su padre, condenado por violencia machista. Está basado en el Convenio de la Haya y pretende garantizar «la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado».

La normativa resalta como punto fundamental «el interés del menor» y contempla excepciones a la restitución, entre ellas, si expone a los menores a un peligro grave físico o psicológico. La sentencia que obligaba a Rivas a devolver a sus hijos a Italia –y que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada– obvia este requisito y elude que los menores son víctimas directas de la violencia machista sufrida por su madre, tal y como especifica la ley española desde julio de 2015.

Skewes no cuenta con sentencias condenatorias hacia su exmarido, pero el fallo que le obliga a devolver a sus hijos a Chile tampoco nombra a los menores como posibles víctimas. Solo lo hace para asegurar que «no tienen un grado de madurez que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones, dada su edad de siete y seis años».

La mujer denuncia que los tribunales no han aceptado un informe elaborado por un psicólogo infantil que contempla riesgo para los menores si son restituidos. Al contrario que en el de Rivas, en este caso los menores no han sido evaluados por ningún psicólogo adscrito a los juzgados.

«Te sientes como una delincuente perseguida, pero solo intentamos proteger a nuestros hijos. A los menores no se les ha escuchado. A ellos nunca les ha golpeado, pero la violencia no es solo eso», sostiene Skewes. «No somos las únicas, hay muchas mujeres en nuestra situación. No es un secuestro, lo que estamos haciendo es salvaguardar la integridad de nuestros hijos».

Solo el 0,4% de las denuncias por violencia machista se investigan ante la sospecha de que sean mentira, una cifra que pone de manifiesto la fragilidad de la afirmación de que las mujeres denuncian en falso.

Son mínimas y el sistema judicial permite detectarlas y analizarlas con rigor si se constatan contradicciones, como está ocurriendo con el caso de Vanessa Skewes, la mujer de origen chileno que inició una campaña en España en la que denunciaba malos tratos de su ex marido y que un juzgado de Alicante había entregado sus dos hijos menores de edad a un padre maltratador.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante acaba de dictar un auto que desmonta su relato y archiva el rosario de denuncias que presentó Vanessa Skewes contra su ex marido por presuntas amenazas de muerte a ella y a sus hijos. Las denuncias se basaban fundamentalmente en el testimonio de la mujer y la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras constatar la existencia de «numerosas contradicciones apreciadas en las sucesivas declaraciones de la denunciante, con una ampliación de la denuncia altamente cuestionable».

La mujer presentó un parte de lesiones, real, pero la investigación judicial ha determinado que en el momento en el que se produjo la presunta agresión su ex marido, que había viajado a España desde Chile para reunirse con sus hijos, se encontraba en Murcia junto a una abogada experta en asuntos de Familia que le asesora en el procedimiento civil seguido en España por sustracción internacional de menores.

Vanessa también denunció que había recibido amenazas de muerte a través de un correo electrónico y el juzgado de Alicante ha pedido a Google que informe quién está detrás de la cuenta para determinar si tales amenazas son reales. Esta parte no se archiva a la espera de que Google responda.

El testimonio de Vanessa Skewes generó una ola de solidaridad y se presentó ante los medios españoles como la mujer que escapaba de un auténtico infierno, que huyó de Chile junto a sus hijos para refugiarse en España porque querían matarlos.

A través de una cuenta en Change.org , creada por un centro de atención a la mujer, logró reunir más de 150.000 firmas para plantear al Ministerio de Justicia que no considere sustracción de menores estos casos. Muchas personas anónimas se sumaron a la iniciativa, también organizaciones sociales y otra víctima, en este caso con sentencia contra su pareja en Italia, cuyo caso no guarda ninguna relación con el relato contradictorio de Vanessa que han constatado los jueces y fiscales.

Vanessa hizo declaraciones en todas las televisiones en las que contó cómo vivía en el abismo: «Hablo de violación, golpes con fractura de nariz, con parte médico y las denuncias correspondientes». Ninguna de estas circunstancias es como la cuenta, al menos según la Justicia.

Su ex pareja no ha sido condenado, ni en Chile ni en España. En su país de origen, todas las denuncias que puso Vanessa se han archivado -según su actual asesora jurídica los archivos se han recurrido- y la noche que el padre pasó en Alicante para recoger a los menores porque ella se negaba a entregarlos dijo al juzgado que dormiría en Comisaría por el temor a más denuncias.

La única persona a la que la Fiscalía de Chile ha presentado una querella penal es a Vanessa por secuestro, quien fue detenida y puesta en libertad cuando regresó a su país hace unas semanas. Vanessa sigue teniendo la custodia de sus hijos, como en todo este tiempo, pese a la denuncia pública de que se los querían quitar.

Chile, a través de España, tramitó una demanda por sustracción internacional de menores porque Vanessa, quien tenía la custodia en Chile de sus hijos, viajó hace dos años a España sin autorización. Según consta en el expediente, pese a que salió del país huyendo, se reunió con su ex marido para decirle que sólo eran unas vacaciones.

La demanda se presentó en octubre de 2015 y el escrito fue turnado al Juzgado número 10 de Familia de Alicante. La Abogacía del Estado pedía la restitución de los menores y se requirió a Vanessa para que compareciese con los hijos y manifestase si accedía. Rechazó la restitución porque dijo que el padre era «un delincuente reincidente» y «supondría un grave riesgo». Denunció lesiones, intentos de violación y maltrato familiar, además de consumo de cocaína.

Sin embargo, según consta en la resolución, las autoridades españolas certificaron que no existía ninguna condena contra el padre y estimaron que no era ningún delincuente ni maltratador. La Abogacía del Estado también presentó un informe de laboratorio de medicina legal, que certifica que no se habían «detectado [en el padre] ni cocaína ni opiáceos».

El Juzgado de Familia falló en contra de Vanessa, pero le comunicó que se trataba de un proceso civil, por lo que en ningún caso se valoraba entregar a los niños al padre si no que retornara a su país de origen con los niños. Como la madre tiene la custodia en Chile, allí podría vivir con los pequeños, pues el marido nunca fue condenado y no se acreditaron malos tratos. La decisión la ratificó la Audiencia de Alicante.

A partir de ese momento, en enero de 2017, Vanessa impulsó la campaña de Change.org y no atendió a los requerimientos del juzgado de Familia para que los niños volvieran a Chile, según su actual asesora jurídica por falta de profesionalidad de su anterior abogada de oficio.

Mientras no atendía a estas solicitudes, empezó a presentar denuncias en la Policía. Dijo que su pareja le amenaza de muerte a ella y sus hijos. Los correos parecían reales, recogían insultos y un juzgado asumió la investigación del caso.

Vanessa pidió una orden de alejamiento y sólo un día después de que presentara la denuncia el juzgado denegó la medida de protección porque el denunciado «reside en Chile» y no existe «indicio alguno del posible traslado a España». También se tuvo en cuenta que «no resulta entendible la razón por la que el denunciado ha tenido acceso al correo personal» de Vanessa dos años después de llegar a España.

La mujer siguió presentando denuncias con más correos presuntamente amenazantes y solicitando órdenes de alejamiento que fueron rechazadas hasta que el pasado 26 de abril denunció una agresión que presuntamente se habría producido mientras su ex pareja estaba en Murcia tras llegar a España para cumplir con la orden del Juzgado de Familia. Se activó el protocolo y se impuso una orden de alejamiento al padre, aunque no respecto a los hijos, porque el juzgado de guardia dictaminó que no existía «ninguna situación de riesgo para los menores».

Este 10 de mayo, el juzgado que había asumido el caso dictó el archivo provisional de la presunta agresión. Según el auto, no es posible que la ex pareja de Vanessa la agrediera porque no le dio tiempo a viajar de Murcia a Alicante sin vehículo. De nuevo, la acusación de Vanessa había sido desmontada.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante ha archivado la última denuncia por supuesta violencia machista presentada contra su exmarido por Vanessa Skewes, la ciudadana chilena condenada por llevarse ilegalmente de su país a sus dos hijos menores.

Así se recoge en un auto facilitado a Efe por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

La mujer denunció a finales del pasado abril que su ex compañero sentimental le había golpeado en la cabeza con un teléfono móvil, propinado un tortazo y amenazado de muerte tanto a ella como a los niños tras abordarla a la salida de su domicilio.

El denunciado acababa de llegar a España para llevarse consigo a los menores a Chile, de donde la madre se los había llevado de forma ilegal, tal y como recoge una sentencia del juzgado Familia confirmada con posterioridad por la Audiencia de Alicante y el Tribunal Supremo.

Vanessa Skewes y otra mujer, Juana Rivas, presentaron en enero pasado en el Ministerio Justicia 150.000 firmas reunidas a través de la plataforma Change.org para impedir que sus respectivos hijos volvieran a sus países de origen.

Concretamente, la ciudadana chilena sostenía que se había visto obligada a huir de Chile con los menores, una niña de 8 años y su hermano de 9, porque su expareja la maltrataba continuamente y había llegado a violarla.

Sin embargo, esas denuncias fueron archivadas en su día por la Justicia chilena y el hombre carece de antecedentes penales, lo que llevó a un juzgado de Familia, el de primera Instancia 10 de Alicante, a estimar la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado española a instancias del Estado chileno por sustracción internacional de menores.

La juez falló que los niños debían regresar a su país de origen, de donde habían sido sacados de forma ilegal con documentación presuntamente falsa, y ordenó en un auto el pasado 28 de abril ejecutar de forma forzosa la resolución, ya que la madre había ignorado previamente varios requerimientos judiciales para que ella misma efectuara el traslado.

En virtud de ese auto, la Policía Nacional retiró a los menores a su progenitora y los llevó a un centro de protección antes de entregárselos al padre para que volvieran con él a Chile.

La última denuncia de Skewes contra el padre de sus hijos -existe otra en tramitación por el envío de supuestos correos electrónicos con amenazas- se presentó unos días antes de ese regreso.

El auto de sobreseimiento de la causa concluye que la declaración de la denunciante «ha sido contradictoria, ambigua y se ha venido adaptando a las distintas resoluciones que se han venido dictando en el procedimiento de sustracción internacional de menores».

La mujer, que aportó un parte de lesiones en el que se reflejaba que presentaba un hematoma en la cara, situaba la agresión en la tarde del 26 de abril, cuando la investigación ha acreditado que estuvo buena parte de ese día en Murcia, donde se reunió con una abogada.

La magistrada destaca, además, las «numerosas contradicciones apreciadas en las sucesivas declaraciones de la denunciante» para imputar al denunciado.