10 junio 2020
Acusan a la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la muerte de miles de ancianos han muerto sin ayuda médica en la Comunidad de Madrid
Hechos
Editoriales publicados el 10 de junio de 2020.
10 Junio 2020
Indignidad
La Consejería de Sanidad del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) envió a las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid una comunicación ordenando que las personas dependientes y terminales internadas en esos centros no fueran enviadas a los hospitales para evitar su colapso. El consejero de Políticas Sociales del mismo Ejecutivo, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspondía en primera instancia la gestión de las residencias, mostró su desacuerdo con la decisión de Sanidad, al tiempo que avisaba a su titular, Enrique Ruiz Escudero (PP), de que un alto número de personas mayores podía fallecer en condiciones indignas, y le advertía, en un correo personal, de “graves consecuencias penales”.
Una de las escasas evidencias científicas conocidas acerca del coronavirus es precisamente que su letalidad resulta más elevada entre la población de mayor edad. En la Comunidad de Madrid, este riesgo conocido y contrastado desde el principio se ha puesto de manifiesto con rotundidad no solo a través de las estadísticas procedentes de hospitales en los momentos críticos de la pandemia, sino también, de manera cruel, en aquellos centros donde la concentración de una población envejecida es general, las residencias. Ha sucedido en España y en todos aquellos países que disponen de una red residencial, porque las residencias no son centros sanitarios, no disponen de material, personal e instalaciones para combatir una pandemia de estas características. Son centros de acompañamiento y de cuidados, a cuyos residentes, por tanto, no se les puede negar la atención hospitalaria, y menos aún por razones que nada tengan que ver con la estricta gravedad de su estado.
Aunque la cifra oficial está todavía por conocerse, posiblemente más de 20.000 ancianos, una cifra brutal, han fallecido durante la pandemia en todo tipo de residencias en el conjunto de España. Solo un bajo porcentaje ha podido ser diagnosticado, pero la mayoría falleció por “síntomas compatibles” con los provocados por el coronavirus, una expresión que viene a señalar que el paciente no recibió la debida atención ni siquiera en el momento del diagnóstico. Durante los momentos más agudos de la pandemia, sobre todo en Madrid, comenzaron a llegar en cascada noticias diarias sobre fallecimientos de personas mayores dentro de las residencias a causa de hospitales colapsados que no podían atenderlos. El Gobierno regional conocía el estado caótico de esos centros, invadidos por el virus, carentes de personal por estar la mayoría infectado, sin dotación mínima de equipos de protección. Además, miles de ciudadanos asustados carecieron de información sobre el estado de sus familiares.
Que los consejeros enfrentados por la gestión de las residencias en Madrid pertenezcan a la coalición regional, Ciudadanos y el Partido Popular, ha dejado al descubierto la tensión política entre ambas. Pero no es esta hoy la dimensión crucial, puesto que, ante la posibilidad de que exista una relación de causa y efecto entre una orden administrativa y la inexorable condena de un elevado número de ancianos a morir sin asistencia, lo que urge es fijar los hechos y luego exigir las responsabilidades que correspondan. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a esclarecer esta vergüenza y la oposición debe exigirlo con la contundencia que requiere la evidencia de que miles de ancianos murieron abandonados.
12 Junio 2020
Toda la verdad de las residencias
LAS CIRCUNSTANCIAS de las muertes por Covid-19 acaecidas en las residencias deben ser esclarecidas hasta sus últimas consecuencias por el más elemental de los respetos, que es el que se debe a las víctimas. En ese sentido, y al margen de los hechos que terminen fijando los tribunales, supone un ejercicio adicional de transparencia abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid como la que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. La búsqueda de la verdad no debería convertirse en ocasión para el frentismo. No debería servir al Gobierno –y a sus terminales mediáticas– para escurrir el bulto de la responsabilidad del mando único en la pésima gestión de la pandemia. Y no debería tensar más las relaciones en la coalición del Gobierno autonómico. Queda mucho mandato y hay mucho trabajo por hacer.
Conviene recordar, para atajar interpretaciones sesgadas, que en la Comunidad de Madrid, desde el 1 de marzo y hasta el 5 de junio, se produjeron 10.300 derivaciones de pacientes desde residencias a hospitales. Solamente el 6 de abril, en pleno pico de la pandemia, se llegaron a efectuar 206, según ha indicado el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontolgía, José Augusto García Navarro. Es imperativo analizar individualmente cada caso, porque cada vida humana merece el mejor de los tratamientos, pero frente a las acusaciones delirantes de Podemos urge reivindicar la razón clínica: cuando los ancianos no han sido ingresados, sostiene García Navarro, «no era por no tratarles sino porque el traslado era peor que dejarles en su residencia». Más del 50% de mayores residentes sufren patologías que habrían podido agravarse con la derivación en un momento crítico a unos hospitales colapsados.
La misma consideración se hicieron otros responsables autonómicos al margen de su signo político. Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana también restringieron los traslados de ancianos enfermos de coronavirus de residencias a hospitales siguiendo protocolos parecidos al madrileño. La patronal de residencias lo considera mala praxis: el asunto deberá dirimirlo un juez. En todo caso, la tasa de muertos en residencias que presenta Madrid –diana de todas las críticas orquestadas por Moncloa– está por debajo de la media nacional. Las tres autonomías con mayor porcentaje de fallecidos residentes en geriátricos tienen gobiernos del PSOE: Navarra, Extremadura y Aragón.
Los consejeros autonómicos son responsables por comisión de sus decisiones con respecto a las residencias. Pero la obsesiva agresividad de Iglesias con Ayuso obedece a una estrategia defensiva: como vicepresidente de Derechos Sociales y en virtud del mando único él podía haber intervenido en cualquier momento en la gestión de las residencias si no le gustaba lo que veía. Escandalizarse ahora solo es puro fariseísmo para camuflar su negligencia.
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